nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
- Fecha
- 10 de octubre de 2017
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 49086-2017, sentencia de 10 de octubre de 2017
Resumen
Se rechaza la protección del conductor contra la Superintendencia de Seguridad Social: la acción es extemporánea y, además, el acto que rechazó las licencias médicas está debidamente fundamentado conforme al reglamento, sin ilegalidad ni arbitrariedad.
Texto íntegro
Santiago, diez de octubre de dos mil diecisiete.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que en estos autos se interpone recurso de protección por don nombre reservado, en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en cuanto la recurrido ha conculcado sus derechos a la vida e integridad física y psíquica, la salud y la seguridad social, derechos y garantías consagradas en el art. 19 N° 1, 3 inciso 5°, 9, 18 y 24 de la Constitución Política.
Fundamentando su recurso relata lo siguiente:
En Agosto de 2014 en su labor de conductor de camiones sufrió un accidente automovilístico, sin consecuencias fatales ni heridos de gravedad, pero quedó fuertemente impactado ya que era primera vez que vivía una situación de ese tipo.
Continuando sus labores nuevamente un mes después aproximadamente, perdió el control del camión de carga que conducía por el camino Melipilla a Clínica Las Condes, casi volcándolo, por lo que debió detenerse quedando paralizado por más de una hora.
Que frente a lo sucedido y sumado a cobros improcedentes de la Caja los Andes, que amenazaban la perdida de sus bienes, comenzó a presentar síntomas de insomnio, crisis de angustia e ideas suicidas, pasando a descuidar su aspecto personal y aseo.
El 24de noviembre de 2014 fue atendido en el CESFAM Dr. Carlos Godoy, donde fue atendido y ante la sospecha de un episodio depresivo moderado y de un cuadro de trastorno de estrés postraumático fue derivado a atención psicológica.
El 13 de mayo de 2015 sin manifestar mejoras de sus síntomas fue ingresado de urgencia al CESFAM DR. Carlos Godoy, donde fue diagnosticado con Trastorno de estrés postraumático, recetándosele risperidona y sertralina (medicamentos que por sus efectos le impedían seguir desarrollando sus labores), continuando con el tratamiento médico en dicho establecimiento.
El 10 de mayo de 2016 en el Consultoría Presencial de Salud Mental del Hospital del Carmen se reiteró el diagnostico anterior.
El 17 de enero de 2017 fue dado de alta psicológica, continuando con terapia psiquiátrica y farmacológica.
El 10 de junio de 2017 se entrega último informe que indica que atendido el avance se espera dar alta médica prontamente.
Expresa que durante todo este proceso se le han emitido licencias médicas por el CESFAM señalado, en total 18 licencias las que fueron rechazadas en primera instancia por el COMPIN Región Metropolitana y de las cuales solo apeló 10 ante la Superintendencia de Seguridad Social.
Con fecha 19 de junio de 2017 la Superintendencia de Seguridad Social concluyó que el reposo no se encontraba justificado, confirmando lo resuelto por el COMPIN.
Sostiene que lo expuesto afecta gravemente su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrados en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, puesto que el no pago de las licencias médicas le ha producido padecimientos de orden psicológico, impotencia, angustia y dolor.
Que lo anterior constituye una vulneración a su derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la misma Carta, porque lo privan de su derecho a una retribución monetaria contemplada en la ley en caso de imposibilidad de trabajar.
Respecto del N° 9 (Derecho a la protección de la salud), el COMPIN y la Superintendencia no han sido serias respecto a pasar por alto su actividad laboral y medicamentos que consume, ya que por un lado protegen su derecho a la salud al conferirle licencias médicas y por otro rechazan el pago de las licencias médicas, presionándolo a volver al mundo laboral en condiciones no aptas.
Que respecto del art. 19 N° 18, derecho a la seguridad social, ya que tiene derecho a ser tratado y evaluado de manera seria por las instituciones de seguridad social, adoptando las medidas necesarias para el resguardo de su integridad, lo cual no ha ocurrido en su caso.
Pide por lo expuesto se adopten todas y cada una de las providencias que juzgue necesaria y en especial aquella consistente en tener por aprobadas las licencias médicas: 606503-1; 630485-0; 656771-1; 684909-1; 712179-2; 730887-6; 35897577; 31576745; 783873-5; y 832329-1.
Acompaña a su recurso:
1. Copia de resolución Superintendencia de Seguridad social 19/06/2017, que confirma el rechazo al pago de las licencias.
2. Copia simple contrato de trabajo.
3. Anexo contrato de trabajo.
4. Solicitud de interconsulta o derivación de fecha 13/03/2015, se señala como hipótesis diagnostica “ideación suicida”
5. Ficha de ingreso a urgencia en Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak de fecha 13/03/2015, emitido por doctora médico Psiquiatra nombre reservado
6. Copia simple informe médico de fecha 17/11/2016. Emitido por nombre reservado, médico de CESFAM Dr. Carlos Godoy.
7. Copia simple informe médico de fecha 13/02/2017. Emitido por Dra. nombre reservado, médico de CESFAM Dr. Carlos Godoy.
8.- Copia Simple certificado médico de Psicóloga tratante nombre reservado.
9. Copia simple informe médico de fecha 09/06/2017. Emitido Dra. nombre reservado, médico de CESFAM Dr. Carlos Godoy.
10. Copia simple de certificado, emitido por don nombre reservado, director del centro de salud Familiar Dr. nombre reservado.
11. Copia simple de certificado, emitido por don nombre reservado, director del centro de salud Familiar Dr. nombre reservado; informe de fecha 10 de Julio 2017.
12. Receta médica de fecha 10/07/2017 Segundo: Que informando la recurrida solicita el rechazo del recurso por las siguientes razones:
- Extemporaneidad del recurso: Fundado en la consideración de las fechas que a continuación se detallan:
1.-Con fecha 29 de noviembre de 2016 el recurrente reclamó ante esa Superintendencia por rechazo de Compin, de esa misma fecha, por licencias médicas 630485-0 y 656771-1, por 60 días a contar del 17 de mayo de 2016, por reposo no justificado. Y que también reclamó de licencias 606503-1; 684909-1; 712179-2; 730887-6; 35897577; 31576745; 783873-5; 832329-1; un total de 10 licencias, extendidas por un total de 175 días a contar del 17 de abril de 2016, con la misma causal de rechazo.
2.- Por Res. Exenta 15660 de 19 de junio 2017 de la Superintendencia se rechazó el reclamo por no estar justificado el reposo, en base a los informes médicos aportados, los que no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Igual respecto de las restantes licencias.
3.- Con fecha 19 de julio último se ejerció acción constitucional de protección por lo que se ha excedido con creces el plazo de 30 días corridos, ya que el recurrente con mucha antelación tenía conocimiento de los rechazos, ya que con fecha 29 de noviembre de 2016 presentó el reclamo a la Superintendencia acompañando los antecedentes del rechazo del COMPIN, por lo que han pasado más de 8 meses desde la fecha de la presentación a la de interposición del recurso de protección.
4.- Sostiene además que la interposición de la presente acción se utiliza como última instancia, pero que de conformidad al DS N° 3 de 1984 la entidad encargada de la administración de licencias es el COMPIN, por lo que debió recurrirse en contra de dicho organismo y no de la Superintendencia.
5.- Que la interposición de reclamo ante la Superintendencia no suspende el plazo para recurrir de protección, ni tampoco las reclamaciones posteriores y resoluciones pueden considerarse para computar un nuevo plazo.
6.- Finalmente, que tampoco el recurso de protección es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales.
- En subsidio, plantea la improcedencia de la acción de protección en materia de seguridad social:
1.- La materia objeto del recurso corresponde al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado con la acción de protección.
2.- Que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad art. 149 del DFL N° 1 de 2005, del MINSAL y el DS N° 3 de 1984, del mismo Ministerio, corresponde a materias del campo de la seguridad social, y por lo tanto se encuentran excluidas del ámbito del recurso de protección.
- En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto, solicitando igualmente el rechazo del recurso, por los siguientes argumentos:
1.- En cuanto al derecho a licencia médica y el marco regulador: recuerda que la pérdida de capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, puede ser permanente o transitoria. En el primer caso se contemplan las pensiones de invalidez a través del sistema creado por DL N° 3500 de 1980, a cargo de los organismos pertinentes. En el segundo caso a través de las LICENCIAS MÉDICAS, regulados por el DFL N° 1 de 2005 y DS N° 3 de 1984, siendo el organismo competente el COMPIN o las ISAPRES, para hacer efectivo el derecho de cumplirse los requisitos legales, dando lugar al pago del subsidio por incapacidad temporal del DFL N° 44 de 1978.
2.- En caso de la suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador hace uso de la licencia médica, con un tratamiento, que debe conducir a que el trabajador se recupere y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.
3.- De lo expuesto queda de manifiesto que las licencias médicas son un derecho esencialmente temporal, cuyo fin es ayudar al trabajador para lograr la finalidad anteriormente indicada.
4.- En este contexto la actuación de la Superintendencia ha sido ajustada a derecho, al supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, cuyas funciones se encuentran contenidas en la Ley N° 16.395, en particular los artículos 2, 27 y 38, que en el caso particular se traducen en asegurar el otorgamiento, uso correcto de licencias médicas y una adecuada protección al cotizante y beneficiario de una institución de salud previsional o de Fonasa.
5.- Afirma que los pronunciamientos de la Superintendencia se hacen en la calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión.
Y el trabajador afectado puede solicitar dentro del procedimiento administrativo, de conformidad al artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, reconsideración si la decisión final le es desfavorable, siendo ésta la vía procedente.
Por lo tanto, el presente recurso desborda los límites de la acción de protección.
6.- De otra parte, el “derecho a licencia médica” del recurrente no reúne la condición de un derecho preexistente ni indubitado; por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.
7.- El trabajador ha tenido reposo desde enero de 2015 y según consta del peritaje psiquiátrico a que fue sometido, debió reintegrarse a su trabajo en febrero de 2016, sin acompañar informes médicos que permitieran prolongar el reposo más allá de las fechas autorizadas en sus licencias.
8.- Por último, en este caso hay ausencia de derechos vulnerados, ya que esa Superintendencia se remitió a resolver la situación planteada por el recurrente dentro del ámbito de sus competencias, no vulnerando las garantías señaladas ni menos se desprende de forma alguna que con la emisión de la referida resolución se puedan afectar las garantías esgrimidas.
Acompaña al informe copia de antecedentes que obran en expediente administrativo, relativos al caso del sr. nombre reservado.
Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.
Cuarto: Que, a efectos de resolver el presente recurso, es necesario recordar que el tal como lo establece el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, el plazo para impetrar la presente acción constitucional es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.
Y en el caso sub iudice, del mérito de los antecedentes acompañados por la Superintendencia de Seguridad Social, se advierte claramente que la resolución que se ha intentado impugnar mediante este arbitrio es realmente la emitida en con fecha 29 de noviembre de 2016 fecha en que presentó el reclamo a la Superintendencia acompañando los antecedentes del rechazo por parte del COMPIN de las licencias médicas extendidas por su médico tratante, y no aquella que desecha la reconsideración presentada, pues la decisión que estima lesiona sus derechos constitucionales ya se había producido con mucha antelación, más de 8 meses antes de la interposición del presente recurso, el 19 de julio último.
Quinto: Que, así las cosas, la presente acción resulta ser extemporánea.
Sexto: Que, no obstante los fundamentos esgrimidos en el considerando precedente, que importan desde ya el rechazo de la acción, analizando el fondo de la acción, ésta tampoco puede prosperar, desde que no se advierte en la resolución de la Superintendencia alguna ilegalidad o arbitrariedad que haga procedente este recurso. Por el contrario, el acto denunciado aparece dictado sujetándose a lo dispuesto en el artículo 16 del D. S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas, y se encuentra suficiente y debidamente fundamentado, pues lejos de aparecer dictado por capricho de la autoridad de Salud, la decisión en cuestión guarda relación con los antecedentes que obran en el expediente administrativo acompañado, en particular los documentos médicos que han servido de base a la decisión de rechazar las licencias médicas del actor y la ulterior reconsideración.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechaza el interpuesto en estos autos.
Regístrese, comuníquese y archívese Redacción de la Ministro Dobra Lusic.
Protección N° 49086- 2017 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.