Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, nueve de julio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, analista legal, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 10 de diciembre de 2025, que rechazó su recurso de reposición y mantuvo la calificación de "origen común" de la patología de salud mental que la aqueja, negando la cobertura del seguro de la Ley N° 16.744. Denuncia la vulneración de sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 9 y 18 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a trabajar a Seguros de Vida SURA S.A. en 2016, y que desde mayo de 2023 comenzó a sufrir acoso laboral constante y sistemático por parte de su jefatura directa, manifestado en hostigamiento, trato degradante y descalificaciones profesionales, situación por la cual dejó 11 constancias formales ante la Dirección del Trabajo. Refiere que esto le provocó un grave deterioro de su salud mental y física, con severa baja de peso y descompensaciones, derivando en licencias médicas psiquiátricas.

Agrega que, al solicitar la calificación de su enfermedad ante la Asociación Chilena de Seguridad, se cometieron irregularidades graves, omitiéndose atenciones psiquiátricas formales, controles clínicos básicos y excluyéndose a testigos claves en el Estudio de Puesto de Trabajo (EPT). A pesar de acompañar sendos informes de su psiquiatra particular, constancias y transcripciones de audio que acreditarían el maltrato, la requerida ratificó la calificación de origen común, sin ponderar la prueba clínica aportada, avalando a su juicio un procedimiento viciado. Solicita, en definitiva, que se declare el actuar de la recurrida como ilegal y arbitrario, se deje sin efecto la resolución impugnada, se ordene la realización de nuevos exámenes imparciales y se emita un nuevo pronunciamiento que otorgue la cobertura de la Ley N° 16.744.

Segundo: Que, comparece el abogado Sebastián de la Puente Hervé, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, evacuando el informe de rigor y solicitando el rechazo de la acción.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, argumentando que la actora tuvo conocimiento del rechazo original de su patología en marzo de 2025 y de la primera resolución confirmatoria en mayo de 2025, intentando revivir plazos mediante un recurso de reposición.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción, puesto que la controversia incide en el derecho a la seguridad social y en procedimientos administrativos de reclamación propios de la Ley N° 16.744, materia excluida del ámbito del artículo 20 de la Carta Fundamental.

En cuanto al fondo, expone que su representada actuó con estricto apego a sus facultades legales exclusivas y excluyentes como ente técnico y fiscalizador. Afirma que la Resolución Exenta N° NUM000 se dictó tras un análisis exhaustivo y multidisciplinario de los antecedentes clínicos y laborales, incluyendo el Estudio de Puesto de Trabajo (EPT) practicado bajo los protocolos vigentes.

Señala que dicho estudio contempló la entrevista de cuatro testigos, concluyéndose que, si bien existían roces, tensiones y diferencias en los estilos de trabajo, no se logró acreditar el macrofactor de "Liderazgo disfuncional" ni hostilidad sistemática que explicara la etiología laboral del cuadro de salud mental. Por tanto, no habiéndose acreditado el nexo causal exigido por el artículo 7° de la Ley N° 16.744, procedía calificar la enfermedad como común. Finaliza descartando cualquier ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable para el éxito de la acción la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que, además, exista un derecho indubitado y preexistente que requiera de tutela urgente.

Cuarto: Que, de los antecedentes allegados a la causa, consta que el acto reprochado por la recurrente corresponde a la Resolución Exenta N° NUM000, dictada por la SUSESO con fecha 10 de diciembre de 2025, la cual, resolviendo un recurso de reposición, mantuvo la calificación de "origen común" del diagnóstico de salud mental que presenta la actora.

Quinto: Que, del mérito del expediente administrativo acompañado, se advierte que la entidad recurrida basó su decisión en un análisis técnico encomendado a sus unidades médicas especializadas. Dicha evaluación ponderó los elementos recabados por la Mutualidad, en especial el Estudio de Puesto de Trabajo (EPT), el cual concluyó, tras la entrevista a representantes de la empresa y pares de la trabajadora, que no existía evidencia de hostilidad sistemática por parte de la jefatura, atribuyendo los conflictos relatados a diferencias de carácter y estilos comunicacionales.

Sexto: Que, la actora disiente profundamente de dicha conclusión, argumentando que el proceso investigativo fue defectuoso y apoyando su pretensión en informes emanados de su psiquiatra particular, grabaciones de audio y constancias laborales que, a su juicio, acreditan irrefutablemente el origen profesional de su padecimiento.

Séptimo: Que, como se ha señalado reiteradamente por la jurisprudencia, la acción constitucional de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, ni está destinada a sustituir los procedimientos ordinarios o especiales de lato conocimiento. Lo que la actora pretende en esta sede es que esta Corte dirima una controversia técnico-médica y probatoria respecto al nexo causal entre sus funciones laborales y su estado de salud, para así forzar el otorgamiento de la cobertura de la Ley N° 16.744. Ello evidencia que el derecho reclamado no tiene el carácter de indubitado, toda vez que se sustenta en premisas fácticas y clínicas actualmente discutidas y que han sido desestimadas por el organismo técnico legalmente competente para ello. Dicha controversia debe ser ventilada a través del procedimiento de reclamación respectivo ante la judicatura laboral (artículo 420 del Código del Trabajo), instancia que permite la rendición, contraste y valoración de pruebas periciales complejas, actividad ajena a la naturaleza cautelar y de urgencia de este arbitrio.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, no es posible atribuir el carácter de ilegal o arbitrario al acto impugnado. La Superintendencia de Seguridad Social actuó en el ejercicio de las potestades fiscalizadoras, técnicas e interpretativas que le confieren los artículos 2, 3 y 30 de la Ley N° 16.395, así como el artículo 77 de la Ley N° 16.744. Su resolución se encuentra dotada de fundamentación racional, expresando los motivos técnicos y normativos por los cuales, analizados los antecedentes, EPT y fichas clínicas, no tuvo por configurada la enfermedad profesional según las exigencias del artículo 7° de la mencionada Ley N° 16.744. El mero desacuerdo de la recurrente con las conclusiones de la autoridad competente no transforma el acto en arbitrario (caprichoso) ni en ilegal.

Noveno: Que, en estas condiciones, careciendo la recurrente de un derecho preexistente e indubitado, y no advirtiéndose en el actuar de la recurrida un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías fundamentales invocadas, la presente acción constitucional no puede prosperar y deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-482-2026.