Protección contra Fiscalía Nacional del Ministerio Público

C.A. Santiago.

Santiago, siete de enero de dos mil veinte.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece nombre reservado, abogado, quien deduce acción de protección constitucional en contra de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, representada por nombre reservado, por haber incurrido en el acto que se califica de arbitrario e ilegal, consistente en rechazar la solicitud de reapertura del sumario administrativo que lo sancionó con la remoción del cargo que detentaba, afectando sus derechos a la honra, libertad de trabajo e igualdad ante la ley, solicitando se acoja el presente recurso, dejando sin efecto el oficio impugnado, ordenando la realización de una nueva investigación sumaria, respetando las garantías constitucionales, realizando diligencias investigativas de manera objetiva e imparcial tendientes a establecer si procede la absolución de los cargos o, en su defecto, una propuesta de sanción proporcional de carácter administrativa acorde a los antecedentes.

Expresa que comenzó a prestar servicios como abogado asistente grado X, para la Fiscalía Regional Metropolitana Sur en el mes de octubre de 2012, manteniendo una conducta intachable en el desempeño de sus funciones, siendo calificado con la nota máxima (70). Sin embargo, el 9 de enero de 2017, el Fiscal Regional respectivo inició un procedimiento sumario en su contra, de acuerdo a la Resolución FR-IA-01/2017, por una denuncia realizada por la Fiscal Adjunta Local de Puente Alto, nombre reservado, en orden a que habría abusado sexualmente de una funcionaria de dicha nombre reservado de nombre nombre reservado el 5 de marzo de 2016, dados a conocer por dicha Fiscal, once meses después, esto es, el 6 de enero de 2017. Esto dio origen a una investigación a cargo del fiscal Guillermo Adasme, que era su jefe directo entre los años 2011 y 2012.

Destaca que la causa sobre abuso sexual fue abierta en base a un “correo electrónico” expedido por la Fiscal Herrera, no obstante tratarse de un delito de acción penal pública previa instancia particular. Además, los supuestos hechos ocurrieron en la comuna de Santiago, por lo que debió ser competente la nombre reservado Metropolitana Centro Norte, sin que fuera derivada a esta.

Explica que en el 10 de enero de 2017 fue citado para prestar declaración ante el Fiscal Guillermo Adasme, quien el 11 del mismo mes y año lo amedrentó, vulnerando su derecho a defensa, dado que ni siquiera le fue entregada copia de la declaración y de la resolución que instruía el sumario administrativo. Fue suspendido de sus funciones hasta el 31 de julio de 2017, atendido que el Fiscal nombre reservado rechazó el recurso de apelación deducido por su parte en contra de la resolución que decretó su remoción.

Indica que formuló reclamos en contra del Fiscal Adasme por formalización arbitraria, siendo del caso que de manera contraria a la ley y del principio de ejecución del delito, fue derivado el asunto a la Fiscalía Regional de Valparaíso, además de no figurar en el sistema informático como víctima para efectos de hacer valer sus derechos como tal.

Luego, en abril de 2017 de forma incompleta tuvo acceso al sumario administrativo, formulando sus descargos refiriéndose a las infracciones disciplinarias y constitutivas de delitos acaecidas en su caso.

El 19 de julio de 2017 fue dictada la Resolución FN/MP/1415/2017 que resolvió el recurso de apelación de investigación administrativa ordenada por la Resolución Nº 01/2017 de 9 de enero de 2018 que le aplica la medida disciplinaria de remoción, prevista y sancionada en el artículo 9 Nº 5 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa.

Precisa que los hechos por los cuales le fue aplicada la medida administrativa son:

1.- “En la madrugada del día 05 de marzo de 2016, en el sector de club hípico de la comuna de Santiago centro, luego de haber estado en su departamento junto con don nombre reservado y don nombre reservado, el abogado don José nombre reservado, sale en compañía de doña nombre reservado, con la supuesta intención de comprar cigarros, deambulando por calles del sector, oportunidad en la cual el abogado Sr. José nombre reservado arroja a doña nombre reservado contra una pared, presionando su cuello con su antebrazo, inmovilizándola, ejerciendo presión sobre su cuello, procediendo luego a tomar una de las manos de ella , con la intención de que le tocara sus genitales, todo lo anterior contra la voluntad de doña nombre reservado”

A raíz de esa causa, el Ministerio Público siguió una causa penal en su contra, la que incluso llegó a instancias de juicio oral en lo penal, en el que fue absuelto por inocente (sic).

2.- “En un día indeterminado del mes de enero o febrero de 2016, el abogado don José nombre reservado, cerca de las 08:00 horas, mantuvo al menos una discusión en su lugar de trabajo, con doña nombre reservado días nombre reservado, funcionaria de la fiscalía local de puente alto, situación que derivó en una agresión producto de lo cual dicha funcionaria resulto con hematomas en al menos uno de sus brazos”

Sobre la base de estos dos hechos, signados en el sumario administrativo como hechos 2 y 3, se fundó la remoción.

Refiere que la solicitud de la reapertura de la investigación sumaria la fundó en el artículo 7º del Reglamento de Responsabilidad de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público, atendido que existe una sentencia absolutoria a su favor, correspondiendo analizar nuevamente los hechos a la luz de este nuevo antecedente.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, sostiene que lo han sido el derecho a la honra, al ser escarnecido o humillado. La libertad de trabajo, desde que fue discriminado arbitrariamente al no ponderar de manera objetiva los antecedentes aportados en la investigación sumaria, unido al hecho de negarle la reapertura de la investigación sumaria a la luz de los nuevos. También alude a que ha sido afectada la igualdad ante la ley.

Solicita se acoja el presente recurso, dejando sin efecto el oficio impugnado, ordenando la realización de una nueva investigación sumaria, respetando las garantías constitucionales, realizando diligencias investigativas de manera objetiva e imparcial tendientes a establecer si procede la absolución de los cargos o en su defecto una propuesta de sanción proporcional de carácter administrativa acorde a los antecedentes.

Segundo: Que la recurrida, evacuando el informe solicitado pidió el rechazo con costas de la acción de protección.

Precisa que efectivamente ante los hechos develados por una funcionaria de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, se inició un procedimiento disciplinario en enero de 2017, para establecer la responsabilidad administrativa del recurrente, siendo del caso que durante la investigación aparecieron nuevos hechos que lo involucraban y podían ser sancionados disciplinariamente, ampliando el objeto de la investigación.

En ese escenario, le fueron formulados los siguientes cargos:

HECHO N° 1: “Con fecha 4 de marzo de 2016, desde aproximadamente las 20:00 horas, se llevó́ a cabo una comida de despedida para el profesional don nombre reservado, quien dejaba de prestar funciones en la nombre reservado Local de Puente Alto. Dicha despedida, se realizó́ en el sector del quincho del edificio donde vivía la Administradora de la nombre reservado Local de Puente Alto, doña nombre reservado, en la comuna de Santiago Centro. Una vez concluido el horario de funcionamiento del quincho del edificio, los participantes se trasladaron al departamento de la referida Administradora, manteniendo el abogado don José nombre reservado un comportamiento social ante sus pares del todo inadecuado, consistente en molestar desde el balcón del edificio a otros residentes y realizar manoseos a doña nombre reservado, situaciones que incomodaron a participantes de la mencionada cena de despedida”.

HECHO N° 2: “En la madrugada del día 5 de marzo de 2016, en el sector de Club Hípico de la comuna de Santiago Centro, luego de haber estado en su departamento junto con don nombre reservado y don nombre reservado el abogado don José nombre reservado sale en compañía de doña nombre reservado, con la supuesta intención de comprar cigarrillos, deambulando por calles del sector, oportunidad en la cual el abogado Sr. Muñoz arroja a doña nombre reservado contra una pared, presionando su cuello con el antebrazo, inmovilizándola, ejerciendo presión sobre su cuello, procediendo luego a tomar una de las manos de ella, con la intención de que le tocara sus genitales, todo lo anterior contra la voluntad de doña nombre reservado.”

HECHO N° 3: “En un día indeterminado del mes de enero o febrero de 2016, el abogado don José nombre reservado, cerca de las 08:00 horas, mantuvo al menos una discusión, en su lugar de trabajo, con doña nombre reservado, funcionaria de la nombre reservado Local de Puente Alto, situación que derivó en una agresión producto de la cual dicha funcionaria resultó con hematomas en al menos uno de sus brazos”.

Así las cosas, se estimaron infringidos los artículos 33 Nº 8 y 33 Nº 10 del Reglamento, en el sentido de afectar el principio de probidad administrativa, no observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, no mantener buenos antecedentes comerciales y actuar considerada y éticamente con sus jefes, pares y subalternos.

El actor tuvo conocimiento del sumario y formuló sus descargos, por el primer hecho no se aplicó sanción, en cambio los hechos 2 y 3 se decidió aplicar la remoción.

Enfatiza que el hecho 2 es grave, desde que afecta a una funcionaria de la nombre reservado, provocando serias consecuencias en su entorno laboral, razones para entender que la vida social acorde a la dignidad del cargo ha sido transgredida de manera total.

Sobre el hecho 3, el propio investigado lo reconoció.

Fue rechazada la reposición, agregando el Fiscal nombre reservado que por la gravedad de los hechos ameritan la medida de remoción.

Alega que en sede administrativa el recurrente ejerció todos los derechos que el procedimiento otorga, conoció los antecedentes de la investigación antes de formular sus descargos, ofreció y se recibió prueba y ejerció los recursos que franquea la ley.

A raíz de la medida de remoción el recurrente presentó una demanda por tutela laboral de derechos fundamentales, ante el 1er Juzgado de Letras del Trabajo, RIT T-1138-2017, siendo acogidas el 6 de noviembre de 2017 la excepción de incompetencia opuesta por el Consejo de Defensa del Estado, siendo declarada inadmisible la apelación subsidiaria intentada.

Asimismo, por el hecho relativo a nombre reservado, se siguió una investigación penal, como señaló el protegido por la agresión la primera, se querelló el SERNAM, fue formulada acusación, dictando sentencia definitiva por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en autos RIT Nº 433-2018, absolviendo al recurrente del delito de abuso sexual de mayor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 366 y 366 ter con relación al artículo 361 Nº 1 del Código Penal.

Destaca que los recursos y solicitudes ejercidas en sede administrativa, fueron desestimados, pues las responsabilidades penales y administrativas corren por cuerda separada, teniendo en consideración que por el hecho Nº 3 no fue objeto de un juicio penal.

Efectuadas las precisiones antes anotadas, alega la extemporaneidad de la acción constitucional, atendido que el actor tomó conocimiento de resolución impugnada el 13 de mayo de 2019, siendo del caso que la acción cautelar deducida el 12 de junio de 2019 ha transcurrido con creces el plazo que prevé el auto acordado el ramo.

En cuanto al fondo, aduce que debe ser desestimado el arbitrio, desde que carece de fundamentos y expresa que no incurrido en acto arbitrario e ilegal alguno que pudiere afectar las garantías constitucionales a que alude el actor.

En efecto, indica que como institución ha actuado al alero de lo mandatado por el legislador ejerciendo las facultades que le corresponden al fiscal.

Tercero: Que en conformidad a lo dicho, el motivo para impugnar la resolución que no dio lugar a la reapertura del sumario administrativo, se hace consistir en que su tramitación fue ilegal, sin respeto al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política, privando el recurrente de su derecho a la defensa, rendir pruebas, formular recusaciones e implicancias a los fiscales a cargo del sumario y a conocer y pedir copia completa del expediente, todo ello según lo expresa en el acápite con que concluye su recurso, pidiendo que en virtud de lo mismo, se deje sin efecto el oficio impugnado.

Es preciso tener en consideración, por otra parte, que los fundamentos legales del recurso se hacen consistir en la infracción que se habría cometido al artículo 7° del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, en virtud del cual si un funcionario fuere sancionado con la medida de remoción como consecuencia exclusiva de actos que revisten caracteres de delito y del proceso criminal resulta absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados e investigados o por aparecer claramente su inocencia, deberá ser reincorporación a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de su alejamiento u otro de similar jerarquía, agregando esta norma que en los demás casos de sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá pedir la reapertura de la investigación administrativa dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la respectiva resolución judicial y si hubiere sido absuelto procederá su reincorporación en los términos solicitados.

Establecido lo anterior, debiera entenderse que la vulneración de derechos constitucionales que se habría cometido en perjuicio del recurrente, lo sería al no haberse dado aplicación a la norma antes citada, por lo que las alegaciones relativas a las faltas cometidas en el proceso disciplinario, cuya sentencia de término se encuentra ejecutoriada, son del todo ajenas al fundamento y al objetivo perseguido por el recurso.

Cuarto: Que el Ministerio Público en su informe así lo ha hecho presente, remitiéndose a la resolución que se impugna por el recurso, en cuyos fundamentos sexto y séptimo se razona sobre el particular.

En efecto, hace presente que la referida norma, además de consagrar el principio de independencia de la responsabilidad civil, penal y administrativa, plantea la posibilidad de la reincorporación de un funcionario sancionado o de la reapertura de la investigación, cuando tal medida se hubiere adoptado como consecuencia exclusiva de la imputación de un hecho que revistiera caracteres de delito, situación que no concurre en la especie, toda vez que, como el mismo recurrente lo reconoce, en el sumario se le formularon dos cargos, los que habiéndose acreditado, sirvieron de fundamento para su remoción.

Ninguna duda puede existir, entonces, que la correcta interpretación de la norma impedía que su solicitud de reapertura de la investigación pudiera prosperar, por lo que no es posible estimar que se configure una ilegalidad de parte de la recurrida, que haga procedente acoger el recurso deducido en su contra.

Como se dijo, ninguno de los reparos que se formulan respecto de la investigación ya concluida y que configurarían afectaciones a los derechos constitucionales que se mencionan en el recurso, además de no encontrarse acreditados, pueden llegar a constituir razón suficiente para dejar sin efecto una resolución administrativa que se encuentra legalmente dictada y debidamente fundada, por lo que no es ni ilegal ni arbitraria, y, en consecuencia, no cabe sino proceder al rechazo del recurso.

Lo dicho, hace innecesario pronunciarse respecto de las alegaciones de carácter formal hechas por el Ministerio Público en su informe, en especial aquellas relativas a la extemporaneidad del recurso, toda vez que su relevancia no alcanza a tener la significación de las cuestiones que resultan decisivas para resolver en la forma ya señalada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Fiscal nombre reservado del Ministerio Público, don Jorge Abbot Charme, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°48.574-2019 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames, quien no firma por haber cesado sus funciones no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, conformada además por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.