SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE EMPRESA IBM DE CHILE S.A.C. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO

8 Santiago, nueve de octubre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que se interpone recurso de protección por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresas IBM de Chile SAC. contra la Dirección del Trabajo Metropolitana Oriente, por haber incurrido en la omisión que estima ilegal y arbitraria consistente en que hasta la fecha no ha emitido la resolución respecto del requerimiento de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, dentro del plazo que contempla el inciso 11 del artículo 360 del Código del Trabajo.

Explica el recurrente, que no hubo acuerdo con su empleadora IBM de Chile al respecto, el 4 de diciembre de 2019 solicitó a la recurrida el pronunciamiento en tal sentido. Sin embargo, a la fecha de presentación recurso (4 junio 2020), aún no se ha emitido pronunciamiento, lo que ha impedido al sindicato negociar colectivamente en la fecha que legalmente corresponde y eventualmente hacer uso a su derecho a declarar la huelga.

Argumenta en su acción que el sindicato negoció en forma reglada en el año 2017, suscribiéndose un contrato colectivo con duración hasta el 20 de junio de 2020. Por ello el plazo para presentar un nuevo proyecto de contrato colectivo duraba entre el 1 al 16 de mayo de 2020. Conforme la regulación de los artículos 359 y siguientes del Código del Trabajo, IBM el 30 de octubre le hizo entrega de una carta en la que solicita llegar a acuerdo y declarar los servicios mínimos descritos en la carta de los grupos de emergencia a ser solicitados, en caso de una eventual huelga dentro del proceso de negociación colectiva. En la carta le indican que serían 114 los trabajadores sindicalizados que se necesitan para cubrir los servicios necesarios en caso de huelga. Ante ello el sindicato rechazó íntegramente la propuesta de la empresa, porque estima que los servicios prestados por IBM no reúnen los requisitos de los artículos 359 y 360 para el establecimiento de servicios mínimos durante la negociación, estimando injustificada la solicitud de la empresa en este sentido.

Expone que, en atención a la oposición del Sindicato, el 4 de diciembre de 2019 la empresa presentó a la inspección recurrida el requerimiento de calificación de servicios mínimos, y de conformidad al artículo 360 del Código del ramo, la recurrida tenía 45 días para pronunciarse. Indica que los funcionarios de la inspección señores nombre reservado y nombre reservado, han sostenido 6 reuniones con los representantes de la empresa entre los días 22 a 29 de enero de 2020.

Agrega que la Dirección Regional notificó al Sindicato el requerimiento en cuestión el 24 de febrero de 2020, mediante Ord. 602 de fecha 21 de febrero de 2020, mediante el cual se confiere traslado al sindicato del requerimiento de servicios mínimos. El 10 de marzo de 2020 se efectuó la única reunión entre el Sindicato y la Dirección Metropolitana Oriente, en la cual el abogado de dicha institución nombre reservado, explicó a los dirigentes que concurrieron que la reunión tenía por objeto dar cumplimiento a la bilateralidad de la audiencia. En esa oportunidad el sindicato complementó la respuesta que fue entregada a la empresa el 13 de noviembre de 2019, que también había sido depositada en la inspección el 14 de dicho mes. En esta reunión nada se habló de la necesidad de una fiscalización para efectuar la calificación ni se solicitaron antecedentes adicionales.

Por fin, el 8 de abril el sindicato envió un correo electrónico a los señores nombre reservado y nombre reservado a fin de saber sobre el estado del procedimiento. En su respuesta, el señor nombre reservado les informa que se deben realizar fiscalizaciones a los lugares de trabajo donde prestan servicios los socios del sindicato, pero que debido a la pandemia no se han podido efectuar estas visitas.

Refiere que la omisión antes anotada, implica que hasta la fecha no se han calificado los servicios mínimos, lo que ha impedido a sus afilados dar inicio a la negociación colectiva. Agrega que el giro de la empresa es brindar soporte tecnológico, servicio que puede prestarse vía remota, razón por la cual los trabajadores se encuentran actualmente prestando servicios bajo modalidad de teletrabajo a partir del 17 de marzo 2020. Hasta entonces, un 60% de los trabajadores prestaba servicios en el domicilio domicilio reservado% lo hacía en dependencias de los clientes. Ello demuestra que la forma de realizar la fiscalización no requiere necesariamente que se acuda a la casa matriz. Agrega que la Dirección no ha especificado que es lo que requiere fiscalizar, ni el lugar ni la función. Agrega que el estado de catástrofe y cuarentena no ha paralizado el actuar de la dirección del trabajo ni las fiscalizaciones, y estima que debieran priorizarse aquellas acciones que dicen relación con derechos fundamentales, tal como ocurre en el caso de autos. Incluso la Dirección del trabajo ha emitido circulares de 30 de marzo y 7 de mayo último, que regulan las fiscalizaciones, en las que ha indicado que en lo posible éstas se hagan por vía remota, recabando antecedentes por vía electrónica o mediante medios tecnológicos.

Por lo anterior, estima que la recurrida ha omitido injustificada y arbitrariamente dar respuesta al requerimiento efectuado por IBM, excediendo en más de 4 meses el plazo legal para dictar su resolución y tampoco ha adoptado medidas para realizar la fiscalización que dice requerir mediante medios tecnológicos. Con ello se ha afectado la garantía constitucional del artículo 19 N° 19 de la Constitución Política de la República que protege la libertad sindical de los trabajadores, y en particular el derecho a la negociación colectiva y la huelga.

Destaca que este derecho no es absoluto y está sujeto a la eventual calificación de servicios mínimos, la que es de vital importancia ya que no solo limita el derecho a la huelga sino que impide absolutamente iniciar el proceso de negociación colectiva.

Sostiene que la Orden del Servicio N°1, de la Dirección del Trabajo de 26 de enero de 2017 que regula el procedimiento de calificación de servicios mínimos, y establece expresamente como primer principio esencial de los procedimientos de calificación el de celeridad, indicando al efecto que “Los requerimientos sobre calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia deberán ser atendidos con especial diligencia y celeridad por los funcionarios y funcionarias involucradas en su recepción, tramitación, fiscalización y resolución, por lo que tendrán preferencia en su asignación y despacho, debiendo prescindirse de toda actuación dilatoria”. Precisa que el retardo en el inicio de la negociación colectiva causa un perjuicio evidente a los afiliados, sin que pueda ser subsanado por el hecho de que se entenderá prorrogado el contrato colectivo vigente durante la demora.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso la recurrida sostuvo en primer término, que estima que debe considerarse el contexto social sanitario, haciendo una breve y acotada reseña de las acciones tomadas por los diversos estadios como es el caso del Ejecutivo, Administrativo y Legislativo, destacando que: Con fecha 16 de marzo de 2020, la Dirección del Trabajo emite la Orden de Servicio Nº 01, que establece una modalidad flexible de la organización del trabajo para los funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo, e imparten instrucciones sobre medidas de resguardo, atendido el brote de coronavirus (covid-19). En particular para los efectos de las fiscalizaciones establece en lo pertinente “1.- Que todas las fiscalizaciones, independientes de la etapa en que se encuentren deberán ser tramitadas a partir de esta fecha en la modalidad remota, si ello no fuera posible se designaran y quedaran en estado de ingresadas. Ello implica que a partir de esta fecha no se realizaran visitas presenciales a terreno, salvo a excepción que se indica más adelante… 8.- Excepción a lo anterior constituyen los casos de accidentes del trabajo graves y/o fatales y cualquiera otra que estime la autoridad regional en mérito de la gravedad del caso, en cuyo caso se deberá siempre realizar la visita en terreno conforme el procedimiento vigente junto con las medidas de resguardo pertinentes”.

La recurrida alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, ya que no existe una acción reprochable, y mucho menos una omisión de tal naturaleza, toda vez que nos encontramos como país, en una circunstancia compleja a nivel sanitario, cuestión que al momento de evacuar el presente informa se ha agudizado.

Estima que no se le podría reprochar acción u omisión, tomando en consideración los antecedentes de público conocimiento. Por ello estima que no ha conculcado, amenazado o perturbado derecho constitucional alguno.

Indica que le llama la atención que teniendo el Sindicato recurrente, todas la vías abiertas para efectos de comunicarse con el Servicio, inclusive por la vía administrativa para efectos de sus solicitudes referidas a los plazos, opte por la vía de protección, para que sea SSI, quien deba establecer que método de fiscalización debe adoptar el Servicios para este tiempo de pandemia y cuarentena general.

Explica que el Servicio intenta en el presente contexto de pandemia, resolver a la brevedad posible, la calificación ya referida, por lo que en la especie, este recurso debe ser rechazado en su totalidad, puesto que no existen elementos propios de la acción de protección que la contengan.

Por fin, estima que no hay actos que atenten contra el N° 16 o 19 del artículo 19 Constitución Política de la República, ya que el Servicio bajo ningún respecto, ha conculcado los derechos constitucionales referidos por la recurrente, si se toma en consideración que, primero, se ha seguido adelante con el procedimiento de solución al conflicto derivado de la Calificación de los Servicios mínimos. De lo anterior se sigue entonces, que la Negociación Colectiva se encuentra con plena vigencia, y por otra parte, no se afecta la autonomía del Sindicato respectivo.

Lo anterior no solo encuentra sustento en los propios hechos informados en el presente escrito, sino que, además de los hechos públicos y notorios relacionados con la pandemia COVID-19, que ha afectado indudablemente la orgánica del Servicio, como así mismo el quehacer del funcionario.

Hace presente que la cita efectuada por la recurrente respecto de la Orden de Servicio Nº 1 de la Dirección del Trabajo, de fecha 26 de enero de 2017, que hace alusión a la celeridad respecto de los requerimientos sobre calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. Como se podrá apreciar SSI., nuevamente la recurrente pasa por alto que dicha Orden de Servicio, ésta bajo ninguna circunstancia toma en consideración o se pone en el caso de la actual coyuntura, relacionada con una pandemia de estas catastróficas proporciones, circunstancia que por lo demás, no solo son propias de este Servicio.

Tercero: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que en la especie el Sindicato de Trabajadores IBM, acciona de protección, con fecha 4 de junio de este año 2020, en contra de la Inspección del Trabajo, pues habiéndole sido solicitado por este sindicato la calificación de servicios mínimos y de emergencia, ya que señala que con su empleadora no hubo acuerdo en cuanto a la calificación de servicios mínimos, por lo que de acuerdo a la normativa vigente, solicitó pronunciamiento a la autoridad administrativa, y el plazo de pronunciamiento sobre tal asunto, es de 45 días y no se ha resuelto.

Señala que el convenio colectivo vigente, hace que durante el mes de mayo de este año, debía establecerse los servicios mínimos durante el mes de octubre del año anterior. La empresa estuvo por un total de 117 trabajadores para servicios mínimos, a esto se opuso el Sindicato, y se formuló, conforme al artículo 360 del Código del Trabajo, el requerimiento de calificación de servicios mínimos a la Inspección del Trabajo y hasta la data de la vista de esta causa, (2 de octubre de 2020), aún no hay pronunciamiento. Precisa que el retardo en el inicio de la negociación colectiva causa un perjuicio evidente a los afiliados, sin que pueda ser subsanado por el hecho de que se entenderá prorrogado el contrato colectivo vigente durante la demora.

Informando la recurrida, sostuvo que debe rechazarse el recurso deducido, pues al efecto debe considerarse el contexto sanitario que afecta al país, hace reseña de lo obrado destacando que desde el 16 de marzo la recurrida está en una modalidad de trabajo flexible, dispuesta por la autoridad del servicio, para los funcionarios de la Inspección del Trabajo, disponiéndose para su gran mayoría teletrabajo.

Estima la recurrida que faltan requisitos para la procedencia del recurso deducido, pues no ha existido la posibilidad real de llevar adelante el proceso de fiscalización, y de la calificación de servicios mínimos. Señala que no hay entonces, un acto ilegal ni arbitrario, y se está solucionado según las posibilidades sanitarias.

Por último, explica que para resolver lo pertinente, se ha oficiado a una serie de instituciones, cuya información resulta pertinente para tal resolución. En base a ello, estima que no se ha afectado la autonomía del sindicato ni los derechos de los trabajadores quienes mantienen vigente el último convenio colectivo celebrado.

Quinto: Que, de los antecedentes del presente recurso de protección, se deriva ineludiblemente que son hechos ciertos, por un lado, el estado de catástrofe decretado en el país. por el ejecutivo, en razón de la pandemia “coronavirus”, que afecta a la población de todo el mundo; y de otro en la especie, se constata el persistente silencio de la autoridad administrativa en cuanto a la calificación de servicios mínimos y de emergencia, la que aún persiste, y ello no sólo violenta el principio de celeridad, mismo que resulta esencial de los procedimientos de calificación, y que debe inspirar a la autoridad administrativa ante peticiones de los administrados, sino que en particular afecta y amaga derechos constitucionales de los recurrentes, tal como aquel previsto en el artículo 19 N° 19, de la Constitución Política de la República, que protege la libertad sindical de los trabajadores, y en particular el derecho a la negociación colectiva y la huelga. Pues, es evidente que la no calificación de servicios mínimos, está impidiendo que tanto el sindicato como la empresa puedan llevar adelante el siguiente proceso de negociación colectiva y en razón de ello, los derechos de los trabajadores ya indicados resultan afectados, no siendo óbice para esto último, el hecho que la normativa vigente prorrogue los beneficios por ellos obtenidos en la negociación colectiva anterior.

En efecto, es un hecho pacífico que la petición de calificación de servicios mínimos se efectuó ante la autoridad administrativa con fecha el 4 de diciembre de 2019, data en que la recurrente solicitó a la recurrida el pronunciamiento en tal sentido, y es claro que ello aún no se ha llevado a cabo por la Inspección del Trabajo, aquí recurrida. En tal virtud, se afecta el ya aludido principio de celeridad, y además, ocurre que ha transcurrido en exceso el plazo que contempla el inciso 11 del artículo 360 del Código del Trabajo, (45 días), afectándose como se dijo garantías constitucionales de los recurrentes.

Lo anterior en opinión de esta Corte, resulta ya bastante y suficiente, para acoger la presente acción de protección, por lo cual se dispondrá el restablecimiento del imperio del derecho.

Sexto: Que, de lo expuesto fluye que se encuentra justificada la concurrencia de los supuestos de hecho que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 19 N° 19, de la misma, por lo que cabe que esta Corte de Apelaciones brinde protección para el legítimo ejercicio de la garantía fundamental, que se ha pesquisado vulnerada, lo anterior en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresas IBM de Chile SAC. contra la Dirección del Trabajo Metropolitana Oriente, sólo en cuanto se dispone que la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, deberá dar tramitación urgente a la calificación de servicios mínimos y de emergencia, de manera que a la brevedad, proceda a adoptar todas las medidas necesarias para emitir la resolución legalmente procedente.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro (S) Sr. Rafael Andrade Díaz.

Protección 49.298-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz. No firma el Ministro señor Balmaceda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.