SOCIEDAD DE INSTRUCCION PRIMARIA DE SANTIAGO con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

A los escritos folios 333483, 333633 y 335145: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Juan Francisco Castillo Ávila, abogado en representación de Sociedad de Instrucción Primaria, y deduce acción constitucional de PROTECCION en contra del Inspector Comunal del Trabajo de Santiago Centro Norte, representada por don nombre reservado, por el acto ilegal contenido en ORD. N°923, que no dio curso a una solicitud de reconsideración de multa administrativa por no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, a fin que se acoja el presente recurso, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y aquellas que se estimen pertinentes con el fin de dejar sin efecto el acto ilegal y acoger a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa.

Funda su acción señalando que con fecha 07 de abril último en el curso de una fiscalización efectuada por doña nombre reservado, se constataron dos supuestas infracciones a la normativa laboral aplicándosele dos sanciones de multa, la N° 4240/170-1 y N° 4240/17/40-2, equivalentes a 40 y 20 UTM respectivamente. Resolución que le fuera notificada el 24 de abril del año en curso.

El 30 de mayo la recurrente presente solicitud de reconsideración ante la misma administración, conforme lo previsto en los artículo 511 y 512 del Código del Trabajo, toda vez que se estimó que la fiscalizadora cometió un error de hecho al momento de efectuar la fiscalización, sin embargo, el Inspector Comunal del Trabajo Santiago Norte determinó no dar curso a la solicitud ya que se habría presentado fuera del plazo de los 30 días corridos, en circunstancias que el referido plazo se encontraba aún pendiente para presentar la referida reconsideración.

Que la actuación de la recurrida es ilegal pues infringe el artículo 512 del Código del Trabajo, y el artículo 25 de la Ley 19.880, ya que se trata de un procedimiento administrativo y al no señalar el artículo 512 ya indicado la manera de contabilizar el plazo de treinta días se deben aplicar supletoriamente las disposiciones de la ley mencionada, la que refiere en su artículo 25 que los términos de días hábiles no comprenden los sábados, domingos y festivos. Que el artículo 508 del Código Laboral refiere que las notificaciones que se realicen por carta certificada se entienden practicadas al sexto día hábil contado desde la fecha de recepción de la carta en la oficina de correos, por lo que el plazo para reclamar de la multa vencía el 05 de junio último y la reclamación se efectuó el días de 30 de mayo.

Funda su pretensión además en los artículos 4 y 50 del Código Civil, y el artículo 1 de la Ley 19.880.

Que el acto antes descrito constituye un acto ilegal que atenta contra la garantía constitucional establecida en el número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues atenta contra las facultades esenciales del dominio, esto es, usar, gozar y disponer de los montos incluidos en la multa aplicada.

SEGUNDO: Que evacuando informe la recurrida, ésta solicita el rechazo del recurso deducido en su contra, con costas.

Primeramente, solicita se declare derechamente la improcedencia del recurso de protección interpuesto, toda vez que en contra de una resolución administrativa la ley contempla como recurso natural en su contra la reclamación judicial, conforme lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo.

En cuanto al fondo indica que el acto por el cual la Sociedad de Instrucción Primaria recurre de protección carece de la arbitrariedad e ilegalidad alegada por la recurrente, pues la actuación de la recurrida se ajustó plenamente a sus facultades, teniendo en cuenta el artículo 511 del Código del Trabajo que expresamente dispone la facultad del Servicio de reconsiderar multas cumpliéndose los requisitos que la propia ley establece.

En lo que respecta al plazo para la interposición de la solicitud de reconsideración señala que del análisis de las normas contenidas en el Código del Trabajo se advierte que por regla general cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente, siguiendo así lo prescrito en el artículo 50 del Código Civil. Que la Contraloría General del República en Dictamen N° 64.985 de 20 de noviembre de 2009 establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, y quien además ha reiterado dicha posición en Dictamen 17.334 del 10 de marzo de 2014.

Refiere a su vez que no es posible aplicar supletoriamente el artículo 25 de la Ley 19.880, puesto que dicha ley contempla procedimientos administrativos de carácter genérico, es decir, aplicable cuando no exista un procedimiento especial lo que no ocurre en la especie, pues el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo refieren a plazos para recurrir contra decisiones del ente fiscalizador y forma en que debe hacerse, es decir, no existe un vacío que deba ser suplido con la Ley 19.880, debiendo utilizarse para determinar la naturaleza del plazo señalado en el artículo 512 del Código del trabajo lo dispuesto en artículo 50 del Código Civil, que lleva a concluir que el plazo en cuestión es de días corridos.

Finalmente, manifiesta que la resolución recurrida carece de ilegalidad pues fue dictada con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la república, y a lo previsto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo; carece a su vez de arbitrariedad ya que no es el fruto de un capricho o de la sin razón, sino que producto de la misión que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo de manera expresa, y no existe amenaza alguna al derecho de propiedad alegado por la recurrente, al contrario, la forma de actuar de la empleadora recurrente es la que afecta el derecho de propiedad de los trabajadores afectados sobre sus remuneraciones.

TERCERO: Que, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa y por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código Laboral, debe aplicarse supletoriamente el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, disposición que establece que éstos son de días hábiles, siendo inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, ya que al existir una modalidad de cómputo de los plazos “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

CUARTO: Que no se encuentra controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado por el actor el día 30 de mayo de 2017, de manera tal, que de acuerdo a lo razonado en el motivo anterior, aquel fue deducido dentro de plazo, por cuanto que las resoluciones de multa impugnadas fueron notificadas a la sociedad recurrente el día 24 de abril del presente año.

QUINTO: Que, en consecuencia, la actuación de la Inspección del Trabajo, mediante el Ordinario N° 923, constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por Sociedad de Instrucción Primaria. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Centro Norte, dejándose sin efecto el Ordinario N° 923 de 21 de junio de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa N°4240/17/40-1 y N° 4240/17/40-2 Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-49544-2017.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro señor Leopoldo Andrés Llanos Sagristá y la abogado integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.