nombre reservado con COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES, COMISIÓN INGRESA

CERTIFICO: Que, se anunció, escuchó relación y alegó, contra el recurso, la abogado de la recurrida Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores doña nombre reservado, por 10 minutos. Santiago, 25 de septiembre de 2020.

Patricio Hernández Jara Relator C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 22: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, representada por el Ministro de Educación Sr. nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de Resolución Exenta N°95 de 1 de junio de 2020, que negó injustificadamente acceder al beneficio de la suspensión del pago del crédito con aval del estado contemplado en el artículo 39 del Reglamento de la Ley N°20.027, incurriéndose en manifiesta ilegalidad y arbitrariedad en su dictado y que conculca la garantía de igualdad ante la ley.

Pide dejar sin efecto la Resolución Exenta N°95, de 1de junio de 2020 y todos los actos a posteriores que supongan la validez del acto recurrido con costas.

Funda su pretensión cautelar, señalando que ingresó a estudiar derecho en la Universidad Central de Chile, en marzo de 2013, de la que egresó y en dicho contexto, suscribió un contrato de apertura de línea de crédito para estudiantes de educación superior, con garantía estatal, según la Ley N°20.027, con Scotiabank Chile S.A.

Expone que una vez egresado, comenzó a preparar su examen de grado, el que rindió y aprobó el 9 de septiembre de 2019, realizando su práctica profesional entre octubre de 2019 a abril de 2020, en la unidad de persecución criminal de la Intendencia Regional Metropolitana.

Indica que, en la actualidad, se encuentra a la espera de certificado de práctica aprobada de parte de la Corporación de Asistencia Judicial, para iniciar el trámite de apertura de expediente en la oficina de títulos de la Excma. Corte Suprema.

Señala que, durante julio de 2019, le llegaron correos electrónicos por parte de Comisión Ingresa, en la cual se me daba aviso de que comenzaría el cobro de cuotas mensuales de su crédito estudiantil y se le señaló que podría suspender su pago por cesantía o desempleo y los documentos que se requerían para acreditar tal circunstancia, por el periodo de seis meses.

Refiere que, encontrándose sin empleo, comenzó a reunir los antecedentes requeridos, presentando el 28 de agosto de 2019, la primera solicitud para la suspensión del pago por desempleo, la cual fue aprobada. La segunda solicitud de suspensión de pago por desempleo la presentó el 5 de mayo de 2020, la cual fue denegada por la recurrida, sin causa justificada, el 1 de junio de 2020, mediante la Resolución Exenta N°95.

Sostiene que la recurrida le señaló que se encontraba en mora de pago por lo que debía comunicarse con el banco acreedor para solucionar el problema, debiendo acceder al pago de una sola cuota y así, acogerse al beneficio de “Reprogramación de Deudores Morosos del Cae”, cuyo procedimiento se encuentra suspendido, por la contingencia sanitaria, según se desprende de la información publicada en su página web.

Frente a la respuesta de la recurrida, señala que se comunicó con el banco a la casilla de correo electrónico correo reservado, no recibiendo respuesta hasta el momento.

Expone que, desde el 6 de mayo pasado, ha recibido más de 120 llamadas telefónicas de Scotiabank en las cuales se le intima al pago de las cuotas del CAE.

Finalmente, el 1 de junio de 2020, mediante Resolución Exenta N°95 enviada por correo electrónico el 4 de junio de 2020, se rechaza la solicitud de suspensión por lo siguiente: “La solicitud fue presentada en un plazo mayor a 45 días, contados desde la fecha en que incurrió en mora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Ley N°20.027”.

Estima que el acto recurrido es ilegal, ya que ha cumplido con los requisitos para optar a la suspensión del pago del crédito, no vislumbrándose una razón fundante en la decisión de Comisión Ingresa y que el reglamento, en su artículo 39 dispone que: “La obligación de pago del crédito objeto de garantía estatal podrá suspenderse temporalmente, en caso de incapacidad de pago, producto de cesantía sobreviniente del deudor, debidamente calificada por la Comisión".

Señala que, el legislador ofrece la posibilidad de suspensión temporal en atención a la incapacidad de pago, la cual deberá ser debidamente calificada por la Comisión Ingresa, cuyas exigencias son de público conocimiento en su portal web y la misma norma indica que: “Para que opere la suspensión de la obligación de pago por cesantía, el deudor deberá informar oportunamente a la Comisión que se encuentra en situación de incapacidad de pago por carecer de cualquier tipo de actividad remunerada. Para estos efectos, el deudor deberá presentar una declaración jurada”. El concepto informar oportunamente dice estrecha relación con la circunstancia de encontrarse desempleado o cesante el deudor, y siendo mi caso el primero, lo cual deberá acreditar mediante los siguientes documentos:

a) Declaración Jurada de cesantía b) Acreditación de situación familiar c) Certificación de afiliación a una AFP, emitido por la Superintendencia de Pensiones (SP)

d) Carpeta Tributaria para solicitar créditos, del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Finalmente, en su inciso final, el artículo establece una presunción, que dispone “Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que existe incapacidad de pago producto de cesantía sobreviniente toda vez que el valor de la cuota del crédito a pagar por el deudor represente más del 50% de los ingresos líquidos mensuales percibidos por éste, salvo que dicho ingreso sea superior a 18 Unidades de Fomento”.

Precisa que, se encuentra desempleado a la espera de ser llamado para jurar ante la Excma. Corte Suprema, no recibiendo remuneración que justifique el cobro del CAE, cumpliendo con los requisitos objetivos para acceder al beneficio contemplado en una norma legal.

Hace presente que el 1 de junio de 2020, mediante Resolución Exenta N°95, enviada a su correo electrónico el 4 de junio pasado, se rechaza la solicitud de suspensión porque: "(…) fue presentada en un plazo mayor a 45 días, contados desde la fecha en que incurrió en mora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Ley N°20.027”.

Destaca que, el artículo 39 del reglamento, no establece ningún plazo, sino que expresa “informar oportunamente” y por ello la recurrida lo priva injustificadamente de acceder al beneficio de suspensión de pago del CAE, no obstante haber cumplido con los requisitos objetivos que exige la entidad.

Estima conculcada la garantía de la igualdad ante la Ley, ya que la entidad recurrida se debe regir por lo que dispone el legislador y no argumentar una denegatoria en un plazo al cual no se refiere la normativa.

Sostiene que la recurrida ha denegado una solicitud de suspensión, no obstante cumplirse con los requisitos objetivos, en tiempo y forma, recibiendo un trato diferenciado, de manera ilegal y arbitraria.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Copia simple de certificado de egreso, expedido por la Universidad Central de Chile; 2. Copia de contrato de apertura de línea de crédito para estudiantes de educación superior, con garantía estatal según la Ley N°20.027, con Scotiabank Chile S.A.; 3. Copia de solicitud de suspensión de pago, ante Comisión Ingresa, de 28 de septiembre de 2019; 4. Copia de solicitud de suspensión de pago ante Comisión Ingresa, de 5 de mayo de 2020; 5. Copia de Resolución Exenta N°95, de 1 de junio de 2020; 6. Carpeta Tributaria para solicitar créditos, expedida por el Servicio de Impuestos Internos; 7. Declaración Jurada situación familiar de 31 de julio de 2019, suscrita en la Notaria de Peñaflor nombre reservado; 8. Certificado de Afiliación de la Superintendencia de Pensiones.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, Director Ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto.

Funda sus alegaciones señalando que, la Ley Nº20.027 y el actual Sistema de Financiamiento beneficia a más de 900.000 estudiantes de universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Conjuntamente con dicho beneficio, la ley creó la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, servicio público descentralizado que forma parte de la Administración del Estado.

Explica que, el estudiante obtuvo el beneficio del Crédito con Garantía Estatal en 2013 para financiar sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Chile, siendo Scotiabank la institución financiera encargada de otorgar el financiamiento. Durante los años posteriores y hasta el 2017, el actor renovó su financiamiento en la carrera e institución de educación Superior.

Indica que, de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento de la Ley N°20.027, los créditos objeto de garantía estatal no serán exigibles antes de 18 meses contados desde la fecha referencial de término del plan de estudios correspondientes, entendiéndose como la fecha de egreso del estudiante de su carrera respectiva, esto es, la aprobación de la totalidad de los cursos o créditos contemplados en la malla curricular del plan de estudios correspondiente. Transcurridos 18 meses desde la certificación de egreso del estudiante nombre reservado, se inició el cobro de su crédito, venciendo su primera cuota el 5 de julio de 2019.

Señala que, respecto de la asignación de los beneficios de pago del Crédito, de acuerdo los registros de la Comisión, ha sido posible verificar que don nombre reservado postuló en 2 oportunidades al beneficio de suspensión de pago por cesantía, otorgándosele en una primera oportunidad, desde julio a diciembre de 2019 y luego se le rechazó por morosidad.

Respecto de la última postulación, objeto del recurso, el 5 de mayo de 2020, el actor completó el formulario de postulación al Beneficio de Suspensión de Pago por Cesantía disponible en la página web de la Comisión y acompañó como antecedentes de su incapacidad de pago los siguientes documentos: - Declaración Jurada de Cesantía; - Declaración Jurada de Soltería; - Certificado de afiliación a una administradora de fondos de pensión, emitido por la Superintendencia de Pensiones; - Carpeta Tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos; - Certificado de Cotizaciones emitido por el Fondo Nacional de Salud.

Explica que, en la etapa de revisión de antecedentes, fue detectado que la postulación fue realizada habiendo excedido los 45 días de mora desde el último pago, razón por la cual no resultó posible otorgar el beneficio de suspensión de pago solicitado, toda vez que su postulación no daba cumplimiento los requisitos establecidos en la normativa que regula el otorgamiento de este beneficio.

Precisa que, el inciso segundo del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 20.027 señala que, para que opere la suspensión de la obligación de pago por cesantía, el deudor deberá comunicar a la Comisión que se encuentra en situación de incapacidad de pago por carecer de cualquier tipo de actividad remunerada. Para estos efectos, el deudor deberá presentar una declaración jurada, en un plazo no mayor de 45 días contado desde la fecha en que el deudor haya dejado de cumplir su obligación, esto es, desde la fecha en que ha incurrido en mora.

Agrega que, el artículo 40 del Reglamento de la Ley N° 20.027 dispone que: “podrá acreditarse la cesantía del deudor por medio de los siguientes antecedentes, según corresponda: − Finiquito de contrato de trabajo. − Carta de renuncia recepcionada por el empleador; − Carta de autodespido o despido indirecto dirigida al empleador; − Acta de comparendo de conciliación celebrado ante la Inspección del Trabajo; − Copia de la demanda laboral presentada en contra de su empleador y su notificación presentada en contra de éste; − Certificado de Afiliación a una Administradora de Fondos de Pensión; − Certificado o Cartola de Cotizaciones Previsionales; − Declaración Anual de Impuesto a la Renta; y, − Certificado o Informe de Boleta de Honorarios emitido por el Servicio de Impuestos Internos.”

Hace presente que, una vez recibidos los antecedentes, la Comisión evaluará la postulación al Beneficio de Suspensión de Pago por Cesantía en un plazo de treinta días, pudiendo requerir cualquier otro que estime conveniente para acreditar la cesantía del deudor y los ingresos percibidos por su grupo familiar. La duración de la suspensión de la obligación de pago será resuelta por la Comisión sobre la base de los antecedentes antes señalados, otorgándose por un plazo máximo de seis meses, pudiendo ser renovado hasta por el mismo período de acuerdo a lo que determine la Comisión, en caso de acreditarse la mantención por parte del deudor de las condiciones que justificaron su otorgamiento, lo que deberá efectuarse de la misma forma antes señalada.

Resalta que, en la etapa de revisión de antecedentes acompañados en la postulación, se verificó que la postulación fue realizada habiendo excedido los 45 días de mora desde el último pago, por cuanto la última cuota pagada corresponde a diciembre de 2019. Sobre la base de lo anterior, no fue posible otorgar al beneficiario la suspensión de pago de cuotas, toda vez que su postulación no daba cumplimiento los requisitos establecidos en la normativa que regula el otorgamiento de este beneficio.

Concluye que no existe vulneración y tampoco un trato diferenciado respecto de postulación del beneficio de suspensión de pago por cesantía del recurrente, puesto que la Comisión se limitó a dar cumplimiento a la normativa vigente que regula los requisitos establecidos para el otorgamiento del beneficio previamente señalado, desde que el actor postuló al beneficio el 5 de mayo de 2020, habiendo transcurrido 5 meses sin cumplir con su obligación de pago del crédito, superando los 45 días de mora permitidos en la normativa, razón por la cual, de acuerdo a la Ley N°20.027 y su Reglamento, no resultaba posible otorgar el referido beneficio de referido puesto que contravendría la normativa que regula este sistema de financiamiento.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Decreto N°182, de 2005, modificado por el Dto. N°266, de 2009, ambos del Ministerio de Educación, que fijan el texto del Reglamento de la Ley N°20.027; 2. Decreto N°47, de 2013, del Ministerio de Educación, que modifica el texto del Decreto N°182, de 2005, modificado por el Dto. N° 266, de 2009, del Ministerio de Educación; 3. Documento denominado “Notificación suspensión”, que contiene una copia de la notificación del rechazo del beneficio realizado a don nombre reservado; 4. Documentos acompañados por don nombre reservado en la postulación del beneficio Suspensión de Pago por Cesantía realizada por la beneficiario durante el mes de mayo de 2020; 5. Resolución Exenta Nº95, de 1 de junio de 2020, de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, el acto recurrido se estima arbitrario por la aplicación de un término de 45 días que el recurrente estima que no se encuentra recogido en el ordenamiento jurídico y por ello se tornaría en arbitrario, impidiéndole poder optar al beneficio de suspensión del crédito con aval del Estado.

Octavo: Que, en el caso sub judice, es pertinente establecer que el artículo 39 del Reglamento de la Ley N°20.027, contenido en el Decreto N°266 establece que: “La obligación de pago podrá suspenderse temporalmente, total o parcialmente, en caso de incapacidad de pago, producto de cesantía sobreviniente del deudor, debidamente calificada por la Comisión, la que deberá adicionalmente considerar el ingreso familiar del deudor en la forma señalada en el artículo 40° del presente reglamento.

“Para que opere la suspensión de la obligación de pago por cesantía, el deudor deberá comunicar a la Comisión que se encuentra en situación de incapacidad de pago por carecer de cualquier tipo de actividad remunerada. Para estos efectos, el deudor deberá presentar una declaración jurada, en un plazo no mayor a 45 días contado desde la fecha en que el deudor haya dejado de cumplir su obligación, esto es, desde la fecha en que ha incurrido en mora”.

Noveno: Que, de la atenta lectura de la norma antes señalada es evidente que, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, se ha establecido, nítidamente, un término máximo de 45 días, contados desde la fecha en que el deudor haya dejado de cumplir su obligación, para presentar una declaración jurada para obtener la suspensión del pago.

Del mérito de la discusión dialéctica sostenida por las partes, queda de manifiesto que el actor gozó del beneficio de suspensión hasta el mes de diciembre de 2019, fecha en la cual, comenzó a hacerse exigible su obligación de pago del crédito que tuvo por finalidad financiar sus estudios superiores. Asimismo, consta que la solicitud de suspensión de dicha obligación de pago el actor la presentó recién el 5 de mayo de 2020, habiendo transcurrido 5 meses y 5 días contados desde el cese de la suspensión de pago decretada anteriormente, término que supera con creces los 45 días establecidos en el artículo 39 de Reglamento de la Ley N°20.027, situación que motivó el rechazo de dicha solicitud.

Décimo: Que, el actuar extemporáneo del actor fue lo que motivó la denegación del beneficio de suspensión del pago de su crédito y no la supuesta falta de norma que regule el término de caducidad reclamado, motivo por el cual, se descarta toda arbitrariedad e ilegalidad en el dictado de la Resolución Exenta N°95, de 1 de junio de 2020, de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, desde que la misma se asila en el incumplimiento del plazo previsto por el legislador para optar al beneficio pretendido, lo que conlleva al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado, en contra de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-49.435-2020.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por los Ministros señor Jorge Luis Zepeda Arancibia y señor Fernando Ignacio Carreño Ortega. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.