Protección contra Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolita

Santiago, once de septiembre de dos mil quince.

Vistos:

PRIMERO: Que, a fojas 1 y siguientes, comparece don nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de MAR ADENTRO INVERSIONES S.A., interponiendo recurso de protección en contra del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de Santiago, don nombre reservado, por haber incurrido a su juicio en una omisión arbitraria que priva a su representada del legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales, de igualdad ante la ley y de propiedad de sus representados contenidos en los Nos. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, omisión que hace consistir en que por Resolución Exenta N°1.265, de 29 de abril de 2015, dictada por la recurrida, publicada en el diario oficial el día 6 de mayo de 2015, que aprueba la segunda nómina que deja sin efecto declaratoria de utilidad pública de terrenos destinados a vialidad y aéreas verdes metropolitanas e intercomunales, consultadas en el plan regulador metropolitano de Santiago, que fueron renovadas por la disposición transitoria de la ley 20.791, que excluye de dicha nómina terrenos de su representada que cumplen con las condiciones previstas por la ley para tal efecto, omisión que importaría, según el recurso, una falta de fundamento, pues la condiciones que fundan la desafectación de la porción de terreno a las que se aplicó dicha medida concurren en la totalidad del inmueble cuya desafectación fue solicitada ante la autoridad violándose el derecho a no discriminación.

El recurrente refiere que la decisión fue comunicada el día 6 de mayo de 2015 y que la garantía constitucional vulnerada es el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, solicitando que se restablezca el imperio del derecho dando efectiva protección a su representada y especialmente ordenar se complemente la resolución exenta N°1265 de 2015 dictada por la recurrida, en el sentido de incluir en la desafectación que dicho instrumento dispone, los terrenos correspondientes al ex Parque Lo Prado de propiedad de su representada. Acompaña al recurso los documentos de fojas 1 a 37.

SEGUNDO: Expresa en el recurso que su representada, sociedad MAR ADENTRO S.A., se ha visto afectada en sus derechos ya referidos, pues el SEREMI en contra del cual se recurre, sin razonamiento lógico ni jurídico alguno ha excluido el inmueble de su representada de la referida nómina, aún cuando si ha incorporado un lote vecino que corresponde al lote 7, ubicado a solo 600 metros del inmueble propiedad de su representada, el que cuenta con las mismas condiciones urbanísticas tanto en el Plan Regulador General, como en el Municipal, con resoluciones y permisos municipales de construcción aprobados en el, al igual que el terreno de su representada, formando ambos parte de lo que se conoce como ex Parque Lo Prado.

Con lo anterior, sostiene el recurrente, el recurrido ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley de su representada, consagrado en el número N°2 del artículo 19 de la Constitución, y también constituye una clara vulneración a su derecho de propiedad, contemplado en el N°24 del artículo 19 de la misma Carta Fundamental.

Por lo anterior, solicita a esta Corte que reestablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida que incluya a la propiedad anteriormente individualizada en la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo transitorio de la ley 20.791, complementando la resolución exenta N° 1265, publicada en el Diario Oficial con fecha 06 de mayo de 2015, o bien se tomen las medidas que se indique, todo de conformidad a los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que expone.

Su representada es dueña del inmueble correspondiente al lote quince guión uno, del plano de subdivisión del predio denominado reserva de la ex Hijuela Uno, de la parte que queda al sur del camino de Santiago a Valparaíso del Fundo Santa Corina, ubicado en Avenida Claudio Arrau, N° 8705, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana de Santiago. La adquirió por tradición a la que sirvió de título la compraventa que celebró con nombre reservado y doña nombre reservado, quien compareció representada por doña nombre reservado, según consta de la escritura de fecha 18 de diciembre del año 2014, otorgada en la Notaría de Santiago de don nombre reservado. La inscripción de dominio a nombre de su representada se practicó a fojas 916, número 1184, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015.

El inmueble anteriormente indicado, así como todos los del sector conocido como Parque Lo Prado, se encontraban afectos a utilidad pública como área de parque, a lo que se conocía como ex Parque Lo Prado. No obstante lo anterior, habiéndose producido la caducidad de la afectación y en virtud de lo consagrado en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con fecha 4 de junio de 2012, la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, dictó el Decreto 2968, el cual, fue publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de junio de 2012. En virtud del referido Decreto, el inmueble de su representada, así como el Lote 7 ubicado en domicilio reservado, de la referida comuna de Pudahuel, quedaron desafectados de la declaratoria de utilidad pública y se les otorgó nuevas normas urbanísticas consistentes en las similares a las zonas adyacentes.

En virtud de la desafectación señalada en el punto anterior, en el inmueble antes indicado –incluido el de propiedad de su representada- se han aprobado a la fecha, 3 anteproyectos de edificación a saber: Resolución 183/13 de fecha 26 de junio de 2013 para desarrollar un condominio tipo A en el; resolución 263/13 de fecha 5 de septiembre de 2013, también para desarrollo de un condominio tipo A; y la resolución N° 017/15, de fecha 8 de enero de 2015, que aprueba el anteproyecto para el desarrollo de un proyecto inmobiliario denominado "Paseo Alameda Poniente", el cual comprende la construcción y posterior venta al público de una serie de locales comerciales y un edificio de departamentos, que será acogido a las regulaciones de conjunto armónico de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, así como a las disposiciones de la Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria.

Con fecha 29 de Octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la ley número 20.791, que modificó la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de afectaciones de utilidad pública de los Planes Reguladores. En el artículo transitorio de esa misma ley se establece: "Artículo transitorio.- Decláranse de utilidad pública los terrenos que hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, induidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes Nos 19.939 y 20.331. Sin perjuicio de lo dispuesto en este inciso, respecto de los terrenos cuyas declaratorias hubieren caducado en virtud de las citadas leyes, deberá respetarse la aplicación de lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo texto fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales, los que no se verán afectados por la declaratoria de utilidad pública.

La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o la municipalidad respectiva podrán dejar sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas y parques que incluyan en una nómina aprobada por resolución o decreto, según corresponda, en un plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente ley. En estos casos, la municipalidad respectiva, mediante decreto alcaldicio y previo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, deberá fijar las nuevas normas urbanísticas aplicables a los terrenos que, habiendo quedado desafectados, carezcan de ellas, asimilándolas a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno. Las nuevas normas pasarán automáticamente a ser parte del plan correspondiente.

El establecimiento de las nuevas normas deberá hacerse dentro del plazo de tres meses contado desde la revocación de las declaratorias. Si así no se hiciere, podrá recurrirse a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo para que, en subsidio del municipio, fije dichas normas dentro del mismo plazo y siguiendo los criterios del inciso precedente." Conforme consta del artículo citado, nuevamente se declararon de utilidad pública "los terrenos que hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes Nos 19.939 y 20.331." Por lo anterior, el inmueble de la representada del recurrente, fue nuevamente objeto de declaratoria de utilidad pública, sin embargo, dado que tenía aprobado los anteproyectos de edificación antes referidos, el inmueble en cuestión y el proyecto indicado están, a juicio del recurrente, en la hipótesis normativa del inciso primero del artículo transitorio, que desafectó el anteproyecto indicado, para el efecto de la construcción del permiso aprobado; sin embargo, añade, a través de las Circulares DDU 279 de 2014, y 02 de 2015, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, interpretando la Ley N°20.791, indicó que las afectaciones de utilidad pública se mantenían igualmente vigentes, respecto de los inmuebles construidos.

Con fecha 13 de marzo del presente año solicitaron al Alcalde de Pudahuel, que el inmueble propiedad de su representada se incluyera en la nómina que establece el inciso segundo del artículo transitorio de la ley N°20.791 y que conforme había sido la voluntad inequívoca de dicha entidad hasta la fecha, conservara la normativa urbanística para el inmueble, esto es, la de la zona adyacente al terreno. Sin embargo, manifiesta la recurrente, que la respuesta a dicha solicitud nunca se efectuó.

Por último, manifiesta que el recurrido dictó la Resolución Exenta N° 1265, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de mayo de 2015, la que se titula: "APRUEBA SEGUNDA NÓMINA QUE DEJA SIN EFECTO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA DE TERRENOS DESTINADOS A VIALIDAD Y ÁREAS VERDES METROPOLITANAS E INTERCOMUNALES, CONSULTADAS EN EL PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO, QUE FUERON RENOVADAS POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO TRANSITORIO DE LA LEY N° 20.791" En el punto N° 2 de la parte resolutiva de dicha resolución se establece: "2. Apruébase la siguiente nómina, conforme a lo dispuesto en el artículo transitorio de la Ley N° 20.791, que deja sin efecto las declaratorias de utilidad pública de terrenos urbanos destinados a Áreas Verdes Metropolitanas e Intercomunales, consultadas en el artículo 5.2.3 Parques Intercomunales, de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, según los lineamientos establecidos en la resolución exenta N° 1.178, de 22 de abril de 2015, y en los considerandos precedentes”.

Sostiene el recurrente, que el recurrido en la resolución impugnada, en el punto N° 2, ha incorporado en la nómina a que se refiere el artículo transitorio de la Ley N° 20.791, 3 inmuebles afectados como "áreas parque", 1 de ellos de la comuna de Pudahuel, que era parte de lo que se conocía como ex Parque Lo Prado y que corresponde al lote 7, cuyo número municipal es el 8397 por la Avenida Claudio Arrau, el cual tiene exactamente la misma normativa que regula al predio de su representada, adicionando que en los últimos 5 años tiene prácticamente la misma historia normativa y regulatoria que el inmueble de su representada. En efecto, sostiene que el lote 7, ubicado en domicilio reservado, al igual que el inmueble de propiedad de su representada, fue desafectado por el decreto alcaldicio 2968, de fecha 4 de junio de 2012, anteriormente referido, y en virtud de dicha desafectación se aprobaron respecto de él, resoluciones de anteproyectos y permisos de edificación y luego fueron nuevamente regulados por la disposición transitoria de la Ley N° 20791. La única y arbitraria diferencia, es que dicho inmueble ha sido incorporado en una nómina de la Resolución Exenta N° 1265, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de mayo de 2015, en la que también debió estar el inmueble de mi representada.

Como se sabe, la ley 20791 modificó la Ley General de Urbanismo y Construcción, en materia de afectaciones de utilidad pública de los Planes Reguladores. En el artículo transitorio de esa misma ley se establece la reafectación de utilidad pública de los terrenos que antes hubiesen sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques. Sin perjuicio de esa reafectación, no es menos cierto que la referida disposición transitoria indica que los permisos de edificación y anteproyectos aprobados no se verán afectados por la declaratoria de utilidad pública.

Luego, el inciso segundo de dicha disposición transitoria le entrega la potestad objeto de discusión tanto al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo como a las Municipalidades para los efectos de elaborar una nómina que incluya los terrenos que se exceptúan de la afectación de utilidad pública.

En el ejercicio de dicha facultad, el Seremi de Vivienda y Urbanismo ha dictado la comentada la Resolución Exenta N° 1265, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de mayo de 2015, confeccionando la referida nómina, en la cual, ha incorporado un inmueble de la comuna de Pudahuel que corresponde al lote 7, ubicado en domicilio reservado, cuya normativa urbanística e historia es idéntica a la del predio de su representada, esto es, ambos predios son propiedad de empresas desarrolladoras de proyectos inmobiliarios, ambos son colindantes con la ruta 68, ambos son parte del ex Parque Lo Prado y ambos regulados con la misma normativa y con resoluciones relativas a proyectos inmobiliarios aprobados en ellos, ambos predios están a solo 600 metros en línea recta uno del otro.

Si bien la norma transcrita en este apartado entrega la facultad al Seremi de Vivienda de confeccionar esa nómina, dicha facultad sostiene en recurrente, no puede ser ejercida o ejecutada en forma arbitraría, por el contrario debe ser de acuerdo a un criterio y razonamiento lógico y justo de manera que todos los terrenos que se encuentren en igual situación y/o condición jurídica sean liberados y/o gravados de igual forma. Pues bien, lo que en la especie ha ocurrido, argumenta, es que han sido objeto de una discriminación arbitraria por parte del Seremi de Vivienda, toda vez que estando su predio en igualdad jurídica respecto del lote 7, ha sido tratado de manera distinta y no se ha incorporado en la nómina tantas veces aludida.

El actuar arbitrario e ilegal del Seremi de Vivienda, conforme a lo señalado por el recurrente, lo constituye el haber omitido en la nómina que contiene la Resolución Exenta N° 1265, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de mayo de 2015, el inmueble de propiedad de su representada, aún cuando este terreno se encontraba en la misma situación jurídica que el lote N°7 ubicado en domicilio reservado, lo cual, constituye en su concepto una evidente vulneración a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República.

El artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental consagra la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, en los siguientes términos::"La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias Cita el significado que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos entrega sobre igualdad: "Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. 2. Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. 3. Equivalencia de dos cantidades o expresiones”.

Se apoya luego en lo señalado por el autor nombre reservado, quien afirma que existen dos criterios de Igualdad:

i) Lo mismo para todos: Reparto igual de beneficios o de cargas entre todos.

ii) Lo mismo para los semejantes: Reparto igual entre los iguales y, en consecuencia, reparto desigual entre los desiguales.

La doctrina nacional, señala, ha recogido el criterio de igualdad denominado "lo mismo para los semejantes"; así diversos autores lo han sostenido, a saber, como señala don nombre reservado en su texto sobre Derecho Constitucional (1994, p. 209): "La igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deban ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares".

La jurisprudencia habría confirmado este criterio, citando al efecto una sentencia de la Excma. Corte Suprema de 16 de junio de 1988, que figura en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 85, 2ª parte, sección 5ª, p. 97, que dice textualmente: “La igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellos".

La Constitución, afirma el recurrente, consagró el principio de igualdad ante la ley sin establecer una igualdad absoluta sino que de carácter relativa, pues ésta es la única manera en que puede alcanzarse el máximo beneficio del principio a nivel social, constituyéndose en un elemento rector de todo nuestro ordenamiento jurídico. De tal manera, indica, apoyándose en una cita del texto Manual de Derecho Constitucional, del profesor Emilio Pfeffer Urquiaga, (1987, p. 370), el principio de igualdad ante la ley, “se trata de una igualdad jurídica que impide que se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias".

Así las cosas, es claro para la recurrente que su representada ha sido vulnerada en la garantía constitucional del N. 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que arbitrariamente, a su juicio, se ha omitido el inmueble de su propiedad de la nómina que el Seremi de Vivienda y Urbanismo ha confeccionado en ejercicio de su facultad legal, siendo que se encontraba en la misma condición y/o posición jurídica que el predio correspondiente al Lote 7 que si fue incluido, aun cuando ni la ley ni autoridad alguna pueden hacer diferencias arbitrarias por mandato constitucional.

Respecto a esto ultimo, corresponde explicar el concepto de arbitrariedad, sostiene el recurrente: el significado formal de la palabra discriminación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo podemos encontrar en el verbo discriminar: "1. Seleccionar excluyendo. 2. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”

La segunda acepción ilustraría, a su juicio, de mejor manera lo que debemos entender por discriminación, pero se limita a aquel caso en que la discriminación significa un detrimento, debiendo incluirse también, dentro de este concepto, cuando se otorga un privilegio, correspondiendo que se trate en forma igual. Asimismo, también existe discriminación cuando se iguala debiendo existir un tratamiento diverso.

Por tanto, concluye, la discriminación se presenta de dos formas: i. Cuando se otorga el mismo tratamiento a entidades que son diferentes, ii. Cuando se trata de manera diversa a quienes son iguales y el trato que se dispensa se refiere, justamente, a aquello en que son iguales.

En suma, estaremos –señala- frente a una discriminación cuando se trate de manera diferente: a los que deben ser tratados igual y cuando se equipare a quienes deben ser tratados de manera diversa, incidiendo en ambos casos en el factor que los iguala o diferencia. O dicho de otro modo, se discrimina cuando se confiere un trato de privilegio o de inferioridad a quien se encuentra en la misma situación que aquél con el que se le compara, incidiendo el trato precisamente en aquello que los equipara, justamente lo que sucede en el caso de marras, conforme colige el recurrente.

Por último, hace presente el concepto de arbitrariedad: toda discriminación extraña una arbitrariedad, ya que aquélla consiste en una diferencia injusta, odiosa o caprichosa.

El Diccionario señalado nuevamente ilustra acerca de lo que debemos entender por arbitrariedad, la que define como: "Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho".

A su vez, la voz "capricho" significa, de acuerdo al mismo diccionario: “Determinación que se toma arbitrariamente por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original".

Nuestros Tribunales Superiores de Justicia, conociendo diversos recursos de protección han abordado el concepto de arbitrariedad, agrega, citando el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 26 de septiembre de 1989 y confirmado por la Corte Suprema el 18 de octubre de 1989, que aparece en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 86, 2ª parte, sección 5ª, p. 195 : "Que, por lo expuesto, la actuación del Presidente del Tribunal de Apelación impugnada en estos autos, si bien no existe mérito para estimarla ilegal, puede considerarse que adolece de arbitrariedad, pues sin justificación jurídica valedera que la sustente y contrariando la racionalidad natural implícita en el asunto, se ha negado, por mera voluntad, a acceder a lo solicitado(...)”.

También el Tribunal Constitucional ha abordado la arbitrariedad, adiciona el recurrente, Rol 203, en fallo de 06 de diciembre de 1994, donde señala que: "Por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una diferencia irracional o contraria al bien común...)".

Por tanto, debemos entender –nos dice- la arbitrariedad como un concepto ligado de manera indefectible a la irracionalidad, a la injusticia y al abuso, que es justamente lo que conforme al recurrente en la especie ocurre, toda vez que el Seremi de Vivienda y Urbanismo no tiene argumento racional, lógico, ni justo para excluir a la propiedad de su representada de la nómina que ha elaborado en la Resolución Exenta tantas veces citada.

Por último hace presente que con el acto ilegal y arbitrario del Seremi de Vivienda y Urbanismo, a su representada se le ha vulnerado la garantía consagrada en el N° 24 del artículo 19, toda vez que se ve privada de los atributos o facultades esenciales del dominio, tal es usar, gozar y disponer de ella con plenas libertades que en justicia le corresponden. En efecto, al ser omitido de la nómina que se elaboró en la Resolución Exenta N° 1265, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de mayo de 2015, el inmueble de su representada permanece afecto a utilidad pública, como zona parque, lo que también gravará a las unidades que en el construya y/o desarrolle, lo que es una flagrante vulneración de sus facultades de uso, goce y disposición.

TERCERO: Que, informa en representación del recurrido, doña nombre reservado, abogada, quien expresa una serie de argumentos que impiden, a su juicio, acoger el recurso interpuesto, solicitando su rechazo, con expresa condenación en costas.

Así, sostiene que la Ley N° 20.791, publicada en el Diario Oficial el día 29 de octubre de 2014, modificó el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en adelante LGUC, en materia de afectaciones de utilidad pública, declarando de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales y planes seccionales destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades.

Asimismo, sostiene, la citada ley en su Artículo Transitorio, declaró de utilidad pública los terrenos que hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes números 19.939 y 20.331, de 12 de febrero de 2004 y de 12 de febrero de 2009, respectivamente.

A mayor detalle, la Ley N° 19.939, estableció un plazo de caducidad al día 11 de febrero de 2009, para las declaratorias de utilidad pública destinadas a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en la áreas urbanas. La Ley N. 20.331, prorrogó este plazo por un año más, esto es, hasta el 11 de febrero de 2010. Por lo expuesto, a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 20.791, éstas declaratorias se encontraban caducadas.

El Artículo Transitorio de la Ley 20.791 dispuso, además, que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva podrá dejar sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas v parques que incluya en una nómina aprobada por resolución, dentro de un plazo de seis meses contados desde la publicación de la mencionada ley.

En ese sentido, la eliminación de la caducidad debía conciliarse con el legítimo interés de los propietarios de los predios sujetos a las declaratorias. Por ello, la Ley N° 20.791 establece un conjunto de derechos para aquéllos durante el periodo previo a la expropiación, a saber:

i) El derecho a construir en la parte afectada de la propiedad una vivienda de hasta dos pisos de altura, que podrá destinarse a casa habitación o pequeños talleres o comercios, con lo que la ley reconocerá un contenido mínimo de uso urbanístico para estas propiedades (lo que pone a salvo la situación del pequeño propietario);

ii) El derecho a seguir usando la propiedad construida antes de la afectación (como derecho ya incorporado en su patrimonio);

iii) El derecho, en caso de destruirse la propiedad prexistente por caso fortuito (p, ej. un incendio o un terremoto), a poder reconstruirla en las condiciones que tenía (o como mínimo una vivienda de hasta dos pisos de altura, según que le convenga más);

iv) El derecho a edificar otras construcciones si se renuncia a que sean indemnizadas cuando se efectúe la futura expropiación;

v) El derecho a aumentar el volumen de construcción existente en las propiedades afectadas conforme admitió la Ley N° 19.744 en 2001, esto es, cuando se trate de aumentos que: a) tengan por objeto preciso mitigar los impactos ambientales adversos que provoque una actividad productiva; b) estén destinado a mejorar la calidad de la arquitectura, las estructuras y las instalaciones del edificio, incluso los que tengan un sentido estético que contribuya a mejorar el aspecto del edificio;

vi) El derecho a obtener que se fijen con exactitud los trazados y anchos del espacio declarados de utilidad pública, a través de un plano de detalle, cuando sea preciso (lo que incrementará la seguridad jurídica); y vii) El derecho a eximirse del pago de contribuciones territoriales superando los requisitos que establecía previamente la Ley y que lo transformó en letra muerta. Esto no quita que las propiedades que generen renta deban, igualmente, pagar los demás impuestos que sean aplicables.

Estos derechos están garantizados tanto para las afectaciones que derivan del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) como para las derivadas del Articulo Transitorio de la Ley N° 20.791.

Finalmente, clarifica el informe, la misma disposición transitoria y la aludida Circular Ordinaria N° 654, de 18 de diciembre de 2014, DDU 279, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reconocen expresamente la validez de los anteproyectos aprobados y los permisos de edificación otorgados o en trámite, con anterioridad a la publicación de la Ley N° 20.791, de fecha 29 de octubre de 2014, en aquellos inmuebles que por obra de la misma ley volviesen a quedar sujetos a una declaratoria de utilidad pública.

Según lo señalado por la informante, existiría una clara congruencia entre las disposiciones permanentes incorporadas a la LGUC por la Ley N° 20.791 y su disposición transitoria, situación que fue debidamente considerada en la dictación de la Circular Ordinaria N° 654, de 18 de diciembre de 2014, DDU 279, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por cuanto en ella se señala que en aquellos terrenos cuyas declaratorias hubiesen caducado, los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales con anterioridad a la publicación de la Ley N° 20.791, de fecha 29 de octubre de 2014, no se verán afectados por la declaratoria de utilidad pública.

La razón y objetivo de la citada ley, señala el informe por la recurrida, es restituir a la región las reservas de áreas verdes. Esta áreas planificadas no sólo tienen una función ornamental, sino que un papel regulador de la agresión ambiental: retienen las aguas atmosféricas, contribuyen a la evapotranspiración (cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera como consecuencia de la evaporación y de la transpiración de las plantas), constituyen un filtro contra la contaminación y representan un excelente regulador del intercambio de aire, calor y humedad con el entorno urbano, razones por la cual la ley decidió reafectar éstas a través de la Ley N° 20.791.

La reafectación, sostiene la informante, puede no ser conveniente para los intereses de los privados dueños de los terrenos, puesto que eventualmente podrán ver disminuido el valor de venta del Inmueble declarado de utilidad pública, (valor que igualmente puede variar por distintas causales, desde el aumento del precio por la construcción de una línea de metro o la disminución de éste por la construcción aledaña de un colegio), pero es beneficiosa para la región, que debe planificarse para el futuro, para nuestros hijos y nietos y no solo para 5,10 o 20 años más.

Señala el informe que el recurso refiere que la Resolución Exenta N° 1265, de 29 de abril de 2015, dejó sin efecto la declaratoria de utilidad pública que pesaba sobre el Parque Lo Prado en la comuna de Pudahuel, (Borde Ruta 68); regulado por el artículo 5.2.3.4. de la Ordenanza del PRMS, Avenidas Parques numeral 2 - Parques Adyacentes a Sistemas Viales; Resolución aprobatoria N° 20 del 06 de Octubre de 1994, publicada en el Diario Oficial del 24 de noviembre de 1994; desafectación parcial Parque Lo Prado conforme a plano RM-PRMS-15-C7.

Anota que el recurso sostiene que por el plano mencionado se incluyó sólo un terreno de todos aquellos que anteriormente habían sido objeto de desafectación por la Ilustre Municipalidad de Pudahuel (mediante la asignación de normas urbanísticas por la caducidad de la afectación), y de esta forma se habría beneficiado a una empresa en particular que construyó y construye un proyecto habitacional en dicha faja, situación que de acuerdo al estudio de los antecedentes de la resolución impugnada, no se advierte razón para no haber incluido su inmueble dentro de la nómina no obstante encontrarse en idéntica situación legal y urbanística.

Inicia la actora su argumentación analizando, en síntesis, el contenido del artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental (igualdad ante la ley), señalando al efecto lo dispuesto en los incisos primero y segundo en relación con el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico y el derecho a no ser discriminado, respectivamente, todo lo cual, señala, ha sido recogido por la doctrina nacional y confirmado por la jurisprudencia.

Prosigue –señala el informe- describiendo en qué consiste el concepto de discriminación, proponiendo, en lo que importa, que se está frente a una acción o acto discriminatorio cuando “se trate de manera diferente a los que deben ser tratados igual y cuando se equipare a quienes deben ser tratados de manera diversa, incidiendo en ambos casos en el factor que los iguala o diferencia”.

Continúa señalando que toda discriminación entraña arbitrariedad, por cuanto una acción discriminatoria '‘consiste en una diferencia injusta, odiosa o caprichosa”, definiendo y transcribiendo las distintas acepciones aceptadas por la doctrina y la jurisprudencia, concluyendo en resumen, que su terreno reúne idénticas características (que los incluidos en la nómina), desafectado por la Municipalidad de Pudahuel en conformidad con la anterior normativa, con permisos de construcción vigentes por lo que, según su parecer, formaría parte de la excepción del Artículo Transitorio de la Ley N° 20,791, y objeto de afectación en conformidad a la normativa por la futura existencia del Parque Lo Prado.

Finaliza la actora considerando que es Secretarla de Estado, al actuar de la forma en que lo hizo, cometió una discriminación arbitraria “pues la distinción que efectuó para excluir los terrenos de mi representada es contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual no tuvo justificación racional o razonable, pues nuestra carta fundamental lo obligaba a dar un trato igual a aquellos que estaban en similar circunstancia, lo que en la especie no aconteció...”, de esa Secretaría Ministerial que vulneraría las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte reestablecer el imperio dei derecho ordenando a esa Secretaría de Estado complementar la Resolución Exenta N° 1.265 en el sentido de incluir la propiedad de su representada ubicada en domicilio reservado, en la nómina que deja sin efecto la declaratoria de utilidad pública que la grava.

Sostiene la informante que la recurrente bajo el epígrafe “Capítulo Segundo, El Derecho, Acto Ilegal y Arbitrario”, donde el recurrido esperaba argumentación respecto de cómo el acto administrativo impugnado adoleciendo de ilegalidad, a su juicio, conculca los derechos de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad garantizados en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, encontrándose en cambio con que la recurrente no solo evita toda argumentación referida a la supuesta ilegalidad en la dictación de su Resolución Exenta N. 1.265, de 2015, sino que se limita a explayarse en el concepto de discriminación de modo de fundar lo que según su parecer determina la arbitrariedad de la mencionada resolución, para finalizar concluyendo que debido a una supuesta ilegalidad (sin argumentación) y arbitrariedad, este recurrido habría infringido los derechos garantizados por nuestra Constitución Política precedentemente mencionados.

En la especie, es dable concluir –sostiene el informe- que no se ha esgrimido por parte de la actora en la presente acción constitucional el o los argumentos en los que funda una supuesta ilegalidad en la dictación de la Resolución impugnada, por lo que debiera ser desechada.

Es el parecer de esa Secretaría Ministerial, que la materia ventilada en la presente acción de protección consiste en la determinación del real sentido y alcance de la aplicación de una ley, específicamente la que establece la normativa de Urbanismo y Construcciones, por lo que necesariamente debe ésta resolverse en un juicio de lato conocimiento y no a través de la acción constitucional, como lo es el recurso de protección.

A mayor abundamiento, indica, la reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia ha resuelto invariablemente que "el recurso de protección está concebido para el amparo de aquellos derechos que pueden ser obstaculizados por acciones u omisiones de terceros o autoridades, acciones u omisiones que sean fácilmente subsanables, removiendo simplemente un obstáculo... esta acción puede ser acogida cuando estando acreditada la existencia de un acto u omisión ilegal y/o arbitrario, se ha producido con ello de manera real, efectiva y cierta la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos que constitucionalmente se halla asegurado por este recurso. Así, encontrándose dubitado el derecho que se reclama,... no procede recurrir a través de esta vía excepcional y especialísima, ya que corresponderá a los tribunales del fondo zanjar dicha controversia, previo a determinar si efectivamente se ha cometido una ilegalidad por parte de la recurrida”.

Por los razonamientos anteriores, afirma, esta acción de protección intentada contra esa Secretaría Ministerial, adolece de los requisitos de admisibilidad señalados, por no aparecer en los argumentos de la actora alguna ilegalidad en la dictación de la resolución impugnada, tener características de hechos y probanzas que han de ser ventiladas en un juicio de lato conocimiento y no aparecer indubitados los derechos que se reprochan privados, amenazados o perturbados.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se hace cargo de cada una de las alegaciones de la recurrente que fundan la presente acción constitucional.

Según la informante, la accionante manifiesta que esa Secretaría Ministerial al haber dictado la Resolución Exenta N° 1.265, publicada en el Diario Oficial de 6 de mayo de 2015, cometió una flagrante arbitrariedad, al no incluir el terreno de su representada en la nómina tantas veces mencionada. Anota que el recurso sostiene que, sin razonamiento lógico ni jurídico alguno dicha resolución excluyó su inmueble, y que incorporó un lote vecino que corresponde al lote 7, ubicado aproximadamente a 600 metros del propio, el que contaría con las mismas condiciones urbanísticas tanto en el Plan Regulador General (entendemos referido al Plan Regulador Metropolitano PRMS), como en el (Plan Regulador) Municipal, con resoluciones y permisos municipales de construcción aprobados (al igual que en su predio), los que forman parte de lo que se conoce como ex Parque Lo Prado.

Al respecto, cabe recordar -dice el informe y llama a tener presente- que fue el legislador el que mediante la dictación de la Ley N° 20.791, como ya se ha dicho, modificó el artículo 59 de la LGUC con el preciso objeto de terminar con la caducidad de los plazos de las afectaciones de utilidad pública dispuestos por las leyes 19.939 y 20.331, reafectando los terrenos que habían dejado de estarlo.

Se debe destacar, se sostiene por la informante, que ésta es una norma que limita el derecho de propiedad (sin privarlo) fundándose en la función social de la propiedad, tal como admite la Carta Fundamental en el inciso segundo del artículo 19 N. 24, que señala expresamente: '‘Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad v la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”.

De suerte que, se sostiene por el informe, fue la Ley N° 20.791 y no el Secretario Ministerial recurrido quien repuso las afectaciones de utilidad pública, materia esencial de este recurso.

Por su parte, citan la disposición transitoria del mencionado cuerpo legal, específicamente la primera parte del inciso segundo, la que como se recordará señala expresamente: "La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o la municipalidad respectiva podrán dejar sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas y parques que incluyan en una nómina aprobada por resolución o decreto, según corresponda, en un plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente ley.”.

De la transcripción anterior, se sostiene en el informe, se desprende nítidamente la facultad discrecional otorgada a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo correspondientes, para desafectar terrenos o predios mediante la elaboración de una nómina aprobada por resolución, sin mencionar ningún criterio, por lo que, similar al razonamiento anterior, insiste el informe, fue la misma Ley N° 20.791 la que permitió y posibilitó la dictación de un acto administrativo que contuviera una nómina para esos efectos.

En este punto, agrega la informante, se debe anotar que toda facultad discrecional otorgada por un determinado cuerpo legal posibilita a la Administración Activa el ejercerla o no, de suerte que en el caso de hacerlo, tal facultad no puede devenir en actos arbitrarios o ilegales dictados al margen de la ley o por mero capricho, carente de racionalidad o justificación, para lo cual la dictación de todo acto administrativo de parte de este servicio debe tener como premisa el bien común o el interés público involucrado, máxime si se considera que quien detenta la tuición del instrumento de planificación territorial intercomunal es esa Secretaría de Estado, según lo dispuesto en los artículos 34 y siguientes de la LGUC.

Bajo esas circunstancias, se establecieron criterios objetivos amén de restrictivos, entendiendo que la autorización del Artículo Transitorio de la Ley N° 20.791 es una norma de carácter excepcional considerando que la intención de la mencionada ley es precisamente declarar de utilidad pública todos aquellos terrenos cuyas declaratorias habían caducado.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la voz “nómina” significa "Lista o catálogo de nombres de personas o cosas”, cuya naturaleza supone individualizar o determinar de manera precisa qué o quiénes la componen, de forma que tal concepto refuerza la naturaleza excepcional de los casos a incorporar en aplicación del Artículo Transitorio de la Ley N° 20.791, por lo que la aludida nómina solo podía contener situaciones de excepción, de determinados inmuebles, los que fueron singularizados según los respectivos planos.

Con respecto a la supuesta igualdad de condiciones urbanísticas alegada por la recurrente, en efecto, tales normas son unas mismas para uno y otro predio en cuanto a que el ex Parque Lo Prado fue objeto de asignación de nuevas normas urbanísticas mediante Decreto Alcaldicio N° 2.968, de 4 de junio de 2012, de la I. Municipalidad de Pudahuel, acto administrativo dictado conforme al mandato legal del antiguo texto del artículo 59 de la LGUC; sin embargo, la situación de igualdad deja de serlo al existir sobre el predio con el cual compara el propio, permisos de edificación otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.791, amén de existir, al momento de la declaratoria y a la fecha de la confección de la(s) nómina(s) construcciones terminadas y otras en vías de estarlo, próximas a ser recepcionadas por la Dirección de Obras Municipales respectiva.

En ese escenario, resulta ser muy dificultoso sino imposible proceder a una futura expropiación y ulterior demolición de todo lo edificado para permitir la materialización de un área verde como faja vial de la Ruta 68, tanto en cuanto a su costo como por la repercusión social que tendría el desalojo de decenas de familias.

Por lo expuesto, señala el informe, conforme al criterio de desafectación señalado en la resolución impugnada, solo se consideraron aquellas áreas que en una parte significativa de éstas, tenían conjuntos de viviendas construidas y/o habitadas, y que además cumplieran con el resto de los requisitos que establece la Resolución Exenta N° 1.265, de 2015.

Así, se confeccionó la referida nómina, estableciendo, además de los razonamientos de los considerandos allí expresados, los criterios anotados en el considerando N° 18, que la reclamante considera no existir y que por ende, nuestra decisión resultaría arbitraria y sin fundamento.

Afirma el informe de la recurrida, que fácil resulta apreciar que lejos de existir una contravención al principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución Política de la República, por los razonamientos anteriores la situación de los predios resulta ser distinta y por ende la no inclusión del terreno de la actora no resulta ser atentatoria de la mencionada garantía constitucional, pues no se encontraban en la misma situación jurídica, con lo que se ha dado aplicación a lo dispuesto por el inciso segundo de la disposición transitoria de la Ley N° 20,791, se ha respetado rigurosamente la normativa constitucional, legal y reglamentaria, no existiendo, en nuestro parecer ninguna actuación de esta Secretaría Ministerial que pueda ser reprochada de arbitrariedad alegada por la recurrente.

A su turno, como ya se mencionó precedentemente -desarrolla el informe-, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 4o de la LGUC, dictó la mencionada Circular DDU 279, que se pronunció sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en el Artículo 59 y Transitorio de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores y seccionales, instrumento que en su numeral 5.1 (Nómina), señaló en lo que importa, que: “Las Municipalidades y Seremis, al elaborar esta nómina, podrán resolver incongruencias entre las afectaciones de utilidad pública provenientes de planes actualmente vigentes y las declaratorias que son consecuencia del Artículo Transitorio o declaratorias de utilidad pública caducadas que no es pertinente utilizar, además de tener en consideración los planes que se encuentren en las últimas etapas de formulación o aprobación, entre otras consideraciones.".

Conforme a las disposiciones transcritas, queda en evidencia para la informante que la ley N° 20.791, al modificar el texto del antiguo artículo 59 de la LGUC, omitió el señalamiento de algún criterio o lineamiento que orientara la dictación de la resolución correspondiente con la nómina de vialidades y parques o plazas a desafectar, de manera tal que esa Secretaría de Estado utilizó como orientación los criterios señalados en el numeral 5.1 de la mencionada Circular DDU 279, para así dar cumplimiento a lo establecido en el antedicho Artículo Transitorio.

En efecto, como ya se ha mencionado precedentemente, además de los lineamientos generales basados en razones de interés público o incongruencia y de los criterios específicos, ambos señalados en la Resolución Exenta N° 1.178, de 22 de abril de 2015, que incorporó la nómina de desafectaciones correspondiente a vialidades, para la nómina que por la presente acción de protección se impugna, se han definido los siguientes lineamientos:

i) El grado de consolidación con viviendas en un sector destinado a parque o plaza, en el que el Municipio asignó norma predominante de la adyacente, según lo dispuesto en el artículo 59 del D.F.L. N° 458, de 1976, en su texto anterior a la modificación efectuada por ley N° 20.791, entendiendo por consolidación la existencia de conjuntos de viviendas construidas y/o habitadas en terrenos urbanizados, en parte significativa de esta área verde, lo que dificultará ostensiblemente su materialización.

ii) Que la situación de afectación haya sido oportunamente informada al Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo.

iii) Para la aplicación de los lineamientos señalados se estableció que su concurrencia debía ser en forma copulativa.

Es así, indica el informe, en el caso del predio de la recurrente, que señala estar en las mismas condiciones de los inmuebles aledaños, por cuanto les habían sido asignadas normas urbanísticas con anterioridad mediante Decreto Alcaldicio N°2.968, de 4 de Junio de 2012, el inmueble que la recurrente señala como favorecido por su inclusión en la nómina, contaba, a la fecha de publicación de la Ley N° 20.791, con permisos de edificación aprobados y con edificaciones ya materializadas conforme a lo ya señalado en A.2 precedente.

Amén de lo expresado en el informe, esa Cartera Ministerial, se indica, respetando los criterios o lineamientos establecidos y cuya aplicación se estableció de forma copulativa, procedió a incluir en la mencionada nómina de la Resolución Exenta N. 1.265, de 2015, todos aquellos terrenos que cumplían dichos requisitos, criterios o lineamientos, dentro de los que no se encuentra el predio de la recurrente.

Por lo expuesto, se reitera por el informe, que de acuerdo al criterio de desafectación señalado en la resolución impugnada, solo se consideraron aquellas áreas de los lotes ya singularizados, que en una parte significativa de éstos, tenían conjuntos de viviendas construidas y/o habitadas, y que además cumplieran con el resto de los requisitos que establece la Resolución Exenta N° 1.265, de 2015.

El criterio señalado se estableció razonadamente, fundadamente, sostiene la informante y según el fin que tuvo el legislador al dictar la Ley N° 20.791, la que tiene por objeto reafectar, declarando de utilidad pública, todos los terrenos que hubieren sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, con anterioridad a las disposiciones de las leyes números 19.939 y 20.331, de 12 de febrero de 2004 y de 12 de febrero de 2009, respectivamente, reafectación que se ha efectuado para dotar a la autoridad de las herramientas que le permitan materializar las áreas verdes necesarias para la región, sin perjuicio de lo cual, es poco probable materializar áreas verdes demoliendo las viviendas construidas en estos predios, razón por la que se determinó desafectar los terrenos a los que se hubiere asignado norma predominante de la adyacente, urbanizados, que tengan conjuntos de viviendas construidas y/o habitadas en parte significativa de éstos y que su situación haya sido oportunamente informada y solicitada su desafectación a esta Secretaria Ministerial. Todos los requisitos señalados son copulativos, agrega el informe.

Por otra parte, la dictación de un permiso de anteproyecto o de edificación, puede devenir o no en que se edifique el inmueble proyectado, decisión que solo puede tomar el desarrollador inmobiliario. Para la autoridad, este es un hecho de ocurrencia incierta, es decir, existe el derecho para edificar, pero no necesariamente este derecho se ha de materializar. En cambio, cuando ya se edificó el inmueble, no hay incertidumbre, el inmueble fue edificado y para materializar allí un área verde debe demolerse.

Cabe tener presente, señala el informe, que tanto el permiso de anteproyecto, como el de edificación, tienen fecha de caducidad. Respecto del anteproyecto, ésta será de seis meses o de un año, según las condiciones del proyecto, altenor de lo dispuesto en el artículo 1.4.1.de la OGUC. Por otra parte, el artículo 1.4.17. del mismo cuerpo reglamentario, señala que el permiso de edificación caducará automáticamente a los tres años de concedido si no se hubieren iniciado las obras correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso. Por lo expuesto, y no otorgándose estos permisos ad eternum, se hace aun patente la incertidumbre para la autoridad sobre si en virtud de éstos se edificará o no.

Como se puede observar, adiciona el informe, la no inclusión del predio de la recurrente en la nómina establecida por la Resolución N. 1.265, de 2015, de ese servicio, no ha sido de manera caprichosa, carente de razonabilidad o de fundamentos que la justifiquen, por el contrario, sostiene, aparece del todo pertinente y razonable el incluir en la nómina predios que cumplieran los lineamientos preestablecidos, los que aparecen nítidamente expresados en el considerando número 18 de la resolución recurrida, cuyo no es el caso.

En conjunto con lo expuesto, la mencionada nómina, dispuesta por el artículo transitorio de la Ley N° 20.791, -interpreta el informe- no tuvo por objeto alterar la planificación urbana establecida por el PRMS, sino que, según lo ya señalado y establecido por la Circular DDU 279: “resolver incongruencias entre las afectaciones de utilidad pública provenientes de planes actualmente vigentes y las declaratorias que son consecuencia del Artículo Transitorio o declaratorias de utilidad pública caducadas que no es pertinente utilizar, además de tener en consideración los planes que se encuentren en las últimas etapas de formulación o aprobación, entre otras consideraciones.”

Cabe recordar, insiste el informe, que esa Secretaria Ministerial debe actuar, según las funciones que dispone la normativa orgánica contenida en el D.S. N. 397, de 1977, bajo la mirada de la planificación regional, actividad esencial para ese servicio, que no es posible desatender, a riesgo de incurrir en la denominada falta de servicio.

Asimismo, la decisión de desafectar terrenos que forman parte de los Sistemas Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación y de Infraestructura de Transporte, regulados en el PRMS, debe ser abordada –se sostiene por el informe- desde una óptica de planificación y procedimiento participativo, el que está establecido para la modificación de Instrumentos de Planificación Territorial, en la LGUC y en su Ordenanza General, por cuanto, la posibilidad de desafectación dispuesta por el mencionado Artículo Transitorio es a “todas luces” excepcional y por ende de aplicación restringida.

Por todo lo expuesto, concluye la informante, el legislador permitió la desafectación a través de nóminas elaboradas al efecto, esto es de situaciones específicas y no de situaciones generales de desafectación, lo que también refuerza su carácter restrictivo.

La Resolución Exenta N° 1.265, de 2015, afirma, lejos de incurrir en arbitrariedades con ocasión del procedimiento de inclusión en la nómina, ha sido transparente, con criterios preestablecidos, coherente con los lineamientos de la Circular DDU 279, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en armonía con los cuerpos legales mencionados por la recurrente, dentro del plazo legal establecido en la Ley N° 20.791 y con una clara orientación de interés público por sobre el interés particular, desde donde colige que si bien, la recurrente considera que su situación se enmarcaría en los supuestos o criterios de la Resolución impugnada, esa Secretaría no lo consideró de igual forma, por cuanto, como ya se dijo, las áreas verdes Metropolitanas e Intercomunales forman una red compleja que requiere, desde el punto de vista de la planificación territorial, estudios fundados y conducentes que permitan su alteración.

Conforme a los razonamientos precedentes, concluye el informe, fácil resulta desprender que se ha elaborado la nómina tantas veces mencionada sobre la base de criterios objetivos de manera de impedir cualquier vestigio de arbitrariedad, por los razonamientos señalados en los párrafos precedentes.

Por lo anterior, concluye, habiendo aplicado un criterio de preeminencia del interés público por sobre el individual, en conjunto con el criterio general de no desafectación, no se observa de qué manera el hecho de no incluir el inmueble de la recurrente en la nómina de desafectaciones sea una decisión irracional, carente de todo fundamento y meramente fruto del capricho, por cuanto en el quehacer como planificador intercomunal, deben poner el acento en todos aquellos activos territoriales y defenderlos o reservarlos, según sea el caso.

Sin perjuicio que la recurrente enuncia también la existencia de un vicio de legalidad en la dictación de la Resolución Exenta N° 1.265, de 2015, no da ningún argumento para avalar su reproche, a continuación el informe se pronuncia en ese sentido para llevar a la Corte mayor claridad en el análisis y posterior resolución de la presente acción constitucional de protección.

Esa Secretaría Ministerial, se indica, dictó la antedicha Resolución Exenta N° 1.265, de 2015, que por esta vía se impugna, en aplicación de lo establecido en el Artículo Transitorio de la Ley N° 20.791, cuyo texto expreso ya citado le entrega a dicho servicio la potestad pública necesaria para ello.

Se debe comentar, primeramente, indica el informe, que respecto de la vulneración de la garantía de la igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, no se observa de qué manera y tampoco lo aclara la recurrente, cómo el texto de la mencionada resolución y sus efectos atentarían en contra de dicha garantía.

La recurrente estima que la no inclusión en la nómina de la resolución impugnada constituyó una clara manifestación de arbitrariedad de parte de esa Secretaría Ministerial en contra de sus intereses por cuanto no existirían argumentos expresos en la misma resolución que avalaran la decisión.

Olvida la actora, manifiesta el informe, que los argumentos expresados en los considerandos de la resolución que por esta acción se reprocha, son positivos, esto es, ingresan a la mencionada nómina aquellos predios que cumplen los criterios preestablecidos, y no sólo para algunos casos, de tal manera que están debidamente expresados allí los fundamentos en contrario, es decir, que al no reunir los requisitos para ser incluidos, deberán ser excluidos.

De acuerdo con lo anterior, no ha existido –señala el informe- en lo concreto diferenciación o distinción arbitraria, sin justificación racional o razonable. Por el contrario, se actuó sobre la base de criterios racionales y expresos, debiendo tener presente no contrariar la finalidad que tuvo el legislador al establecer la facultad de desafectar, por lo que según los razonamientos previos, no ha habido una discriminación arbitraria, ni se ha vulnerado, por ende, el derecho a la igualdad ante la ley, de acuerdo con lo expresado precedentemente en orden a que la situación de igualdad deja de serlo al existir sobre los predios vecinos al de la recurrente, permisos de edificación otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.791, amén de existir, al momento de la declaratoria y a la fecha de la confección de la(s) nómina(s) construcciones terminadas o en vías de estarlo, próximas a ser recepcionadas por la Dirección de Obras Municipales respectiva.

A mayor abundamiento, cabe señalar al efecto, dice el informe, respecto a la igualdad efectiva ante la ley, que el Tribunal Constitucional en sentencia de 5 de abril de 1988 (Rol 53), examinó y declaró inconstitucional un precepto dei Proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, por establecer una misma e idéntica sanción de apremio para casos de no pago de una multa, cualquiera fuera su monto o la infracción que la hubiera originado, luego de enfatizar que la Constitución no prohíbe hacer diferencias, prohibiendo solo que ellas sean arbitrarias, razonó que no eran arbitrarias las diferencias que puedan calificarse de razonables. Para expresar ambas ideas el Tribunal se valió de una cita del autor argentino Linares Quintana, señalando que: "De esta manera la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes”.

Por lo anterior, y sin argumentos plausibles de la recurrente, no se observa –concluye el informe- de qué forma la dictación de la resolución, por esta vía impugnada, ha conculcado el derecho a la igualdad ante la ley, por lo que la presente acción de protección debiera también ser desechada.

Respecto de la conculcación del derecho de propiedad, cabe reiterar primeramente, dice el informe, que fue el legislador el que mediante la dictación de la Ley N° 20.791, modificó el artículo 59 de la LGUC con el preciso objeto de terminar con la caducidad de los plazos de las afectaciones de utilidad pública, reafectando los terrenos que habían dejado de estarlo en virtud de los plazos de caducidad establecidos por las leyes números 19.939 y 20.331.

Esta decisión legislativa, como ya se dijo, no constituye una de las privaciones a que se refiere el inciso tercero del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, como parece entender la actora, sino que una limitación de aquéllas que admite el inciso 2o de la misma norma como proyección de la función social de la propiedad.

Se debe subrayar que la planificación urbana es dinámica por lo que no pueden esgrimirse derechos adquiridos frente a las modificaciones no patrimonializadas a través de los respectivos permisos o anteproyectos. El propio Tribunal Constitucional ha señalado en sus recientes sentencias Roles 2643/2014 y 2644/2014 que los rasgos distintivos de la legalidad urbanística son: “la función que en ella cumple el Plan Regulador Comunal, una norma de carácter infralegal y comunal que, entre otras cosas, configura el contenido concreto del derecho de propiedad en dimensiones de especial relevancia patrimonial o económica, como el derecho a edificar y el derecho a hacer uso del predio propio”; '‘que el objeto de su regulación se encuentra en permanente proceso de cambio... las ciudades contemporáneas tienen una naturaleza dinámica... amplio ius variandi”; “que ha de contar con instrumentos aptos para compatibilizar la adecuada tutela de intereses públicos con la debida protección de derechos y garantías fundamentales de las personas”.

Pues bien, si los planes reguladores pueden originar estos cambios –se sostiene en el informe- con mayor razón lo puede hacer una ley, máxime si contempla en favor de los propietarios los derechos que ya se señalaron y que definen un contenido mínimo de aprovechamiento urbanístico. No existe, en consecuencia, un acto u omisión arbitraria o ilegal que afecte la garantía constitucional del ejercicio del derecho de propiedad del actor.

A mayor detalle, se agrega en el informe, las afectaciones de utilidad pública, como ya se mencionó, nacen de la función social de la propiedad, principio recogido en el inciso segundo del numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En ese contexto, a diferencia de lo que parece entender la recurrente, en el derecho urbanístico si bien se reconoce y se garantiza el ius aedificandi, no es menos cierto que debido a la acción planificadora territorial de los municipios y de las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, los dueños de inmuebles o predios en áreas o zonas planificadas sólo pueden edificar o construir aquello que la zonificación les permite, y que se expresa en la formulación de los distintos estatutos jurídicos establecidos por los instrumentos de planificación territorial materializados en los planes reguladores mediante un complejo y estricto procedimiento establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en su Ordenanza General, razones suficientes para entender las limitaciones legítimas al derecho de dominio establecidas a partir de nuestra Carta Fundamental.

Finalmente, se indica en el Informe que la accionante señala que como consecuencia de la arbitrariedad e ilegalidad que le atribuye a la Resolución Exenta N° 1.265, de 2015, se habría vulnerado el derecho de uso, goce y disposición, como quiera que al permanecer su inmueble afecto a utilidad pública, también lo estarían las viviendas que se construirían en dicho inmueble.

Al respecto, aclara el informe, lo que la actora tiene es un anteproyecto ingresado a la Dirección de Obras Municipales de Pudahuel con fecha 4 de julio de 2014 y aprobado el día 30 de diciembre de 2014, con lo que de ser requerido y reuniéndose las condiciones para la aprobación, podrá la actora ingresar a la misma DOM la solicitud de aprobación de un permiso de edificación, lo que está debidamente cubierto o garantizado por el inciso segundo de la disposición transitoria de la Ley 20.791 y por el numeral 7.1 de la Circular DDU 279, de 18 de diciembre de 2014, que señala expresamente lo siguiente: “Las solicitudes de aprobación de anteproyectos y permisos ingresados a las Direcciones de Obras Municipales con anterioridad a la publicación de la Ley N°20.791, deberán ser evaluadas y tramitadas conforme a las normas vigentes a la fecha de su ingreso, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.1.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, (...) con la posibilidad cierta de poder tramitar un ulterior permiso de edificación dentro de los plazos de vigencia para los anteproyectos aprobados establecidos en el artículo 1.4.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.”

De esta manera, se afirma de modo categórico por el informe que tampoco el acto impugnado puede afectar en modo alguno el derecho de propiedad, ya que tal como se señala reiteradamente en dicho informe, la actora puede continuar con la tramitación de anteproyectos materializándolo a través de la correspondiente solicitud de aprobación de Permiso de Edificación, el que posteriormente puede ser recepcionado y luego susceptible de vender las unidades o lo allí construido.

El derecho de propiedad –se insiste- que existe sobre los permisos ha sido respetado por el acto impugnado, no teniendo éste, además, la aptitud que le permita vulnerar el derecho de propiedad de los permisos. La Resolución Exenta M° 1.265, de 2015, solo estableció y aplicó un criterio de desafectación.

Dicho de otra forma, la resolución impugnada no tiene el mérito ni la fuerza para impedir el legítimo ejercicio de las facultades de uso, goce y disposición, en tanto el terreno y sus construcciones no devienen en incomerciables y son susceptibles de todos los actos jurídicos o administrativos que el dueño pretenda realizar, pudiendo al efecto hipotecarlo, cederlo, venderlo, es decir, celebrar actos jurídicos que impliquen la facultad de uso y goce como también los actos materiales de disposición.

Conforme a los argumentos sostenidos en el informe de la recurrida, no observa vestigio alguno de ilegalidad ni arbitrariedad en la dictación de la Resolución Exenta Np 1.265, de 2015, por cuanto su tenor se encuentra conforme a los numerales 2° y 24° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, de acuerdo a los preceptos de la Ley N° 20.791, en armonía con el artículo 41 de la Ley de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (Ley N° 19.880), y a los lineamientos establecidos en la Circular DDU 279, todo lo cual conlleva que la actora no ha podido justificar ni argumentar suficientemente la ilegalidad ni arbitrariedad alegadas, ni la consecuente vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2o y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, luego de esta lata parte expositiva, en que queda completamente delineado el problema jurídico que se plantea con el presente recurso, lo impugnado viene a ser la Resolución Exenta N. 1265, de 29 de abril de 2015, del Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, en cuanto habría omitido incorporar inmuebles pertenecientes a la recurrente en la desafectación de utilidad pública que dicho acto administrativo establece. Conforme a lo sostenido por la recurrente, dicho acto administrativo sería ilegal y arbitrario, lo que niega la recurrida.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

SEXTO: Que motiva la acción de protección en análisis, la Resolución Exenta N. 1265, de 29 de abril de 2015, del Secretario Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de Santiago, don nombre reservado, publicada en el Diario Oficial de 06 de mayo de 2015, que aprueba segunda nómina que deja sin efecto declaratoria de utilidad pública de terrenos destinados a vialidad y áreas verdes metropolitanas e intercomunales consultadas en el plan regulador metropolitano de Santiago, que fueron renovadas por las disposiciones establecidas en el artículo transitorio de la Ley N. 20.791.

SEPTIMO: Que el recurrente estima que este pronunciamiento adolece de ilegalidad y arbitrariedad y la omisión que comete atentaría contra las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la misión de esta Corte se debe ceñir al análisis de la ilegalidad y/o arbitrariedad que se le atribuye por la recurrente al indicado acto administrativo.

NOVENO: Que, en cuanto a la imputación de ilegalidad que se efectúa, que si bien es cierto no desarrolla en el cuerpo del escrito de interposición del recurso, debemos verificar en cualquier caso si el aludido acto administrativo se funda de manera adecuada y suficiente en el ordenamiento jurídico, en este caso, urbanístico, o si lo transgrede.

Sobre este particular, cabe señalar que la referida resolución se dictó luego de una ardua labor legislativa y administrativa, que demuestra por una parte que el ordenamiento jurídico urbanístico es de suyo complejo, y que, por la otra, el tema relativo a la declaratoria de utilidad pública ha tenido en el país un tratamiento no exento de complejos problemas.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones, se encuentra regulada en el Decreto con Fuerza de Ley N. 478, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, modificada por numerosas leyes, la última de las cuales fue la Ley 20.791.

Como se indicó tanto por la recurrente como por la recurrida, dentro de las leyes modificatorias de la mencionada LGUC, se encuentran las referidas leyes 19.939 y 20.331, respecto de las cuales la señalada Ley 20.791 vino a decantar y solucionar la situación en que se encontraban jurídicamente ciertos bienes considerados de utilidad pública.

DECIMO: Que, en este sentido, la resolución impugnada viene a cumplir un mandato legal contenido en el varias veces citado artículo o disposición transitoria de la señalada ley, en cuanto en dicha norma se dota expresamente de potestades administrativas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, para, conforme con los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política de la República, que estos órganos administrativos dicten legítimamente los actos administrativos que resulten pertinentes para los fines que razonablemente están entregados a su competencia.

De esta manera, debemos descartar la ilegalidad de dicho acto administrativo impugnado, en cuanto es posible establecer una norma jurídica habilitante que, de forma previa y especifica, otorga al órgano administrativo cuestionado las potestades públicas concretas que le permiten entrar a efectuar la actividad administrativa precisa que la ley 20.791 ya citada, le entrega.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto ahora a la arbitrariedad que se le imputa a la mencionada resolución, debemos indicar que la misma se dicta luego que el problema jurídico aparece suficientemente analizado y resuelto por los órganos administrativos internos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme con el ordenamiento jurídico urbanístico aludido. Conforme con este la Ley 16.391, de 1965, cuya última modificación fue establecida por la ley 20.729, de 2014, en su artículo 1º crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en el artículo 2º en su numeral 3º establece dentro de las funciones de dicho órgano administrativo, el de “dictar las ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales sobre urbanización de terrenos, construcción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y planificación urbanos”, y en su numeral 4º le entrega la función de “supervigilar todo lo relacionado con la planificación urbana, planeamiento comunal e intercomunal y sus respectivos planes reguladores, urbanizaciones, construcciones y aplicación de leyes pertinentes sobre la materia”.

Asimismo, como bien señalaba la recurrida, conforme al artículo 4º de la LGUC, a dicho Ministerio, a través de su División de Desarrollo Urbano, corresponde impartir instrucciones sobre la aplicación de las disposiciones de la LGUC y su ordenanza general, mediante circulares, la que debemos entender resultan obligatorias para al menos los órganos administrativos que conforman dicho ministerio.

De acuerdo a la misma norma legal, a través de los Secretarios Regionales Ministeriales se deben supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial.

DECIMO SEGUNDO: Que, de esta manera, resulta jurídicamente plausible concebir un proceso administrativo tal que de la mencionada ley 20.791, se haya dictado la Circular DDU 279, varias veces aludida por la recurrida en su informe, conforme a la cual se analizó la varias veces citada disposición transitoria de la ley indicada, y se instruyó que las Secretarías Regionales Ministeriales debían utilizar las potestades públicas administrativas que se regulaban en dicha disposición transitoria, de acuerdo a unos criterios que la circular antes indicada señaló, de modo meramente ejemplar.

Debe indicarse, asimismo, pues fue una cuestión duramente impugnada, que parece a esta Corte que no existen dudas acerca de que la potestad contenida en la citada disposición transitoria es de naturaleza esencialmente discrecional, pues la forma verbal empleada “podrán”, está referida precisamente como un indicativo preciso de dicho carácter. Parece una cuestión burda el confundir discrecionalidad con arbitrariedad, pues nos encontramos dentro de un Estado democrático de Derecho, donde se encuentra proscrito el ejercicio de potestades arbitrarias. La exigencia, pues, de racionalidad en el actuar de la Administración del Estado, es algo que no merece mayor comentario. Se debe agregar que la mencionada disposición transitoria, en su inciso segundo, luego de entregarle al SEREMI, amén de a las Municipalidades, la señalada potestad, no regula el contenido concreto que los habilitados jurídicamente deben tener particularmente presente a la hora de ejercer dicha facultad. Lo que reafirma que estamos en presencia de una potestad discrecional, de aquellas denominadas absolutas, esto es, de aquellas que dejan al órgano administrativo en total libertad para actuar dentro de su especifica competencia y, por cierto, como ya se ha dicho, descartando completamente la arbitrariedad, el capricho, la sinrazón, es decir, de manera racional, conforme al ordenamiento jurídico, constitucional, legal y reglamentario, incluidas las circulares que permiten que dicho ejercicio sea conducido por los cauces de las finalidades propias de dicho servicio público.

DECIMO TERCERO: Que, dentro de ese contexto, el parecer de esta Corte es que la Resolución Exenta N. 1265, de 2015, lo que hace es analizar si los terrenos aludidos en el recurso se encontraban o no dentro de los criterios que la mencionada circular DDU 279 le entrega, de modo que se incorpora expresamente en la resolución impugnada en sus considerandos el argumento que motiva suficientemente la interpretación que dicho servicio público efectúa de la disposición transitoria de la ley 20.271, conforme a lo que se indicaba en la circular ya mencionada, a la que también se hace referencia, según se analiza; por todo lo cual, en virtud de todas estos argumentos, no es tampoco arbitraria.

DECIMO CUARTO: Que, resulta útil señalar que lo reclamado, en esencia, resulta ser la extensión que cabe atribuirle al derecho de propiedad sobre los derechos que surgen de las actuaciones administrativas realizadas de manera previa, que significaron aprobar anteproyectos y otorgar permisos, situación que se extiende a aquellos casos de ingreso de solicitudes de permiso o de aprobación de anteproyectos. En otras palabras, si acaso es posible concebir jurídicamente que los derechos de propiedad sobre dichas especies incorporales debían interpretarse de modo que los alcanzara a ellos la desafectación permitida por la disposición transitoria de la Ley 20.971, tantas veces citada. De este modo, si se llegara a concluir que tales derechos de propiedad no pueden ser alcanzados por la función social de la misma, constitucionalmente reconocida, cabría analizar si el SEREMI de VIVIENDA y URBANISMO cometió un acto ilegal y/o arbitrario, al no desafectar los terrenos de la recurrente en la nómina incluida en la resolución impugnada.

DECIMO QUINTO: Que, como ya se dijo, el parecer de esta Corte es que no hay ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la resolución recurrida, por cuanto lo que hace el acto administrativo impugnado por este medio, es aplicar el ordenamiento jurídico urbanístico, conforme con atribuciones legales específicas y concretas, que habilitan jurídicamente al recurrido para dictar las resoluciones administrativas que tengan por objeto precisamente aprobar una nómina de bienes inmuebles que se desafectan de la declaratoria de utilidad pública, conforme a la disposición transitoria contenida en la Ley 20.791 ya citada.

DECIMO SEXTO: Que, se debe indicar que esta Corte razona también en orden a rechazar la arbitrariedad imputada a la mencionada resolución, por cuanto la misma lo que hace es describir holgadamente el ordenamiento jurídico urbanístico que la rige, al que se hace referencia en sus vistos, por cierto inserto dentro del ordenamiento jurídico que rige a la Administración del Estado de Chile, acorde con los principios propios de un Estado democrático de Derecho; luego desarrolla la resolución impugnada motivadamente, en largos 22 considerandos, las razones que la llevan a resolver incluir determinados terrenos dentro de la nómina de desafectación de la declaratoria de utilidad pública, en plena concordancia con las regulaciones legales y reglamentarias existentes, en particular conforme a la interpretación que la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hiciera –habilitada por el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones- a través de la DDU 279, Circular Ordinaria N. 0654, de 18 de diciembre de 2014, explicando suficientemente las razones que llevan al órgano administrativo a resolver como lo hace y, por lo mismo, alejada completamente de la arbitrariedad que se le imputa.

DECIMO SEPTIMO: Que, por cierto, nada puede estar más alejado de la arbitrariedad que la situación que se produce cuando un acto administrativo aplica una disposición legal, la disposición transitoria tantas veces aludida, conforme con criterios racionales, objetivos, que se derivan de la situación concreta que existe en la realidad. En el caso en específico, atendiendo a la situación suficientemente acreditada de viviendas ya habitadas y/o construidas, versus edificaciones solo proyectadas. No puede estimarse que hay arbitrariedad cuando precisamente se decide de manera diversa en función de las distintas situaciones que se presentan en la realidad.

De manera que no se divisa actuación alguna que pueda tildarse de arbitraria o ilegal, ni menos alguna omisión que tenga alguno de estos calificativos.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 38.

Regístrese y devuélvanse, con sus agregados.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

N° Protección-49702-2015.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández .