Protección contra Servicio Nacional de Menores y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juven

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Menores y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en su calidad de continuador legal, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, notificada el 7 de enero de 2026, que pone término anticipado a su designación a contrata. Considera dicha actuación ilegal y/o arbitraria, ya que se funda en informes de evaluación por competencias evacuados por psicólogos de una consultora privada, exigencia que sostiene no está establecida en ninguna de las leyes que regulan el traspaso de funcionarios del SENAME al nuevo Servicio; porque tales informes no se condicen con el perfil de cargo de Coordinador de Oferta ni explican qué parte de sus respuestas justifica sus conclusiones; y porque, pese a haber obtenido un 57,9% de ponderación, no habría existido revisión de sus antecedentes por la Comisión Revisora, con participación de un dirigente de su asociación gremial, incumpliéndose el Protocolo de Acuerdo y la resolución del Servicio.

Señala que lo anterior vulnera sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de prohibición de diferencias arbitrarias, contenidos en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, la recurrente expone que ingresó al SENAME el año 2007 como educadora de trato directo en el Centro Semi-Cerrado La Cisterna, funciones que desarrolló hasta el año 2012; que entre los años 2015 y 2022 se desempeñó informalmente como coordinadora socioeducativa de dicho centro; que en marzo de 2021 fue convocada como informante clave en la elaboración del Manual de Perfiles de Cargo del nuevo Servicio; que desde el año 2022 retornó al cargo de gestora de redes; y que en diciembre de 2025, con 18 años de trayectoria, recibió un reconocimiento de la Directora Regional (S).

Agrega que, en virtud de la Ley N°21.527, se dispuso el traspaso progresivo de funcionarios, cuyos criterios y ponderaciones se fijaron en el Protocolo de Acuerdo de 23 de noviembre de 2022 y en la Resolución Exenta N°NUM003, de 8 de mayo de 2025, ponderándose la trayectoria funcionaria en un 60% y la evaluación por competencias en un 40%. Señala que fue sometida a una doble evaluación por competencias, la primera por la psicóloga nombre reservado y la segunda por el psicólogo nombre reservado, obteniendo en ambos 10 puntos, siendo catalogada como “no recomendable”, a solo un punto de la categoría “recomendable con observación”. Alega que en ambos informes se calificaron “en desarrollo” sus competencias de integridad y orientación al usuario, conclusiones que contrastarían con sus calificaciones, anotaciones de mérito y cartas de reconocimiento, y que de más de 700 trabajadores evaluados solo 18 no fueron calificados como competentes.

En cuanto al derecho, arguye que la autoridad no dictó un acto administrativo fundado, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, lo que configuraría tanto la ilegalidad como la arbitrariedad. Afirma, por último, que la procedencia de la acción no se ve obstada por la existencia de otras vías ordinarias.

Pide que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene dejar sin efecto la referida Resolución Exenta, se disponga la renovación de su vínculo por toda la anualidad del año 2026 y hasta febrero de 2027 en el nuevo Servicio, en su grado actual y conforme al artículo 10 del Estatuto Administrativo, y se ordene el pago de las remuneraciones de que se vea privada mientras permanezca separada del servicio, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, sucesor y continuador legal del Servicio Nacional de Menores conforme al artículo 53 de la Ley N°21.527, evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Expone que la recurrente se vinculó con el extinto SENAME por Resolución N°NUM001, de 29 de mayo de 2007, prorrogándose su calidad de contrata sucesivamente hasta la Resolución Exenta RA N°NUM002, de 29 de diciembre de 2025, y que fue la propia autoridad del SENAME la que dio término anticipado a la relación por la Resolución Exenta RA N°NUM000, de 7 de enero de 2026.

Precisa que el procedimiento de traspaso se rige por la Resolución Exenta N°NUM003, de 8 de mayo de 2025, según la cual los funcionarios del área técnica deben obtener puntajes suficientes en las dos dimensiones evaluadas -trayectoria y competencias-, ponderadas en un 60% y un 40% respectivamente, exigiéndose a lo menos el 60% de la puntuación ponderada para alcanzar la calidad de traspasable.

Señala que la recurrente pertenecía al área técnica, dada su calidad de gestora de redes, y obtuvo 6,75 puntos en trayectoria y 0 puntos de 7 en competencias, resultado “no recomendable”, con un ponderado de 57,09%, que la ubicó en la categoría de “no traspasable”. Agrega que fue sometida a dos entrevistas de evaluación de competencias, como manifestación del principio de transparencia y objetividad, arribando ambas pericias a idéntica conclusión; que sus antecedentes fueron conocidos por la Comisión Revisora, que desestimó su petición; y que la segunda evaluación no suspende ni interrumpe el procedimiento de traspaso, el cual debía encontrarse consolidado al 13 de enero de 2026.

Finalmente, indica que la ex funcionaria fue cesada por la causal especial de necesidades del servicio prevista en la Ley N°21.338, con derecho a indemnización, la que ya le fue debidamente otorgada, activándose la inhabilidad del artículo 52 inciso cuarto de la Ley N°21.126.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es requisito indispensable, por tanto, la existencia de un acto u omisión contrario a la ley o fruto del mero capricho, y que de dicho acto u omisión derive la afectación de alguna de las garantías protegidas.

CUARTO: Que el acto impugnado consiste en la Resolución Exenta N°NUM000 del Servicio Nacional de Menores, que pone término anticipado a la designación a contrata de la recurrente. La propia actora reconoce que dicho término se inserta en el contexto del proceso de evaluación y traspaso de funcionarios al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. La recurrida, por su parte, no controvierte la existencia del acto, sino que justifica su dictación en la normativa especial que rige dicho proceso y en el resultado de las evaluaciones de trayectoria y competencias a que fue sometida la funcionaria.

QUINTO: Que, en primer término, el reproche de ilegalidad se vincula a que la evaluación por competencias mediante consultora privada no estaría prevista en la ley. Sin embargo, tal afirmación no se condice con el marco normativo aplicable. El artículo tercero transitorio de la Ley N°21.527 y el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, disponen expresamente que los funcionarios que desempeñen funciones de carácter técnico o de trato directo estarán sujetos, además de la evaluación de trayectoria, a una evaluación de competencias, según las condiciones y procedimientos definidos en dicho decreto.

A su vez, la Resolución Exenta N°NUM003, de 8 de mayo de 2025, del Servicio Nacional de Menores, que “Aprueba condiciones y procedimiento de evaluación para los efectos de lo dispuesto en la Ley N°21.338, y del traspaso de funcionarios y funcionarias del Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil”, establece en sus apartados que la evaluación de competencias será realizada por el propio SENAME o por una o más consultoras contratadas mediante licitación pública, bajo parámetros objetivos de integridad, trabajo colaborativo, orientación al usuario, liderazgo y comunicación efectiva.

De este modo, el uso de informes elaborados por psicólogos externos no constituye una exigencia creada al margen de la ley, sino la forma técnica escogida por la administración para materializar el mandato legal de evaluar competencias para el desempeño de cargos en el nuevo servicio. De esta forma, existiendo una base normativa clara que habilita el uso de consultoras externas para la evaluación de competencias, la circunstancia de que los informes hayan sido elaborados por profesionales de una empresa privada no torna ilegal el procedimiento, ni menos el acto que aplica sus resultados.

SEXTO: Que tampoco se configura la falta de fundamentación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880. De la lectura de la Resolución Exenta RA N°NUM000, que pone término anticipado a la designación a contrata de la actora, se aprecia una parte expositiva y considerativa que reseña el contexto normativo de reestructuración del Servicio Nacional de Menores, el procedimiento de evaluación para efectos de traspaso e indemnización regulado por la Resolución Exenta N°NUM003, y la causal específica de necesidades del servicio prevista en la Ley N°21.338.

En particular, su considerando décimo octavo deja constancia de que doña nombre reservado se sometió al proceso de evaluación regulado por la Resolución Exenta N°NUM003, obtuvo un puntaje ponderado total de 57,9% y fue clasificada en la categoría “no traspasable” por no alcanzar el umbral mínimo exigido para ser incorporada al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; sobre dicha base, la autoridad dispone su cese por necesidades del servicio y reconoce el derecho a la indemnización del artículo 52 de la Ley N°21.126. La resolución no se limita, entonces, a consignar un resultado, sino que vincula el término de la contrata al procedimiento general de evaluación y a la normativa especial que regula el traspaso y la cesación de funcionarios ante la supresión de SENAME, satisfaciendo el estándar de motivación que exige la ley.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la supuesta omisión de intervención de la Comisión Revisora, el reproche carece de sustento en los antecedentes acompañados. El acta de la sesión de la Comisión Revisora de la Región Metropolitana de 15 de diciembre de 2025 da cuenta, en su sección VIII “De las segundas evaluaciones cuyo resultado aún no se conoce”, que la Unidad de Transformación informó a los comisionados el resultado de la segunda evaluación de competencias de, entre otros funcionarios, “nombre reservado”, todos con resultado “no recomendables” y puntajes inferiores al 59%; y que, frente a ello, la Comisión Revisora, por unanimidad, “desestima el traspaso de todos los funcionarios y funcionarias que, en su segunda evaluación obtuvieron un resultado de ‘No Recomendable’”.

De este modo, consta que los antecedentes de la recurrente fueron efectivamente conocidos y valorados por la Comisión Revisora, integrada por representantes del Subsecretario de Justicia, del SENAME, del SNRSJ, de la División de Reinserción Social y de cada una de las asociaciones nacionales de funcionarios, en los términos establecidos en la Resolución Exenta N°NUM003. La discrepancia de la actora con la conclusión de dicha instancia no permite afirmar que ésta no haya intervenido, ni configura por sí sola una infracción procedimental grave que pueda ser calificada de ilegalidad manifiesta.

OCTAVO: Que las restantes alegaciones de la recurrente se dirigen, en lo sustantivo, a cuestionar el mérito técnico de los informes psicolaborales, la correspondencia entre sus respuestas y los niveles asignados, la adecuación de las competencias medidas al perfil de cargo, o el juicio experto acerca de su integridad y orientación al usuario. Tales materias corresponden al ámbito propio de la evaluación de personal y del control de gestión administrativa, y su revisión exige una actividad probatoria y técnica ajena a la naturaleza sumaria y de urgencia del recurso de protección.

La disconformidad con el resultado de una evaluación, incluso cuando se estima injusta, no equivale a la configuración de un acto arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución, máxime cuando la recurrente fue examinada en dos oportunidades, por profesionales distintos, arribando ambos a conclusiones coincidentes.

NOVENO: Que, por otro lado, el término de la contrata se produce mediante la causal especial de necesidades del servicio prevista en la Ley N°21.338, en el contexto del proceso de reestructuración y supresión del Servicio Nacional de Menores, y va acompañado del pago de la indemnización correspondiente, la que ha sido reconocida y efectivamente percibida por la recurrente. La propia normativa que consagra dicha indemnización establece, en el artículo 52 de la Ley N°21.126, una inhabilidad para volver a ser nombrada o contratada en el servicio suprimido o sus continuadores legales mientras no se restituya el beneficio recibido, lo que excede el ámbito del restablecimiento del imperio del derecho que procura esta acción.

DÉCIMO: Que, en lo tocante a la garantía del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, cabe recordar que la igualdad ante la ley exige la aplicación uniforme de las normas a quienes se encuentran en la misma situación de hecho, y proscribe las diferencias carentes de justificación razonable. En la especie, no se advierte que a la recurrente se le haya aplicado un procedimiento o criterios distintos a los de sus pares: se sometió al mismo proceso de evaluación de trayectoria y competencias regulado por la Resolución Exenta N°NUM003 de 2025, se le asignaron puntajes conforme a las mismas escalas y se ponderaron con los mismos porcentajes, y su situación fue conocida por la misma Comisión Revisora que analizó reclamaciones de otros funcionarios.

La diferencia de resultado -no ser traspasada y ser cesada con indemnización- proviene del puntaje ponderado obtenido, inferior al umbral exigido, y no de una distinción artificiosa o caprichosa creada por la autoridad. Los funcionarios que fueron traspasados, en cambio, superaron el mínimo requerido o se ubicaron en categorías que los habilitaban para ocupar cargos disponibles en el nuevo Servicio. No se configura, en consecuencia, la “diferencia arbitraria” que la actora denuncia.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, no se verifica en la especie la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ni una afectación actual de la garantía de igualdad ante la ley que justifique la adopción de las providencias solicitadas por la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en su calidad de continuador legal del Servicio Nacional de Menores.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Toledo.

N°Protección-4885-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada por el ministro señor Pablo Toledo González y la ministra señora Claudia Parra Villalobos. No firma el ministro señor Toledo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.