nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que ha deducido acción de protección constitucional Doña nombre reservado en representación convencional de Don nombre reservado, funcionario en retiro temporal de la Policía de Investigaciones de Chile, en contra de la Subsecretaría del Interior, por haber dictado el Decreto Exento RA N°280/2588/2024 que dispuso su retiro temporal con fecha 03 de diciembre de 2024, dictado en conformidad a lo previsto en el artículo 90 letra b) del Decreto con Fuerza de Ley número 1 de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el cual considera que vulnera las garantías de su representado contempladas en el artículo 19 en sus numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Desarrollando su exposición, indica que el 03 de septiembre de 2024 concurrió a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile el ingeniero Mariano Di Meola en calidad de testigo en causa RUC 2410029166-1, siendo entrevistado por el recurrente. En esas circunstancias, el abogado querellante que presenta al testigo denuncia que “se le habría solicitado la dirección de su correo electrónico, recibiendo con la misma data, un email, desde una casilla particular del Oficial Policial, en la cual indica haber ofrecido servicios de la empresa de construcción “J.M.J.A”., adjuntando el currículum vitae de esa entidad comercial, en el que habría indicado ser parte del área técnica de la misma con el objeto de participar en proyectos de construcción en el cual constaría que ostentaría el cargo de Gerente Técnico”.

Continuando con su relato, indica que el jefe de la Brigada de Delitos Económicos, debido a lo denunciado, dispuso se cursara un sumario administrativo mediante Orden número 755 de 30 de septiembre de 2024, disponiéndose el 01 de octubre de 2024, por Resolución número de la suspensión de las funciones del actor, conforme a lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento de Sumarios e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile.

Indica que conocidos los hechos por el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, se habría formado convicción de que la conducta descrita sería inaceptable y contraria a la doctrina institucional, vulnerándose con ello el principio de probidad administrativa, ordenándose el retiro temporal del actor. Con ello, en su opinión, se ha vulnerado el principio de contradictoriedad, previsto en el artículo 10 de la Ley 19.880, no habiéndose escuchado a las partes, transformándose en un acto de autotutela, pues en su opinión la decisión de haber iniciado el sumario “obliga a la institución recurrida a mantener el status quo hasta la total resolución del mismo, y así, no cabe duda que el referido decreto altera una situación existente”. Al respecto, refiere que la notificación del retiro temporal fue notificada el 03 de diciembre de 2024, mientras que los descargos de su representado recién fueron efectuados 10 días después. Del mismo modo, se afectaría la estabilidad en el empleo, afectando su carrera funcionaria, conforme al artículo 3 letra f) de la Ley 18.834, con lo que se vulneraría, en su concepto, el derecho de propiedad del recurrente.

Segundo: Que se solicitó informe tanto a la Subsecretaría del Interior como a la Policía de Investigaciones, sólo evacuándolo la primera recurrida, prescindiéndose del informe de la segunda. La Subsecretaría, informando, señala que la normativa aplicable es el Decreto Con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. El artículo 90 letra b) de dicho estatuto entrega competencia para dictar la medida recurrida, pues faculta al Presidente de la República para disponer el alejamiento de un servidor de la Policía de Investigaciones de Chile, previa ponderación de los respectivos antecedentes, cuando este ha incurrido en actuaciones que puedan comprometer el prestigio y la doctrina de la referida institución, y con el objeto de prevenir el perjuicio que podría acarrear la mantención de empleados involucrados en hechos inconvenientes. Esta interpretación ha sido avalada por la Contraloría General de la República se ha visto reflejada en los dictámenes números 42.690 de 2016 y 33.921, 35.487 y 40.434 de 2017.

Expone que, tratándose de una medida que la autoridad adopta fundada en razones de oportunidad y conveniencia para el servicio, esta no importa la aplicación de una sanción, por lo que su ejercicio es independiente de la eventual responsabilidad penal o administrativa que pudiere asistir al funcionario por los mismos hechos que motivan el cese. La decisión de disponer el retiro temporal de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile puede fundarse en las infracciones al Código de Ética de dicha institución, pues en aquél se establecen conductas a observar por los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, cuya transgresión permite a la máxima autoridad de ese servicio, previa ponderación de los antecedentes, ilustrar su decisión. Por Oficio Reservado N°775, de 14 de noviembre de 2024, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile solicitó a esta Subsecretaría que, en atención a lo establecido en el artículo 90°, letra b) del D.F.L. N°1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, dictar el decreto mediante el cual se disponga el retiro temporal del funcionario Comisario nombre reservado, por incurrir en irregularidades en la tramitación diligencias investigativas, hechos que afectan gravemente la probidad administrativa, ética y prestigio institucional y que en el mismo oficio se detallan.

Informa que asistió al Director General la convicción que el Comisario nombre reservado tuvo una conducta grave, inaceptable, considerando su grado y antigüedad, contraria a la doctrina y prestigio institucional, todo lo cual lo inhabilita para seguir perteneciendo a esta Institución al quebrantar el principio de probidad administrativa contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo 61 letra g) del Decreto con Fuerza de Ley 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en especial, en el artículo 136 bis del Decreto con Fuerza de Ley número 1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile, como también los principios y las normas consagradas en el Código de Ética de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por Orden General número 2186 de 20 de mayo de 2008. Del estudio del Oficio Reservado N°775 ya citado, y de los antecedentes acompañados al mismo, por Decreto Exento RA N° 280/2588/2024, del 27 de noviembre de 2024, registrado en Contraloría General de la República con la misma fecha, se dispuso el retiro temporal del recurrente, a contar de la total tramitación de dicho acto administrativo, por la causal contemplada en el literal b) del artículo 90° del D.F.L. N°1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Indica que el retiro temporal contemplado en el artículo 90° letra b) del DFL N° 1 ya citado no es una sanción disciplinaria, pues se trata de una potestad que dicho artículo le otorga al Presidente de la República, el que, previa proposición del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, ordena el cese de un determinado funcionario con el objeto de prevenir el perjuicio que podría acarrear la mantención de quien se encuentre involucrado en hechos inconvenientes, por lo que sus fundamentos no se supeditan a las conclusiones a que puede arribarse a la finalización del proceso investigativo respectivo.

Señala que el acto administrativo que se pretende impugnar ha sido dictado conforme a derecho, ya que la autoridad se encuentra legalmente habilitada para disponer el retiro temporal del actor, constando en el acto las normas que lo habilitan; describiéndose los hechos cometidos por éste y señalándose las razones por las que estos hechos han comprometido seriamente el prestigio de la institución, por lo que no puede considerarse que con su dictación se haya vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que esta Corte pudo constatar con los antecedentes aportados por ambos intervinientes, apreciados conforme a la sana crítica, los siguientes hechos:

a) En el curso de la investigación policial ordenada en causa RUC 2410029166-1, el Fiscal jefe de la Fiscalía Local Santiago Centro comunicó al Jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, la circunstancia de haber recibido una denuncia de parte del abogado de la empresa querellante y que involucraba al Comisario nombre reservado;

b) El abogado de la empresa querellante dio a conocer que un empleado de dicha empresa concurrió hasta dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana el 3 de septiembre de 2024, donde fue entrevistado por el Comisario nombre reservado en calidad de testigo, oportunidad en la que éste le solicitó su dirección de correo electrónico, recibiendo este el mismo día un email desde una casilla particular del referido Oficial Policial, en la cual ofrecía los servicios de la empresa de construcción "J.M.J.A.", adjuntando el currículum vitae de esa entidad comercial, indicando ser parte del área técnica de la misma, con el objeto de participar en proyectos de construcción y en el cual consta que ostenta el cargo de Gerente Técnico de la empresa cuyos servicios ofrece.

c) En su presentación el abogado de la querellante expone que estima inapropiada dicha comunicación, puesto que el Comisario nombre reservado es el funcionario policial a cargo de la ejecución de la Orden de Investigar indicada en la materia, pudiendo ello generar serios cuestionamientos de imparcialidad hacia el trabajo del funcionario en caso que emitiera un informe con conclusiones ya sean favorables o desfavorables hacia la empresa que representan, si determinaran aceptar la petición o viceversa;

d) Habiéndosele solicitado cuenta escrita al Comisario nombre reservado con relación a los hechos, este manifestó que, mientras tomaba declaración al empleado de la empresa querellante, al percatarse que tenía conocimientos en el rubro de construcción y que su profesión era Ingeniero en Construcción, le consultó por proyectos futuros, indicándole que en sus tiempos libres participaba en una empresa de obras civiles, quien le habría señalado que tratara de enviar los antecedentes de la empresa constructora a través de correo electrónico, lo que efectivamente realizó.

e) Debido a los hechos expuestos el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana dispuso la instrucción de Sumario Administrativo mediante Orden Nº 755 de 30 de septiembre de 2024, procedimiento disciplinario en el cual se decretó la suspensión de funciones del Comisario nombre reservado, por intermedio de Resolución Nº 03 de 1° de octubre de 2024.

f) Conocidos, analizados y ponderados estos antecedentes, se estimó que el Comisario nombre reservado tuvo una conducta grave que lo inhabilita para seguir perteneciendo a la Institución, al estimarse quebrantando el principio de probidad administrativa;

g) Luego del estudio del Oficio Reservado N°775 ya citado, y de los antecedentes acompañados al mismo, por Decreto Exento RA N° 280/2588/2024, del 27 de noviembre de 2024, registrado en Contraloría General de la República con la misma fecha, se dispuso el retiro temporal del recurrente, a contar de la total tramitación de dicho acto administrativo, por la causal contemplada en el literal b) del artículo 90° del D.F.L. N°1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Quinto: Que el artículo 90 letra b) del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile señala “Serán comprendidos en el retiro temporal los Oficiales y personal de Apoyo Científico - Técnico que se encuentre en algunos de los siguientes casos: … b) A quienes el Presidente de la República conceda o disponga su retiro”. Por otra parte, en el numeral II, 1. Del Decreto Supremo N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Presidente de la República delegó en el Ministro del Interior y Seguridad Pública la facultad de suscribir, bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", los decretos supremos relativos a nombramientos, ascensos y retiros del personal civil de nombramiento supremo de las plantas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Por su parte, el acto administrativo impugnado se asila en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, que señala “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, cimentándose a su vez en el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo, que dispone “Serán obligaciones de cada funcionario: Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado” y, en el caso sub judice, aplica el artículo 136 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, que dice “El personal de la Policía de Investigaciones de Chile deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, consistente en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su infracción hará incurrir en responsabilidad administrativa y traerá consigo las sanciones que determine el Reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos”.

Por otra parte, en el acto administrativo se acude al Código de Ética de la Policía de Investigaciones, el que dispone en su artículo 1 “El personal de la Policía de Investigaciones de Chile busca promover el desarrollo humano de la sociedad chilena, a través de una adecuada contribución a la seguridad y la justicia, para lo cual cumple cabalmente con la Constitución Política de la República, el orden jurídico vigente, la misión y reglamentos institucionales, teniendo siempre presente que su desempeño profesional está sustentado por el servicio público, la probidad y la calidad”, su artículo 2, que señala “El personal de la Policía de Investigaciones de Chile entiende el honor profesional como la suprema cualidad moral que los impulsa a cumplir sus deberes en plenitud; a practicar la dimensión de servicio público propia de la misión institucional; y a asumir su responsabilidad individual por los actos, decisiones y omisiones que ejecute en el desempeño de su labor” y finalmente al artículo 7 del mencionado Código de Ética, que dispone “El personal de la Policía de Investigaciones de Chile actúa en su vida profesional y personal con honradez, rectitud, transparencia y probidad, rechazando y evitando todo acto que atente contra las leyes, reglamentos y valores contemplados en este Código. Comprende que el bien común y el interés institucional prevalecen siempre por sobre las aspiraciones particulares, desechando la utilización de su cargo y autoridad para obtener beneficios personales o de terceros. Además, denuncia oportunamente aquellas acciones u omisiones que conduzcan a una conducta corruptiva o que pongan en riesgo la misión, doctrina y prestigio institucional, así como la fe pública”.

Sexto: Que, desde el punto de vista de la fundamentación del acto impugnado, estos aparecen de su sola lectura, teniendo presente además que por su naturaleza no se trata de un acto administrativo terminal, ni una sanción por sí misma, pues el resultado del sumario es independiente de la decisión en contra de la cual se recurre, pudiendo incluso concluir con una decisión distinta a la expulsión de las filas de la institución.

Como se ha señalado de manera conteste por la doctrina y la jurisprudencia, el recurso de protección no corresponde a un juicio declarativo, pues por su naturaleza cautelar no cabe discusión sobre la efectividad de los hechos que se adujeron para tomar la decisión contra la cual se recurre.

Séptimo: Que del análisis de los hechos establecidos en esta sede cautelar, el acto recurrido fue dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme a lo que dispone el artículo 90 letra b) del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, con relación al numeral II, 1. Del Decreto Supremo N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Respecto de la motivación, los hechos y la normativa invocada se encuentran en correspondencia.

Que, por lo anterior, del análisis de los antecedentes que se han tenido a la vista, no se aprecia ilegalidad y/o arbitrariedad en el Decreto Exento RA N°280/2588/2024, al haberse dictado por autoridad competente, en el ejercicio de sus facultades y debidamente motivado, razón por la cual la acción de protección deducida no podrá prosperar, como se señalará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción deducida por Doña nombre reservado en representación convencional de don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Cristián Parada Bustamante Rol 484-2025- Protección Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.