nombre reservado con CLÍNICA LAS CONDES S.A

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Andrés Finschi Peñaloza, abogado, en representación de nombre reservado, quien deduce acción de protección constitucional en contra de CLÍNICA LAS CONDES S.A., por haber incurrido el acto arbitrario e ilegal de compelerlo a pagar mediante mensajes de texto una deuda que se encuentra siendo conocida por el Décimo Tercer Juzgado Civil de esta ciudad, afectando su derecho a la integridad psíquica, su vida privada y la igualdad ante la ley, desde que en la especie la recurrida ha actuado como una comisión especial, solicitando que sean dejadas sin efecto las intimaciones de la recurrida, con costas.

Segundo: Que, funda su recurso señalando que con fecha 18 de junio del año en curso, recibió diversas notificaciones de mensajes de WhatsApp, emitidos por la Clínica Las Condes, mediante los cuales se le conminaba a pagar una deuda, para efectos de evitar el ejercicio de acciones judiciales, dándole un plazo de tres días para solucionar la deuda. El cobro de dicha obligación se encuentra judicializado ante el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-30.766-2018, caratulados “Clínica Las Condes S.A. con nombre reservado”, siendo afectada la garantía constitucional contemplada en el numeral 4º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el respeto y protección de la vida privada y los datos personales, por cuanto, la recurrida no se ha abstenido de perturbar dicha esfera de cuidado. Asimismo, acusa afectado el Derecho a la integridad psíquica, desde que en la actualidad, desconoce si la recurrida puede tomar algún otro camino para efectuar el cobro de la obligación por medios extra jurídicos, por cuanto, en el caso ha debido soportar un trato degradante y hostil de una deuda judicializada. En cuanto al derecho a la igualdad ante la Ley, sostiene que el protegido se encuentra en una situación de hecho desfavorable, atendido que se ha vulnerado la igualdad de trato en la solución del conflicto, atendido que del examen del mensaje, aparece que no se ajusta a un actuar adecuado, por cuanto, existen otros medios que no afectarían sus garantías constitucionales. Asimismo, afirma que ha sido vulnerado su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y prohibición de la autotutela judicial.

Previas citas a la Carta Fundamental y a la Ley 19.628, solicita sean dejadas sin efecto las intimaciones de la recurrida, con costas.

Tercero: Que, la recurrida CLÍNICA LAS CONDES S.A., solicitó el rechazo del recurso con costas. En primer lugar, precisa que el recurrente firmó el pagaré Nº CV840001470 por la suma de $5.771.378, con vencimiento el 30 de agosto de 2017, siendo del caso, que a hasta fecha no fue pagada la deuda. Clínica Las Condes intentó en 28 oportunidades comunicarse con el recurrente para efectos de regularizar su situación. Entre ellas, la clínica lo llamó por teléfono al número por él entregado, le envió cartas al domicilio por él señalado y le envió correos electrónicos a la casilla por él proporcionada. Sin embargo, las llamadas no fueron atendidas y las cartas y correos electrónicos no fueron respondidos por el recurrente. Se acompaña en un otrosí, la planilla donde constan dichos intentos de comunicación.

Así las cosas, el 26 de octubre del año pasado, dedujo demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, en los autos que individualizó la contraria, causa en la que no opuso excepciones y sólo consignó $100.000. Actualmente, en el proceso se tuvo presente para la traba del embargo un vehículo de propiedad del protegido, siendo este el motivo por el cual, la Clínica le envió un mensaje instantáneo al teléfono celular del recurrente, única vía de comunicación con el mismo, dado que ignora las restantes comunicaciones. En segundo lugar, alega la improcedencia del recurso de protección, desde que sólo ha sido basada en un mensaje de WhatsApp, donde el estudio jurídico que lleva a cabo la cobranza judicial de Clínica Las Condes le comunica al recurrente que tiene una deuda pendiente y que si no regulariza su situación dentro del plazo 3 días, se procederá al embargo de sus bienes para poder recuperar el monto adeudado. Enfatiza que no ha incurrido en actuar arbitrario e ilegal alguno, desde que la cobranza efectuada es razonable, unido al hecho de que la recurrente funda su arbitrario en el recibo de un mensaje y no en la cobranza propiamente tal. En cuanto a las garantías constitucionales que la recurrente refiere haber sido afectadas, sostiene que esto no ha ocurrido.

En cuanto la integridad psíquica, refiere que el reclamo del recurrente no cumple con los requisitos necesarios para que la supuesta amenaza de sus derechos pueda ser considerada, agregando que la amenaza no es cierta. Refiere que el mensaje tiene una única finalidad, lograr el cobro del dinero adeudado, entregándole un plazo para regularizar su situación. Asimismo, la deuda es real y sólo ha efectuado dos consignaciones por $100.000, de modo que no aprecia el trato malintencionado Respecto al derecho a la igualdad ante la Ley, no avizora la afectación que indica el recurrente, por cuanto, el propio Servicio de Impuestos Internos reconoce la existencia de la cobranza extrajudicial y lo establece como requisito para castigar las deudas incobrables, por ende, resulta insostenible el planteamiento del recurrente. En cuanto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, niega haber actuado como tribunal ad hoc, sino que su actuar solo ha sido en calidad de acreedor de una deuda no objetada.

Respecto al derecho a al respeto y protección de la vida privada, aduce que no la ha afectado, en razón de que el recurrente de forma libre y voluntaria proporcionó su número de teléfono a la Clínica, autorizando el mismo para ser contactado por esa vía.

Cuarto: Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección es una acción cautelar que tiene por objeto adoptar las medidas para restablecer el imperio del derecho, frente actos u omisiones que priven, restringen y perturben las garantías constitucionales contempladas en el catálogo previsto en la disposición legal citada. En consecuencia, corresponde analizar si el actuar de la recurrida fue ilegal o arbitrario, y, de ser efectivo, si se ha vulnerado alguna de las garantías constitucionales que son protegidas por el recurso de protección.

Quinto: Que, el recurrente acompaño copia de un WhatsApp, cuya existencia no fue controvertida por la recurrida, sino que por el contrario, reconoció que además intentó en 28 oportunidades comunicarse con el recurrente, llamándolo por teléfono al número por él entregado, le envió cartas al domicilio señalado y le envió correos electrónicos a la casilla proporcionada por el recurrente, siendo el tenor de dicha comunicación la siguiente: “Buenos días, Estimado nombre reservado Con motivo que a la fecha 18/06/2018, Ud. No ha normalizado la deuda que mantiene con Clínica las Condes, daremos curso a las acciones judiciales necesarias para obtener el íntegro pago de lo adeudado a mi representada. Esto nos llevará si es necesario a realizar lo necesario tendiente al embargo de bienes, retiro y posterior remate de las especies de su propiedad. Tiene Ud. Un plazo de 3 días para solucionar la obligación que da cuenta el documento suscrito. Su no comparecencia iniciará de inmediato todos los trámites tendientes al embargo y retiro de especies antes mencionado. Sin más que hacer referencia”.

Sexto: Que, si bien la recurrida Clínica Las Condes en cuanto acreedora se encuentra facultada para realizar gestiones extrajudiciales para cobrar un crédito, el tipo de medidas que pueda emprender en dicho sentido debe conciliar su interés en obtener el pago de su acreencia, con el respeto a los derechos fundamentales de todo deudor, lo que implica analizar en el presente caso no solo las expresiones que la recurrida empleó para compelerlo a pagar la deuda, sino que también la legitimidad de las mismas y la proporcionalidad de las medidas que adoptó al respecto.

Séptimo: Que, en primer lugar, se debe considerar que el ordenamiento jurídico establece el derecho de todo acreedor de presentar una demanda y en caso de tener un título ejecutivo, a solicitar que un tribunal despache el correspondiente mandamiento de ejecución y embargo. Sin embargo, ello se verifica en una etapa diferente a la extrajudicial, encontrándose obligado para ello todo acreedor a recurrir siempre a un tribunal de la República para el reconocimiento del derecho que dice tener, no siendo lícito que en una etapa meramente extrajudicial, se valga de expresiones tales como “el embargo de sus bienes, y posterior remate de las especies de su propiedad”, porque con ello se atribuye facultades que sólo corresponde ejercer a los tribunales de justicia, que son los únicos facultados para ordenar poner en conocimiento del deudor la acción que ha intentado un acreedor, mediante la correspondiente notificación que la ley señala debe practicarse por un Receptor Judicial, al que le asigna el carácter de ministro de fe para estos efectos, funcionario al que el artículo 390 del Código Orgánico de Tribunales define como el funcionario a los que les corresponde hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los tribunales de justicia.

Octavo: Que, por otro lado, se debe considerar que cualquier medida que un acreedor pueda adoptar en dicha etapa extrajudicial, debe necesariamente respetar el principio de proporcionalidad, el que tiene como fundamento la dignidad de toda persona humana y el que sus derechos no puedan vulnerarse en su esencia, por lo que si un acreedor efectúa reiterados llamados telefónicos, aun cuando el deudor no los conteste; le remite además correos electrónicos, cartas a su domicilio y WhatsApp, reconociendo expresamente la recurrida en esta causa, que a lo menos lo intentó en 28 oportunidades, en que no se limitó a invitarlo a acercarse a sus oficinas a regularizar su deuda, sino que utilizó expresiones relativa al embargo y retiro de sus bienes, generó con ello un ambiente de coacción, de trato hostil y degradante para el amparado, sin considerar la personal situación en que se encontraba el recurrente, porque según explicó en estrados la abogado del recurrente, el presente caso se trata de una deuda hospitalaria luego de haber sido él intervenido en la Clínica Las Condes, debido a que su Isapre no le cubrió el tratamiento médico, por haber caído en quiebra.

Noveno: Que, por lo tanto, al valerse la recurrida de expresiones que pertenecen y se enmarcan en un contexto de un procedimiento netamente judicial; en que poner en conocimiento del deudor lo que resuelva un tribunal de justicia, corresponde ordenarlo a un juez imparcial, a través del competente funcionario debidamente facultado por la ley para ello, se considera que su actuar fue ilegal, además de arbitrario, atendido al número de comunicaciones que remitió al recurrente y la situación personal que lo aquejada. Por lo mismo, es en dicho contexto, generado a instancias de la recurrida, que se puede sostener que su actuar ha vulnerado la garantía fundamental del artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República, por afectar con ello la integridad psíquica del recurrente, por lo que se acogerá la presente acción constitucional, a fin que cese en este tipo de acciones.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, la acción constitucional deducida por Andrés Finschi Peñaloza, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de CLÍNICA LAS CONDES S.A., ordenándose a la recurrida abstenerse de seguir remitiendo al recurrente mensajes, ya sean éstos mediante comunicaciones vía WhatsApp, correos electrónicos o llamados telefónicos, referidos a la deuda que tendría el recurrente respecto de ella.

Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Guillermo de la Barra Dünner, quien fue de parecer de rechazar el recurso de protección, por estimar que la recurrida no incurrió en un acto arbitrario e ilegal, desde que la recurrente no sustentó esta acción cautelar en que Clínica Las Condes le haya enviado múltiples correos electrónicos, cartas u otras comunicaciones, sino sólo la fundó en el único WhatsApp que acompañó a esta causa, cuyo contenido o tenor carece de la aptitud para generar la vulneración de las garantías alegadas, pues se limita la recurrida a informar en dicha comunicación los posibles escenarios que puede afrontar el reclamante en su calidad de deudor, en el contexto de un procedimiento judicial de cobranza que se encuentra en ejecución.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, del voto en contra, su autor.

Rol Ingreso Corte N° 49.652-2018.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro Sr. Guillermo de la Barra Dünner e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y el Fiscal Judicial Sr. Jorge Norambuena Carrillo.