nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; y en contra de la Tesorería General de la República, representada Legalmente por el Tesorero General don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar conculcadas las garantías de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide se ordene a Tesorería cesar en la retención de la suma de dinero correspondiente a la devolución de impuestos y por ende se les entere dichos dineros a la cuenta del recurrente.

Funda su pretensión cautelar señalando que en el año 2017 efectuó su declaración de impuestos a la renta en línea de la página de Servicio de Impuestos Internos, respecto de las rentas del año comercial 2016 y a partir del 21 de junio del presente año, tras consultar la página web para saber el estado de su devolución de impuestos se enteró que había sido retenida por la Tesorería General de la República.

Expone que dicha retención se efectuó por una supuesta deuda de crédito universitario basada en la información que el Fondo Solidario de Crédito Universitario de la casa de estudios UTEM le proporciona al servicio, la que correspondía a estudios realizados entre los años 1998 a 2004, en los cuales cursó la carrera de Ingeniería en Comercio Internacional en la Universidad de Tecnológica Metropolitana.

Precisa que la Tesorería Regional de Coquimbo, el 20 de junio de 2017, retuvo las cantidades de $922.092 y $915.817.- de la devolución de impuestos de los años tributarios 2016 y 2017 respectivamente, de su propiedad. Luego agrega que el acto arbitrario se produce en la Región Metropolitana ya que en ella se realiza la retención por parte de la Tesorería Regional Metropolitana (sic).

Explica que las retenciones están regidas por la Ley N°19.287 que modifica la Ley N°18.591 en la que se establecen normas sobre los Fondos Solidarios de Créditos Universitarios; por la ley N°19.989 en que se establecieron facultades para la Tesorería General de la República y que modifica la ley N°19.848; además por el Decreto N° 297/ 2009 del Ministerio de Educación.

Expresa que el artículo 1° de la Ley N°19.989 señala que: “Facultase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado par la Ley N°19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que deberá haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor par el saldo insoluto”.

Señala que la conducta arbitraria e ilegal de los recurridos conculcan las garantías establecidas en el artículo 19 N° 3 y N°24 de la Carta Fundamental. En relación a la garantía del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución, se vulnera especialmente la contenida en el inciso 6° que consagra el derecho al debido proceso al señalar que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

Estima que se ve enfrentado a un “proceso” contra el recurrente, impulsado por la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Solidario de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el cual el papel de órgano juzgador estaría radicado en la Tesorería General de la Republica, que no satisface, en modo alguno los requisitos mínimos exigidos por nuestra Carta Fundamental para considerarlo un procedimiento racional y justo.

Señala que el debido proceso dice relación con el hecho que toda persona tiene un mínimo de garantías para asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, permitiendo a ambas partes hacer sus alegaciones y plantear sus defensas en un plano de igualdad ante el órgano juzgador dándoles la oportunidad de probar dichas alegaciones y defensas, lo que permite equilibrar los medios y posibilidades de actuación, pero al recurrente no se le permitió ejercer su derecho a defensa, ni fue oído procediéndose a retener las devoluciones de impuestos señaladas, sin permitirle ejercer otro medio de defensa que no sea la prueba de pago de la obligación.

Indica que el “procedimiento” que establecía el decreto supremo N°97 del Ministerio de Educación que fija el Reglamento de la Ley N°19.989, no satisface los requisitos mínimos exigidos a través de la garantía del debido proceso, donde se asegure una actuación justa y racional tras la recepción de todos los antecedentes del caso y una oportunidad de audiencia al afectado para ante esa autoridad ejecutora, con el propósito de prevenir la comisión de abusos al realizarse este verdadero mecanismo de autotutela legal.

Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 19.989, señalando que se ha declarado la inaplicabilidad de dicha norma por ser contraria a los preceptos de la Carta Fundamental.

En relación a la garantía del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política que resguarda el derecho de propiedad, señala que al recurrente, una vez que les fue aprobada su declaración de renta, surgió su derecho a percibir dicha suma y las acciones señaladas conculcaron su derecho de propiedad sobre dichas sumas. Estima que dicha actuación es un auténtico caso de expropiación de facto, ya que no ha sido previamente autorizada por ley general o especial, ni menos el fundamento de dicha expropiación puede ser considerada como causa de utilidad pública o de interés nacional, como lo exige la norma constitucional, por lo que en definitiva se violaría y mermaría flagrantemente el derecho de propiedad de los recurrentes sobre su derecho a percibir la suma de su devolución de impuestos a la renta.

Segundo: Que, evacua el informe requerido la Tesorería General de la República, por intermedio del abogado don Juan Pablo Marras García, abogado, quien solicita no dar lugar al recurso por inadmisible, y en subsidio, rechazarlo por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Funda sus alegaciones señalando que la declaración de impuesto a la renta, año tributario 2017, presentada por el recurrente arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor por $922.092.-, cantidad que la Tesorería General debía restituir en el mes de mayo del presente año. Sin embargo, tal devolución no se verificó, puesto que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Tecnológica Metropolitana solicitó a Tesorería que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°19.989 y su reglamento, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, entre los cuales se encuentra el recurrente, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de ese mandato legal y a lo informado por la entidad acreedora, procedió a retener la devolución de renta del recurrente y a remitir la cantidad retenida al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Expresa que para la procedencia de la acción intentada, resulta fundamental comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario emanado del recurrido, del cual se siga inmediata y directa privación, perturbación o amenaza de sus derechos constitucionales y como señaló, Tesorerías en cumplimiento de un deber legal procedió a retener la devolución de impuesto a la renta del recurrente del año tributario 2017, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, de lo cual se colige que el presunto acto que el recurrente califica de ilegal o arbitrario no es imputable al recurrido, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

De acuerdo a lo expuesto, el recurso interpuesto respecto de esta parte adolece del fundamental requisito de la legitimación pasiva y se hace jurídicamente imposible que esta Corte restablezca el imperio del Derecho a través del Tesorero General, que no ha hecho más que atenerse al mismo.

En cuanto al fondo, señala que el recurso debe desestimarse ya que no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal de parte de la recurrida, toda vez que el artículo 1° de la ley N° 19.989, facultó en términos amplios a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la ley 19.287, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la referida obligación.

Hace presente que el inciso final del artículo 12 de la ley N° 19.848, agregado por el artículo 2° de la ley N° 19.989, confirma el carácter amplio que el legislador dio a esa facultad de retener por parte de Tesorerías, al señalar que “son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes Nos. 18.591, 19.287 y 19.848”, entre los cuales se encontraría el recurrente. En consecuencia, al efectuarse la retención de la devolución de renta del recurrente y remitirla al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Tecnológica Metropolitana se ha actuado en el ejercicio de una facultad legal que ha sido concedida respecto de todos los deudores del crédito solidario universitario.

Expresa que la actuación de la recurrida no es arbitraria puesto que tiene justificación en la orden emanada del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Universidad Tecnológica Metropolitana que certificó la deuda del recurrente y tampoco es ilegal, en virtud de la facultad expresa contenida en el artículo 1° de la precitada ley N° 19.989.

Destaca que no existe violación al derecho de propiedad puesto que se trata de una retención establecida en la ley para los efectos de hacer pago de una deuda que el recurrente tiene con la Universidad Tecnológica Metropolitana y no divisa de qué manera pueda existir una ilegítima perturbación de su derecho de propiedad, toda vez que una de las causas por las cuales legalmente se puede alterar esa garantía, es precisamente, el cumplimiento de obligaciones legítimamente contraídas, siendo la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa.

En relación a la eventual infracción al debido proceso, indica que no se divisa de qué forma existiría una infracción a esta garantía constitucional, toda vez que la actuación de la recurrida se funda en una facultad legal, que determina, además, las condiciones y requisitos que deben seguirse para realizarla. Por consiguiente, no se trata del ejercicio de una facultad jurisdiccional ni menos de un proceso.

Señala que la Tesorería actúa como mero ente recaudador, pues la deuda no es con el Fisco, ya que el acreedor es el Fondo de Crédito Universitario respectivo, siendo su función administrativa, de ejecución de ley y por tanto, el recurrente tiene a salvo todas las vías jurisdiccionales para impugnar la retención.

Reclama que el recurrente cuestione el proceder de Tesorería, ya que tiene plena conciencia de la existencia de su obligación insoluta, por cuanto desde los años 2009 a 2016 la Tesorería le retuvo sus devoluciones de impuestos por este mismo concepto, es decir, ha tenido la posibilidad de recurrir ante los Tribunales competentes para realizar las alegaciones o defensas que estimare pertinentes.

Cita jurisprudencia emanada de sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, en causa rol 1796-2005, confirmada por la Excma. Corte Suprema el 27 de diciembre de 2005 en autos rol 6436-2005. En este mismo sentido esta Corte ha fallado en sentencias dictadas en causas Roles N°s 20.480-2012; 7818-2011 y 18.928-2012, ésta última, confirmada por la Excma. Corte Suprema, en Ingreso Corte N° 7554-2012.

Finalmente, en cuanto a una eventual prescripción de la acción de cobro, hace presente que para que opere dicho modo de extinguir es necesario que el deudor la alegue y sea declarada judicialmente, presupuesto que en el caso que motiva el presente recurso de protección, no concurre.

Tercero: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Sentencias de 2 de noviembre de 2010 y 5 de junio de 2012, dictadas en las causas roles Nos. 1486-09 INA y 2066-11 INA, respectivamente, seguidas ante el Tribunal Constitucional; 2.- Cuadro Resumen de las retenciones de devoluciones de Impuesto a la Renta, por concepto de "Crédito Universitario Solidario", efectuadas al recurrente.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, en relación a la alegación de falta de legitimación pasiva por parte de la recurrida Tesorería General de la República, fundada en que ha actuado como un mero mandatario del Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el ejercicio de una facultad legal que ha sido concedida respecto de todos los deudores del crédito solidario universitario, conviene precisar que por el solo hecho de haber intervenido en el curso causal de los hechos denunciados, le podría asistir, eventualmente, responsabilidad en los mismos y devenir con su actuar en una conculcación de derechos fundamentales, cuestión que se analizará más adelante. Por estas circunstancias, dicha alegación será desatendida.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, como primera cuestión conviene precisar que el actor ha reclamado como garantía conculcada, la contenida en el artículo 19 N°3, inciso 6° de la Carta Fundamental, esto es, el debido proceso. Como bien es sabido, la acción constitucional de protección se encuentra regulada en el artículo 20 del texto fundamental, la que contiene un catálogo taxativo de derechos protegidos dentro de los cuales, no se encuentra explícitamente contenido el debido proceso, sino únicamente, en relación al numeral 3°, la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley, por el juez legítimo que corresponda, prohibiéndose el juicio por comisiones especiales.

Si bien la doctrina ha sido consistente en criticar dicha normativa, en cuanto a que el instrumento proteccional debiera amparar toda clase de derechos fundamentales, atendida su naturaleza especial, lo cierto es que esta Corte, en tanto tribunal de Derecho, no puede desatender al mandato expreso impuesto por el constituyente, so pena de fallar contra legem y por ello, al excluirse del amparo dicha garantía, el arbitrio debe ser desestimado en lo pretendido.

Séptimo: Que, en relación a la garantía de propiedad reclamada, habrá que precisar, previamente, si el acto reclamado es arbitrario o ilegal, para luego abocarse al estudio de si existe o no verdadera conculcación al derecho de propiedad.

En relación al actuar de la Tesorería General de la República, conviene precisar que dicho Servicio actuó como un verdadero mandatario del Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Tecnológica Metropolitana al retener la devolución de impuestos del recurrente, para atender al pago de las deudas originadas por el referido crédito que le permitió al actor estudiar una carrera profesional.

Es por ello, que la actuación de la recurrida debe calificarse como realizada dentro del marco legal, desde que le fue informada como deuda vigente la mantenida por el recurrente, no advirtiendo esta Corte que se haya incumplido con el procedimiento fijado por la Ley N°19.989 y el Decreto N° 297 del Ministerio de Educación.

Octavo: Que, la orden de retener la devolución del impuesto por parte de Tesorería, si bien emana de la ley, se hace previo envío de un listado elaborado por el Fondo Solidario del Crédito Universitario respectivo, en que constan los deudores vigentes, esto es, que no han pagado su deuda con el Fondo Solidario, motivo por el cual la actuación del Servicio de tesorerías no puede ser calificada ni de arbitraria, ni menos de ilegal, desde que se ha ceñido a los preceptos contenidos en la Ley N°19.989, que en su artículo 1° preceptúa que: “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

En consecuencia, ha sido el propio legislador quien ha dotado al Servicio de Tesorerías para retener de la devolución anual de impuestos a la renta los montos que el deudor del crédito solidario universitario adeude, conforme la información emitida por la entidad acreedora. Al actuar dentro del marco normativo antes enunciado, la actuación de la recurrida no puede ser calificada de ilegal.

Noveno: Que, como lo ha informado la recurrida, estas retenciones se han venido verificando ininterrumpidamente, desde las devoluciones de impuestos de los años tributarios 2009 en adelante, operando año a año una forma de interrupción natural, al reconocerse, tácitamente la deuda, por la aceptación previa de las retenciones practicadas, hecho que permitiría descartar una eventual declaración de prescripción.

Décimo: Que, por lo demás, la prescripción como modo de extinguir acciones, debe ser reclamada ante los tribunales competentes para la obtención de su declaración judicial en la instancia correspondiente, esto es, en un procedimiento de lato conocimiento y una vez hecho esto, cuestión que a la fecha no ha sucedido, la obligación se tornaría en natural, cuya consecuencia sería la ausencia de exigibilidad en el pago, perdiendo la recurrida su facultad de retener a petición del Administrador del Fondo respectivo.

Undécimo: Que, finalmente, es consabido que todo derecho fundamental no es absoluto y por ello, el derecho de propiedad puede ser afectado por una causa legal como ocurre en estos autos, ya que existe un procedimiento administrativo que faculta a la Tesorería para retener de la devolución de impuesto a la renta la cantidad que corresponda a la deuda que mantiene el contribuyente con el Fondo de Crédito Universitario respectivo, hecho que conlleva al rechazo del arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por don nombre reservado, contra la Tesorería General de la República.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Zepeda, quien fue del parecer de acoger el arbitrio intentado, sobre la base de lo siguiente:

Que, el procedimiento empleado se integra, además, por las normas de los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 11, 15, 16, 17, 18, 21 y 45 de la Ley N°19.880, es decir, aquellas reglas aplicables y que dicen relación, no sólo con el deber de fundamentación de todo acto administrativo, sino con el deber de publicidad y notificación que permita al administrado ejercer los derechos de impugnación que dicha normativa le confiere, ya que al no haber sido observadas, en el hecho, la recurrida, a instancia del otro organismo, se ha constituido en un verdadero tribunales especial, sin serlo y, con ello, afecta el derecho de dominio que ek recurrente mantiene sobre las sumas que le corresponden por concepto de devolución de impuestos por los Años Tributarios 2016 y 2017, respectivamente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.