nombre reservado con TESORERO REGIONAL METROPOLITANO SANTIAGO ORIENTE

4 Santiago, cuatro de noviembre de dos mil catorce.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 29, interpone recurso de protección, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra del Tesorero Regional Metropolitano Santiago Oriente, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en virtud de los siguientes antecedentes:

Sostiene que los actos ilegales y arbitrarios son tres oficios emitidos en expediente administrativo sobre cobro de impuestos n° 1047-2010, enviados por el recurrido a tres instituciones bancarias, de fecha 6 y 7 de mayo, en los cuales solicita informar si posee productos vigentes en dichos bancos, ordenando evacuar la respuesta dentro del plazo de diez días hábiles. Indica que con fecha 10 de octubre de 2010 fue notificado y requerido de pago por el recaudador fiscal, embargándosele un vehículo motorizado. Que, en dicho sentido con fecha 29 de octubre de 2010 solicitó la suspensión del cobro de impuestos, además de oponer la excepción de prescripción de la acción de cobro de impuestos en el expediente administrativo. Señala que la excepción no ha sido fallada, y que en el expediente administrativo se certificó falsamente que no había opuesto excepciones. Que, por lo anterior, la recurrida solicitó ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, causa rol N° 26.689-2011, el retiro de la especie embargada, la designación de martillero y que se oficiara a la fuerza pública para su retiro, y que en definitiva con fecha 4 de noviembre de 2011, el contribuyente fue notificado de la resolución que ordenó el remate y su retiro junto a la designación de martillero. Hace presente que el procedimiento de cobro se encontraba suspendido por la Corte de Apelaciones y por el Tribunal Constitucional, y que la excepción de prescripción no había sido resuelta, por lo cual, con fecha 8 de noviembre de 2011, interpuso ante el juez civil un incidente de nulidad de todo lo obrado y suspensión del procedimiento, petición a la que accedió el juez civil con fecha 23 de noviembre de 2011, y que a la fecha no ha sido resuelto. Señala que pese a encontrarse suspendido el procedimiento de apremio, el recurrido emitió los oficios con la finalidad de obtener información sobre el patrimonio del deudor para reactivar el procedimiento. Que por lo anterior, el abogado del recurrente solicitó la nulidad de los oficios al juez substanciador del procedimiento administrativo, quien con fecha 14 de julio de 2014, rechazó la petición por considerar que el asunto ya se encontraba radicado ante el juez civil. Indica que los oficios emitidos por la recurrida, son abiertamente ilegales y arbitrarios, ya que vulneran lo dispuesto en los artículos 154 de la Ley General de Bancos e Instituciones Financieras, 1° de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques; 87 del Código de Procedimiento Civil; 35,61, 62, 62 bis del Código del Tributario; circular 46 del Servicio de Impuestos Internos; y artículo 15 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. En cuanto a la arbitrariedad, indica que los oficios exceden toda razonabilidad, ya que estando suspendido el procedimiento de apremio y sin esperar el fallo del incidente de nulidad de todo lo obrado, y en su caso, la excepción de prescripción de la acción de cobro de impuestos, se pretenda adelantarse a los hechos. Finalmente, solicita que se anulen o dejen sin efecto los oficios por ser arbitrarios e ilegales, por constituir una amenaza al derecho de propiedad que como titular posee sobre la confidencialidad y reserva de las operaciones bancarias; por haber perturbado su derecho a la honra, al exponerlo frente a las instituciones bancarias requeridas como moroso en el pago de los supuestos impuestos adeudados; al haberse perturbado el derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas y el derecho al debido proceso. Asimismo, pide que se adopte cualquier otra medida para proteger las garantías constitucionales conculcadas.

Segundo: Que, a fojas 75, la recurrida informa que el incidente de nulidad de todo lo obrado interpuesto por el recurrente ante el 14° Juzgado Civil de Santiago en el procedimiento de apremio Rol: C-26.689-2011, fue acogido por sentencia ejecutoriada de fecha 13 de octubre pasado, razón por la que el estado de la causa debe retrotraerse al estado de obtenerse un pronunciamiento respecto de la oposición formulada por el deudor en el expediente administrativo, nulidad que alcanza a los oficios remitidos. Que, por lo anterior, los actos que motivaron la acción, han desaparecido, por lo que carece de razón el presente recurso de protección.

Tercero: Que, el recurrente efectúa presentación donde objeta el planteamiento de la recurrida. Indica que la Tesorería reconoce la absoluta ilegalidad, sin que sea efectivo que los actos ilegales y arbitrarios hayan desaparecido jurídicamente. Indica que no es efectivo que a consecuencia de la nulidad procesal declarada en el juicio civil, los oficios desaparezcan jurídicamente, puesto que el expediente administrativo es distinto al juicio civil.

Añade que la abogada de la recurrida está solicitando la rectificación de la resolución del juez civil que anuló todo lo obrado, acompañando un informe distinto al que acompañó a la Corte de Apelaciones de Santiago, y que señala que es el mismo. Sostiene que debe haber un pronunciamiento expreso por parte del Tesorero Regional, advirtiendo que revisado el expediente administrativo, no consta que los actos impugnados hubiesen sido dejados sin efecto.

Cuarto: Que, para la procedencia y fertilidad del recurso de protección se requiere que quien impetra protección del Tribunal Superior considere que se encuentra vulnerado, amagado o amenazado alguna garantía o derecho constitucionalmente protegidos por algún actuar u omisión de un particular o algún ente estatal y queden éstos, en definitiva, bajo el imperio del derecho. Cabe, entonces, analizar si en la especie, se dan las condiciones anotadas para dicho propósito cautelar.

Quinto: Que, en relación al hecho que se estima ilegal o arbitrario sería en la remisión de tres oficios “emitidos en el expediente administrativo sobre cobro de impuestos N° 10.047-2010 y enviados por el Tesorero Regional Metropolitano Santiago Oriente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, Banco de Chile y Corpbanca, con los números 40-2014,41-2014 y 42.2014 de fechas 6 y 7 de mayo del 2014, respectivamente,…” en los que se solicita se informe “si el contribuyente posee productos vigentes en dichos bancos,…” dando ejemplo cuentas corrientes, intereses, depósitos, fondos mutuos, acciones”. El cobro de impuestos adeudados, por la vía ejecutiva, deriva, según propios dichos del recurrente, de la sentencia del Juez Tributario dictada en la causa rol N° 10.586-2009, la que se encuentra apelada ante esta Corte con el ingreso N° 4885-2010, al que se acumularon los ingresos 7281-2010 y 3434-2011. Se alude, también, a la suspensión del procedimiento de cobro del impuesto de conformidad a lo previsto en el artículo 147 del Código Tributario y la declaración del Tribunal Constitucional y al incidente de nulidad de todo lo obrado promovido ante el 14° Juzgado Civil de Santiago en los autos rol N° 26.689-2011, el que hasta la fecha de interposición del recurso -8 de agosto de 2014- no se había resuelto. A pesar de lo anterior, el recurrido emitió ilegalmente los oficios “…con la finalidad de obtener información sobre el patrimonio del deudor para reactivar el procedimiento de apremio que estaba suspendido”. Con todos los antecedentes, su abogado pidió la “nulidad de los oficios”, rechazándose dicha petición por el juez substanciador con fecha 14 de julio de 2014, efectuando una nueva petición el 17 de ese mes y año.

Recientemente, 13 de octubre pasado, como lo informa el recurrido, fue acogida la incidencia de nulidad de todo lo obrado promovida por el contribuyente en sede civil, alcanzando sus efectos a la resolución, entre otras, que había dispuesto los cuestionados oficios.

Sexto: Que, de todo lo sintetizado en el párrafo precedente se advierte que el actuar criticado y cuestionado –envío de oficios a entidades bancarias- se encuentra relacionado con juicios y actuaciones procesales en sede administrativa y judicial competentes, insertos en el procedimiento de cobro, de manera tal que la presente vía de protección de los derechos y garantías que supuestamente estarían vulnerados, quebrantados o amenazados, jamás puede constituir un sustituto jurisdiccional. Es decir, es por la vía judicial –en sus diversas fases- que debe modificarse la decisión cuestionada, actuar que el propio recurrente hace presente en su recurso, como es la petición de nulidad de los oficios efectuada el 17 de julio de 2014, días antes de la presentación del recurso de protección y, prueba de ello, es la resolución aludida en el párrafo final del motivo anterior.

Sétimo: Que, con todo, también obsta la prosperidad del recurso intentado, la imposibilidad de esta Corte para adoptar alguna medida que tienda a que “desaparezcan jurídicamente los oficios” y con ello impedir que algún servicio público efectúe algún acto que pudiera conculcar los derechos de propiedad, respeto y protección de la honra, comunicaciones privadas y de un debido proceso, del recurrente.

Por las anteriores consideraciones y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el deducido por don nombre reservado en contra del Tesorero Regional Metropolitana Santiago Oriente, don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) don Mario Gómez Montoya.

Recurso de Protección N° 47.866-2014.- Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro (S) señor Mario Gómez Montoya y por la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.