nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 6 de septiembre de 2019
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 48211-2019, sentencia de 6 de septiembre de 2019
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se deja sin efecto la resolución sancionatoria del Tribunal de Disciplina, ordenando instruir el proceso disciplinario respetando estrictamente el Reglamento de Disciplina, por miembros no inhabilitados.
Texto íntegro
Santiago, seis de septiembre de dos mil diecinueve.
Vistos y se tiene presente:
PRIMERO: Que comparece el señor nombre reservado, ingeniero comercial, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de las señoras nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y del señor nombre reservado, integrantes del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber infringido su garantía constitucional del debido proceso en la causa sobre juicio disciplinarios caratulada “Denuncia Dirigentes Regionales contra nombre reservado”.
Explica que tiene una trayectoria de 40 años de probada excelencia gremial y profesional, sin haber sido objeto de medidas disciplinarias ni anotaciones de deméritos, por lo que resulta extraño y paradojal que sólo a partir de mayo del año 2018, momento en el cual presentó su candidatura a Director Nacional, unos cuantos dirigentes regionales con interés gremial comprometidos y dos directores nacionales anclados en el poder, lo atacaron haciendo imputaciones descalificatorias. En concreto, refiere que se inició un juicio disciplinario ante una acusación de haber faltado a la confidencialidad de la información de un concurso y de haberse alejado de una relación de respeto, lealtad, colaboración y solidaridad en el medio informal de comunicación “Whatsapp”, en el canal Dirigentes Nacionales y Regionales.
Alega que durante el proceso iniciado producto de estos cargos se infringió la garantía de un tribunal de autonomía, independencia e imparcialidad, ya que se pidió la participación en el proceso de la Asesora Legal de la Asociación, quien incluso asumió funciones indelegables propias de los integrantes del Tribunal de Disciplina, como es el conocer y resolver los escritos del proceso.
Además, el Tribunal Disciplinario no se hizo cargo de la totalidad de las excepciones y defensas planteadas por su parte, vulnerando su deber de buscar las soluciones más equitativas y justas a los problemas planteados, y sin dar cumplimiento a los plazos establecidos en el Reglamento. En cuanto al fondo de la resolución que puso término al procedimiento, manifiesta que se le sancionó sin que haya sido rendida prueba alguna por sus denunciantes, y a su vez, la prueba rendida por él fue totalmente ignorada, sin siquiera ser mencionada para desestimarla, aplicándose una sanción inconsistente, contradictoria y contraria a las normas estatutarias y reglamentarias, destacando que pese en que aparece que el acuerdo adoptado por los integrantes del tribunal está por sancionarlo con una amonestación, en lo resolutivo se adopta la decisión sancionarlo con el cese en el cargo.
De esta manera, considera que se ha infringido su garantía constitucional contenida en el numeral del artículo 19 de la Constitución Política de la República ya señalada, por lo que solicita se acoja el presente recurso y, en definitiva se disponga que el Tribunal de Disciplina dicte sentencia de término de reemplazo, en la que se le absuelva de todos los cargos formulados en su contra.
SEGUNDO: Que los recurridos evacuaron su informe de manera conjunta, en su calidad de socios de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos y miembros del Tribunal de Disciplina de dicha asociación.
Explican que la asociación a la que pertenecen se dio una estructura de acuerdo a la Ley N°19.296 y sus propios estatutos. Dentro de ella, el órgano que conoce y falla las causas por infracción a los Reglamentos y Estatutos es el Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros, y establece un procedimiento al efecto.
En esas circunstancias, el 18 de junio de 2018 el Tribunal recibió un escrito de denuncia efectuada por las Directivas Regionales AFIICH de Antofagasta, Valparaíso, Santiago Sur, Concepción, Temuco y Puerto Montt, contra el dirigente regional nombre reservado. Los cargos fueron notificados, evacuando sus descargos el denunciado, rindiéndose la prueba de absolución de posiciones solicitada por el denunciado, y testimonial al señor nombre reservado en calidad de medida para mejor resolver.
Analizados los cargos, descargos y pruebas rendidas, el Tribunal adoptó sancionar al denunciado con la medida de amonestación escrita. Esta decisión fue impugnada por el recurrente a través de un recurso de reposición, que fue acogido, retrotrayéndose la causa a la etapa de rendir prueba. Transcurrido el plazo, se dictó una nueva sentencia, en la que se dispuso nuevamente la misma medida sancionatoria. Ahora bien, señala que por lo dispuesto en el artículo 13 del Código de Ética del ramo, el integrante de la directiva nacional o del Tribunal de Disciplina que fuere sancionado por incumplimiento o falta a sus obligaciones de carácter gremial, quedará inhabilitado y separado de su cargo hasta el término del período para el cual fue elegido, sin perjuicio de otras sanciones. Destaca que el denunciado en todo el proceso reconoce la conducta reprochada, siendo sus descargos únicamente en el orden a intentar justificarla. Esta segunda decisión también fue impugnada por el actor, rechazándose su reposición.
Señala que el recurso de protección debe ser rechazado por no existir una actuación ilegal y arbitraria por los recurridos, ni garantía constitucional conculcada, ya que todo el proceso fue tramitado conforme las normas entregadas y aceptadas por todos los socios de la asociación, por lo que solicita el rechazo de la presente acción, con costas.
TERCERO: Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.
CUARTO: El acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario es el procedimiento disciplinario sustanciado en su contra por parte de los recurridos que culminó con una sanción en su contra, en circunstancias, que en su concepto, no se rindieron pruebas por los denunciantes y la suya no fue siquiera ponderada, todo lo cual transgrede la garantía del debido proceso.
QUINTO: Que sin perjuicio que la garantía constitucional del debido proceso no se encuentra dentro de aquellas protegidas por el Constituyente por medio de la acción de protección, se examinará la situación puesta en conocimiento de esta Corte, con el fin de determinar si existe un acto arbitrario o ilegal que pueda afectar alguna de las garantías constitucionales que sí son protegidas por este medio de tutela urgente.
SEXTO: Se acusa por el actor, que el proceso disciplinario sustanciado en su contra contendría ciertas irregularidades. Al respecto, es conveniente señalar lo siguiente:
a) Los recurridos son miembros del tribunal de disciplina de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos.
b) La Asociación referida tiene Estatutos y Reglamentos por los que se rige, los que fueron acompañados a los autos.
c) Se recibió una denuncia contra el actor, por el Comité de Disciplina con fecha 18 de junio de 2018.
d) Producto de la denuncia indicada se sustanció un procedimiento disciplinario contra el actor conforme a los artículos 8 y siguientes del Reglamento del Tribunal de Disciplina.
e) El 27 de septiembre de 2018, el Comité de Disciplina por Resolución N° 3, resolvió aplicar al recurrente una sanción de “amonestación escrita” por infracción a una serie de deberes al Código de Etica y al Reglamento de la Asociación.
f) El 8 de octubre de 2018, el sancionado dedujo recurso de reposición, el que fue acogido y se retrotrajo el procedimiento al estado de recibirlo a prueba, fijándose los hechos sobre los cuales recaía la controversia.
g) El 17 de mayo de 2019 por medio de la Resolución N° 19 se resolvió la denuncia y se aplicó al afectado, por los mismos miembros del tribunal que antes lo habían sancionado, la sanción de “Amonestación Escrita” y además se dispuso el cese de su cargo de Director Nacional de la AFIICH en forma inmediata.
SEPTIMO: De los antecedentes relacionados y del examen de los documentos acompañados, puede advertirse que se presentó una denuncia en contra del recurrente, que culminó con una primera decisión sancionatoria, la que luego de un recurso de reposición del recurrente se dejó sin efecto para recibir la investigación a prueba. Sin embargo, después de ello puede observarse diversas irregularidades que afectan el derecho de igualdad del actor frente a los demás asociados quienes conforme al Reglamento del Tribunal de Disciplina tienen derecho a un procedimiento en que la sentencia que se dicte sea fundada y que la prueba que se rinda se aprecie en la forma que dispone el referido reglamento.
En efecto, la sentencia que sanciona al actor fue dictada por las mismas persona que ya habían emitido un pronunciamiento desfavorable para él por lo que resulta dudosa su imparcialidad para emitir una nueva decisión sobre el mismo asunto, pese a haber advertido el vicio que afectaba el procedimiento en cuanto no se habían recibido los antecedentes a prueba. Enseguida, la sentencia se limita solo en su considerando octavo a decir que analizados los cargos y descargos, la prueba y las medidas para mejor resolver estima infringidos los deberes que señala, sin explicar qué hechos da por acreditados, cuál es el contenido de las pruebas que cita y cómo es posible establecer las infracciones que atribuye al afectado, dejándolo así en la más absoluta indefensión.
OCTAVO: Que de lo expuesto es posible concluir que los recurridos incurrieron en una conducta, a lo menos arbitraria, en tanto deciden sancionar al actor, de manera irracional, sin expresar ni explicar los fundamentos que le permitan conocer a cabalidad el comportamiento reprochado que amerita su sanción y de paso poner fin a su cargo directivo.
NOVENO: Por lo anterior y a fin de restablecer el imperio del derecho, se adoptarán las medidas pertinentes que cautelen la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, se declara que se acoge, sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución N° 19 de 17 de mayo de 2019 y se dispone que el proceso disciplinario sea instruido respetando estrictamente el Reglamento de Disciplina, por miembros no inhabilitados del Tribunal de Disciplina.
Regístrese y en su oportunidad, archívese.
Redactó la Ministra Mireya López Miranda.
Rol N° 48.211-2019 Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y la Abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.
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