nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO BÍO BÍO

CA de Santiago Santiago, trece de octubre de dos mil veinte.

:iecitoen forma legal; derecho Primero: Comparece Claudio Andrés Osorio Mallea, abogado, en representación y en favor de la demandada nombre reservado, enfermera, con domicilio en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de Megedy Del Pilar Jara Rojas, Fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, con domicilio en domicilio reservado° piso y de la Dirección del Trabajo, representada por su Director Regional Rodrigo Reyes Cortez, con domicilio en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria de comunicar al Servicio de Tesorería General de la República multas laborales, no ejecutoriadas y que no le corresponden, privándola de recibir una devolución de impuestos por $1.554.568.- este año tributario 2020, todo lo cual implica una privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 3 inc. 4° y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que al 15 de abril de 2020 el Servicio de Impuestos Internos autorizó a la recurrente nombre reservado, para el Año Tributario 2020 la devolución de $1.554.568.- por concepto de Operación Renta, pero que el 19 de mayo de 2020, constató en el Servicio de Tesorerías que su devolución había sido compensada con una deuda por multas aplicadas por la Inspección del Trabajo, recibiendo un comprobante de deuda fiscal por $2.466.212 y compensaciones por $211.887, $502.210, $451.989 y $623.688, respetivamente.

Añade que su mandante nunca ha recibido una notificación de multas laborales por parte de los recurridos en forma legal, por cuanto nunca se le despachó carta certificada, no pudiendo su parte hacerse cargo de la remisión de un documento express, en que se le informaba de unas multas cuyo detalle no le empece, por cuanto nombre reservado estimó que había trabajado bajo subordinación y dependencia, como asesora del hogar, para el fallecido padre de la recurrente nombre reservado, confundiéndola como si su empleadora fuese la recurrente, quien vive en Santiago. Manifiesta que teniendo presente que nombre reservado, tiene domicilio en domicilio reservado, mal podría entenderse siquiera por aplicación del Artículo 148 del Código del Trabajo que tiene alguna vinculación laboral con nombre reservado, puesto que la norma citada expresa que “Al fallecimiento del jefe de hogar, el contrato subsistirá con los parientes que hayan vivido en la casa de aquél y continúen viviendo en ella después de su muerte, los que serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato”. Situación que en la especie no se da porque vive hace más de 30 años en la ciudad de Santiago.

Agrega a lo anterior, que en Acta de Audiencia Única del juicio M-1359-2019 seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, que acompaña al recurso, las partes entendieron que no existió relación laboral entre ellas, al declarar que: “Asimismo la parte demandante declara expresamente que no hubo relación laboral con la parte demandada en este juicio doña nombre reservado”.

En razón de lo anterior, solicita tener por deducido recurso de protección, acogerlo y en definitiva se reestablezca el imperio del derecho, ordenándole a los recurridos ajustar su actuar al debido proceso; se les ordene dejar sin efecto la comunicación de multas bajo el Rol único tributario de la recurrente a Tesorería General de la República para que compense supuestas multas con devoluciones de impuestos, comunicándoselo por el oficio respectivo; que se ordene a Tesorería General de la República devolver el dinero ilegal y arbitrariamente compensado con supuestas deudas fiscales y que se ordene dejar sin efecto las multas respectivas por no corresponde a la realidad y por encontrase su padre fallecido, o en subsidio, que se ordene notificar las multas referidas en forma legal.

Segundo: Que informa María Fernanda Rodríguez de los Ríos, abogada, en representación de la Dirección del Trabajo y de la fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción, Megedy del Pilar Jara Rojas, todas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, Santiago y evacúa el informe solicitado, indicando que el recurso deducido en estos autos es del todo improcedente tanto por la forma en que se encuentra deducido, como porque se está utilizando la presente acción cautelar como un simple sustituto procesal de acciones o procedimientos ordinarios.

Manifiesta que de la sola lectura del libelo, se desprende que no existe referencia alguna al procedimiento administrativo que originó las multas cursadas a la recurrente, supuestamente compensadas de manera ilegal y arbitraria, así como tampoco identifica la o las multas a que hace alusión, por lo que resulta imposible a ese Servicio poder ejercer debidamente su derecho a defensa, toda vez que se desconoce con exactitud cuál es el acto ilegal y arbitrario que se reprocha, siendo las alegaciones de la recurrente vagas e incongruentes, al punto de ni siquiera permitir identificar el acto administrativo que se pretende reprochar de arbitrario e ilegal.

Por tal motivo, señala, debieron recurrir a la única pista entregada por la recurrente y que dice relación con un juicio laboral ordinario, seguido en el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, para así obtener información contenida en el proceso judicial RIT M-1359-2019 a partir de la cual obtuvieron el antecedente de una solicitud de fiscalización, ingresada en IPT Concepción, por nombre reservado, demandante en dicha causa, signada bajo el Nº0801/2019/1086, cuyo resultado fue la imposición de multas a la recurrente, mediante la resolución Nº 3661/2019/18-1-2-3-4-5; constatándose además que de las cinco multas cursadas a la recurrente, las dos primeras se encontraban pagadas, mientras que las restantes figuraban en estado de “cargadas a TGR”.

A continuación, indica que en el presente caso la Dirección del Trabajo no ha actuado fuera sus atribuciones legales, limitándose sólo a ejercer su función de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, máxime cuando en nuestro ordenamiento jurídico existen numerosas normas legales que autorizan a ese Servicio a recopilar, difundir y administrar datos de carácter personal, que versan sobre el cumplimiento de obligaciones laborales, previsionales y de salud, las que cita. Concluye que el Servicio se encuentra expresamente facultado para proporcionar a terceros información relativa a infracciones laborales y previsionales que se constaten en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, o le hayan sido informadas por las administradoras de fondos de pensiones con la periodicidad que la norma les ordena, o comunicadas por sentencias condenatorias de práctica antisindical o desleal, entre otras, de manera que tampoco puede estimarse que la Dirección del Trabajo haya incurrido en una conducta ilegal y arbitraria, al haber comunicado los montos de las multas impuestas al Servicio de Tesorería General de la República.

Finalmente, se refiere a las garantías constitucionales que se estiman vulneradas por la recurrente y termina pidiendo que se rechace el recurso en todas sus partes y con expresa condena en costas.

Tercero: Que el acto que la parte recurrente singulariza como ilegal y arbitrario se encuentra constituido por la comunicación que la recurrida Dirección del Trabajo efectuó a la Tesorería General de la República la existencia de determinadas multas de origen laboral a las que fue condenada la recurrente. Sin embargo, a lo anterior agrega, que no le corresponde pagar tales multas pues el procedimiento en el que le fueron impuestas, la notificación no se habría efectuado en la forma legal.

En consecuencia, esta Corte analizará el recurso considerando que dos son los actos cuya ilegalidad se reprocha en esta acción constitucional.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Constituyen entonces presupuestos de esta acción cautelar que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho y que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el principal acto que por medio del presente recurso se impugna es la comunicación que la Dirección del Trabajo hizo a Tesorería General de la República de la existencia de multas de origen laboral impagas por parte de la actora. Corresponde entonces determinar si la recurrida actuó de forma ilegal o arbitraria al haber efectuado tal acto de conocimiento. Para ello, es necesario estarse a las normas que rigen las facultades de la Dirección del Trabajo.

Al respecto, el artículo 505 del Código del Trabajo, establece que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen. Es por ello que el artículo primero de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo dispone que es un Servicio dependiente del Ministerio del Trabajo que tendrá a su cargo la supervigilancia de la aplicación de las leyes sociales, correspondiéndole en consecuencia, de acuerdo a lo preceptuado en su literal a), el fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes al trabajo y previsión social.

En este contexto, no es posible calificar de ilegal ni menos arbitrario el acto por el cual la Dirección del Trabajo comunicó las multas impuestas a la actora y sus respectivos montos a la Tesorería General de la República una vez constatado su no pago, pues tal es el órgano estatal encargado de cobrar las multas.

Sexto: Que en cuanto al acto que consiste en la improcedencia de la aplicación de las multas por parte de la Dirección del Trabajo por no haberse -en concepto de la actora-, notificado el procedimiento en la forma establecida en la ley, tal alegación debe necesariamente ser desatendida no solo porque no es esta la sede para formular tal reclamo, sino que porque la propia recurrente ha reconocido que tomó conocimiento del procedimiento adminsitrativo que terminó con la sanción señalada, razón por la cual se impuso oportunamente del mismo, sin que exista perjuicio alguno producido por la forma de notificación realizada, la que fue eficaz para informarle y no ilegal.

Séptimo: Que luego, como ya se adelantó, por todas las razones dadas, el actuar de las recurridas está dotado de legitimidad y se encuentra conforme a sus facultades legales, por lo que corresponde desechar el recurso de protección deducido en estos autos, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza con costas, la acción constitucional interpuesta por Claudio Andrés Osorio Mallea en favor de nombre reservado, en contra de Megedy del Pilar Jara Rojas y de la Dirección del Trabajo.

Se previene que la Ministra Señora Leyton estuvo por rechazar el recurso teniendo en consideración además, que la circunstancia que la actora haya pagado dos de las varias multas que le fueron impuestas, da certeza que sí tuvo conocimiento de las mismas.

Asimismo, se previene que el Ministro señor Mera estuvo por rechazar el recurso, sin imponer las costas a la parte recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 49.745-2020