nombre reservado con TELEVISION NACIONAL DE CHILE Y OTROS

21 Santiago, veinte de enero del año dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°49.258-2016 comparece a fs.76 don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; El MERCURIO S.A.P., representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; y GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A., representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservadooras.cl; www.emol.cl; y www.soychile.cl respectivamente; y en contra de todos aquellos que resulten ser administradores del sitio de búsqueda de páginas de internet denominado www.google.cl, perteneciente a la empresa GOOGLE INC., por las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias que señala, que se han perpetuado y que vulneran de manera continua los derechos y garantías fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes del territorio. Solicita que se acoja el recurso en mérito de los antecedentes y consideraciones que expone.

Cabe destacar que, posteriormente, la parte recurrente se desistió parcialmente del recurso, y a fs.235 se le tuvo por desistido respecto de la Empresa El Mercurio S.A.P. y de Gestión Regional de Medios S.A., quedando entonces la acción vigente respecto de Televisión Nacional de Chile.

2°) Que, como antecedentes de hecho, el recurrente refiere que el 12 de marzo del año 2014 fue formalizado por los delitos de daños y amenazas simples en contra de un vecino, como resultado de la denuncia que este mismo realizó a Carabineros de Chile en la madrugada de ese día. Si bien no desconoce que insultó a la supuesta víctima por motivos que no tienen relación con la acción de protección, la denuncia y su posterior formalización tomó interés mediático para la prensa atendido el cargo público que detentaba hasta el día anterior a la ocurrencia los hechos, esto es, hasta el día 11 de marzo de 2014, en el cual se hizo efectiva su renuncia. En la audiencia de formalización estuvieron presentes los medios de comunicación fotografiando y filmando para posteriormente difundir y replicar la información en medios escritos físicos y digitales, la que en estos últimos perdura y está disponible hasta el día de hoy.

Desde la fecha en que se hizo pública su formalización por el supuesto delito en los medios de comunicación recurridos -proceso que concluyó por aplicación del principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía, aceptado por el Ministerio Público y no reclamado por la supuesta víctima- han sido vulneradas sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1°, 4° y 16° de la Constitución Política, ya que transcurridos más de dos años y tres meses desde la ocurrencia de los hechos, los medios de comunicación señalados han mantenido vigente y en línea, a través de sus portales web, la información relativa a su formalización. Basta con escribir su nombre y apellido en el buscador de Google para acceder a los links o sitios web donde descansan las notas informativas que dan cuenta de un supuesto hecho que hoy no tiene interés público que amerite o justifique su vigencia, en desmedro de sus garantías constitucionales, menos aun cuando la denuncia no prosperó debido a la inactividad de la supuesta víctima y la falta de méritos para proseguir con la investigación, dándose por concluido el proceso en virtud de la aplicación del principio de oportunidad consagrado en el artículo 170 de Código Procesal Penal, por ende, carente de una sentencia condenatoria. Sin perjuicio de que en ese momento la noticia pudo haber sido pertinente de publicar, por el hecho de haber detentado un cargo público hasta el día anterior a la ocurrencia de los hechos, cuya veracidad no pretende discutir, al día de hoy la publicación no tiene sentido para mantenerse en línea en los sitios web de los medios de comunicación recurridos, atendido el tiempo que ha transcurrido, pero principalmente por la afectación de garantías constitucionales que la vigencia y permanencia de las publicaciones en internet constituyen.

Agrega que desde el día siguiente al que se hizo efectiva su renuncia y dejó de ser funcionario público, desde el día 12 de marzo de 2014 a la fecha, no ha podido acceder a un empleo a pesar de su incansable búsqueda, de la cual dan cuenta sus postulaciones online en los sitios web trabajando.com y laborum.cl, entre otros, y los innumerables correos enviados a los encargados de selección de personal y recursos humanos de distintas empresas e instituciones.

Es tanta la facilidad para acceder a la añeja información que no existe nadie a su alrededor que no esté enterado de lo ocurrido y al ser tan simple vincular su nombre y apellido, poco comunes, con la información publicada en internet por los recurridos, cada vez que se presenta a una entrevista de trabajo, logra avanzar hasta que el encargado de su evaluación o selección de personal toma conocimiento de los hechos allí descritos. Entre contratar a una persona formalizada y una no formalizada, aunque ambos sin antecedentes según su extracto de filiación, se opta por incorporar a la empresa a quien no ha sido formalizado.

3°) Que el recurso añade que junto con limitar sus posibilidades de acceder a un trabajo, lo expuesto le ha traído perjuicios de orden económico y familiar, perjuicios que mientras las publicaciones en internet se mantengan vigentes no cesarán, y por ende tampoco cesará la vulneración de sus derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Hace presente que en casos como éste debe imperar y reconocerse el ya conocido por los Tribunales e internacionalmente aceptado “derecho al olvido”, en tanto es la única vía plausible para poner término a la afectación de derechos fundamentales.

4°) Que, en cuanto a antecedentes de Derecho, informa que no ha recibido respuesta satisfactoria a sus peticiones, ni solución de los recurridos, por lo que se ve en la obligación de recurrir de protección por la vulneración de los siguientes derechos constitucionales.

El constituyente consagró esta garantía en el Capítulo III “DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES”, “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 1º.- El derecho a la vida yola integridad física y psíquica de la persona.”

Explica que al mantenerse vigente la información en internet, en un escenario en donde la necesidad de encontrar trabajo se ve afectada por las publicaciones en los sitios web de los recurridos, ya no puede dormir tranquilo cuando la cadena de perjuicios que se ha generado por la falta de ingresos lo ha obligado a vender sus bienes y endeudarse para sobrevivir, viendo afectada su autoestima e integridad psíquica. Tener que dar explicaciones por lo expuesto en internet lo tiene agotado y desanimado respecto a si podrá encontrar trabajo. La angustia que sufre por dicha consecuencia es desgarradora.

El daño sicológico es potente y se traduce en la angustia y desesperanza de solo imaginar que si las publicaciones de internet permanecen vigentes no podrá jamás reinsertase social ni laboralmente como una persona normal, que no ha cometido delito alguno, ello agravado por el desastre económico en que se encuentra debido a la falta de ingresos estables. Su impotencia es demasiada y la frustración lo tiene destruido. Por otra parte, los perjuicios y la afectación se extienden no solo a él sino que a su familia, produciendo en ella sentimientos de inseguridad, frustración e impotencia que merman su integridad psíquica al cargar con el peso y “responsabilidad” de las consecuencias que las publicaciones han generado tanto para él como para su núcleo familiar. Para agravar aún más la situación, los vínculos digitales a la información dañina aparecen en la primera página de los buscadores de la web y si se considera el hecho que su nombre y apellido no son comunes, estas publicaciones lo único que han hecho, en vez de informar, es crear la fórmula para acabar con su futuro social y laboral, interfiriendo en la proyección de su carrera, lo cual ha afectado su autoestima.

5°) Que, seguidamente, el recurso se refiere al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, añadiendo que además de lo señalado, los hechos reseñados han repercutido en la esfera de su vida privada y dañado su honra y la de su familia. La vigencia de las publicaciones en internet permite que todo el mundo pueda acceder a una información que además de obsoleta y añeja, también es incompleta ya que no indica los resultados del proceso mediante el cual se le formalizó y que concluyó, por falta de méritos e inactividad de la supuesta víctima, por aplicación del principio de oportunidad que consagra el Código Procesal Penal, en virtud del cual se pone término al proceso penal sin condena alguna.

Incluso en la hipótesis que hoy estuviera trabajando normalmente y con una situación económica estable, de todas formas se debe eliminar o impedir el acceso a dicha información, ya que no puede ser condenado eternamente en la web por publicaciones a las que el día de mañana, con la misma facilidad con que lo hacen sus potenciales empleadores, podrán acceder sus hijos, nietos y bisnietos. Su imagen, honra y dignidad se desploman con la vigencia de dicha información, tanto así que si quisiera nombrar nombre reservado a uno de sus hijos, no podría hacerlo debido a que heredaría el estigma digital de su padre por un mero alcance de nombres.

Pide que se tenga presente el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la denuncia y formalización; la resolución que dictó el Tribunal de Garantía; los perjuicios sufridos y las afectaciones a sus derechos fundamentales y ordene eliminar la información contenida en los sitios web administrados por los recurridos, así como también, todos los vínculos que indexen su nombre a la misma, ya que no existe justificación para su vigencia, citando un fallo de la Corte Suprema, rol N°22.243-2015.

6°) Que el recurrente expresa que el artículo 19 N°4 de la Constitución Política garantiza “El respeto y protección a la vida privada ya la honra de la persona y su familia.” Estos derechos no se suspenden ni siquiera en sede penal, como lo atestiguan los artículos 4, 7 inciso 1°, 9, 10 Y 289 del Código Procesal Penal, que cautelan su prevalencia; misma posición en la que se encaminan el Decreto Supremo N°64, de 27 de enero de 1960, que permite la eliminación de las anotaciones penales después de un breve tiempo, las leyes N°19.812 y 20.575, sobre vencimiento de registros informáticos bancarios, y la Ley N°19.628, sobre protección de datos, que contempla, entre otras cosas, la caducidad del almacenamiento de datos bancarios por expiración del plazo para su vigencia.

El ordenamiento jurídico protege el honor y vida privada de las personas en cuanto tales, incluso antes y después de su constitución jurídica; y que ha venido recogiendo la tendencia mundial de reconocer el derecho al olvido respecto de conductas reprochables de las personas -sean éstas penales, civiles o comerciales- después de un lapso de tiempo, como una forma de reintegrarlas al quehacer social, tal como lo hiciera el máximo tribunal a través del fallo citado, en causa rol N°22.243-2015, en que invocando y aplicando el “derecho al olvido” ordenó la eliminación de información de los soportes digitales, y cita a Pere nombre reservado, “El régimen constitucional del derecho al olvido en Internet”, en “Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet.”

Hace presente que el fallo del máximo Tribunal se pronunció a favor de la acción de protección intentada por una persona condenada por el delito de abusos sexuales contra menores, lo cual es incomparable con el caso sub lite en el que fue solo formalizado por una supuesta amenaza simple, encontrándose la causa terminada y no habiendo sido condenado por delito alguno.

Agrega que en el Congreso descansa un proyecto para consagrar en la Constitución Política el derecho a la protección de datos personales, que se ubicaría en el capítulo III de la Carta Fundamental (“De los derechos y garantías constitucionales”) e incorporaría dentro del numeral cuarto en su artículo 19 (que resguarda el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia) un nuevo inciso segundo, en el cual se establecería que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y obtener su rectificación, complementación y cancelación, si estos fueren erróneos o afectaren sus derechos, como asimismo a manifestar su oposición, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley. Su tratamiento sólo podrá hacerse por ley o con el consentimiento expreso del titular.”

Lo anterior evidencia el ánimo del legislador para que la Carta Fundamental reconozca y asegure el derecho a la protección de datos personales a través del derecho al olvido, por cuanto en su tratamiento se deben respetar las libertades y derechos fundamentales, especialmente la intimidad, vida privada y honra de las personas. El legislador está consciente que estos derechos requieren de mayor protección para los tiempos de hoy, en que la tecnología permite el libre acceso a información personal, y mientras no se plasme en una ley especial, se debe brindar a tales derechos la protección más potente que la institucionalidad ofrece, la Carta Fundamental.

7°) Que, seguidamente, el recurrente alude a la libertad de trabajo y su protección, aduciendo que la vigencia y facilidad para acceder a las publicaciones señaladas, por parte de cualquier persona que escriba su nombre en un buscador como Google, coarta su libertad de acceso al empleo, ya que es común que los encargados de selección de personal realicen búsquedas en internet para obtener información sobre los candidatos. En este sentido, de poco sirve su currículum y experiencia cuando está condenado no por un Tribunal de Justicia, sino por publicaciones añejas pero vigentes en internet que adquieren relevancia al momento de verificar información de un postulante a cualquier trabajo y de cualquier profesión u oficio. Esto es manifiesto cuando a más de dos años de las publicaciones, no ha logrado emplearse a pesar de su constante búsqueda y postulaciones laborales.

8°) Que, como conclusión, expresa que mediante esta acción no pretende impugnar la veracidad de la información que se publica en los medios digitales, el asunto radica en que hoy tiene cabida en el ordenamiento jurídico lo que en doctrina se conoce como “el derecho al olvido”, que se refiere a que una persona pueda aspirar· a la eliminación de una información desfavorable que le provoque perjuicios actuales y que se contenga en los sistemas informáticos disponibles, por una razón plausible. En su caso es necesaria la aplicación de tal derecho toda vez que la noticia es añeja, obsoleta y menoscaba su estabilidad síquico-laboral, tanto para él como para su familia.

La manifiesta vulneración de las garantías establecidas en los numerales 1°, 4° y 16° del artículo 19 de la Constitución Política hasta el fin de los tiempos o hasta que los administradores de estas páginas web decidan darlas de baja o, simplemente, desindexarlas con su nombre en los buscadores globales de internet, no puede quedar al mero arbitrio de los recurridos cuando la Constitución garantiza lo contrario.

La vigencia de una noticia como la de la especie, después de casi tres años, es ajena a la finalidad de informar a la ciudadanía de los hechos ocurridos en un momento determinado, que es en el que presenta mayor interés y utilidad. En el supuesto que en dicho momento se haya pretendido informar, hoy no tiene relevancia, interés, ni justificación que implique continuar con la vulneración de sus derechos fundamentales.

La mantención en línea y de libre acceso a las publicaciones periodísticas referidas en esta acción, hoy implican una vulneración de las garantías constitucionales citadas, puesto que no le ha permitido la reinserción en la vida social y laboral de manera tranquila y normal, al resultar estigmatizado con la información, afectando no sólo a su persona, sino que también a toda su familia.

No se divisa el beneficio actual para la libertad de expresión de mantener un registro digital detectable por cualquier motor de búsqueda informático, de una noticia que de todos modos puede ser consultada por métodos análogos mediante el ejercicio investigativo profesional de quien esté interesado. En este sentido lo que alega no es que la noticia deje de existir, sino no brindar accesos automáticos y facilitadores que hagan más difícil o imposible su recuperación y reinserción social y laboral.

El lapso de tiempo transcurrido resulta más que suficiente para resolver provisoriamente y en cautela de las garantías constitucionales mencionadas, que debe procurarse el “olvido” informático de los registros de dicha noticia, lo cual formalmente solicito.

9°) Que, como petición concreta y medidas que deben decretarse con el objeto de que se restablezca el imperio del derecho, plantea que se ordene a los recurridos valerse de todas las herramientas tecnológicas disponibles para que las páginas web que contienen la información no puedan ser indexadas por motores de búsqueda globales de internet como Google; y eliminar de manera definitiva toda la información relacionada con los hechos señalados de todos sus portales digitales, especialmente la información contenida en las direcciones web que transcribe.

Finalmente, pide tener por interpuesto recurso de protección y resolver declarando que los recurridos afectan las garantías constitucionales señaladas en su presentación, y ordene restablecer el imperio del derecho decretando las medidas pedidas o las que se estimen adecuadas.

10°) Que, mediante la presentación de fs.198 comparece don nombre reservado, por la recurrida Televisión Nacional de Chile (TVN), evacuando el informe ordenado. Solicita el rechazo del recurso, con costas, indicando que por razones de orden, su presentación se dividirá en dos capítulos, relativos a los hechos y a las razones para rechazar el recurso.

En cuanto a los hechos, explica que el recurrente don nombre reservado es abogado y en octubre de 2013 asumió como Seremi del Trabajo y Previsión Social de Atacama.

El 11.3.14 el señor nombre reservado presentó su renuncia a la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Atacama, la que fue aceptada por Decreto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El 12.3.14 nombre reservado fue formalizado por el delito de daños y amenazas simples en contra del director regional del Fosis, don Diego Daneri, en causa tramitada ante el Juzgado de Garantía de Copiapó.

En la audiencia de formalización, abierta a todo público, se informó que nombre reservado llegó hasta el departamento de Daneri y comenzó a patear y golpear la puerta con sus puños hasta romperla insultando a la presunta víctima para luego irse del lugar.

El fiscal formalizó la investigación en su contra por los delitos de amenazas simples y daños, el tribunal determinó un plazo de investigación de dos meses y una medida cautelar.

Agrega que por tratarse de un procedimiento penal en que estaba involucrada una autoridad pública, la formalización del recurrente fue objeto de cobertura periodística. Uno de los medios que informó la noticia fue el noticiero “24 Horas” de TVN, en cuya edición central de 12.3.14 se emitió una nota periodística sobre la audiencia de control de detención del recurrente.

Esa nota periodística está disponible en el sitio www.24horas.cl y en síntesis señala una referencia inicial a la denuncia en que Diego Daneri informa a Carabineros sobre la irrupción violenta de nombre reservado en su domicilio; una declaración del comisario de Copiapó, en que pormenoriza lo denunciado por la víctima, agregando que nombre reservado fue detenido constatándose que se encontraba bajo la influencia del alcohol; un registro de la audiencia de control de detención, en que el fiscal reproduce la relación de los hechos realizada por la víctima, especifica que nombre reservado pateó y golpeó con sus puños la puerta de su hogar hasta romperla, procediendo luego a insultarlo y amenazarlo en los términos que se reproducen. Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, agrega la nota, se formalizó a nombre reservado por los delitos de amenazas y daños simples; una declaración del fiscal adjunto a cargo de la investigación, don nombre reservado, donde expresa que el imputado no adujo razón alguna en la audiencia como justificación de su acción, y detalla que nombre reservado había tenido causas penales anteriores “por manejo de estado en ebriedad, por cuasidelito, por hurto, y una condena por hurto falta” (sic). Todo cual demuestra, en el concepto del fiscal, que el recurrente “tiene un problema de control de impulsos y de respeto a la legalidad.”

El registro culmina informando que el recurrente quedó en libertad pero sometido a la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, mientras el tribunal fijó un plazo de dos meses a la Fiscalía para investigar y citó a una audiencia para el 16.4.14 con el propósito de negociar un acuerdo reparatorio.

11°) Que, a continuación, el informe consigna que el recurrente nunca solicitó a TVN actualizar la información o eliminar el reportaje almacenado en www.24horas.cl.

Expresa que la legislación contempla mecanismos que facultan a los particulares para solicitar la actualización, rectificación e incluso la eliminación de datos personales, en la medida que se cumplan determinados requisitos.

No consta en la documentación acompañada al recurso, ni de la información con que cuenta TVN, que el recurrente haya presentado un requerimiento a su parte, aduciendo alguna causal legal que lo facultaría para solicitar la eliminación de la noticia de TVN.

De lo anterior se sigue que el recurso de protección, que tiene un propósito cautelar, no es el medio para que el recurrente solicite la eliminación de información porque no ha agotado los mecanismos legales para dicho propósito, de modo que no hay una acción u omisión arbitrario o ilegal de TVN.

Por esa razón no es efectivo respecto a TVN lo afirmado por el recurrente al señalar que “no he recibido respuesta satisfactoria a mis peticiones, ni solución por parte de los recurridos por lo que me veo en la obligación de recurrir de protección.”

Tampoco podría deducirse de ello que la doctrina del derecho al olvido “es la única vía plausible para poner término a la afectación de derechos fundamentales.”

Hace una referencia a la irreprochable conducta anterior del recurrente, que cuestiona, lo cual es totalmente impertinente, y luego hace un resumen del recurso.

12°) Que, a continuación, el informe se refiere a las razones para rechazar el recurso, íntegramente, respecto de TVN.

En primer lugar, TVN tiene derecho de propiedad indubitado sobre sus noticias y programas que no puede ser restringido salvo expropiación autorizada por ley, que está protegido por la Constitución y no puede ser limitado.

El artículo 19 N°24 de la Constitución garantiza el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales y su artículo 19 N°25 garantiza el derecho de los autores sobre sus creaciones intelectuales y artísticas, agregando que ese derecho comprende la propiedad de la obra y otros derechos.

Para evitar cualquier duda sobre la protección de que goza la propiedad intelectual, el artículo 19 N°25 de la Constitución dispone que “será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos 2°, 3°, 4° Y 5° del número anterior.”

La nota de TVN que motiva el recurso es una obra periodística y sobre ella existe un derecho de propiedad intelectual protegido por la constitución y la ley, señalando que la obra periodística tiene 4 rasgos distintivos.

Agrega que las obras periodísticas gozan de protección expresa en el artículo 3 N°s 1 y 6 de la Ley N°17.336 de Propiedad Intelectual, que otorga los derechos de paternidad y reivindicación de la obra junto con los demás derechos patrimoniales, de modo que al ser reconocidas como obras intelectuales gozan de toda la protección de los artículos 19 N°24 y 25 de la Constitución.

Además los derechos de propiedad de TVN sobre los contenidos que emite han sido discutidos en juicios de lato conocimiento y tanto la Corte Suprema como esta Corte han establecido que TVN goza de derecho de propiedad.

En consecuencia, la nota periodística que motiva el recurso está protegida constitucionalmente por el derecho de propiedad, de modo que TVN no puede ser privado de su propiedad o alguno de sus atributos esenciales, salvo en virtud de una ley que autorice una expropiación. Por esa razón no puede ser acogido el recurso de protección, ya que limitaría los atributos de uso y goce que TVN tiene sobre su nota periodística, artículos 19 N°24 y N°25 de la Constitución.

13°) Que, luego, el informe alega que el recurso es extemporáneo, indicando que se presentó el 20.6.16, por lo que es extemporáneo con respecto a TVN.

Conforme al Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso se interpondrá dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto u omisión.

Consta en los antecedentes acompañados por el recurrente, que el 24.3.16 presentó una reclamación ante Google solicitando que se retirara de la lista de resultados del motor de búsqueda, entre otros, el enlace de la página web de TVN -www.24horas.cl- en que está disponible la nota periodística con el video de la formalización del recurrente.

El link o enlace es especificado por la respuesta de 24.3.16 que Google da al recurrente, detallando que él solicitó eliminar, entre otras, la URL que detalla del resultado de búsqueda de Google.

Los e-mails entre el recurrente y Google en que se solicitó la eliminación del link con la nota periodística, prueban que el recurrente conoció que la noticia está a disposición del público al menos desde el 24.3.16, por lo que desde esa fecha debe contarse el plazo de 30 días para interponer el recurso, de modo que al 20.6.16 fecha de su presentación, transcurrieron 87 días, siendo extemporáneo.

La nota periodística de TVN nuevamente es presentada ante el conocimiento del recurrente por otro correo acompañado por él de 3.5.16, en que el equipo de Google responde su solicitud indicando que ha decidido no retirar del motor de búsqueda el enlace señalado.

Lo expuesto prueba que el recurrente conoció que la nota periodística de TVN estaba a disposición del público hace mucho tiempo, por esa razón ya sea que el plazo de 30 días se cuente desde el 24.3.16 o desde el 3.5.16, el recurso es extemporáneo.

14°) Que, a continuación, el informe argumenta que no hay acto ilegal o arbitrario, porque TVN actuó en ejercicio de la libertad de informar y emitir opinión garantizada por el artículo 19 N°12 de la Constitución, por tanto, actuó en ejercicio de un derecho de forma lícita.

Por ende, no puede ser ilegal o arbitrario el actuar de TVN, al estar amparado por el ordenamiento jurídico.

Conforme al artículo 19 N°12 de la Constitución, si el recurrente quisiera sostener lo contrario deberá probar que hubo delito penal o abuso, materia que debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento conforme a las disposiciones de la Ley N°19.733 y no en esta sede cautelar. En apoyo de sus afirmaciones trae a colación un fallo de esta Corte que fue confirmado por la Corte Suprema, que rechazó dos recursos de protección contra el sitio web reclamos.cl en que se solicitó eliminar información de Internet.

Por lo expuesto, al actuar en ejercicio de un derecho y no incurrir en abuso o delito, procede rechazar el recurso con respecto a TVN.

Por último, no existe acto arbitrario por el hecho de mantener la noticia en Internet, porque el objeto de la noticia es un asunto de interés público.

La noticia trata un procedimiento penal iniciado contra un funcionario público y la comisión de ilícitos penales junto con su investigación es por definición un asunto de interés público y como tal es legítimo que los medios informen sobre él.

En este sentido, la Ley N°19.733 dispone en su artículo 30 que: “(…) se considerarán como hechos de interés público de una persona los siguientes:

a) Los referentes al desempeño de funciones públicas; (…)

e) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso; (…)

f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos.

Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que ellos fueren constitutivos de delito.”

En este caso lo informado se refiere a una persona que a la época de la noticia era funcionario público (art. 30 letra a), se trata de una actividad a la que tenía libre acceso el público como es la audiencia de formalización (art. 30 letra e), y se trataba de un procedimiento para determinar si hubo o no comisión de un delito (art. 30 f).

Añade que nada de lo informado está entre las hipótesis que la ley considera pertenecientes a la esfera privada: vida sexual, conyugal, familiar o doméstica.

En conclusión, por disposición expresa del artículo 30 de la Ley N°19.733 lo informado por TVN es un asunto de interés público, de modo que no hay nada de arbitrario ni ilegal en mantener la en Internet.

15°) Que, seguidamente, el informe explica que el legislador estableció procedimientos para eliminar datos personales, excluyendo de forma expresa los medios de comunicación.

La legislación chilena regula procedimientos que permiten a los particulares solicitar la modificación, desindexación e incluso la eliminación de información que sea en algún modo lesiva para sus garantías fundamentales. Esa norma es la Ley N°19.628 que definió" de forma expresa la situación de los medios.

La Ley N° 19.628 estableció el derecho de las personas a controlar sus datos personales. Con el propósito de asegurar dicha protección, la misma ley facultó a los titulares de datos personales para solicitar a terceros que: (i) les informen si tienen en su poder datos personales (art. 12 inciso 1°); (ii) los modifiquen (art. 12 inciso 2°); (iii) los eliminen (art. 12 inciso 3° y 4°); o, (iv) los bloqueen (art. 12 inciso 4°).

En su artículo 1° inciso 1° dicha Ley estableció expresamente una excepción, disponiendo que:

“El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, N°12, de la Constitución Política.”

Lo anterior significa que los medios de comunicación social se rigen exclusivamente por la Ley N°19.733 y conforme a sus disposiciones sólo serán responsables si incurren en delito o abuso, razón por la que los medios de comunicación no están obligados a eliminar datos personales, a menos que la Ley N°19.733 lo contemple, lo que ocurre en 2 hipótesis, y en este caso no se está en ninguna de ellas. Acoger el recurso implicaría ir contra el texto legal expreso del artículo 1° inciso 1 la Ley N°19.628 que impide solicitar a un medio de comunicación eliminar datos personales en hipótesis diferentes a las contempladas por la Ley N°19.733.

16°) Que el informe sostiene que no hay afectación de garantías constitucionales, ya que la información de la noticia no está protegida por la privacidad y la honra.

El recurrente alega que mantener la noticia en Internet afectaría su privacidad y honra, lo que no es efectivo porque lo informado no está protegido por la privacidad.

Tampoco ha habido afectación a la honra porque todo lo informado es veraz.

Al incurrir en actos que justificaron ser formalizado en un proceso penal y tener calidad de funcionario público, la noticia contiene información pública que no está protegida por la privacidad, por esa razón el recurrente no es titular de la garantía constitucional que invoca.

Este criterio ha sido ratificado en dos fallos recientes de esta Corte, ambos confirmados por la Corte Suprema, señala, agregando que en el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina.

Confirmando que lo relativo a que un proceso penal no es un asunto privado a pesar que transcurra el tiempo, el artículo 44 del Código Procesal Penal dispone que los registros de la investigación serán públicos transcurridos cinco años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos.

Al no haber afectación de la privacidad ni de la honra, porque lo informado no es un hecho privado y se trata de información veraz, procede rechazar el recurso al no haber acto ilegal y arbitrario.

17°) Que, luego, el informe dice que no es efectivo que la noticia impida al recurrente trabajar, aduciendo que éste es abogado y ha trabajado como tal con posterioridad a la noticia.

Tras su renuncia a la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Atacama, desde abril de 2014 el recurrente ejerce como abogado y socio de “Defensa Sanitaria”, como consta en su perfil de Linked-In.

Agrega que confirma que el recurrente trabaja como abogado y no sufrió el perjuicio que reclama, el hecho que durante 2014 patrocinó al menos en los juicios que detalla (9) y aun ejerce como abogado, ya que en 2016 ha sido patrocinante en dos juicios, señalando el sitio Web de defensa sanitaria detalla los servicios que presta.

En conclusión, el recurrente ha podido insertarse al mercado laboral sin problemas con posterioridad a la emisión de la nota periodística, razón por la que el recurso debe ser rechazado.

Por último, incluso si se llegase a considerar que el recurrente ha visto afectada la posibilidad de reinsertarse al mercado laboral, eso no tiene ninguna relación con los actos de TVN, sino que se debe a los actos que voluntariamente llevó a cabo el recurrente y que terminaron con su formalización.

18°) Que, continuación, el informe precisa que el derecho al olvido que el recurrente invoca a su favor es impertinente para este caso.

El “derecho al olvido” es una doctrina reciente, que surgió en el derecho comparado, específicamente en Europa el año 2014 y no ha sido reconocida en forma expresa en el derecho positivo chileno.

Consiste en dar a las personas la facultad de pedir que se actualicen o desindexen sus datos personales (que no aparezca en los resultados al usar un motor de búsqueda, como por ejemplo Google), después que ha transcurrido el tiempo sobre la base de que el acceso a esos datos se ha vuelto irrelevante, pero afecta a su titular.

Al no estar consagrado de forma expresa en nuestro derecho positivo, el derecho al olvido no está protegido por el recurso de protección, a menos que se asimile a una garantía cautelada por ese recurso.

Luego menciona y se refiere latamente al primer caso que consagró el derecho al olvido, y concluye que cuando en Europa se aceptó el derecho al olvido, se estableció que no es incondicional e ilimitado, su alcance está restringido únicamente al tratamiento de datos (concepto que sí está definido en nuestra legislación artículo 2, letra o) Ley N°19.628) en la medida que se cumplan ciertos requisitos como transcurso del tiempo, que la información se haya vuelto irrelevante, siendo los responsables y obligados los motores de búsqueda como Google y no la prensa.

19°) Que el informe aborda las decisiones de los tribunales chilenos, con posterioridad a su reconocimiento en Europa. Expresa que ha habido al menos dos decisiones en que se invocó expresamente el derecho al olvido, Graziani con El Mercurio, Corte Suprema 22.1.16 rol N°22.243-2015, en el que la Corte de Santiago rechazó el recurso, pero la Corte Suprema conociendo de la apelación, en votación dividida revocó esa decisión y lo acogió sobre la base del razonamiento que detalla.

El segundo asunto es Godoy con Medios de Comunicación (caso nombre reservado), Corte de San nombre reservado 7.7.16 rol N° 962-2016, en que la recurrente es la viuda de nombre reservado, fallecido el 8.4.06, imputado por asesinato en el emblemático caso “nombre reservado”, quien supuestamente habría llevado una doble vida junto a la víctima y posteriormente lo habría descuartizado, para luego suicidarse cuando era buscado por las policías.

La Corte de San nombre reservado rechazó el recurso, decisión quedó firme porque el fallo no fue apelado.

Explica que la decisión correcta es la adoptada en el caso nombre reservado y no la adoptada en el caso Graziani.

Pero incluso si se considerase que la decisión del caso Graziani debe primar, el presente caso no cumple con los requisitos que esa sentencia estableció.

Señala porque la decisión del fallo Graziani es incorrecta, y a propósito de este examen explica que el derecho al olvido es una materia de lege ferenda en nuestro ordenamiento, y que para que se acoja el recurso de protección es necesario que el recurrente sea titular en forma indubitada de un derecho, porque esta no es una sede que declare derechos, atendido su carácter cautelar.

Por ser el derecho al olvido en la actualidad una materia de lege ferenda que está siendo discutida en el Congreso (Proyecto de Ley Boletín 10.608-07), no procede otorgarle el carácter de derecho indubitado.

Asimismo, el derecho a la reinserción social tampoco figura entre las garantías cauteladas por el recurso de protección.

20°) Que el informe expresa que el recurso debe rechazarse incluso bajo los parámetros del caso Graziani, agregando que en el evento que se ignoraran los errores de Graziani y se decidiera aplicarlo para resolver esta controversia, el recurso de autos debe ser rechazado por varias razones.

En primer lugar, dice que han transcurrido apenas dos años y meses desde la noticia, y Graziani estableció que el factor decisivo para otorgar el derecho al olvido era el transcurso del tiempo, específicamente de un periodo superior a diez años.

En segundo lugar, argumenta que TVN no es un buscador como “Google”, sino que es un medio de comunicación social, de modo que su actividad está protegida por el artículo 19 N°12 de la Constitución y por la Ley N°19.733. Desde el punto de vista de Internet es un proveedor de contenidos, Google en cambio, es un intermediario de Internet, un buscador.

Para efectos de aplicar el derecho al olvido la distinción anterior es esencial, pues como se señaló, el motor de búsqueda Google es quien efectúa tratamiento de datos, él es el responsable de esa conducta.

La distinción entre medios de prensa y buscadores como Google responde a razones de fondo esenciales.

Los medios de prensa actúan en ejercicio de la garantía constitucional de la liberad de informar conforme al artículo 19 N°12 de la Constitución, regulada por la Ley N°19.733, por tanto, la publicación de las noticias está constitucional y legalmente justificada, a menos que exista delito o abuso. La razón de lo anterior es que la libertad de prensa es esencial en un régimen democrático para posibilitar el escrutinio del poder público por parte de los ciudadanos.

Tratándose de buscadores como Google la situación es diferente, porque su actividad no está amparada por la garantía constitucional del artículo 19 N°12 de la Constitución. Aquí se debe ponderar el interés económico del dueño del motor de búsqueda con el interés del recurrente en evitar que terceros accedan a información sobre su persona.

En conclusión, dice, atendido que los intereses que deben ponderarse son de diferente naturaleza, es esencial distinguir entre los medios de prensa y el buscador Google. Contra los primeros nunca debe acogerse un recurso como el de autos, pues su actividad está constitucional y legalmente justificada, salvo que haya delito o abuso, mientras que contra el buscador, si se cumplen los requisitos, podrá ordenarse que elimine de sus resultados lo datos personales del recurrente.

En tercer lugar, dice, el interés público en la noticia publicada por TVN subsiste, de modo que en cualquier evento el recurso debe ser rechazado.

Muchas veces es necesario designar a personas para ocupar cargos de importancia en el sector público. Para estos efectos resulta esencial conocer todos los antecedentes de los candidatos a fin de elegir al más idóneo.

Cuando los organismos públicos no cuentan con la información necesaria, se cometen errores en la designación que después afectan el funcionamiento del gobierno porque se retardan las designaciones. Son ejemplos de casos recientes, mencionando los de don nombre reservado, designado el 23.8.16 como Subsecretario General de Gobierno. Al día siguiente de su designación rechazó el nombramiento porque había sido acusado de plagio y de don nombre reservado, designado el 11.5.15 como Ministro de la Secretaría General de la Presidencia. El 7.6.15 renunció tras ser cuestionado por prestar a asesorías a empresas mineras.

Don nombre reservado y don nombre reservado, designados en 2014 como subsecretarios de Agricultura y Bienes Nacionales respectivamente. Al poco tiempo tuvieron que dejar los cargos, en el caso de nombre reservado porque en 2011 fue vinculado a un caso de “ofensas al pudor” contra una mujer en el Metro; y, nombre reservado por conocerse la presentación de querellas en su contra.

Para evitar que ocurra algo similar a los casos señalados, es necesario conservar la nota periodística de TVN y rechazar el recurso, pues de lo contrario el recurrente podría ser elegido en cargos públicos y los encargados de designarlo no contarán con información relevante.

Lo anterior es un riesgo cierto y concreto en este caso, porque el recurrente postuló recientemente a organismos públicos, como consta en autos.

Al subsistir el interés público, se justifica mantener la noticia aun cuando haya sucedido mucho tiempo atrás. La razón es que las relaciones entre las personas se basan en la información que tenemos de ellas, lo que es especialmente relevante en el caso de quienes postulan a cargos públicos como el recurrente, haciendo esencial poder contar con los antecedentes sobre su trayectoria personal y profesional.

21°) Que, luego, el recurso aborda un capítulo que denomina “Consecuencias catastróficas para la libertad de prensa de acogerse el recurso de protección.”, consignando que acoger el recurso de autos tendría consecuencias catastróficas para la libertad de prensa, porque implicaría el fin del periodismo judicial, ya que abriría la puerta para que las personas que aparecen en una noticia relativa a procedimientos penales pueda solicitar su eliminación en un período de tiempo muy breve, desincentivando la actividad periodística.

En consecuencia, si en un caso como este en que han transcurrido menos de dos años desde que terminó el procedimiento penal objeto de cobertura periodística se ordena borrar las noticias que contienen información veraz y que no constituyen abuso o delito, se estaría afectando la libertad de prensa, porque los periodistas que cubran noticias sobre tramitación de procesos penales siempre estarían expuestos a que se acoja en su contra un recurso como éste, lo que la larga desincentivará la cobertura de estos sucesos.

22°) Que, el informante aduce que la ponderación de las garantías constitucionales nunca puede afectar el contenido esencial del artículo 19 N°26.

El recurrente solicita “(…) eliminar de manera definitiva toda la información relacionada con los hechos señalados en todos sus portales digitales.”

Lo anterior debe rechazarse, porque sería un caso que vulneraría el contenido esencial del derecho consagrado en el artículo 19 N°12, en infracción del artículo 19 N°26, este último dispone que las normas legales que regulen o limiten los derechos que la constitución establece no podrán afectar los derechos en su esencia.

Lo anterior significa que incluso en el improbable caso de que se considerase procedente el recurso de protección, esa decisión nunca podría eliminar de forma definitiva la nota de prensa y su emisión, porque afectaría el contenido esencial del derecho a ejercer la libertad de información.

En este caso el registro de TVN existe exclusivamente en soporte digital, por lo que de acogerse el recurso la nota sería eliminada de forma absoluta, impidiendo que en el futuro se pueda acceder a ella afectando el contenido esencial de la garantía constitucional del artículo 19 N°12 de la Constitución.

Pide, por último, tener por evacuado el informe y rechazar con costas el recurso.

23°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

24º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

25°) Que, según se ha explicado, don nombre reservado, abogado, ha interpuesto recurso de protección en contra de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE, representada por doña nombre reservado, como administrador del sitio web www.24horas.cl; por lo que ha denominado las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias que se han perpetuado y que vulneran de manera continua los derechos y garantías fundamentales que la Constitución Política de la República reconoce a todos los habitantes del territorio.

La acción se entabló, además, contra otras entidades, mas la parte recurrente se desistió parcialmente, y a fs.235 se le tuvo por desistido respecto de la Empresa El Mercurio S.A.P. y de Gestión Regional de Medios S.A., quedando el recurso vigente respecto de Televisión Nacional de Chile.

El recurso se funda en la circunstancia que el recurrente, el 12 de marzo del año 2014, fue formalizado por los delitos de daños y amenazas simples en contra de un vecino, como resultado de la denuncia que éste realizó a Carabineros de Chile. El recurrente no desconoce que insultó a la supuesta víctima por motivos que no tienen relación con la acción de protección, pero la denuncia y su posterior formalización tomó interés para la prensa atendido el cargo público que detentaba hasta el día anterior a la ocurrencia los hechos, el día 11 de marzo de 2014, en el cual se hizo efectiva su renuncia. En la audiencia de formalización estuvieron presentes los medios de comunicación fotografiando y filmando para posteriormente difundir y replicar la información en medios escritos físicos y digitales, la que en estos últimos perdura y está disponible hasta el día de hoy.

Entonces, denuncia que desde la fecha en que se hizo pública su formalización en los medios de comunicación recurridos, la que se mantiene, se han vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1°, 4° y 16° de la Constitución Política, ya que transcurridos más de dos años y tres meses desde la ocurrencia de los supuestos hechos, los medios de comunicación han mantenido vigente y en línea, a través de sus portales web, la información relativa a su formalización.

Empero, el proceso concluyó por aplicación del principio de oportunidad consagrado en el artículo 170 de Código Procesal Penal, de manera que no hubo sentencia condenatoria.

Cree el recurrente que si bien la noticia pudo haber sido pertinente de publicar, por el hecho de haber detentado un cargo público hasta el día anterior a la ocurrencia de los hechos, al día de hoy las publicaciones no tendrían sentido para mantenerse en línea en los sitios web de los medios de comunicación recurridos, atendido todo el tiempo que ha transcurrido, pero principalmente por la afectación de garantías constitucionales que la vigencia y permanencia de las publicaciones en internet constituyen.

Denuncia haber sufrido perjuicios, puesto que desde el día siguiente al que se hizo efectiva su renuncia y dejó de ser funcionario público, desde el día 12 de marzo de 2014 a la fecha, no ha podido acceder a un empleo a pesar de su búsqueda, de la cual dan cuenta sus postulaciones online en los sitios web de trabajando.com y laborum.cl, entre otros, y los innumerables correos enviados a los encargados de selección de personal y recursos humanos de distintas empresas e instituciones. Además, ha afectado a su familia.

26°) Que la recurrida, Televisión Nacional de Chile, alegó en primer término, la extemporaneidad del recurso, y en seguida, pidió el rechazo, por los argumentos ya consignados.

Primeramente, conviene despejar el asunto, haciéndose cargo esta Corte de la alegación de ser extemporánea la acción cautelar, la que corresponde rechazar, porque como es evidente, se reclama no solo de la inclusión de la noticia en un sitio de internet, sino que principalmente de su mantención en el mismo, lo cual provoca efectos que perduran hasta el día de hoy, por lo que quien recurre ha podido, desde el punto de vista formal del término establecido para ello, reclamar, estando dentro de plazo para hacerlo.

27°) Que, en cuanto al fondo, el asunto es distinto, ya que, tal como también se ha expresado, para que proceda el recurso de protección es necesario, en primer lugar, que exista una acción u omisión ilegal o arbitrario.

Debe descartarse, en el caso de autos, la existencia de una acción de tales características, puesto que de lo que se ha reclamado es de la mantención de la noticia o reporte en cuestión en un medio digital, esto es, se trata de una omisión que se atribuye a Televisión Nacional de Chile.

Más la omisión tampoco reviste la naturaleza de ser ilegal, puesto que no se ha demostrado que contraríe alguna norma de rango legal o constitucional. Debe agregarse que ella tampoco es arbitraria, puesto que en rigor, y tal como ocurre con un medio de comunicación físico, esto es, de papel, una noticia cualquiera se inserta y, desde luego, se mantiene por tiempo indefinido en el medio escrito, siendo el período que durará aquel por el cual cada persona que adquiera un ejemplar del medio periodístico de que se trate, lo mantenga en su poder. Incluso más, ejemplares de los periódicos se mantienen en las bibliotecas de las propias empresas periodísticas, y también en la Biblioteca Nacional.

Entonces, si en un medio escrito una noticia se mantiene por largo tiempo, pudiendo además alguna persona mantener un ejemplar determinado, con alguna noticia o reporte que le interese en forma específica, resulta evidente y atendible que con un medio digital ocurra lo mismo, esto es, la noticia se sube al medio digital de que se trate, y se mantiene allí, del mismo modo como si se imprimiera, y no se advierte la razón en este caso en particular, de que la parte recurrida quisiera mantenerla especialmente para perjudicar al recurrente, sobre todo, si se tiene en consideración que éste ni siquiera se ha apersonado en las oficinas de la misma, para intentar su eliminación.

Resulta cierto que lo deseable sería que cada medio de comunicación se preocupara de completar la noticia, en forma especial, si con posterioridad un proceso, a cuyo respecto se informó en algún momento, termina sea con una condena, sea con una absolución, o bien con algún tipo de salida alternativa que no importe condena. Sin embargo, esta es una cuestión que atañe a las políticas de cada empresa en particular.

Empero, en este punto también ha habido inactividad de la parte que recurre, que no ha instado porque se informe, en el mismo medio recurrido, su actual situación procesal en la causa cuya formalización motivó la noticia.

28°) Que, corresponde agregar y precisar que la noticia misma se entregó por parte de la recurrida, entre otros, en el ejercicio del derecho fundamental contemplado en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República, norma que consagra “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.”

Desde luego se trataba de una noticia de las que en nuestro país son relevantes, porque el recurrente había ejercido un cargo público, y se le acusó luego y fue incluso formalizado, como el mismo recurso lo ha señalado y reconocido, por la comisión de delitos comunes, siendo objeto de una medida cautelar.

El recurrente incluso ha podido hacer uso del derecho que la propia Carta Fundamental le otorga, en el inciso 3° del mentado artículo 19 N°12.

De este modo, no hay ejercicio abusivo de la libertad de informar, sino que la nota periodística se ajusta estrictamente a la realidad de lo ocurrido, sólo que no se refiere al epílogo del proceso.

29°) Que, aclarado que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, el análisis del recurso debiera concluir. Sin embargo, puede, brevemente, afirmarse que, además, el recurrente no tiene un derecho indubitado que esgrimir, y lo que busca por medio de esta acción es justamente lo contrario, que se establezca que tiene el denominado derecho al olvido, cuestión que no corresponde porque como reiteradamente se ha señalado, la acción cautelar de protección no es una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de alguno ya preexistente y de que es titular, y no siendo el señalado preexistente, nada hay que proteger.

El derecho al olvido, que se ha invocado, por lo demás, no tiene consagración legal en nuestro sistema jurídico, de modo entonces que no puede ser la base de un recurso de protección, aun cuando sí podría serlo de una acción ordinaria de lato conocimiento.

Esta afirmación es sin perjuicio de que diversas normas instan porque se restrinja la información a disposición del público contenida en documentos oficiales, prueba de lo cual es el propio artículo 38 del actual texto de la Ley N°18.216.

30°) Que, finalmente, y en términos generales, puede sostenerse que tampoco existen garantías constitucionales que se hayan vulnerado por la recurrida, pues el recurrente no ha demostrado que así haya ocurrido, y ello deriva en gran medida de la acción que escogió para reclamar, pues como se dijo, no resulta idónea para ello.

Por cierto, su situación no es diversa de la que enfrenta gran número de ciudadanos que toman parte en incidentes que derivan en cuestiones del orden policial y/o judicial y que son ampliamente divulgados por la prensa, tanto escrita como virtual, la mayoría de los cuales solo presentan un interés inicial, sin que importe para nada su finalización, que suele ocurrir mucho tiempo después. Es efectivo que en algunos otros casos, de mayor relevancia, el seguimiento que hace la prensa es más completo, y se extiende hasta su finalización, pero se trata de una cantidad reducida de procesos que están en esta categoría, ya que la mayoría se agota con la información inicial, tal como ha ocurrido con el caso de autos.

31°) Que, en resumen, el recurso de autos no puede prosperar, por las razones indicadas, debiendo ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se rechaza la acción cautelar de protección intentada por el abogado don nombre reservado, en lo principal de la presentación de fs.76.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°49.258-2016.

No firma el Ministro señor Mario Rojas González, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare e integrada por el Ministro señor Mario Rojas González y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.