nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL

Santiago, dieciséis de octubre de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: El recurso: Que, a fojas 1 y siguientes, comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, el que funda en que el día 1 de julio de 2013 y por designación del entonces director del “Hospital El Carmen, Dr. nombre reservado”, el doctor nombre reservado, ingresa a trabajar como profesional del departamento de estudios de dicho centro hospitalario, teniendo como función principal la de apoyar la planificación de la apertura del hospital y supervisar el cumplimiento del plazo en distintas áreas.

Refiere que por resolución exenta 643 de 22 de enero de 2014 se la vuelve a contratar hasta el día 31 de diciembre de 2014.

Menciona que, no obstante la legalidad y legitimidad de la resolución que la designa en su cargo, se ha puesto fin a su contrato de trabajo antes de que llegara el plazo en que éste vencía, de manera arbitraria e infundada.

Indica que el día 1 de abril del año en curso fue citada a una improvisada sala de reuniones en la cual la esperaban dos mujeres que ella no conocía y que tampoco quisieron identificarse, luego de preguntarles su nombre, revisan una lista y le expresan que ya no serán necesarios sus servicios, luego de lo cual le piden que firme un papel en el que ya estaba previamente redactada una renuncia, ante lo cual su parte se niega y se retira de la sala.

Agrega que por lo anterior su parte sufrió un cuadro depresivo por lo que se le han ido renovando licencias y hasta la fecha de presentación de este recurso se mantiene con tratamiento farmacológico.

Manifiesta que desde el día 1 de agosto que no tiene acceso a su cuenta personal del sistema de auto-consulta, en el cual aparece un mensaje que dice “este Rut no posee contrato vigente”.

Sostiene que esta desvinculación es arbitraria e ilegal pues se produce en el marco de un ambiente de tensión y constante acoso laboral hacia numerosas profesionales que no cuentan con confianza política.

Señala como infringidas sus garantías constitucionales relativas a su integridad psíquica y física y su derecho de propiedad.

Pide que se acoja el presente recurso y se adopten las siguientes medidas: 1.- Que se deje sin efecto la resolución de término de contrata; 2.- Que se la reincorpore en el cargo que ostentaba a la fecha de su término ilegal hasta el 31 de diciembre de 2014; 3.- Que se ordene a la recurrida pagar las remuneraciones correspondientes por el periodo que media entre la interposición de este recurso y la fecha en que este sea acogido; y 4.- Que se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Informe del Servicio de Salud Metropolitano Central: Que, a fojas 24 y siguientes, evacua su informe el Servicio recurrido solicitando el rechazo del presente recurso. En primer lugar, alega que no ha sido interpuesto en contra de la autoridad administrativa correspondiente, esto es, en contra de aquella autoridad que haya dictado el acto que se alega como arbitrario e ilegal.

Sin perjuicio de lo anterior, informa y refiere que en la última prórroga de contrata de la recurrente se establece que es a contar del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, o mientras sean necesarios sus servicios. Luego, con fecha 11 de abril de 2014, mediante resolución 1840 del Director del Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Dr Luis Valentín Ferrada, se pone término a su contrata, por no ser necesarios sus servicios.

La cláusula mientras sean necesarios sus servicios está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata o a honorarios. Así el artículo 3 de la ley 18.834 define los empleos a contrata como aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Por lo anterior, estima que el Hospital está legalmente facultado para cesar los servicios a contrata del recurrente.

Lo anterior además, sostiene está en consonancia con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Por última cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.

TERCERO: Resolución: Que, siendo indispensable para el conocimiento del recurso, esta misma Octava Sala, mediante resolución escrita a fojas 35, dispuso solicitar al Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada que informara al tenor del escrito introductorio de estos antecedentes.

CUARTO: Informe del Hospital: Que, a fojas 43 y siguientes, evacua informe el Hospital antes referido, señalando que la recurrente interpuso recurso de protección en su contra en la causa Rol 20.751-2014, el que fue desestimado por sentencia de 24 de julio del año en curso, ya que existía una reclamación pendiente ante la Contraloría General de la República.

Indica no saber el resultado de esa reclamación, pero que dicho organismo tomó razón de la Resolución que pone término al contrato de la recurrente, por lo que dicho organismo expresamente ha determinado la legalidad de la citada resolución.

Hace presente, al igual que el Servicio de Salud, el carácter de transitorio de los empleos a contrata, y en ese sentido entonces concluye que su parte estaba facultada para poner término a la contrata de la recurrente.

Agrega que es de público conocimiento que el Hospital El Carmen se encuentra en proceso de puesta en marcha, las camas en uso no superan el 25% de la dotación hospitalaria, y en razón de ello es que se tomó la decisión de reestructuración.

QUINTO: Que, con lo precedentemente expuesto, han quedado cabalmente determinadas las respectivas posturas, tanto de la parte accionante de autos, o sea, de doña nombre reservado; como de la recurrida, esto es, el Servicio de Salud Metropolitano Central, de suerte que resulta ahora procedente determinar por esta magistratura si ha existido o no arbitrariedad y/o ilegalidad en el obrar de la persona que es sujeto pasivo de la acción constitucional ahora examinada, que permita acoger la cautelar en análisis.

SEXTO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas por la Carta Magna del ordenamiento.

SÉPTIMO: Que, al entender de esta Corte, la recurrida, al poner término a la contrata que se encontraba vigente, ha actuado conforme tanto a la facultad que sobre el particular le otorga dicha contrata como a la normativa vigente que regula sus atribuciones. En efecto, la contrata en estudio establece que los servicios de la persona natural, por quién se dedujo la cautelar ahora examinada, duran hasta una determinada fecha, 31 de diciembre de cada año, o mientras los servicios de la contratada sean necesarios, de suerte que se trata de una relación precaria, toda vez que a quién le corresponde determinar el carácter de necesario de los servicios es naturalmente al Jefe Superior, como en el caso en análisis ocurrió, según da cuenta la respectiva resolución administrativa. Adicionalmente, la actuación objeto de cuestionamiento se encuentra en perfecta concordancia con las reglas acerca de la duración de las contratas establecidas en la ley 18.834, que regula esa clase de empleos en la Administración Pública.

OCTAVO: Que, en consecuencia, analizados los antecedentes tenidos a la vista conforme a las reglas de la sana crítica, al entender de estos jueces, en el actuar de la recurrida no se divisan comportamientos reprochables que den cuenta de los vicios o defectos establecidos en la regulación que establece la acción cautelar analizada, necesarios para emitir un pronunciamiento favorable a lo peticionado por la recurrente, ya que, como precedentemente se dijo en este mismo pronunciamiento, es su parecer que el acto cuestionado aparece dictado por autoridad competente, con facultades suficientes, actuando dentro de la órbita y ámbito de sus facultades, conforme a la normativa vigente que regula su actuar y, en tales circunstancias, no resulta viable estimar favorablemente el reparo incoado objeto de actual estudio, que asigna ilegalidad o arbitrariedad a la conducta que se atribuye a la autoridad accionada.

NOVENO: Que, en las condiciones expuestas en la parte fundamentativa que antecede y como se dirá en lo conclusivo de este pronunciamiento jurisdiccional, resulta enteramente procedente negar lugar a lo peticionado en lo principal de la presentación promotora de fojas 1 y siguientes.

DÉCIMO: Que conforme a lo que precedentemente se dejó asentado, esta magistratura juzga innecesario el análisis de las garantías constitucionales que la recurrente cita como vulneradas o transgredidas.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección impetrado, a fojas 1 y siguientes, por doña nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Redacción del abogado integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.

Regístrese y archívese, si no se apelare.

N°Protección- N° 49.652-2014.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministro (S) señora Claudia Lazen Manzur y por el abogado integrante señor Eugenio Benítez Ramírez. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago la sentencia que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.