SOCIEDAD DE INSTRUCCION PRIMARIA DE SANTIAGO con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, treinta de agosto de dos mil diecisiete.

Al folio 344773: téngase presente.

VISTOS:

PRIMERO: Comparece Juan Francisco Castillo Ávila, a nombre, a favor y por Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, en adelante SIP, deduciendo acción de protección constitucional, en contra de María Leonor Arroyo Funes, Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago Centro, por el acto ilegal realizado a través del acto administrativo ORD. N°25, que no dio curso a una solicitud de reconsideración de multa administrativa por no haberla presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, a fin que se acoja el presente recurso de protección, adoptando las medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del derecho, y/o aquellas que se estimen pertinentes, a objeto de dejar sin efecto el acto ilegal.

Refiere que con fecha 28 de abril de 2017, en el curso de una fiscalización efectuada por el fiscalizador Sr. nombre reservado, se constató una supuesta infracción a la normativa laboral y se aplicó una sanción de multa equivalente a 40 UTM.

Dicha resolución fue notificada a su parte el día 16 de mayo de 2017.

El día 16 de junio de 2017 efectuó una solicitud de reconsideración ante la misma Administración, en virtud de lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, puesto que estimaba que la fiscalizadora había cometido un error de hecho al momento de efectuar la fiscalización.

No obstante lo anterior, la recurrida, Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, determinó no dar curso a la solicitud en virtud que no se habría presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos.

Estima que la actuación de la recurrida es ilegal, por cuanto infringe los artículos 512 del Código del Trabajo y 25 de la Ley N° 19.880 pues, al tratarse de un procedimiento administrativo y al señalar la primera de las disposiciones que el plazo para reclamar esta multa es de 30 días, y al no señalar la manera de contabilizar los plazos, se aplican supletoriamente las disposiciones de esta última ley, la que señala en su artículo 25 que los términos de días hábiles no comprenden los sábados, domingos y festivos.

Sostiene que, conforme lo establece el artículo 508 del Código del Trabajo, las notificaciones que se realizan por carta certificadas, se entienden practicadas el sexto día hábil contado desde la fecha de recepción de la carta en la oficina de correos, por lo que considerando todas estas disposiciones, el plazo para reclamar la multa vencía el 28 de junio de 2017, y la reclamación se efectuó el 16 de junio de 2017.

Invoca asimismo el artículo 50 del Código Civil, en cuanto los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aun los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados.

A continuación menciona el artículo 4° del Código Civil, en el sentido que, se aplicarán con preferencia al Código Civil, las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada, y demás especiales.

Señala los artículos 1 y 25 de la ley 19.880, para deducir que, no existen dudas respecto del carácter supletorio de los dos textos normativos en competencia para resolver el problema.

Así se desprende del artículo 4° del Código Civil respecto de la generalidad del ordenamiento jurídico chileno; y del artículo 1° de la ley 19.880, específicamente de los procedimientos administrativos.

Por otra parte, la solicitud de reconsideración de una multa aplicada por la Dirección del Trabajo constituye un procedimiento administrativo mientras el mismo no pase a la fase judicial que el artículo 512 del Código del Trabajo contempla. Si bien tal reconsideración se encuentra regulada por el Código del Trabajo, no por ello deja de ser lo que es: un recurso presentado ante una autoridad administrativa, y si la ley sólo fijó un plazo para ello, sin especificar la forma como debe computarse, no resulta pertinente acudir a la normativa de aplicación general como lo es el artículo 50 del Código Civil, sino debe ceñirse a aquella que, precisamente, regula la materia, como lo es el artículo 25 de la Ley 19.880, que reglamenta el procedimiento que debe seguirse ante la autoridad administrativa.

Por tanto, y en aplicación del principio de especialidad como criterio para resolver las antinomias que presente el ordenamiento jurídico, en el presente caso debe prevalecer la supletoriedad de la ley 19.880 por sobre el Código Civil.

Menciona jurisprudencia de tribunales superiores de justicia en apoyo de su tesis.

Concluye que el cómputo de los treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo debe hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880, debiendo, por tanto, suspenderse los días sábados, domingos y festivos. Por lo anterior, su solicitud de reconsideración ha sido presentada dentro de plazo legal ante la Inspección recurrida.

Que el acto precedente vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, esto es, el derecho de propiedad, desde que establece una restricción a las facultades esenciales del dominio, como son las de usar, gozar y disponer de los montos incluidos en la multa aplicada.

Pide tener por interpuesto recurso de protección, acogerla a tramitación y, en definitiva, acogerlo, y ordenar dejar sin efecto la multa establecida en el ORD. N°25, dictado por María Leonor Arroyo Funes, Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago Centro, dictada con fecha 21 de junio de 2017, y disponer como medida para restablecer el imperio del Derecho, que la Inspección Provincial del Trabajo dicte un nuevo oficio que acoja a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa, salvo su mejor resolver.

Acompaña a su recurso, copia simple de Ord N°25 de María Leonor Arroyo Funes, Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, de fecha 21 de junio de 2017; y copia simple del formulario para solicitar reconsideración de multa de fecha 16 de junio de 2017.

SEGUNDO: Informa al tenor del recurso, doña Nicole Andrea Lazo Núñez, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, solicitando a su rechazo en todas sus partes, con costas.

Refiere que, el recurso incoado es improcedente en atención a la naturaleza del acto recurrido.

El recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir, constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado.

Que la ley contempla como recurso natural en contra de una resolución administrativa, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo.

En estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados.

El acudir a sede de protección para estas materias complejas, que requieren por su especial condición el aportar pruebas, en oportunidades procesales específicas, y que exigen también un juicio de lato conocimiento para su acertada y legal tramitación, significa desconocer el sistema procesal vigente establecido en forma específica por el legislador, haciéndolo inútil y prescindible, y transformado a la ley en letra muerta, en definitiva, llegando por ésta vía a un desuso de la práctica legal tan fuertemente arraigada en la cultura jurídica chilena.

En cuanto al fondo del recurso, estima que las argumentaciones de la recurrente para fundar su acción de protección, radican en una supuesta actuación de la recurrida que habría conculcado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 nº2 de la Constitución Política de la República, lo cual refuta enfáticamente por no ajustarse a la legalidad vigente.

Sostiene que la Dirección del Trabajo es un órgano que reviste facultades, otorgadas en virtud de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, los cuales consagran el denominado “principio de legalidad” o de “juridicidad” el cual prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, los cuales, además, actuarán válidamente cuando actúen dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley.

Expresa que resulta evidente que la actuación de su representada se ajusta plenamente a sus facultades, sobre todo teniendo en cuenta que el artículo 511 del Código del Trabajo expresamente dispone la facultad de este Servicio de Reconsiderar las multas cumpliéndose los requisitos que la propia ley establece al efecto.

En cuanto a la legalidad de la actuación específica, refiere que el plazo establecido en la ley para solicitar reconsideración administrativa de multas, se contempla en el artículo 512 del Código del Trabajo, sin establecer si el plazo de 30 días es de días corridos o de días hábiles.

Argumenta señalando que, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil, lo cual se advierte en numerosas normas que menciona.

Ahora bien, indica que la resolución impugnada sustenta su validez legal no solo en las consideraciones señaladas, sino también en lo resuelto expresamente por la Contraloría General de la Republica, en su carácter de entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, y que en uso de su facultad de dictaminar, ha emitido el dictamen Nº64.985, de fecha 20 de Noviembre de 2009, en el cual se establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos lo que fue ratificado con fecha 10 de marzo del 2014 por la misma Contraloría mediante dictamen 17344.

A mayor abundamiento, invoca el artículo 22 del Código Civil, y atender asimismo a la regla interpretativa contenida en el artículo 435 inciso 3º del Código del trabajo. Argumenta, a contrario sensu, la disposición del artículo 512 del mismo cuerpo legal, que faculta la interposición de la reconsideración administrativa dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa, estimando que, por encontrarse en el siguiente título del mismo libro, queda fuera del ámbito de aplicación de la regla, y por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados, siendo por tanto un plazo de días corridos.

Por otra parte, y siguiendo en esto lo dispuesto por la Contraloría en el sentido que la ley 19.980 no es conciliable con el procedimiento establecido en el artículo 511 del Código del Trabajo, agrega que no puede perderse de vista que el propio artículo 25 de la ley 19880 que pretende aplicar la reclamante, excluye su aplicación a plazos establecidos en otro cuerpo legal, como es el caso del Código del Trabajo y el artículo 512 que nos ocupa.

Asimismo, y en concordancia con lo establecido por la Contraloría General de la República, la recurrida ha emitido Circular 73, de fecha 08 de junio de 2010, y actualmente vigente, que refleja, al igual que sus antecesoras, lo resuelto por el órgano contralor.

En consideración a lo anterior, no es procedente aplicar supletoriamente, como sostiene la actora, el art 25 de la ley 19.880, puesto que dicha ley contempla procedimientos administrativos de carácter genérico, es decir, aplicable cuando no exista un procedimiento especial que no es lo que ocurre en este caso, precisamente porque los art. 511 y 512 del Código del Trabajo, se refieren a los plazos para recurrir contra decisiones del ente fiscalizador y la forma en que debe hacerse.

Cabe adicionalmente tener presente que de acuerdo al artículo 9 inciso final en relación con el artículo 5 inciso 3 de la Ley 10366, los dictámenes de la Contraloría General de la República son vinculantes para este Servicio, por lo cual este se encuentra legalmente obligado a resolver de la manera en que lo ha hecho, estándole vedado efectuar una actuación que contravenga lo dispuesto por el Órgano Contralor.

Cita jurisprudencia en apoyo de su argumento.

Respecto a la pretendida prórroga del plazo que pretende la recurrente, no resulta procedente, en virtud de lo que prescribe el artículo 49 del Código Civil.

Por lo anterior, su actuar se ha regido por la legalidad vigente, y en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad competente para dictaminar la naturaleza del plazo discutido, como es la Contraloría General de la Republica.

Expresa asimismo, que el recurso incoado es improcedente en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, los cuales son, a saber: a) la ocurrencia de una acción u omisión reprochable; b) que dicha acción u omisión sea arbitraria e ilegal; c) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente; y d) que el tribunal ante quien se recurre esté en condiciones de brindar la protección reclamada.

Conforme a lo señalado y a los hechos expuestos, concluye que las argumentaciones de la contraria carecen de todo sustento jurídico y hacen ineficaz la acción constitucional ejercida, toda vez que la acción impugnada es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios.

Agrega que la resolución recurrida es legal, pues fue dictada con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y a lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, esto es, al resolver la materia sometida a su conocimiento se actuó con estricto apego a las normas constitucionales, del Código del Trabajo y del D.F.L. Nº 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, así como en concordancia a lo instruido expresamente por la Contraloría General de la República. Ergo, la resolución impugnada por esta vía no es arbitraria, pues no es el fruto del mero capricho o de la sin razón de la recurrida, sino que es producto de la misión que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo de manera expresa.

En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 24 de la Constitución, tampoco se observa de manera alguna cual sería la conculcación acusada, puesto que si bien tal derecho asegura a los particulares la posibilidad jurídica de adquirir, gozar y disponer sobre toda clase de bienes, sean corporales o incorporales, dentro de éstos no se encuentra el derecho a infringir la legislación laboral.

El recurrente pretende establecer que la resolución recurrida priva, perturba y amenaza su derecho de propiedad en atención a que deberá pagar una multa, cuestión que evidentemente jamás podría ser considerada como infracción de garantías constitucionales, puesto que el propio legislador ha establecido la procedencia de multas, cuya cuantía también se encuentra fijada por ley, para los casos de infracción a la legislación laboral vigente, por lo cual el establecimiento de multas es una consecuencia conocida previamente de una conducta desarrollada voluntariamente por la recurrente.

Finaliza señalando que el derecho de propiedad en su definición del Código Civil, no podría vulnerarse al dictarse la resolución recurrida, pues ella busca, precisamente, resguardar el derecho de los trabajadores, agregando que no advierte lesión de ninguna especie al derecho de propiedad del recurrente, a menos que tuviera propiedad sobre la facultad de incumplir la normativa laboral.

Pide tener por informado el Recurso de Protección solicitando su completo rechazo con costas por los fundamentos de hecho y derecho señalados.

Acompaña los siguientes documentos, copia de la Resolución N°25; copia del Dictamen 64985 de la Contraloría General de la República; y, copia del Dictamen 17344 de la Contraloría General de la República.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

CUARTO: Que cabe desestimar en primer término, la alegación efectuada por la recurrida en orden a invocar la improcedencia de la presente acción por la circunstancia de existir recursos administrativos para impugnar la resolución que declaró extemporánea la reconsideración administrativa de la multa impuesta a la recurrente, pues la actora puede optar a la vía jurisdiccional si así lo estima necesario en salvaguarda de sus derechos fundamentales.

QUINTO: Que en cuanto al fondo, ha de establecerse que lo discutido es si el plazo de treinta días para pedir la reconsideración en materia administrativa a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos o hábiles. Sobre el particular, y como ha señalado la Excma. Corte Suprema en asuntos similares, el referido término no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo "especial" como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general establecidas en el Código Civil. (sentencia Excma. Corte Suprema rol 23.603-2014).

SEXTO: Que zanjado lo anterior, corresponde determinar si la reconsideración efectuada por la recurrente se verificó dentro de plazo. Con el mérito de los antecedentes esgrimidos por la actora, consta que constató la infracción y aplicó una sanción de multa, se efectuó el 16 de mayo del año en curso. Que la recurrente interpuso solicitud de reconsideración en virtud de lo dispuesto en el artículo 511 y 512 del Código del Trabajo, en fecha 16 de junio de 2017, en consecuencia dicha solicitud se dedujo dentro del plazo de 30 días hábiles, que prescribe el artículo 25 de la Ley N°19.880.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que no puede ser aceptado, desestimándose analizar la garantía del debido proceso por no estar protegida por el recurso de protección.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, dejándose sin efecto el acto administrativo Ordinario N° 25 de 21 de junio de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multa N°13.01.2017 RUT reservado de 28 de abril de 2017.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-49543-2017.