nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, dos de abril de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 12 de junio de 2019, se dedujo acción de protección por parte de Álvaro Aguirre Pérez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Tesorería General de la República, representada por la Tesorera General doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la retención, de su devolución de impuestos, de la suma de $1.100.133, por concepto de deuda de crédito universitario, lo que estima vulnera las garantías contenidas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Solicita en definitiva se acoja el presente recurso y se disponga la restitución de dichos fondos.

Expone, en síntesis, que con fecha 13 de mayo de 2019 se percató que de la devolución de impuestos que esperaba, le retuvieron la suma indicada, notando en la página web del Servicio de Impuestos Internos que existía una retención por parte de Tesorería General de la República. Sin embargo, no habría existido ninguna comunicación, notificación previa ni menos acción judicial de cobro. Agrega que con posterioridad realizó la consulta a Tesorería, la que le indicó la existencia de una deuda por concepto de crédito universitario, y a la Universidad Católica de Valparaíso, casa de estudios en la que estudió hace más de 30 años, la cual le respondió que mientras la deuda no se declarara prescrita, la acción de cobro se ajustaría a derecho. Estimando que dicha acción resulta arbitraria e ilegal, ante la inexistencia de un procedimiento judicial de cobro sin notificación o comunicación alguna, y el tiempo transcurrido, afectando las garantías constitucionales de derecho de propiedad e igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, solicita se acoja la acción en los términos indicados.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, Tesorería indico que efectivamente el recurrente, al efectuar la declaración de impuesto a la renta del año tributario 2019, arrojó un remanente correspondiente a pagos provisionales. Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.989 y su Reglamento, el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Católica de Valparaíso, solicitó la retención de dicha suma, atendida la deuda que el recurrente mantenía respecto del crédito solidario regulado en la Ley 19.287. Por lo anterior no habría existido acto arbitrario o ilegal de su parte, sino que solamente el cumplimiento de un mandato legal, ejercido respecto de todos los deudores morosos del crédito solidario universitario, razón por la que debería rechazarse el presente recurso.

Tercero: Que, a su turno, requerido informe a la Universidad Católica de Valparaíso, esta indicó que el recurrente cursó la carrera de Derecho en su institución en el año 1987, para lo cual, firmó 4 pagarés por un total de UTM 13.54, los cuales nunca fueron solucionados. Sin perjuicio de lo anterior, dicha deuda ha sido parcialmente pagada mediante el sistema de retención de devolución de impuestos consagrado en el artículo 1° de la Ley 19.989, desde el año 2009 a la fecha, según el detalle que indica, siendo la última retención, que es la única a la que se ha hecho referencia en el recurso, publicada en el diario electrónico La Nación, los días 1° y 15 de febrero de 2019, tal como lo dispone el Decreto Supremo N°297, sin que el recurrente haya hecho uso de su derecho a aclaración como lo establece el Reglamento de la Ley 19.989 citado anteriormente. Finalmente indica que actualmente la deuda asciende a $1.301.478.

No obstante, lo indicado, se alega la extemporaneidad del recurso pues se reclama contra una deuda publicada entre los días 1° y 15 de febrero de 2019, por lo que el actor habría excedido el plazo de 30 días exigido para la presentación del presente recurso según el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección. Por lo demás, las retenciones se han realizado desde el año 2009, por lo que el recurrente conocería perfectamente que tiene la calidad de deudor del Fondo Solidario del Crédito Universitario, y que en tal calidad, puede ser objeto de retención de su devolución de impuestos de acuerdo a la Ley 19.989.

Finalmente expone respecto de la alegación de prescripción esbozada por el recurrente, que dicho modo de extinguir las obligaciones debe ser alegado y declarado judicialmente en un juicio de lato conocimiento, lo que a la fecha no ha ocurrido. Agregó que a la fecha no existe juicio pendiente respecto de los hechos del recurso, lo cual en todo caso, no sería un requisito para el ejercicio de la acción administrativa de cobro reclamada por el actor.

Cuarto: El recurso de protección de garantías constitucionales, presente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, posee la naturaleza jurídica de acción cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma Constitución establece, que por causa de actos u omisiones arbitrarios de alguna persona o autoridad, se vean privados, amenazados o perturbados en su ejercicio.

Dentro de los requisitos para la procedencia de esta acción de protección, es necesario que se acredite la existencia de una acción u omisión reprobada, que se establezca la arbitrariedad o ilegalidad de aquel acto u omisión, que de esta se siga la perturbación, amenaza o privación, actual o inminente de alguno de los derechos establecidos en el mismo artículo, y que la Corte de Apelaciones se encuentre en la situación jurídica y material de poder brindar la protección requerida por el recurrente.

Quinto: En cuanto a la alegación de extemporaneidad de la acción formulada por el recurrido esta Corte considera que la acción de protección deducida es extemporánea. Ello, ya que, el recurrente habría sido notificado por aviso en diario de circulación nacional entre los días 1° y 15 de febrero del año 2019 del acto en contra del cual reclama. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°297 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.989, por lo que, entre la fecha de publicación de los avisos y la interposición del recurso (junio 2019), ya había transcurrido el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

Sin perjuicio de lo razonado en este considerando, se entrará al fondo del asunto objeto de la presente acción cautelar de protección, en base a los razonamientos que se exponen a continuación.

Sexto: Que en este caso, el acto ilegal o arbitrario invocado por el recurrente consiste en la retención de la devolución de impuestos realizada por parte de la Tesorería General de la República, acto del cual tomó conocimiento el día 13 de mayo de 2009, cuando esperaba la devolución anual de impuestos proveniente de su declaración de renta, por el monto de $1.100.133.

Estima que se trataría de un acto ilegal y arbitrario, al no existir comunicación, notificación previa ni acción judicial de cobro, infringiendo con esto, el derecho a la igualdad ante la ley presente en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República en cuanto a la falta de a un justo y racional procedimiento que permitiera oponer excepciones y defensas ante una especie de “ejecución” por parte del organismo público, que otorgaría un privilegio extremo a Tesorería, conformándose este acto en uno discriminatorio para el recurrente. Además, alega que se habría afectado su derecho de propiedad sobre los dineros retenidos de su devolución de impuestos.

Séptimo: Que la Ley 19.287 del año 1994 declara que para todos los efectos legales, los Fondos Solidarios de Crédito Universitario y sus Administradores, son los sucesores y continuadores legales de los anteriores Fondos de Crédito Universitario establecidos en la Ley 18.591 del año 1987 -Fondo del cuál proviene la deuda del recurrente, originada en el año 1987- en sus derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados por estos.

En efecto el artículo 20° de la Ley 19.287 dispone: “Declárase que, para todos los efectos legales, los fondos solidarios de crédito universitario y sus respectivos administradores generales, son los sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores, tanto en el dominio de todos sus bienes como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que estos últimos hubieren celebrado. En consecuencia, toda referencia que hagan las leyes, decretos, reglamentos, circulares, contratos u otros instrumentos públicos o privados, a los fondos de crédito universitario o a sus administradores, deberá entenderse hecha, por el solo ministerio de la ley, a los fondos solidarios de crédito universitario o a sus administradores generales.”

Octavo: Por otra parte, la Ley 19.989 del año 2004 estableció que se podrá retener dineros de la devolución de impuestos de los deudores, para el pago de las deudas contraídas por concepto de Crédito Universitario Solidario establecido por la Ley 19.287. Por su parte, el Decreto 297 del año 2009 del Ministerio de Educación que aprueba el Reglamento de la misma Ley, establece el procedimiento que se debe seguir para la retención de la devolución de impuestos por parte de la Tesorería General de la República y para el informe de la entidad acreedora del crédito universitario.

Noveno: Que de los antecedentes aportados, es posible apreciar que la entidad acreedora de la obligación que dio origen a la retención, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, habría dado cumplimiento con la notificación al deudor requerida por el Decreto 297 del Ministerio de Educación que aprueba el Reglamento que fija el Procedimiento para Retención de la Devolución del Impuesto a la Renta por parte de la Tesorería General de la República, al haber realizado la notificación establecida en el artículo 3 del mencionado Reglamento, por medio de la publicación en un diario de circulación nacional los días 1 y 15 de febrero del año 2019 del aviso de la retención a la que sería sujeto el recurrente, por medio de la publicación de una nómina de deudores morosos, no siendo posible apreciar con los antecedentes aportados, un vicio que invalidara esta notificación, que es un antecedente necesario para poder ejercer el derecho a defensa del deudor en este procedimiento, y en consecuencia, de la legalidad de la retención efectuada por la Tesorería General de la República, que actúa como recaudadora de esta obligación.

Que esta Corte es de la opinión que las normas antes enunciadas establecen un régimen legal que producen idénticos efectos que los que se verifican en una cesión de crédito por medio de la cual opera la substitución del acreedor original, en este caso, la Universidad Católica de Valparaíso por un nuevo acreedor, el administrador general del fondo solidario del crédito universitario. En efecto, la notificación por medio aviso cumple con la obligación de notificación del deudor del crédito cedido. Finalmente, la Tesorería General de la República actúa como recaudadora del crédito en favor del fondo.

Décimo: Que, en cuanto al derecho a defensa alegado por el recurrente, de acuerdo al artículo 6 del mismo Reglamento, le asiste al deudor el derecho de solicitar que el Administrador respectivo aclare su situación de deuda en el caso que considere que habría operado algún modo de extinguir las obligaciones, dentro de los 10 días siguientes a ser notificado, sin que esto obste a que pudiera ejercer además las “acciones y recursos que disponga la ley”, pudiendo incluso vencido el plazo de 10 días, “recurrir al tribunal competente de acuerdo a las reglas generales”, si quisiera alegar que operó algún modo de extinguir las obligaciones. Todo lo cual no ha sido ejercido por parte del recurrente, según los antecedentes aportados.

En cuanto al derecho a defensa frente a la actuación de la Tesorería General de la República, ha sido resuelto por la jurisprudencia de nuestros tribunales, que al ser esta un órgano de la administración del Estado, le asistirían al recurrente todos los derechos de la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, lo que constituiría un verdadero debido proceso administrativo (Ver Sentencias Tribunal Constitucional C Roles 2727-2015; 2865-2015 y 2866-2015).

Además, la retención constituiría un acto administrativo, no jurisdiccional, que no produce el efecto de cosa juzgada, y es esencialmente modificable e impugnable, de acuerdo a los artículos 52 y 61 de la Ley 19.880, por lo que procederían en su contra todos los recursos administrativos y judiciales conforme a las reglas generales, por lo que sólo existirá cosa juzgada en el momento en que el juez se pronuncie sobre la licitud de la actuación administrativa (Ver Sentencia Tribunal Constitucional Rol 3594-17).

Décimo Primero: Que el actuar de la Tesorería General de la República ha sido ejercido dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.989, efectuando la retención según requerimiento de la entidad acreedora a través de una nómina de deudores morosos informada por esta de acuerdo al artículo 12 del referido Reglamento, que contiene sus requisitos de validez, entre los que se encuentran que la nómina debe ser previamente verificada por el Ministerio de Educación en cuanto a que se cumplan los requisitos del procedimiento y que se hubieren resuelto las aclaraciones solicitadas por los deudores. Además, este Ministerio debe efectuar la remisión directa a la Tesorería General de la República de las nóminas de deudas impagas, que cumplan con los requisitos establecidos en el referido Reglamento, para que el ente recaudador dé cumplimiento a la retención establecida en el artículo 13 del mismo y artículo 1° de la Ley 19.989.

Es por esto, que el actuar del ente público, se conforma al mandato legal, sin poder establecer que incurrió en una actuación ilegal, ajustándose su ejercicio a un procedimiento legal, dentro de las facultades que le fueron conferidas por la ley. Así ha sido resuelto por jurisprudencia reciente de nuestros tribunales superiores (Ver ECS Rol 8548-2018; ICA Concepción Rol 1232-2018; ICA Santiago Rol 18928-2012).

Décimo Segundo: Que, en cuanto a la afectación del derecho de propiedad del recurrente, se constata que existe una causa legal, en un procedimiento previo legalmente establecido por el legislador, que regula los requisitos y etapas para que la Tesorería General de la República pueda efectuar la retención; además de una obligación de la que el recurrente tenía conocimiento de acuerdo a los antecedentes aportados, habiéndosele realizado además retenciones por parte del Ente Recaudador, los años 2009, 2010, 2012, 2015 y 2019, siendo sólo esta última sobre la cual acciona de protección.

Décimo Tercero: En cuanto al requisito de arbitrariedad del acto, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que un acto u omisión puede considerarse arbitrario cuando este es “contrario a la justicia, la razón o las leyes, y dictado por la sola voluntad o capricho” (ECS Rol 862-2000). En la acción que nos ocupa, no ha sido posible establecer que el acto de la retención del dinero correspondiente a la devolución de impuestos del recurrente por parte de la Tesorería General de la República haya sido uno desprovisto de razón, justicia, legalidad o realizado por mero capricho; al contrario, este sería un acto realizado en cumplimiento de una facultad legal otorgada al organismo, específicamente en el artículo 1 de la Ley 19.989 y su Reglamento, luego de un procedimiento establecido por el legislador para el actuar de la entidad acreedora y del ente recaudador.

Décimo Cuarto: Por otra parte, en cuanto al reclamo de la recurrente referente a que la obligación original se encontraría prescrita, esta Corte rechaza dicha alegación, atendido que la prescripción debe ser declarada judicialmente y en un procedimiento diverso al de autos. Ello, por disposición expresa, del artículo 2493 del Código Civil (Mismo sentido: ICA de Santiago Rol 18.928-2012).

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección deducido por Álvaro Aguirre Pérez en contra de Tesorería General de la República.

Se previene que el Abogado Integrante Mori concurre al rechazo del recurso de protección teniendo presente los argumentos que en relación con la constitucionalidad del precepto contemplado en el artículo 1° de la Ley N° 19.989 han sido formulados en distintos fallos dictados por el Tribunal Constitucional y los derechos que al recurrente de autos le asisten en esta materia.

Redacción del fallo y de la prevención Abogado Integrante Matías Mori Arellano.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-48320-2019 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro Alejandro Madrid Crohare quien no firma por ausencia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, conformada por la Ministra señora Marisol Rojas Moya y el Abogado Integrante señor Matías Mori Arellano quien no firma, por haber cesado sus funciones.