CONDOR BUS LIMITADA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO PONIENTE

C.A. de Santiago Santiago, veinte de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente Primero: Comparece Jorge Concha Cáceres, Abogado, en representación de Cóndor Bus SpA., y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, a fin de que se adopten las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la empresa recurrente, toda vez que no se ha ejecutado un acto administrativo, estando obligado el órgano recurrido a hacerlo, lo que constituye una perturbación de su garantía de igualdad ante ley y derecho de propiedad, garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Funda su pretensión refiriendo que la entidad recurrida incurre en una conducta arbitraria e ilegal, consistente en la negativa de admitir a tramitación una solicitud de reconsideración de multa administrativa, por haberse presentado ésta en forma extemporánea, al contabilizar los días para la interposición de dicha recurso como de días corridos y no como días hábiles administrativos, ignorando así lo dispuesto por la normativa aplicable al caso y atribuyéndose la facultad de establecer requisitos que nuestro legislador no ha dispuesto al efecto.

Señala que el acto recurrido fue notificado el 16 de junio 2018, de manera que el recurso es presentado dentro de plazo.

Que por resolución de multa N°1132/18/13, de 29 de marzo de 2018, la recurrida aplicó a la afectada una multa administrativa ascendentes a 20 IMM, por supuestas infracciones que en dicha resolución se imputan. Contra esta resolución de multa, el 05 de junio de 2018 se solicitó reconsideración administrativa, pidiendo que la multa fuera dejada sin efecto por adolecer de errores de hecho, o en subsidio rebajada al 50%, por los motivos que en dicho recurso de reconsideración se expresaron.

Luego, por Ordinario N°00564, de 07 de junio de 2018, el Inspector Comunal del Trabajo (S) de Santiago Poniente declaró inadmisible el recurso de reconsideración planteado, fundado en que la solicitud no se habría presentado dentro del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación. De esta forma, la autoridad entiende que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo vencía el día 20 de mayo, considerando que la notificación de la multa se había verificado con fecha 20 de abril.

Sin embargo, el plazo para interponer recurso de reconsideración administrativo en contra de la resolución que aplica una multa no es un plazo de días corridos. En ninguna parte el artículo 512 del Código del Trabajo señala que el plazo de treinta días tenga este carácter, razón por la cual yerra la autoridad administrativa al declarar, la extemporaneidad de la presentación.

Por el contrario, el plazo de 30 días que el artículo 512 establece para recurrir de reconsideración es un plazo de días hábiles administrativos, esto por aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N°19.880, sobre Procedimiento Administrativo; artículo que establece que “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos”, y pro tratarse de un acto administrativo.

Por lo anterior, refiere que el plazo para interponer la solicitud de reconsideración en contra de la resolución de multa N°1132/18/13 vencía el día 5 de junio de 2018, y a.l haber interpuesto el recurso precisamente ese día resulta, entonces, que éste se dedujo oportunamente, por lo que la inadmisibilidad declarada por el Inspector Comunal del Trabajo de Santiago Poniente, es improcedente e injustificada.

En virtud de lo argumentado, aparece con claridad que lo que corresponde aplicar en caso de duda sobre el sentido y alcance, en este caso, del artículo 512, no es la ley general contenida en el Código Civil sino que la ley especial, constituida por el Código del Trabajo y la Ley No19.880, en tanto ambas están referidas, en lo que nos importa, a una misma materia o asunto, cual es el procedimiento administrativo de fiscalización y sanción. Se debe aplicar en la especie la normativa más acorde y coherente con la materia que se está regulando y ello nos lleva a aplicar a una situación de carácter jurídico administrativo una norma o solución propia de ese ámbito.

En consecuencia, la actuación de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente constituye una acto arbitrario, desde el momento en que éste negó tramitar una solicitud de reconsideración administrativa, en los términos del artículo 511 del Código del Trabajo, presentada dentro de plazo legal, afectando con ello la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que tutela la igualdad ante la ley, toda vez que al desconocer entidad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario.

Por tanto, solicita tener por interpuesto recurso de protección, acoger la presente acción de protección, dejando sin efecto el acto ilegal y arbitrario contenido en el Ordinario N° 00564 de fecha 7 de junio de 2018, y en definitiva ordenar admitir a tramitación y pronunciarse sobre el fondo del recurso de reconsideración administrativa deducido por mi representada en contra de la Resolución de Multa N°1132/18/13, de fecha 29 de marzo de 2017, con expresa y ejemplar condena en costas.

Segundo: Que informando la recurrida, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

Indica que la actora ha recurrido en contra del Ord. N° 564, en virtud del cual se le comunicó que no se dio curso a la solicitud de reconsideración presentada respecto de la multa 1132.2018.13, por estimar que su solicitud no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la multa.

La citada multa, le fue notificada a la actora el 20 de Abril de 2018 mediante carta certificada ingresada a la Oficina de Correos de Chile el 13 de Abril del año en curso, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 508 del Código del Trabajo, debe entenderse notificada al sexto dia hábil, esto es, el 20 de abril de 2018. Su solicitud de reconsideración fue presentada el 05 de junio, es decir, 16 días después de vencido el plazo de 30 días corridos desde la notificación de la multa según la doctrina de la Dirección del Trabajo en concordancia con lo expresamente dispuesto por la Contraloría General de la República en Dictámenes N° 64985 de 20-11-2009 y 17344 de 10-03-2014.

Respecto de las alegaciones que fundamentan el recurso de protección de la actora, señala que controvierte la interpretación de la recurrente, refiriendo que siempre ha resuelto la Dirección del Trabajo, del análisis de las normas contenidas en el Código del Trabajo, en relación a los plazos, que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles en materia laboral, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil. Situación que se aprecia en diferentes artículos del Código del Trabajo.

Que en el caso de la especie, el legislador solo estableció que el plazo era de 30 días, por lo cual se debe entender que es de días corridos, ya que de lo contrario lo hubiera establecido expresamente.

La interpretación realizada por la Dirección del Trabajo respecto del plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo se ajusta plenamente a lo señalado por la Contraloría General de la República en dictamen No 064985N09, de fecha 20 de Noviembre de 2009, en el cual se establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos.

De acuerdo con el predicamento expuesto, como el precepto en examen no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos. Corrobora esta interpretación la regla que establece el artículo 435, inciso tercero -ubicada, al igual que esa norma, en el Libro V del Código del Trabajo- conforme a la cual los términos de días que establece el Título I de ese libro, "se entenderán suspendidos durante los días feriados", toda vez que, a contrario sensu, la disposición del artículo 512 materia de la consulta, pertenece a otro título del mismo libro, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de dicha regla y, por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados.

En estas condiciones no resulta posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la ley N° 19.880, toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente por el Código del Trabajo.

Posteriormente, la CGR, con fecha 10 de Marzo de 2014, reitera y ratifica nuevamente la tesis sustentada por la Dirección del Trabajo en orden a que el plazo es de 30 días corridos ante requerimiento que la propia Dirección del Trabajo formuló ante la reiterada jurisprudencia en sentido opuesto. En efecto, el Dictamen No 17344, reitera que no es aplicable el art. 25 de la Ley 19.880 supletoriamente, al disponer que aunque el proceso sancionatorio en comento configura un procedimiento administrativo especial, la aplicación supletoria prevista en el artículo 1° de la ley N° 19.880, está destinada a integrar algo que falte dentro de dicho procedimiento, lo cual por cierto no ocurre cuando, como sucede en la especie, de la preceptiva que lo rige aparece sistemáticamente cual es la regla que corresponde aplicar y en el caso que interesa, de la figura contemplada en el citado artículo 25 alteraría el sistema de plazos que, según aparece de los preceptos que analiza ese pronunciamiento, rige en el ámbito del Código del Trabajo, conforme al cual cuando el legislador ha querido establecer un término de días hábiles, lo ha consignado expresamente.”

Que la Dirección del Trabajo al ser un órgano de la administración pública y por tanto sujeto a la fiscalización y supervigilancia de la Contraloría General de la República, está obligada a aplicar las decisiones que este órgano contralor indique en respuesta a los requerimientos que el Servicio que represento le formule, de lo contrario, se verían expuestos sus funcionarios a las medidas disciplinarias que este organismo dictaminase.

En definitiva, la resolución impugnada se ajusta plenamente a derecho, no procediendo que sea dejada sin efecto.

En cuanto a la legalidad y arbitrariedad del acto impugnado señala que la Dirección del Trabajo y consecuentemente las Inspecciones del Trabajo, deben actuar con estricto apego a los mandatos constitucionales y legales, y dentro de la esfera de sus atribuciones, so pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho, por lo que en la especie la actuación de los Inspectores del Trabajo que dictaron los actos impugnados, se encuentran sujetas a las prerrogativas legales vigentes y en cumplimiento al mandato legal para la que fue investida, calificando la misma dentro de la más absoluta legalidad prevista y prescrita en los Artículo 6 y 7 de la Carta Fundamental, normas de la legislación laboral, artículo 52 CT, ley Orgánica del servicio y jurisprudencia administrativa aplicable al servicio, carece del mero capricho o de la sin razón, sino que dentro de las facultades que la ley confiere; cnsiderando además que el Ordinario objeto de la presente acción fue dictado considerando lo sostenido al respecto reiteradamente la CGR, por lo que el presente recurso es del todo improcedente.

En cuanto a las garantías constitucionales señaladas como vulneradas refiere que la actora sólo se limita que se ha vulnerado con el actuar del Servicio sus garantías constitucionales, sin embargo, no se percibe relación alguna con la supuesta vulneración invocada, ni qué habría afectado a la recurrente vulnerando dicha garantía constitucional, menos aún, cuando el Servicio ha mantenido inalterablemente su postura respecto a la presentación de la solicitud de reconsideración de multa administrativa, que es de 30 días corridos, no existiendo antecedente alguno que demuestre lo contrario, por lo que resulta imposible que la actora pretenda invocar una vulneración que en la práctica no existe, pues el tratamiento que se le ha dado, es el mismo que se la da a todo usuario en relación a la solicitud resuelta y que es motivo del presente recurso.

Por otra parte, la afectación a su derecho de propiedad no se da por la inadmisibilidad de su solicitud de reconsideración, sino por las infracciones a la legislación laboral que fueron constatadas por el fiscalizador, y no puede pretender la actora, que su derecho de propiedad le permita infringir la normativa laboral u otra.

Tercero: Que, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa y por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código Laboral, debe aplicarse supletoriamente el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, disposición que establece que éstos son de días hábiles, siendo inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, ya que al existir una modalidad de cómputo de los plazos “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Cuarto: Que no se encuentra controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado por el actor el día 5 de junio de 2018, de manera tal, que de acuerdo a lo razonado en el motivo anterior, aquel fue deducido dentro de plazo, por cuanto las resoluciones de multa impugnadas fueron notificadas a la sociedad recurrente el día 20 de abril del presente año.

Quinto: Que, en consecuencia, la actuación de la Inspección del Trabajo, mediante el Ordinario N° 564, constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por Cóndor Bus SpA en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, dejándose sin efecto el Ordinario N° 564 de 7 de junio de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa N°1132/18/13 de 29 de marzo de 2017.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-49092-2018.