nombre reservado con VERIZON CHILE S.A.

10 Santiago, diez de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Juan de la Fuente Valiente, abogado, en representación convencional de nombre reservado, factor de comercio, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interpone recurso de protección conforme a lo dispuesto en el artículo 19 numerales 1, 4 y 16, y artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de: 1) MICROSOFT CHILE S.A. empresa del giro tecnológico, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; 2) GOOGLE CHILE LIMITADA y GOOGLE INC. empresas del giro tecnológico, representadas para estos efectos por nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado; y 3) VERIZON CHILE S.A., empresa del giro tecnológico, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

La recurrente funda su recurso en el supuesto hecho arbitrario e ilegal que implicaría mantener en los motores de búsqueda de las recurridas información relacionada con la causa penal RIT 8337-2016 seguida ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, procedimiento en el que fue imputada por el delito de estafa, siendo finalmente sobreseída de forma definitiva el 12 de noviembre de 2018.

Agrega que estos antecedentes fueron publicados en “internet” por las recurridas, quienes son las administradoras de los buscadores de internet, a saber, Google Chile y Google Inc. administradora de GOOGLE; Verizon, de YAHOO y Microsoft, de BING; denuncia que ellas facilitan que se le dé una accesibilidad aumentada al contenido publicado en línea, donde es vinculada con la comisión de delitos.

Lo anterior, a juicio de la actora, constituye una vulneración a sus derechos constitucionales a la vida y la integridad física; a la honra y la intimidad, y al libre acceso al trabajo, consagrados en los N°1, 4° y 16° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los que explica pormenorizadamente.

Asimismo, invoca que procedería la aplicación del denominado “derecho al olvido”, señalando que dicha institución habría sido reconocida por la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N°22.243-2015, caratulados “nombre reservado/ El Mercurio S.A.P.”, y la Ley N°16.682 a través del derecho de cancelación de datos que establece en su artículo 2 letra h), ello, en consideración a que, según la actora, las recurridas serían bases de datos personales.

Por otro lado, la recurrente reclama que, desde la perspectiva de la libertad de prensa, el contenido relativo a la persecución penal de que fue objeto no cumple con los requisitos establecidos por la Ley N°19.733 para calificar tener un interés público que justifique mantener su publicidad, por lo que, en su caso, el derecho de la libertad de expresión cedería frente a las garantías constitucionales por ella alegadas.

Finalmente, solicita que se ordene a las recurridas eliminar todos los enlaces que versen sobre el contenido que impugna y la adopción de todas las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del Derecho, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, evacua informe el abogado Jaime Silva Bruce, en representación de MICROSOFT CHILE S.A. y solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, por las razones que expone.

En primer lugar, se refiere a la inadmisibilidad del recurso de protección intentado por la actora, al respecto señala que éste, no es la vía idónea para declarar derechos, ya que es una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto resguardar un derecho fundamental consagrado en la Constitución y no para refrendar la existencia de un derecho que está en discusión, pues la ley contempla un procedimiento especial al efecto.

Luego, expresa que la recurrente sostiene que se estaría vulnerando su derecho al olvido, en circunstancia que en nuestra legislación no existe ese derecho y afirma que aquel “supuesto” derecho estaría siendo afectado por información respecto a su persona (datos personales) vinculada a una “supuesta” conducta delictual que hace unos años le fue imputada, consistente en “supuestos” actos con caracteres del delito de estafa y que, a la fecha, aparecerían en links de portales WEB (que no individualiza) y motores de búsqueda.

La recurrente, también, reclama el derecho de eliminación o cancelación de datos personales, a este respecto señala que es la misma ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada la que indica que el reclamo debe ser resuelto por un juez de letras en lo civil.

En segundo lugar, en cuanto a la extemporaneidad del recurso, indica que las noticias que supuestamente vulneran los derechos de la recurrente datan del año 2018, esta señala que el 12 de noviembre de 2018 fue sobreseída definitivamente, según lo dispuesto en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, por cuanto los hechos investigados no son constitutivos de delito, en consecuencia, en palabras de la actora: “a contar de esa fecha” toda información publicada en la web la perjudica. Así las cosas, y como consta en autos, el recurso de protección se interpuso el 19 de febrero de 2020, esto es, fuera del término de 30 días corridos que señala el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección, plazo que se habría excedido con creces.

En tercer lugar, alega falta de legitimación pasiva en relación con su representada, ya que quien administra o gestiona los datos del sitio BING.COM es MICROSOFT CORPORATION y no Microsoft Chile S.A.

Luego, en relación con la alegación del derecho de cancelación y derecho al olvido, expone que los motores de búsqueda de BING o GOOGLE no hacen tratamiento de datos ni almacenan datos, sino que ordenan y organizan la información para que esta resulte universalmente disponible, accesible y útil, mediante un sistema de búsqueda gratuito en internet y accesible desde diversos sitios web o dominios, para ello utiliza un proceso de indexación de un sin número de sitios web públicos y disponibles en internet.

Posteriormente, analiza con detalle la reforma constitucional del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, a través de la Ley N°21.096, de 2018; el derecho de cancelación o eliminación contemplado en la Ley N°19.628; las acciones reconocidas en la Ley N° 19.628; las causales de procedencia expresamente establecidos del Habeas Data; la competencia y procedimiento establecido en la Ley 19.628 y el derecho al olvido versus el derecho de cancelación regulado en la legislación chilena.

Tercero: Que, Raimundo Cox Moreno, abogado, en representación de GOOGLE LLC., antiguamente GOOGLE INC. (en adelante “Google”), sociedad constituida bajo las leyes de los EE. UU. evacua informe solicitando el rechazo del recurso de protección con costas, por las siguientes consideraciones.

Como cuestión preliminar, señala que no se expone cuál sería el contenido concreto que se impugna, sólo se acompañan 6 capturas de algunas páginas de internet, lo que no permite verificar el alcance de la supuesta infracción denunciada.

Asimismo, el recurso intentado es extemporáneo, si bien la actora para estimar que su acción fue interpuesta dentro de plazo, señala que, estaríamos frente a una “afectación permanente” a sus derechos. Sobre este punto, la jurisprudencia ha señalado que no puede considerarse que, de producir efectos lesivos, éstos sean de carácter permanente.

Por ende, conforme al documento acompañado, su data es de 23 de febrero de 2017, así aparece que ha transcurrido con creces el plazo para interponer la presente acción. La acción en comento, sólo podría tenerse por interpuesta dentro de plazo, si la Sra. nombre reservado hubiese acreditado que tomó conocimiento de la existencia del contenido en un momento posterior al de su publicación, sin embargo, no se refiere a ello en su escrito.

La acción de protección es de naturaleza cautelar, de urgencia y la tesis de la actora atenta en contra de aquella, ya que su pretensión no se funda en un derecho indubitado, sino en uno controvertido, que debe ser acreditado en un procedimiento de lato conocimiento.

En cuanto al contenido impugnado, es preciso ponderar si es de relevancia pública, pero antes se debe determinar si Google es el creador del contenido que estima lesivo. En efecto, Google no es el creador del contenido denunciado, atendida la naturaleza del mecanismo de indexación de información empleado por Google no es posible imputarle eventual antijuridicidad del contenido creado y publicado por terceros.

La misión de Google es organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil mediante la ejecución de un motor de búsqueda gratuito en internet, desde las páginas web, www.google.cl y www.google.com.

Concluye que, el ordenamiento jurídico no impone a Google un deber de vigilancia sobre el contenido creado por terceros que indexa, cuestión que además descansa en la norma expresa dispuesta en el artículo 85 P de la ley 17.336, que señala que prestadores de servicios de búsqueda de información en internet no tienen “la obligación de supervisar los datos que (…) referencian ni la obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas”.

Asimismo, agrega que la indexación que efectúa la herramienta de búsqueda de Google no constituye tratamiento de datos personales. La jurisprudencia ha resuelto reiteradamente que acciones como la de autos deben dirigirse en contra de los autores del contenido impugnado.

De esta forma, es claro que Google no es el legitimado pasivo para el ejercicio de la acción constitucional de autos. Por lo demás, hace presente que en las capturas de pantalla que acompaña la actora, consta la identidad de los autores del contenido que impugna, los cuales son diversos de Google.

Lo antes expuesto, constituyen motivos suficientes por sí mismos para desestimar la presente acción.

Sin perjuicio, de lo anterior, el “derecho al olvido” invocado por la actora no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, por tanto, la recurrente busca la eliminación de un determinado contenido por haber transcurrido un lapso suficiente para que su publicidad deje de tener fundamento, debido a que habría dejado de existir un interés público prevaleciente en su mantención o difusión.

Por otro lado, las publicaciones periodísticas que se impugnan gozan de la más amplia protección constitucional, la libertad de expresión no sólo se limita a la emisión del contenido, sino que también a la difusión de este, razón por la cual lo solicitado por la actora implica en cualquier caso una afectación grave y desproporcionada a dicha garantía.

Cuarto: Que, informan nombre reservado y Tomás Frenck Kleinman, abogados, en representación de VERIZON CHILE S.A. solicitando el total rechazo de la acción constitucional, con costas.

Sostiene que Verizon Chile S.A. es una filial de Verizon Business Global LLC, que es una sociedad distinta a la sociedad domiciliada en los Estados Unidos de América denominada Verizon Media Inc. que, según información pública disponible en internet, es en definitiva la sociedad propietaria de Yahoo, entre otros servicios.

Agrega que Verizon Chile y Verizon Media son personas jurídicas distintas, con actividades comerciales diferentes, pues la primera se dedica al giro de telecomunicaciones, prestando servicios de internet, transmisión de datos y redes IP Privadas a clientes empresariales y, por otro lado, Verizon Media celebra acuerdos comerciales con agencias y anunciantes, incluyendo contratos para acceder a plataformas digitales para vender y adquirir inventario digital y ofrecer también contenidos y productos digitales (como correo electrónico y herramienta de búsqueda) a los usuarios en América Latina.

Indica que carece de legitimación pasiva, debido a los mismos argumentos indicados en el párrafo precedente, toda vez que, no es titular del motor de búsqueda de Yahoo, no ostentando, por tanto, la administración ni derecho alguno respecto a dicho motor de búsqueda; y, en caso de estimarse que Verizon Chile es controladora de los buscadores, existe falta de legitimación pasiva puesto que los motores de búsqueda no son responsables de la información que contienen sus servidores.

A continuación, alega que el recurso de protección fue presentado extemporáneamente, ya que debe interponerse en el plazo de 30 días corridos desde que la recurrente toma conocimiento del supuesto hecho. Sin perjuicio de que la recurrente entiende que la información publicada produce efectos permanentes, mientras se encuentre en la internet, razonamiento que estima equivocado.

Respecto al fondo del asunto alega, subsidiariamente, que no existe un acto arbitrario e ilegal impetrado por esta recurrida que vulnere las garantías constitucionales invocadas. En este mismo sentido argumenta, en primer lugar, que no existe una causalidad entre el supuesto acto arbitrario e ilegal y las garantías constitucionales aparentemente conculcadas. En segundo término, se refiere a la improcedencia doctrinaria del derecho al olvido.

En cuanto a la protección de datos personales alegados por el recurrente, indica que su razonamiento es incorrecto, pues la jurisprudencia se ha referido al respecto, considerando que los motores de búsqueda no son registros o bancos de datos personales.

Quinto: Que, se trajeron los autos en relación.

Sexto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se numeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Séptimo: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable, como es unánimemente aceptado, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un derecho actual que le favorezca, que se encuentre claramente establecido y determinado, que se trate de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha ocasionado la conculcación de un derecho garantizado por la Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Octavo: Que, antes de entrar a conocer del fondo del asunto, es deber de esta Corte revisar la regularidad formal del procedimiento, puesto que, si se advierte alguna anomalía en ese aspecto, puede resultar innecesario entrar al análisis de la materia de fondo.

En el caso actual, se debe estudiar lo que concierne a la oportunidad en que esta acción fue deducida, teniendo presente, que aquello fue alegado expresamente por las recurridas.

Noveno: Que, sobre el particular cabe recordar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que “dicha acción se interpondrá … dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos”.

Décimo: Que, tal como las recurridas han argumentado, y como consta en autos la recurrente Sra. nombre reservado señala que el 22 de febrero de 2017 fue detenida por el presunto delito de estafa, en el marco de la causa RIT O-8337-2016, tramitada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y que luego de la investigación penal de rigor, se acreditó su inocencia y decretó su sobreseimiento definitivo en la causa el 12 de noviembre de 2018, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada.

Undécimo: Que, en consecuencia, esta Corte entiende que el 12 de noviembre de 2018, la actora ya tenía cabal conocimiento del hecho agraviante, esto es, la existencia de información en internet con contenido ofensivo a hacia su persona, sin justificación alguna, pues ya se había declarado su inocencia por sentencia firme. Por lo anterior, el tribunal estima que la actora disponía de plazo para presentar la acción de cautela de derechos constitucionales, si se toma en cuenta dicha data, hasta el día 12 de diciembre de 2018.

Sin embargo, el recurso de protección aparece presentado el día 5 de junio de 2020, esto es, después de la fecha de vencimiento del aludido término de treinta días.

Duodécimo: Que, cabe precisar que la Excma. Corte Suprema ha hecho presente, en forma repetida, que el plazo para recurrir de protección está precisamente determinado en el mencionado Auto Acordado y tiene carácter objetivo, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes, como ha ocurrido en este caso, en que se ha computado, por la actora, de manera distinta a como quedó estampado.

Estimarlo de otra forma importaría, en la práctica, dejar entregado a los particulares o recurrentes la posibilidad de establecer dicho término, y determinar, además, a partir de qué actuación se lo intenta, lo que resulta inapropiado por todo lo señalado, esto es, por su naturaleza objetiva, circunstancia que reviste importancia, ya que posibilita que haya certeza jurídica en cuanto a las fechas que interesa examinar.

Décimo tercero: Que, por lo expuesto, cabe concluir que el recurso intentado resulta extemporáneo.

Décimo cuarto: Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde hacerse cargo de la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por las recurridas Microsoft Chile S.A, Google LLC. y Verizon Chile S.A., cuyo basamento radica en la función específica que desarrollan en nuestro país, que no guarda relación alguna con la administración, indexación y búsqueda de datos en internet.

Décimo quinto: Que, en relación con la recurrida Verizon Chile, la falta de legitimación pasiva será acogida por la Corte, teniendo en consideración que la documentación acompañada por esta, resulta concluyente para acreditar que la función que desempeña no dice relación con la administración, indexación y búsqueda de datos en internet mediante motores de búsqueda especialmente diseñados para tal efecto.

Décimo sexto: Que, en el caso de Microsoft Chile S.A y Google LLC., su situación es diversa, ya que es un hecho público y notorio que son propietarias y administradoras de los motores de búsqueda “BING” y “GOOGLE”, razón suficiente para desestimar la falta de legitimación pasiva alegadas por estas recurridas.

Décimo séptimo: Que, en cuanto al fondo del recurso, como ya se dijo, tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes, en que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

De igual forma, existe acuerdo en que la acción de protección no constituye una instancia, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Décimo octavo: Que, el acto denunciado por la recurrente, como arbitrario e ilegal consiste en la mantención de información, referente a la supuesta comisión del delito de estafa cometido por la recurrente, indexada en diversos motores de búsqueda de internet de dominio de las recurridas, desde el año 2017 a la fecha.

Décimo noveno: Que, los hechos descritos por la recurrente, dicen relación con una publicación que no puede ser imputada a las recurridas; por cuanto, efectivamente, se trata de empresas prestadoras de servicios de búsqueda de páginas en internet y que no tienen el dominio de página alguna, como se desprende de lo informado por las denunciadas, razón por la cual, no es posible para ellas la eliminación de la información aparecida en internet relativa a la recurrente, quien en todo caso, debe dirigir su acción directamente contra los dueños de la página web o portal de noticias que ha publicado la información que estima afecta sus derechos y garantías constitucionales, esto es, el respeto a la vida privada y a la honra como asimismo a la integridad física y psíquica de la persona, contemplados en el artículo 19 numerales 4° y 1° de la Carta Fundamental.

Vigésimo: Que, la recurrente no impugna la veracidad de la información contenida e indexada en los distintos motores de búsqueda de internet; sino que la discusión radica en determinar, si tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico “el derecho al olvido”, esto es, si una persona puede aspirar a la eliminación de una información que le provoca perjuicios y que se encuentra contenida en sistemas informáticos conectados a la red mundial de información.

Sobre el “derecho al olvido” cabe señalar que este no encuentra amparo en nuestra legislación. Por otro lado, se debe reiterar que los motores de búsqueda de internet no son responsables de los datos que crean los usuarios, pues su función se limita a indexar la información, la que es creada por terceros al amparo de la libertad de emitir opinión e información que se encuentra garantizada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República.

Vigésimo primero: Que, la existencia de una privación, perturbación o amenaza del derecho consagrado en el artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, debe ser acreditado por la recurrente, cuestión que en la especie no ha ocurrido, siendo insuficiente para ello el documento acompañado a esta presentación, consistente en una fotografía de certificado médico. Tampoco acompaña la identificación de la página web en que se contendría la información que señala en su recurso. Del mismo modo, en relación a la vulneración de su derecho a la integridad física y psíquica, supuestamente conculcada con la publicación ya tantas veces mencionada, la recurrente no ha acreditado por medio de prueba alguno, de qué manera y en qué medida, se ha afectado dicha garantía constitucional, como consecuencia de lo anterior, los elementos de convicción aportados resulta insuficientes para acreditar que, los hechos referidos por la recurrente, constituyan un arbitrio imputable a las recurridas, que amague, altere o prive a la actora del legítimo ejercicio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 numerales 1 y 4 de la Carta Magna, razones todas, por las que esta Corte, rechazará la acción de protección intentada.

Por lo razonado precedentemente y conforme lo dispuesto en los artículos 19 N°1 y °4 y 20 de la Constitución Política de la República y, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que:

I.- SE ACOGE la excepción de extemporaneidad del recurso;

II.-SE ACOGE la excepción de falta de legitimación pasiva sólo respecto de Verizon Chile S.A.; y III.-SE RECHAZA el recurso de protección intentado a favor de nombre reservado y dirigido en contra de las empresas VERIZON CHILE S.A., MICROSOFT CHILE S.A. y GOOGLE LLC.

Regístrese, notifíquese y, archívese, si no se apelare.

Redactó la abogado integrante señora Herrera.

No firma el Ministro (s) señor Durán, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por cesar sus funciones en esta Corte.

Rol N°49.597-2020 (protección).