nombre reservado con AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ANID)

C.A. de Santiago Santiago, tres de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente Primero: Comparece don nombre reservado, y don nombre reservado, abogados, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado y Región de Antofagasta, actuando en representación convencional, de doña nombre reservado, geóloga, C.I. Nº RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía, e interponen recurso de protección en contra de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, persona jurídica de Derecho Público, RUT Nº RUT reservado, representada legalmente por su Directora Nacional, doña Isen Etcheverry Escudero, por la dictación de la Resolución Exenta Nº 3.069, de fecha 19 de marzo de 2021, que se pronuncia sobre el recurso de reposición administrativo interpuesto en contra de la Resolución Exenta Nº 8.049, de 2020, que declara el incumplimiento de las obligaciones de la beca y solicita la restitución de los fondos conferidos a su representada en el marco del II Concurso Regional de Becas para estudios de doctorado en Antofagasta, año 2011, financiadas con Recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R) del Gobierno Regional de Antofagasta, afectando las siguientes garantías constitucionales de la protegida: (i) La igualdad ante la ley (Art. 19 Nº 2); (ii) El derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (Art. 19 Nº 3, inciso 6º); (iii) La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección (Art. 19 Nº 16); (iv) El derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República (Art. 19 Nº 7); y (v) El derecho de propiedad (Art. 19 Nº 24).

Señalan que con fecha 25 de agosto de 2010, la CONICYT celebró un Convenio de Transferencia de Recursos con cargo al Fondo de Innovación para la Competitividad con el Gobierno Regional de Antofagasta para la ejecución de estudios, concurso de proyectos y programas que se vinculen directamente con los lineamientos estratégicos sectoriales y las temáticas transversales de apoyo sectorial que se indican en él, aprobado mediante Resolución Nº 61, de fecha 13 de octubre de 2010, y tomado razón por la Contraloría Regional de Antofagasta con fecha 4 de noviembre del mismo año.

Añaden que el citado convenio dispuso en su cláusula quinta que: “Las partes dejan expresamente establecido que conforme los faculta la Ley Nº 20.407, sobre Presupuesto del Sector Público, año 2010, Glosa 19, sobre FIC Regional, estos recursos no podrán ser incorporados al presupuesto de las instituciones receptoras por lo tanto los recursos serán manejados por CONICYT en las cuentas complementarias correspondientes” y que mediante Resolución Exenta Nº 5.497, de fecha 25 de noviembre de 2010, de la CONICYT, y en cumplimiento de lo establecido en el citado convenio aprueba las Bases del II Concurso Regional de Becas para estudios de Doctorado en Antofagasta, financiadas con Recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R), Región de Antofagasta, año académico 2011, a que su representada postuló resultando beneficiada, suscribiendo un Convenio con la CONICYT para la realización de programa de Doctorado en Ciencias Mención Geología en la Universidad Católica del Norte, con una duración cuatro años a partir del 1 de abril de 2011.

Indican que su representada quedó embarazada en el año 2012, del menor nombre reservado, nacido el 16 de noviembre de 2012 y de actuales 8 años, para lo cual se acogió al beneficio de pre y post natal establecido en los numerales 6.1.5 y 11.11 de las Bases del Concurso y de la cláusula quinta, numeral 5.10 del Convenio, cuya extensión no se considera para el computo del periodo original de la beca de cuatro años, quedando como fecha de término de su beca el 31 de julio de 2015.

Agregan que las Bases del Concurso señalan en el numeral 11.17, relativo a las obligaciones del Becario/a, que “Al término de la beca, el/la becario/a deberá acreditar su residencia y ejercicio profesional en la Región de Antofagasta por un período equivalente a la duración de su beca, a través de certificados de residencia y contrato laboral u otro símil, los que deberán ser enviados semestralmente a CONICYT. Esta retribución se podrá comenzar hasta dos (2) años contados desde el término de los estudios”, lo que se reitera en la cláusula quinta, numeral 5.16 del Convenio celebrado con CONICYT.

Explican que en cumplimiento de dicha obligación, su representada trabajó los años 2015 y 2016 en la Universidad Católica del Norte, realizando actividades docentes, y, luego, en el mes de marzo de 2017 fue contratada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (en adelante “nombre reservado”), bajo la modalidad “contrata”, conforme al artículo 10 del texto vigente de la Ley Nº 18.834, sobre estatuto administrativo, la cual fue aprobada por Resolución Exenta Nº 709, de fecha 17 de marzo de 2017, y, luego, fue renovada hasta el 31 de diciembre de 2018 mediante Resolución Exenta Nº 3.154, de fecha 24 de noviembre de 2017, y que mediante la Resolución Nº 3267, de fecha 28 de noviembre de 2018, se dispone la no renovación de la contrata para el año 2019, por haberse eliminado la Unidad de Observatorio Altiplano Puna (OVAP), donde su representada se desempeñada como su encargada.

Señalan que a la fecha de término de su relación laboral con el nombre reservado (31-12-2018), a su representada le restaban tres meses para dar cumplimiento a la obligación de residencia y ejercicio profesional en la Región de Antofagasta, establecida en el numeral 11.17 de las Bases y numeral 5.16 del Convenio a que se ha hecho alusión. Ella, buscó en reiteradas oportunidades trabajo en la Región de Antofagasta, pero no prosperó y siendo madre soltera y ante la imposibilidad de encontrar una fuente laboral en la región de Antofagasta, decidió trasladarse a la ciudad de Temuco tras una oferta de trabajo en la Universidad Católica de Temuco, donde trabaja hasta el día de hoy como docente e investigadora.

Manifiestan que entre el 30 de diciembre de 2019 y el 23 de julio de 2020, se genera un cruce de información mediante diversos correos electrónicos entre su representada y don nombre reservado, funcionario perteneciente Equipo de Atención de Becarios del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a saber: a. De fecha 20 de diciembre de 2019, a las 8:49 am, y reenviado el 30 del mismo mes y año, en el cual el Sr. nombre reservado informa el incumplimiento de la obligación de residencia y ejercicio profesional en la región de Antofagasta; b. De fecha 3 de enero de 2020, a las 16:16, en el cual su representada solicita mayores antecedentes respecto a dicho incumplimiento; c. De fecha el 6 de enero de 2020, a las 10:24 am, en el cual el Sr. nombre reservado le remite Resolución Exenta Nº 5.497, de 2010, que aprueba las Bases del Concurso; d. De fecha 15 de enero de 2020, a las 15:26, en que su representada le informa al Sr. nombre reservado de los inconvenientes que la forzaron a trasladarse a la ciudad de Temuco; e. De fecha 16 de enero de 2020, a las 10:47, en el cual el Sr. nombre reservado le comunica su representada que se derivaría su caso con los antecedentes presentados al área respectiva para su análisis y que en caso de requerir mayores antecedentes ocurriera alguna observación se le notificaría por este medio; f. De fecha 16 de enero de 2020, a las 10:50 am, en donde su representada consulta si el incumplimiento advertido en correos anteriores generaría inconvenientes para postulaciones futuras a financiamiento FONDECYT; g. De 16 de enero de 2020, a las 16:56 am, en el cual el Sr. nombre reservado le comunica a su representada que no se generarían inconvenientes para postulaciones futuras; y h. De fecha 23 de julio de 2020, a las 11:13 am, en el cual el Sr. nombre reservado notifica a su representada la Resolución Exenta N° 8.496, de 2020, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que declara el incumplimiento de las obligaciones que le impuso la beca y solicita la restitución de los fondos conferidos en razón de la misma.

Indican que las Bases del Concurso, en relación a las sanciones establecidas en el apartado 11 para el caso de incumplimiento por parte de los becarios/as, contemplan un margen de ponderación a la autoridad administrativa para evitar la colisión de éstas (sanciones) con garantías constitucionales, pues se indica que “Si a juicio de CONICYT la causal de incumplimiento no fuera justificada o justificable, se procederá a declarar el término anticipado de la beca”, lo cual no es tomado en consideración por la Resolución Exenta N° 8.496, de 2020, ya que determina la más gravosa sanción en su contra que se traduce en restitución total de los caudales otorgados que le fueron otorgados por motivo de la beca, monto que asciende a la suma de $38.016.000.

Señalan que interpuso recurso de reposición administrativa en contra de la mencionada resolución, haciendo ver lo que se ha expuesto precedentemente el cual es rechazado pues “se ha podido concluir que no existen antecedentes que permitan estimar que ha existido error de hecho o falta de sujeción a las bases imputable a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en los términos señalados por la persona recurrente. En consecuencia, la solicitud de restitución de los caudales otorgados por motivo de la beca ya signada por declaración de incumplimiento se ha ajustado estrictamente a lo dispuesto en la normativa que regula el certamen”.

Indican que los dineros que financiaron la beca de su representada nunca le fueron asignados presupuestariamente a la CONICYT (antecesora legal de la recurrida) conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público, sino que estos formaron parte del presupuesto del Gobierno Regional de Antofagasta, y, este último servicio público, mediante convenio de fecha 25 de agosto de 2010, le entrega la administración de dichos fondos para la ejecución de estudios, concurso de proyectos y programas que se vinculen directamente con los lineamientos estratégicos sectoriales y las temáticas transversales de apoyo sectorial que se indican en él. Luego, dichos fondos nunca fueron incorporados al presupuesto de la CONICYT, por lo que sus facultades para perseguir el pago frente a incumplimientos no podrían prosperar con posterioridad al vencimiento del citado convenio, lo que ocurrió el 31 de diciembre de 2011 y que actualmente la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo cuenta en su poder con un pagaré suscrito por su representada en la época de suscripción del Convenio de su beca, el que eventualmente, reuniendo los requisitos del artículo 434 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, puede adquirir mérito ejecutivo y su cobro ser perseguido en un juicio ejecutivo y culminar en el embargo, retiro y remate en pública subasta de los bienes de su representada.

Señalan los requisitos copulativos para que proceda una acción cautelar de protección y que en la especie lo reprochado es una acción, consistente en la dictación de la Resolución Exenta Nº 3.069, de fecha 19 de marzo de 2021, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, infringiendo el principio de juridicidad puesto que la recurrida se arroga o atribuye un derecho que no tiene sobre los fondos que financiaron la beca de su representada, citando al efecto los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y doctrina al respecto.

Expresan que ni en los vistos ni en la parte considerativa de los citados actos administrativos que motivan el recurso, se aprecia aplicación alguna de los preceptos legales y constitucionales que regularían su accionar y que, de haber sido aplicados adecuadamente habrían resuelto que no podría exigir la restitución de fondos, o bien, hubiese eximido a doña nombre reservado A. de toda responsabilidad en el incumplimiento de la obligación de residencia y ejercicio profesional en la Región de Antofagasta, establecida en el numeral 11.17 de las Bases y numeral 5.16 del Convenio firmado entre ella y la CONICYT.

Añaden que la recurrida, en contravención de los preceptos constitucionales y legales que rigen su actuar, exige la restitución de dineros sobre los cuales actualmente no tiene derecho porque nunca le fueron asignados presupuestariamente conforme a la Ley de Presupuestos del Sector Público de los años en que estuvo vigente el Convenio de Transferencia de Recursos con cargo al Fondo de Innovación para la Competitividad celebrado entre CONICYT (antecesor legal) y el Gobierno Regional de Antofagasta, reiterando lo señalado al inicio del recurso.

En este orden de ideas, señalan, el contenido de cláusula quinta del Convenio entre CONICYT y el Gobierno Regional de Antofagasta, en conjunto con la imputación presupuestaria indicada en el acto administrativo que aprueba dicho convenio explicaría tanto el origen del financiamiento de la Beca de doña nombre reservado A. como la titularidad de dichos fondos públicos, quedando establecido más allá de toda duda razonable que no es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (en su calidad de continuadora legal de la CONICYT) la facultada para disponer de dichos fondos sino el Gobierno Regional de Antofagasta en razón de haberse extinguido hace ya largos años el convenio entre estos dos órganos de la Administración del Estado, por lo que CONICYT sólo pudo haber administrado los fondos del Segundo Concurso Regional para estudios de Doctorado en Antofagasta en la medida que el convenio de transferencia FIC-R aprobado por Resolución Nº 61, de 2010, del Gobierno Regional de Antofagasta, se mantuviera vigente, lo que en la especie no ocurre. Luego, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (continuadora legal de CONICYT) no puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes, y, en el caso particular, sus facultades de cobranza se extinguieron al vencimiento del citado convenio FIC-R, y no podría alegar como circunstancia extraordinaria la existencia de otros convenios de la misma naturaleza que se encuentren vigentes, ya que todos ellos tienen un objetivo específico y una imputación presupuestaria propia.

En cuanto al principio de proporcionalidad señala que la doctrina ha estimado que este se encuentra integrado dentro de los principios inherentes al Estado de Derecho, de los artículos 6 y 7 de la Constitución, en la prohibición de conductas arbitrarias del artículo 19, numeral 2, y en la garantía normativa del contenido esencial de los derechos del artículo 19, numeral 26. Asimismo, en el debido proceso y en el reconocimiento de la igual repartición de tributos.

Llevando esto al caso de marras señalan, en cuanto al juicio de idoneidad, se puede apreciar que el fin pretendido por la CONICYT, cuando celebró el Convenio FIC-R con el Gobierno Regional de Antofagasta era la ejecución de estudios, concursos de proyectos y programas que se vincularan directamente con los lineamientos estratégicos sectoriales y temáticas transversales de apoyo sectorial definidas por el Consejo Regional de Antofagasta, las cuales estaban definidas en la cláusula tercera del convenio. Luego, el objetivo del Segundo Concurso Regional para estudios de Doctorado en Antofagasta, año 2011, era la formación de capital humano avanzado en los sectores prioritarios de la Región de Antofagasta que contribuyera al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural de la región. A continuación, en relación al juicio de necesidad, la medida para lograr el fin deseado quedó establecida al final del apartado 11 de las Bases del Concurso, relativo a las obligaciones del/la Becario/a. En dicho sentido, los dos últimos párrafos establecieron las sanciones frente para los becarios que no cumplieran con sus obligaciones, y al respecto se señaló lo siguiente: “(…) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores, dentro de los plazos estipulados por estas bases y el respectivo convenio de beca, dará derecho a CONICYT para suspender de manera inmediata la entrega de los recursos al/la becario/a, teniendo este un plazo de diez (10) días hábiles para justificar el incumplimiento de dicha obligación. Si no lo hiciere, o si a juicio de CONICYT la causal de incumplimiento no fuera justificada o justificable, se procederá a declarar el término anticipado de la beca”. Luego agrega que: “Cuando se declare el término anticipado de la beca, CONICYT a través de las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan o por medio de la ejecución del respectivo pagaré, deberá exigir a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan, abandonen y/o renuncien a su programa de estudios sin causa justificada”

Explican que de los antecedentes que se acompañan es posible constatar que su representada solicitó trabajo tanto en la Universidad de Antofagasta como en la Universidad Santo Tomás sede Antofagasta, ofrecimientos que fueron desestimados por ambas casas de estudios superiores, verificándose la concurrencia de un presupuesto de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, norma de derecho común y de carácter supletorio, cuya aplicación en sede administrativa ha sido reconocida por jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Señalan que el espíritu general de la administración y la equidad natural obliga a tomar en consideración aforismos jurídicos, tales como, “Ad impossibilia nemo tenetur” que significa que “nadie está obligado a realizar lo imposible”; “Impossibilium nulla obligatio” que se traduce en que “a lo imposible, nadie está obligado”; y “Ubi edem ratio ibi ius” que se traduce en “donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición”, citando dictámenes de la Contraloría General de la República: “(…)A la luz de lo prescrito por el artículo 45 del Código Civil, norma de derecho común y de carácter supletorio, el caso fortuito constituye una situación de excepción que, en diversos textos normativos, permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones y plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico(…)”. mantener residencia en la región de Antofagasta, mientras que, el segundo aplica para dar por cumplida la obligación de retribución por parte de su representada y que acorde con el artículo 707 del Código Civil, la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria, regla que no sólo aplica en materia civil sino también en sede administrativa, y así lo ha reconocido la Contraloría General de la República y en este caso la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presume de plano la mala fe de su representada, lo que contraviene el artículo 707 del Código Civil, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República relativa a la presunción de la buena fe, y el artículo 11 de la Ley Nº 19.880 relativo al principio de imparcialidad que debe primar en el actuar de los órganos de la Administración del Estado.

Agregan que sin perjuicio de que su parte sostiene que doña nombre reservado debía haber sido eximida de toda responsabilidad en el incumplimiento por la concurrencia de fuerza mayor o caso fortuito, tanto la Resolución Exenta Nº 8.496, de 2020, como la Resolución Nº 3.069, de 2021, no determinan la justificación de la entidad de la sanción administrativa, consistente en la restitución de la totalidad de los beneficios otorgados, dineros que ascienden a la suma de $38.016.000 (treinta y ocho millones dieciséis mil pesos). La motivación, por lo demás, "facilita el control judicial de las decisiones discrecionales, pues contribuye a develar si el uso por parte del órgano administrativo de su libertad de apreciación ha resultado correcto o incorrecto".

Refieren que el actuar arbitrario e ilegal de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo priva, perturba y amenaza a su representada en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que ya ha reiterado en su arbitrio.

En el caso de marras, se encuentra en condiciones de disponer la subsanación de la situación denunciada, en los siguientes términos: a. Declarando, en primer lugar, que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo no tiene actualmente facultades legales para exigir la restitución del total de los caudales otorgados a ninguno de los becarios beneficiarios del II Concurso Regional de Becas de Estudio de Doctorado en Antofagasta, financiadas con Recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R), Región de Antofagasta, año académico 2011, aprobadas por Resolución Exenta Nº 5397, de fecha 25 de noviembre de 2010, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), por cuanto dichas facultades se extinguieron al vencimiento del Convenio de Transferencia de Recursos con cargo al Fondo de Innovación para la Competitividad con el Gobierno Regional de Antofagasta de fecha 25 de agosto de 2010, aprobado mediante Resolución Nº 61, de fecha 13 de octubre de 2010, y tomado razón por la Contraloría Regional de Antofagasta con fecha 4 de noviembre del mismo año, y cuyo vencimiento se verificó el 31 de diciembre de 2011. Luego, el actuar sin contar con dichas facultades implica una inobservancia del principio de juridicidad. b. Declarando, en segundo lugar, que la recurrida, al no aplicar el margen de discrecionalidad para la determinación de las sanciones que se autoimpuso en las Bases del Concurso, al tampoco ponderar las circunstancias particulares de su representada que justificaban el incumplimiento de sus obligaciones y la consecuente eximición de responsabilidad, y al omitir la aplicación de disposiciones legales que eran aplicable al caso concreto, vulnera el principio de juridicidad y el principio de proporcionalidad de las sanciones en materia administrativa. c. Declarando, en tercer lugar, que las conductas descritas en contra de su representada privan, perturban y amenazan las siguientes garantías constitucionales de nuestra representada: (i) La igualdad ante la ley (Art. 19 Nº 2); (ii) El derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (Art. 19 Nº 3, inciso 6º); (iii) La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección (Art. 19 Nº 16); (iv) El derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República (Art. 19 Nº 7); y (v) El derecho de propiedad (Art. 19 Nº 24). d. Acogiendo, en virtud de lo anteriormente declarado, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. e. Ordenando la revocación, de conformidad al artículo 61 de la Ley Nº 19.880, de las Resoluciones Exentas Nos 8.496, de 2020, y 3.069, de 2021, o en su defecto, sólo del segundo acto administrativo, y, asimismo, ordenando un nuevo pronunciamiento fundado que respete las normas relativas a los principios de juridicidad y proporcionalidad de las sanciones administrativas y considere especialmente tanto el margen de discrecionalidad para la determinación de las sanciones que se autoimpuso en las Bases del Concurso como la ponderación de las circunstancias particulares de su representada que justificaban el incumplimiento de sus obligaciones, y, en definitiva, la exima de toda responsabilidad en el incumplimiento de la obligación de mantener residencia y ejercicio profesional en la Región de Antofagasta contenidas en el numeral 11.17 de las Bases y en el numeral 5.16 de la cláusula quinta del Convenio suscrito entre su representada y la CONICYT, absteniéndose de solicitar restitución de dineros por no contar con facultades legales para aquello; y f. Condenando a la recurrida en costas.

Segundo: Informa don Juan Andrés Vial Pérez, abogado en representación de la recurrida, solicitando en primer lugar se declare la extemporaneidad del recurso, en atención a que es necesario que se encuentre acreditada la existencia de una situación apremiante o de urgencia que haga necesario un pronunciamiento rápido para ponerle pronto remedio.

Señala que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 19.880, los actos de la Administración Pública causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior y que los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general.

Concluye que, en consecuencia, con fecha 21/04/2021, doña nombre reservado interpuso la acción constitucional de protección por lo que su extemporaneidad resulta manifiesta, toda vez que la decisión de CONICYT/ANID que impugna, que declaró el incumplimiento y solicitó la restitución de fondos, Resolución Exenta N° 8496/2020, acaeció con fecha 21/07/2020, notificada con fecha 23 de julio de 2020.

Expresa que lo que se impugna mediante la presente acción constitucional es la pretensión de este Servicio, manifestada a través de la Resolución Exenta N° 8496/2020, dictada con fecha 21/07/2020 y notificada con fecha 23 de julio de 2020, de declarar a la becaria en incumplimiento y solicitar la restitución de fondos y no la Resolución Exenta N° 3069/2021, de fecha 19 de marzo de 2021, que rechazó el recurso de reposición en sede administrativa.

Señala que la materia sobre la que versa el presente recurso es determinar si la becaria se encuentra o no efectivamente en incumplimiento respecto de sus obligaciones de becario, materia de lato conocimiento excluido del ámbito de un recurso de protección, lo que escapa a la naturaleza de remedio cautelar del procedimiento especial de protección, ya que en la especie no existe un derecho indubitado en debate, puesto que se trata de determinar si el becario se encuentra o no en incumplimiento de sus obligaciones de becario, cuestión que en ningún caso puede ser resuelta en este procedimiento especial de naturaleza cautelar, puesto que el fondo de la temática del recurso encierra, más que en un eventual proceder arbitrario o ilegal de la Administración, el hecho de no resignarse la becaria al proceder legal de este Servicio de declararla en incumplimiento, lo cual se acreditará.

La actora al basar sus supuestos en alegaciones referidas a interpretaciones no logra cimentar una posición que la habilite a demostrar que tiene un derecho indubitado que dé consecuencia a sus pretensiones, debiendo ser conocido en un juicio de otra naturaleza la correcta interpretación de las normas, no siendo esta sede cautelar la más adecuada para esos objetivos.

Expresa que según los antecedentes ya indicados y considerando el traslado en abril de 2019 a la ciudad de Temuco, la Sra. nombre reservado no ha acreditado su obligación de permanencia y retribución en los términos establecidos en el numeral 11.17, en la Región de Antofagasta, por el periodo equivalente a la duración de su beca.

Manifiesta que de acuerdo al numeral 1 de las bases, el objetivo de la beca es “La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) llama a concurso a chilenos/as y extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile y con residencia por al menos un (1) año en la Región de Antofagasta contado retroactivamente desde el momento de la postulación, con el propósito de otorgar becas para iniciar o continuar estudios conducentes a la obtención del grado académico de Doctor en universidades chilenas con casas centrales ubicadas en la mencionada Región y en programas que se encuentren acreditados o en proceso de acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA-Chile) y que el objetivo de la beca es formar capital humano avanzado en los sectores prioritarios de la Región de Antofagasta que contribuya al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural de la Región.

Señala que la Universidad en que iniciará o continuará el programa de estudios de Doctorado es de libre elección del/a candidato/a, siempre que su casa central esté ubicada en la Región de Antofagasta y el citado programa esté acreditado o en proceso de acreditación a la fecha de lanzamiento del presente concurso y que las becas son financiadas con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad de Asignación Regional de Antofagasta (FIC-R) 2010. El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R) es definido como una fuente de financiamiento de la inversión de decisión regional asignada por el Gobierno Regional a agencias ejecutoras especializadas (CORFO Comité INNOVA Chile, FIA y CONICYT), con la finalidad de promover y crear entornos económicos e institucionales que favorezcan la innovación regional competitiva, a efecto de dinamizar sistemas de innovación cada vez más eficientes, que permitan convertir el conocimiento existente en nuevos productos, servicios y conductas de los agentes. Con dichos recursos las regiones podrán generar cambios progresivos en el comportamiento de los agentes que participan en la estructura productiva, así como con su relación con la infraestructura institucional requerida para competir.

Agrega que las becas para estudios de Doctorado en Chile, financiadas con recursos del FIC Regional de Antofagasta, buscan impactar y contribuir a mejorar la competitividad de los sectores priorizados por la Región de Antofagasta que enumera.

Añade que los/as postulantes que deseen optar por las becas financiadas por el FIC de la Región de Antofagasta deberían manifestar claramente en sus cartas de motivación su voluntad de vincular la realización de sus tesis de doctorado con alguno de los sectores priorizados por la Región, ya mencionados, siendo en caso contrario declarados fuera de bases del concurso.

Agrega que la asignación de estos recursos encuentra sustento en el Acuerdo N'9668-1"0 del Consejo Regional de Antofagasta, adoptado en su sesión ordinaria N° 419, de fecha 28 de mayo de 2010, y en el Convenio de Transferencia de recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad, suscrito entre el Gobierno Regional de Antofagasta y CONICYT de fecha 25 de agosto de 2010, aprobado mediante Resolución Afecta N° 61 de 13 de octubre de 2010 del Gobierno Regional de Antofagasta, tomada razón el04 de noviembre de 2010.”

Indica que de los objetivos de la beca y de las obligaciones de la misma, resulta claro que la normativa concursal dispuso que los becarios debían, al término de la beca, realizar su retribución en la Región que les entregó el financiamiento de la subvención mediante la acreditación de su residencia y ejercicio profesional en la Región de Antofagasta por un periodo equivalente a la duración de la beca, a través de certificados de residencia y contrato laboral u otro símil, los que deberán ser enviados semestralmente a CONICYT. Esta retribución se podrá comenzar hasta dos (2) años contados desde el término de los estudios y que dicha obligación podría realizarse inmediatamente al término de la beca o empezar dicha retribución hasta dos años de contados desde el término de los estudios, norma que presenta flexibilidad a la hora de comenzar la retribución.

Expresa que el incumplimiento de las normas concursales por parte de los becarios, acarrean las consecuencias jurídicas que la bases disponen en los párrafos finales del numeral 11: “El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores, dentro de los plazos estipulados por estas bases y el respectivo convenio de beca, dará derecho a CONICYT para suspender de manera inmediata la entrega de los recursos al/la becario/a, teniendo éste/a un plazo de diez (10) hábiles para justificar el incumplimiento de dicha obligación. Si no lo hiciere o si a juicio de CONICYT la causal de incumplimiento no fuera justificada o justificable, se procederá a declarar el término anticipado a la beca.

Cuando se declare el término anticipado de la beca, CONICYT a través de las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan o por medio de la ejecución del respectivo pagaré, deberá exigir a los/as becarios/as la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan, abandonen y/o renuncien a su Programa de estudios, sin causa justificada así como a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becarios o hayan adulterado sus antecedentes o informes. Sin perjuicio de lo expuesto CONICYT deberá declarar el impedimento de estos/as becarios/as para postular o participar con cualquier calidad jurídica. en otros concursos que convoque.” y que lo expuesto, se encuentra señalado en el convenio de beca, suscrito bajo el pleno conocimiento de la becaria, en la cláusula Quinta, apartado denominado “Obligaciones” del numeral 5.16:

“El/la BECARIO/A contrae las siguientes obligaciones:

5.16 Al término de su beca, el/la becario/a deberá acreditar su residencia y ejercicio profesional en la Región de Antofagasta por un periodo equivalente a la duración de la beca, a través de certificados de residencia y contrato laboral u otro símil, los que deberán ser enviados semestralmente a CONICYT. Esta retribución se podrá comenzar hasta dos (2) años contados desde el término de los estudios.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores, dentro de los plazos estipulados en el convenio de beca, facultará a CONICYT para suspender de manera inmediatamente la entrega de los recursos al/la becario/a, teniendo éste/a un plazo de 10 (diez) días hábiles para justificar el incumplimiento de dicha obligación. Si no lo hiciere, o si a juicio de CONICYT la causal de incumplimiento no fuere justificada, se procederá a poner término anticipado a la beca.

Cuando se declare el término anticipado de la beca, CONICYT a través de las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan o por medio de la ejecución del respectivo pagaré, deberá exigir a los/as becarios/as la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan, renuncien y/o abandonen su programa de estudios sin causa académica justificada, así como quiénes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becario/a o hayan adulterado sus antecedentes o informes, o no cumplan las obligaciones que le impone el contrato; así como aquellos que no hayan acreditado la obtención del grado académico dentro del plazo de 18 (dieciocho) meses, contados desde el término del período de la beca. Sin perjuicio de lo expuesto CONICYT deberá declarar el impedimento de estos/as becarios/as para postular o participar en cualquier calidad jurídica en otros concursos que convoque”

Señala que de acuerdo a los antecedentes revisados la Sra. nombre reservado, se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, específicamente de su obligación de permanencia y retribución en la Región de Antofagasta por un periodo de tiempo, de forma ininterrumpida, según lo establecieron sus bases concursales, cuestión que no se verificó.

Hace presente que las resoluciones que declaran un incumplimiento son actos meramente declarativos y no constitutivos de una situación jurídica, por lo que el incumplimiento de las obligaciones de los becarios se verifica con la sola ocurrencia del hecho cuya hipótesis se verifica en la norma y no con la dictación de la resolución. Asimismo, no corresponde una ponderación respecto de la culpa o dolo del incumplimiento, ya que no estamos ante un procedimiento sancionatorio y porque las bases solo se limitan a señalar que deben cumplirse los presupuestos de hecho para exigir la restitución total de los fondos, sin que le sea lícito a este Servicio graduar la restitución de los fondos.

Finalmente, concluye que la recurrente no presenta antecedentes de hecho y de derecho que permitan desvirtuar lo resuelto en las resoluciones señaladas, por lo que mantienen inalterable lo resuelto en la Resolución Exenta 8496/2020, que declaró el incumplimiento de las obligaciones y le solicitó la restitución de los fondos concedidos con ocasión de la beca y que no existen antecedentes que permitan estimar que ha existido un error de hecho o una falta de sujeción a las bases imputable a ANID, por lo que la Resolución Exenta Nº 8496/2020, que declara el incumplimiento de las obligaciones y solicita la restitución de fondos conferidos con ocasión de la beca, se ha ajustado plenamente a lo dispuesto a la normativa que regula su beca.

Manifiesta que en virtud a la normativa que rigió la beca de la recurrente, se estableció un régimen obligacional estricto y a partir del cual se desarrolla una actividad rigurosa de control, por parte de la institución, cuya finalidad es el resguardo de los caudales públicos, y en dicho contexto, procedió a dictar el acto administrativo que declara el incumplimiento de las obligaciones que impone la beca, y solicita restitución total de fondos al becario.

Señala que las bases concursales, disponen excepcionalmente que: “11.11. En caso de embarazo, la becaria podrá solicitar permiso pre y post natal a CONICYT por una duración máxima de cuatro (4) meses con pago de beca financiado por la Comisión. A esta solicitud debe adjuntar el certificado médico respectivo que acredite el estado de gravidez y un certificado emitido por el/la Director/a del Programa de Doctorado indicando que la becaria suspende sus estudios a causa de su embarazo. Los meses utilizados por motivo de pre y post natal no se considerarán para el cómputo del período original de la beca, reactivándose dicho período una vez que la becaria sea reintegrada al programa.”

Expresa que el sentido de dicha norma es permitirle suspender los estudios durante dicho tiempo aun cuando las becarias no se encuentren desarrollándolos producto de su pre y post natal, reactivándose dicho período una vez que la becaria sea reintegrada al programa. Por consiguiente, no se considerarán para el cómputo original de la beca, en el sentido que mientras se encuentran suspendidos estudios continuarán percibiendo los beneficios de la beca no limitándose a los cuatro años máximos del periodo original de la beca, criterio ratificado por la Contraloría General de la República.

Así las cosas, indica, conjugando el numeral 3.5 que regula la duración de beca, y el numeral 12.12 de las bases de ese concurso, resulta claro que dentro de la duración de la beca se contempla el permiso de pre y postnatal, ya que la propia Contraloría exigió su restitución cuando ésta excede las condiciones establecidas para la duración de la beca (valga la redundancia), esto es, la realización de estudios, mermando con ello el tiempo de financiamiento otorgado por concepto de pre y post natal, ya que éste se encuentra supeditado al tiempo de duración de la subvención.

Que, tal como se mencionó según convenio beca de la Sra. nombre reservado se estableció como fecha de inicio y término de la beca, desde el mes de abril de 2011 hasta el mes de marzo de 2015 y que, con posterioridad, se extendió el beneficio de manutención mensual hasta 4 meses por concepto de pre y post natal, constando en Resolución Exenta N°10626/2014 que modifica la Resolución Exenta N° 4792/2012 que autoriza Pre y Post Natal, como nueva fecha de finalización de la beca original el día 31/07/2015.

Así las cosas, dice, considerando la extensión de los beneficios producto del pre y post natal, la duración de la beca de doctorado de doña nombre reservado, comprendió el periodo de 01/04/2011 hasta el día 31/07/2015, cuya duración efectiva de la beca correspondió a 4 Años, 3 meses y 30 días y que según los antecedentes presentados por la Sra. nombre reservado, después de la finalización de la beca reside en la Región de Antofagasta por un periodo de 3 Años, 9 Meses y 29 días, considerando los meses completos de julio de 2015 y abril de 2019. Además, según los antecedentes ya indicados y considerando el traslado en abril de 2019, hecho reconocido por la becaria en todo momento, a la ciudad de Temuco, la Sra. nombre reservado no ha acredita su obligación de permanencia y retribución en los términos establecidos en el numeral 11.17, por el periodo equivalente a la duración de su beca.

Añade que, si se considera la duración de la beca, sin el beneficio otorgado de pre y post natal, como pretende la actora, su duración correspondió a un total de 3 años, 11 meses y 30 días. Por lo que, a lo menos la Sra. nombre reservado debió al término de su beca, residir y ejercer profesionalmente en la Región de Antofagasta por 3 años, 11 meses y 30 días.

Expresa que se consideraron los siguientes antecedentes presentados por la Sra. nombre reservado para el cálculo de su periodo de retribución:

1.- Carta emitida por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la carrera de Geología de la Universidad Católica del Norte, firmado por nombre reservado, que señala que entre los años 2015 y 2016 realizó clases en la Carrea de Geología;

2.- Copia de los contratos suscritos entre la Sra. nombre reservado y nombre reservado, que consta en Resoluciones Exentas N°0709/2017 y N°3267/2018 del nombre reservado, que indican un periodo de retribución laboral desde 20-03-2017 al 31-12-2017 y 01-01-2018 al 31-12-2018.

3.- Declaración jurada de residencia, suscrita ante notario público que acredita que residió en la región desde Julio de 2015 y abril de 2019.

Manifiesta que según los antecedentes presentados por la Sra. nombre reservado después de la finalización de la beca reside en la Región de Antofagasta por un periodo de 3 años, 9 meses y 29 días, considerando los meses completos de Julio de 2015 y abril de 2019.

Indica que aun cuando se considere que la duración de la beca no debería comprender el periodo de suspensión de los estudios por concepto de pre y post natal con beneficios de la beca, como pretende la actora, ésta correspondió a un total de 3 años, 11 meses y 30 días, a la Sra. nombre reservado le faltarían al menos 2 meses 1 día, para dar término al periodo mínimo de retribución en la Región de Antofagasta, que, según sus bases concursales, implica tanto residir como ejercer profesionalmente en dicha región.

Concluye que la recurrente no completó la retribución original de la beca calculado por el Servicio de 4 años, 3 meses y 30 días, ni el calculado por la actora de 3 años, 11 meses y 30 días, ya que sólo logró acreditar 3 años, 9 meses y 29 días, considerando los meses completos de julio de 2015 y abril de 2019, siendo su parte generoso en la fórmula de cálculo al no requerir siquiera retribución ininterrumpida en la Región de Antofagasta.

Señala que de todas las normas y fundamentos transcritos en este informe no se vislumbra cómo puede tornarse ilegal y arbitraria una facultad expresamente contemplada en la normativa concursal: es claro que a la becaria le asiste la obligación de retribuir en los términos establecidos en la normativa concursal, esto es, permanecer y retribuir laboralmente en la región de Antofagasta por el mismo periodo de la beca; resultando sumamente claras las consecuencias jurídicas que implica incumplir la aludida obligación, condiciones conocidas por la becaria en todo momento, ya sea porque las bases concursales lo señalan expresamente, ya sea porque la becaria suscribió un convenio de beca en dichos términos.

Es más, expresa, el Servicio se encuentra obligado a cumplir con las normas que regulan los concursos, por lo que más que una potestad deviene en un deber para la administración solicitar la restitución de los fondos conferidos en el caso del incumplimiento de las obligaciones de la becaria.

Indica que el Servicio, en razón del principio de juridicidad y del resguardo de los fondos públicos, se encuentra en el imperativo de declarar el incumplimiento de las obligaciones de la beca y solicitar la restitución de la totalidad de los recursos entregados con ocasión del incumplimiento de las normas de las subvenciones otorgadas, en el evento que éstos no hubieran sido utilizados bajo las condiciones en que fueron otorgados, independiente de las razones que esgriman los beneficiarios para justificar su incumplimiento.

El régimen obligacional de las subvenciones entregadas por la institución se sustenta, principalmente, en las bases que regulan los concursos públicos y en los convenios que suscriben los becarios o beneficiarios de un proyecto de investigación. Por tanto, todo interesado al postular al financiamiento otorgado por CONICYT/ANID conoce las condiciones bajo las cuales se encuentra sujeta la entrega de estos fondos del Estado. Dichos procesos garantizan la igualdad de todos los usuarios y el apego estricto a la normativa concursal.

Indica que la Contraloría General de la República, a través del Dictamen N°39684/2009, ha señalado que “los procedimientos administrativos concursales, destinados a seleccionar a los postulantes a ciertos beneficios económicos, deben someterse estrictamente a las normas que los regulan, de manera de observar el principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, como asimismo deben cautelar el respeto al derecho a la igualdad, reconocido constitucionalmente en el artículo 19, N° 2°, de la Constitución Política”, dictámenes que son obligatorios para la agencia.

Así la cosas, la Agencia se encuentra en el deber de hacer cumplir la normativa del concurso, como asimismo los informes de la Contraloría General de la República, los cuales han señalado expresamente que esta institución debe velar por el resguardo de los fondos públicos, solicitando la restitución de los caudales conferidos en los casos de incumplimiento. El resguardo de los fondos públicos no solamente dice relación con un eventual detrimento pecuniario que pueda sufrir el Estado o un ente público, sino con que el hecho que los recursos sean utilizados en las condiciones dispuestas en la normativa que faculta su otorgamiento, en el caso en comento: verificar que los beneficiarios no poseen incumplimiento con CONICYT/ANID.

Señala que la beca es una especie de subvención, un auxilio económico excepcional, a través del cual la Administración fomenta actividades que aportan un beneficio directo al beneficiado proporcionándoles ingentes recursos financieros, respecto de los cuales el becario no se encuentra obligado a realizar una prestación directa a la Administración, sino que debe cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa concursal, las que permiten que se alcancen los objetivos de interés general que se tuvieron presentes al asignar los fondos. Por ello, la naturaleza de esta actividad de fomento exige la existencia de un régimen obligacional estricto y una actividad rigurosa de control por parte de nuestra institución.

Sin perjuicio de lo anterior, señala, las razones esgrimidas por la recurrente relativa a su condición de madre y la necesidad económica e imposibilidad de encontrar una fuente laboral en la región de Antofagasta, situación que no acredita, para luego trasladarse a la ciudad de Temuco tras una oferta de trabajo en la Universidad Católica de Temuco, es un hecho no es admisible como justificado, ya que sólo podría justificarse dicho incumplimiento ante hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual tampoco se acredita y lo cual no es materia que pueda tratarse en un recurso de protección.

Agrega que las razones que la actora señala en la acción para justificar de su incumplimiento difieren de lo indicado por la propia becaria al presentar un recurso de reposición en sede administrativa, al señala que “Debido al término del proyecto y contrato de trabajo, en el mes de abril de 2019 me trasladé hasta la cuidad de Temuco para continuar ejerciendo mi trabajo. A principios de este año me contacté a través del correo correo reservado, advirtiendo de mi preocupación por acreditar mi residencia y ejercicio profesional, debido a mi reciente cambio de domicilio personal y laboral. Cabe destacar que, mencioné solo trabajos por dos años en la cuidad, pensando que se debía justificar mi residencia una vez titulada”.

Reitera que la titulación acaeció el día 24/01/2017, de acuerdo a la fecha señala en el certificado de grado emitido por la Universidad Católica del Norte, fecha que difiere del término de la beca acaecido el día 31/07/2015, por lo que obviamente las razones del incumplimiento son los “errores de cálculo de la becaria " pese a los términos claros de la bases, por lo que los argumentos que señala ahora en su recurso de protección relativos a la maternidad y falta de empleo en la región no son efectivos ni tampoco los acredita, máxime si en la Región de Antofagasta se encuentran radicados las reservas mineras más grandes del país, resultando poco creíble que la becaria, dado su Doctorado en Ciencias mención Geología, no haya podido encontrar trabajo en dicha región.

Insiste en que la recurrente no acompaña ningún medio de prueba que respecto de hechos que ameriten ser calificados de caso fortuito o fuerza mayor, asimismo, el supuesto hecho de no encontrar trabajo en la Región de Antofagasta tampoco puede ser considerado dentro de esa hipótesis, a pesar de que la actora en su recurso de protección insiste en calificarlos como tal. Tal como lo indica el artículo 1547 del Código Civil, inciso 2° y 3°, el deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa, con todo, la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega.

Agrega que el procedimiento llevado en contra de doña nombre reservado, no es un procedimiento de naturaleza sancionatoria. En efecto, en la sanción administrativa su relación con la infracción es puramente arbitraria y no tiene otro fundamento que la norma que anuda la sanción de que se trate a esa concreta infracción. En cambio, en la caducidad y consecuentemente la devolución de la subvención, por incumplimiento de su fin, ella es la consecuencia inmediata de la propia estructura jurídica de la subvención y no una sanción administrativa propiamente dicha y si existe alguien con algún perjuicio es el Estado, por tanto, claramente el reintegro no puede ser considero como una sanción, sino como la consecuencia lógica del incumplimiento de las obligaciones y que la subvención debe ser utilizada en los términos previsto para ello.

Por consiguiente, dado que una beca no es una donación del Estado, le es lícito a la Administración exigir a los beneficiarios el cumplimiento de la normativa concursal, en conformidad con el artículo 6° y 7° de Constitución Política de la República.

Explica que no le es lícito a su servicio ponderar lo que indica el recurrente, ya que las bases disponen expresamente que el incumplimiento acarrea la restitución total de los fondos, sin que le sea permitido soslayar esa restricción en razón del principio de apego estricto de las bases y de la igualdad de todos los becarios, sobre todo, respecto de aquellos que hicieron los esfuerzos necesarios para cumplir cabalmente con las obligaciones de becario.

Señala que ANID carece de facultades para modificar el régimen jurídico constituido, el cual los becarios adhieren libremente al suscribir los convenios, por tanto, ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas, el Servicio se encuentra en el imperativo de cumplir con dicha normativa, declarar formalmente el incumplimiento y solicitar la restitución de los fondos otorgados en razón de la beca.

Añade que tampoco es dable precisar que dicho acto recurrido es arbitrario puesto que se ha ejercido las facultades que el Derecho entrega al Servicio para cautelar el buen uso de los recursos públicos se han apegado a criterios de razonabilidad y de estudios que difieren de un ejercicio abusivo y caprichoso aquellas, y siendo además proporcionado el obrar del Servicio, teniendo en cuenta que siempre se ha otorgado la chance al recurrente de participar en el proceso y siempre han sido oídas sus alegaciones, además resulta un imperativo a la institución seguir la responsabilidad patrimonial de los becarios.

Señala que todos los actos administrativos contienen profusamente tanto fundamentos de hecho como derechos, trascritos expresamente en los actos, en particular, el acto administrativo, malamente impugnado por la actora por la presente acción de protección, que rechazó su recurso de reposición. Dichas resoluciones sí contienen un encuadre fáctico, describiendo cada uno de los hechos materias de análisis y los fundamentos de derecho basado en las bases concursales.

En cuanto a la ejecución del convenio, indica que, de acuerdo a la cláusula sexta, CONICYT se compromete a cumplir, entre otras, la obligación de rendir cuenta de los montos transferidos ya sea al Gobierno Regional de Antofagasta, ya sea a la Contraloría General de la República. Que la rendición de cuenta por parte del Servicio se traduce en el deber de exigir a los becarios el cumplimiento de las obligaciones para verificar que se cumpla con las finalidades que se tuvieron a la vista para la entrega de los recursos por parte de los Gobiernos Regionales.

La obligación de rendir cuenta de los privados que reciben recursos públicos se encuentra fundada en el inciso 3° del artículo 85 de la Ley 10.336, que dispone que “…la fiscalización de la inversión de los fondos fiscales que perciban personas o instituciones de carácter privado, por leyes permanentes, a títulos de subvención o aporte del Estado, para una finalidad específica y determinada, se limitará a establecer si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad”. Asimismo, y en conformidad con el Dictamen N° 61650/2014, las rendiciones de cuentas deben ser respaldadas con documentos originales, las que se rigen por las normas contenidas en la Ley N°10.336 y las normas de rendición de cuentas dictadas por la Contraloría General de la República (Resolución N°759/2003 o Resolución N°30/2015, según corresponda). En conclusión, los beneficiarios de fondos públicos deben acreditar que se cumplió con la finalidad para lo cual le fue otorgada la subvención, a través del cumplimiento oportuno de las obligaciones que le impuso la beca.

Concluye que los recursos transferidos desde el Gobierno Regional al Servicio, independiente que dichos recursos no son incorporadas a la partida presupuestaria de CONICYT como parte de su patrimonio y su administración sea por cuentas separadas, sí fueron transferidos para su ejecución, siendo obligatorio para el Servicio dar cumplimiento a las normas de rendición de cuentas ya citadas, mediante la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los becarios, persiguiendo la restitución de fondo en los casos que correspondan, dado el mandato señalado en el propio convenio de transferencia de recursos.

En cuanto a las garantías constitucionales indica que el recurrente ha señalado que se le habría conculcado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, sin mencionar fundamento alguno que explique en qué forma dicha garantía su perturbada o amenazada por parte de esta Agencia, razón por la cual su pretensión debe ser rechazada categóricamente, toda vez que CONICYT/ANID no ha vulnerado en parte alguna el precepto constitucional aludido, relativo a la igualdad ante la ley y las diferencias arbitrarias, toda vez que la Agencia, ha dado estricta aplicación a la normativa que reguló la beca a todos sus becarios sin excepción.

En relación a que se habría conculcado la garantía constitucional del 19 N°3, inciso 5, que indica que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”; como se señaló en apartados anteriores, la decisión de CONICYT/ANID de declarar el incumplimiento y rechazar sus recursos se encuentra dentro de sus facultades y emitidos dichos actos por funcionario competente. Asimismo, la elaboración de cada uno de los actos administrativos fue realizado por el Departamento Jurídico, por lo que se tuvieron a la vista todos los argumentos de hecho y de derecho para su elaboración.

En cuanto a la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección (art. 19 nº 16) y el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la república (art. 19 nº 7 letra a), en ninguna parte del recurso la actora señala de qué forma se habrían conculcado esos derechos.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Asimismo, se ha sostenido que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Por otra parte, el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia dispone que el recurso debe ser interpuesto en el plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Cuarto: Que de los antecedentes allegados al proceso se tiene como hechos acreditados los siguientes: a) Que la recurrente postuló y obtuvo una beca otorgada por Conicyt para estudiar un Doctorado en Ciencias Mención Geología en la Universidad Católica del Norte, el cual tendría una duración de cuatro años a partir del 1 de abril de 2011; b) Que las bases del concurso estipulan que el becario debe acreditar su residencia y ejercicio profesional en la Región de Antofagasta por un periodo equivalente a la duración de la beca, la que podrá comenzar hasta dos (2) años contados desde el término de los estudios; c) Que, de acuerdo a las bases del concurso, el incumplimiento de esta obligación faculta a CONICYT para suspender de manera inmediatamente la entrega de los recursos al becario, teniendo éste un plazo de 10 días hábiles para justificar el incumplimiento y si no lo hiciere, o si a juicio de CONICYT la causal de incumplimiento no fuere justificada, se procederá a poner término anticipado a la beca y, en este caso, deberá exigir la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados. d) Que la recurrente no cumplió con su obligación de residencia, trasladándose a la ciudad de Temuco, aun cuando difieren las partes respecto al tiempo en que cumplió con residir en la ciudad de Antofagasta. e) Que Conicyt exigió a la recurrente la devolución de la totalidad de los fondos entregados en virtud de la beca referida. f) La recurrente solicitó reposición de la decisión de Conicyt, recurso que fue rechazado, lo que motiva el presente arbitrio.

Quinto: Que la parte recurrida insta por el rechazo del recurso alegando la extemporaneidad e improcedencia de este, atendido su carácter excepcional, negando la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, encuadrándose su actuar conforme a la legislación vigente, excediendo lo planteado por el recurrente una acción cautelar de emergencia, como es el arbitrio interpuesto.

Sexto: Que, en primer lugar, corresponde hacerse cargo de la alegación de la recurrida en orden a la extemporaneidad del recurso, la cual deberá ser rechazada, toda vez que se recurre en contra de la resolución administrativa consistente en la Resolución Exenta N° 3069/2021, de fecha 19 de marzo de 2021, la cual produce efectos permanentes y continuos, y que se patentaran como vulneración a las garantías de la actora una vez que se ejecute el cobro de las sumas ordenadas devolver, afectando en esa oportunidad su patrimonio.

Séptimo: En cuanto a la alegación de la recurrente que, Conicyt comete una ilegalidad al pretender el cobro de la totalidad de la beca por el incumplimiento de la becaria, en circunstancias que el convenio de Transferencia de Recursos habría vencido el 31 de diciembre de 2011, esta debe ser desestimada, toda vez que el recurrente confunde la vigencia de la Ley Nº 20.407, sobre Presupuesto del Sector Público, año 2010, con los efectos de los convenios que en su virtud se celebran. En este caso el convenio aprobado entre la CONICYT y el Gobierno Regional de Antofagasta sobre Transferencia de Recursos con cargo al Fondo de Innovación para la Competitividad Gobierno Regional de Antofagasta, de fecha 25 de agosto de 2010, aprobado mediante Resolución Nº 61 de fecha 13 de octubre de 2010, y tomado razón por la Contraloría Regional de Antofagasta con fecha 4 de noviembre del mismo año, estableció que los fondos respectivos no ingresaban al patrimonio de CONICYT y en virtud del mismo son manejados en cuentas complementarias. En mérito del citado convenio se aprueban las Bases del II Concurso Regional de Becas para estudios de Doctorado en Antofagasta, financiadas con Recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R), Región de Antofagasta, año académico 2011, al cual postula la recurrente resultando beneficiada, y suscribiendo un Convenio con la CONICYT para la realización del programa de Doctorado en Ciencias Mención Geología en la Universidad Católica del Norte, el cual tendría una duración de cuatro años a partir del 1 de abril de 2011. Siguiendo la tesis de la recurrente, nunca se podría exigir la devolución del total del aporte, pues siempre los estudios excederán la vigencia de la ley de presupuesto.

Que, además lo solicitado en el recurso, en relación con la extinción de facultades de CONICYT, no solo se refiere a la situación de la recurrente, sino que se pide se extienda a todos “los becarios beneficiarios del II Concurso Regional de Becas de Estudio de Doctorado en Antofagasta, financiadas con Recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R), Región de Antofagasta, año académico 2011, aprobadas por Resolución Exenta Nº 5397, de fecha 25 de noviembre de 2010, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)”, lo que resulta claramente improcedente.

Octavo: Que de conformidad a lo establecido en las bases del concurso, el incumplimiento de las obligaciones del becario, en este caso, de permanecer cuatro años en la región de Antofagasta, dará derecho a CONICYT para suspender de manera inmediata la entrega de los recursos al becario, teniendo este un plazo de diez días hábiles para justificar el incumplimiento de dicha obligación. Si no lo hiciere, o si a juicio de CONICYT la causal de incumplimiento no fuera justificada, se procederá a declarar el término anticipado de la beca y a exigir la restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados.

Noveno: Que, como se observa, la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte, radica en determinar si existió o no incumplimiento por parte la recurrente a las obligaciones que le imponían las bases del concurso y el convenio celebrado con la recurrida, en este caso la residencia por cuatro años en la Región de Antofagasta, y, de existir, si este fue o no justificado o justificable y si corresponde la devolución total de la beca en caso de incumplimiento.

Décimo: Que si bien existe discusión sobre si el incumplimiento de la actora respecto de las obligaciones de residencia y ejercicio profesional en la Región de Antofagasta, establecidas en los numerales 11.17 de las Bases y 5.16 del Convenio, se extendían por tres o por seis meses, lo cierto es que, aun cuando le restaran seis para la retribución de la beca o, lo que es lo mismo, para cumplir íntegramente dicha obligación, tal inobservancia contractual no es de una entidad que permita hacer exigible la totalidad del monto otorgado por la misma, si se considera la prolongación total de las aludidas cargas.

Ello, en primer lugar, porque la obligación de prestar servicios profesionales en cuanto a que esto deba ser realizado en una determinada zona geográfica, constituye una obligación de hacer (material) y, por tanto, tiene el carácter de obligación divisible. Dado lo anterior, el cumplimiento de la actora no puede ser calificado de total, habida cuenta de que, por el contrario, ella ya había cumplido con una significativa permanencia parcial en Antofagasta. Así, los meses restantes de permanencia que no fueron satisfechos, constituyen, solo un incumplimiento parcial o, en el lenguaje del Código Civil, el convenio se cumplió imperfectamente (art. 1556 de dicho cuerpo normativo) –más allá de lo que después se dirá sobre si ello le es atribuible a la recurrente y si se trata de un aspecto suficientemente relevante de la obligación–. Por tanto, aparece como una privación de los derechos que emanan del estatuto legal de las relaciones contractuales, que están constitucionalmente protegidas en cuanto a los derechos adquiridos, que se haya desconocido la calificación jurídica correcta de su situación y se haya considerado su incumplimiento parcial como uno total, respecto del que se aplicó el máximo de las sanciones posibles.

En segundo lugar, porque las partes precisamente al no haber controversia respecto de los periodos que constituyen el cumplimiento parcial de la obligación de permanencia en Antofagasta, tampoco han puesto en duda que se haya puesto fin a su relación de trabajo “a contrata” con nombre reservado, por no renovación para el año 2019, mediante la Resolución Nº 3267, de fecha 28 de noviembre de 2018, fundada en la eliminación de la Unidad de Observatorio Altiplano Puna (OVAP). Así, el propio tenor de la exposición de las partes demuestra que la recurrente siempre estuvo “llana a cumplir” esta obligación contractual, por lo que malamente podría achacársele las consecuencias del incumplimiento parcial de que se discute; y, en lo que resulta más relevante en esta sede, no se ha acreditado que el hecho del incumplimiento parcial sea atribuible causalmente a la actora. En efecto, ambas partes admiten que la cesación de la permanencia de la prestación de servicios en Antofagasta se produjo –después de largo tiempo de perfecto cumplimiento–, por efecto de la decisión de un tercero. Por lo que no puede construirse así la responsabilidad de la recurrente; pues, como se sabe, no hay responsabilidad alguna, ni civil ni administrativa ni penal ni de ninguna especie que pueda prescindir del requisito de la causalidad, que aquí no se observa.

En tercer lugar, porque la naturaleza contractual de la beca, como contrato gratuito, la única parte llamada a obtener una utilidad de esta es la recurrente, mientras la Administración es la que soporta el gravamen. Esta consideración es importante, por cuanto la “retribución” asoma en realidad como una modalidad contractual, específicamente un modo, cuyo incumplimiento no puede tener los mismos efectos que los del incumplimiento de una obligación principal (como habría sido, por ejemplo, que no se hubiera desembolsado los montos de la beca). En la especie, el análisis debe girar en torno al objetivo del financiamiento, esto es, mediante la aplicación de criterios de razonabilidad en relación a los aspectos principales y accesorios de la obligación: siendo la permanencia en una zona geográfica uno de estos últimos. En este sentido, no puede olvidarse que la finalidad del aporte no era otra que la formación de capital humano avanzado en los sectores prioritarios de la Región de Antofagasta que contribuyeran al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural de la Región; luego, tal fin fue alcanzado por la becaria en el ámbito académico, en tanto ello no resultó cuestionado. Y, asimismo, no puede pretenderse un máximo de sanción y una restitución total de fondos, como aquí en cambio se quiere; pues tal intención arranca de una mala ponderación de los hechos, en cuanto a un incumplimiento de un mero aspecto modal de una obligación y, asimismo de una errónea equiparación de esta relación contractual gratuita con aquellas que corresponden a los contratos onerosos y, en especial, a los onerosos conmutativos.

Undécimo: Que en consecuencia, debió existir dentro del cumplimiento de la obligación de motivación del acto, un análisis sobre la proporcionalidad de la sanción, considerando la total extensión de la beca, lo residual del incumplimiento, los motivos que subyacen en el mismo y que fueron acreditados por la becaria, sin que se satisfaga tal exigencia con las menciones del acto recurrido, desde que no considera aquí la Autoridad que la arbitrariedad -entendida como aquello carente de motivación y que se sustenta en el mero capricho- solo puede ser superada con una argumentación pertinente y suficiente, que conlleve la valoración y ponderación de todas las circunstancias del caso, con el objeto de excluir las decisiones que formalmente estructuradas, afecten substancialmente las garantías constitucionales, lo que no se observa en la especie, cuando no existe una real justificación del rechazo de las excusas y explicaciones entregadas por la recurrente en su oportunidad.

Duodécimo: Que, en tal virtud, los beneficios económicos concedidos, que se le ordena restituir con la resolución impugnada, importan una afectación del derecho de propiedad de la actora, proceder que debe ser reprochado y, por lo mismo, desconocerle sus efectos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en Por estas consideraciones y lo teniendo presente además lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se acoge, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, y don nombre reservado, abogados, en representación de doña nombre reservado, en contra de la AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, representada legalmente por su Directora Nacional, doña Etcheverry Escudero, y se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº 3.069, de fecha 19 de marzo de 2021, que se pronuncia sobre el recurso de reposición administrativo interpuesto en contra de la Resolución Exenta Nº 8.049, de 2020, la cual, en consecuencia, también es dejada sin efecto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°Protección-4826-2021.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por la ministra (S) señora María Paula Merino Verdugo y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. No firma la Ministra (S) señora Merino por haber terminado su suplencia.