FARMACIAS CRUZ VERDE S.A con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE LA FLORIDA

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil catorce.

Vistos:

Primero: Que a fojas 23 comparece el abogado Sergio Rojas Barahona, en representación de Farmacias Cruz Verde S.A., e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado en su calidad de Inspector Comunal del Trabajo de La Florida, en cuanto tal y en nombre y representación de esa Inspección Comunal, en atención a la actuación ilegal y arbitraria desarrollada por dicha entidad en el ejercicio de sus funciones, que han afectado las garantías constitucionales de los numerales 2°, 3° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al dictar la Resolución N° 724 de 8 de julio pasado, por medio de la cual rechaza la reconsideración presentada en contra la Resolución N° 3720/14/006-1-2, por medio de la cual se le aplica a su representada dos multas ascendentes a 40 y 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Solicita se deje sin efecto el Ordinario N° 724, ordenándose al órgano administrativo que entre a conocer la solicitud de reconsideración de la multa N° 3720/14/006-1-2 cursada a su parte.

Segundo: Que fundando su recurso expresa que su representada desarrolla su actividad en diversos locales a lo largo del país, dentro de los cuales se encuentra aquél ubicado en domicilio reservado C de la comuna de la Florida, el que cuenta dentro de su personal con vendedores auxiliares de farmacia los que, dentro de sus remuneraciones tienen un sueldo fijo, más comisiones, bonos y otros conceptos asociados a su actividad de vendedor. Relata que le fue cursada una multa por medio de la Resolución N° 3720/14/006-1-2, dictada por la Inspección Comunal de la Florida, por medio de la cual se le aplican dos multas de 40 y 60 Unidades Tributarias mensuales por presuntas infracciones a la ley laboral, consistentes en no contener el contrato de trabajo las cláusulas legales básicas y no pagar la semana corrida a sus trabajadores. Agrega que con fecha 13 de mayo presentó reconsideración administrativa de la multa señalada, la que fue rechazada por Ordinario 724 de 8 de julio de 2014, por estimar que fue presentada fuera de plazo. Estima que tal decisión interpreta erróneamente el artículo 511 del Código del Trabajo, aplicando por sobre la ley el Dictamen N° 85.946 de diciembre de 2013 de la Contraloría General de la República, que considera que el plazo establecido en dicha norma legal es de días corridos, no obstante existir nutrida jurisprudencia de los tribunales que manifiesta que se trata de un plazo de días hábiles de conformidad a lo que dispone el artículo 25 de la ley N° 19.880, sobre Base de Procedimientos Administrativos, aplicable en la especie.

Estima que con su actuar, la recurrida vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley de su representada, pues para reclamar ante cualquier órgano administrativo el plazo es de días hábiles, en cambio, para reclamar en contra de las resoluciones de la Inspección del Trabajo, esta institución señala en forma antojadiza que es de días corridos. Igualmente estima conculcado la protección en el ejercicio de sus derechos, que le asegura el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privarlo de su derecho de impugnar un acto administrativo vía reconsideración; y, finalmente su derecho de propiedad contenido en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, afectando su patrimonio negándole impugnar una multa administrativamente.

Tercero: Que a fojas 37, informando la recurrida alega-en síntesis- la improcedencia del recurso, atendida la naturaleza del acto recurrido, haciendo presente que la ley contempla como recurso natural en contra de la resolución cuestionada, la reclamación judicial, de conformidad con lo que dispone el artículo 503 del Código del Trabajo. Estima que, en consecuencia, la acción constitucional deducida se está utilizando como sustituto procesal de acciones procesales ordinarias. Refiere una serie de fallos pronunciadas por diversas Cortes de Apelaciones que sustentan tal aserto.

Sostiene, además, que no existe vulneración a las garantías constitucionales de la actora como se sostiene en el recurso. En cuanto a la igualdad ante la ley hace presente que todas las reconsideraciones administrativas presentadas fuera del plazo de 30 días corridos se rechazan por extemporáneas, siendo ésta la doctrina del servicio. Respecto al derecho a un debido proceso indica, por un lado que la recurrente no ejerció su derecho a reclamar en forma judicial y que, además, la Inspección del Trabajo se encuentra debidamente facultada para resolver las reconsideraciones administrativas. Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad indica que las multas han sido aplicadas dentro de las facultades legales de la Inspección del Trabajo, constatada una infracción y dentro del margen que la ley establece, atendida la entidad de la infracción constatada.

En subsidio, luego de referirse a los hechos que motivaron la aplicación de la multa y que no son materia del presente recurso, sostiene que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, pues cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha señalado expresamente, por ejemplo, en los artículos 508 y 513 del Estatuto Laboral. Añade que debe efectuarse una interpretación armónica de las normas laborales y que si bien el artículo 435 inciso primero, ubicado en el Título I, Libro V, que regula el procedimiento ordinario laboral dispone que los plazos que establece ese Título se entenderán suspendidos durante los feriados, el artículo 512 se encuentra en el Título II del Libro V, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 435 y por ende, el plazo que en él se establece no se suspende durante los días feriados como pretende la recurrente.

Respecto de la aplicación de la Ley N° 19.880, expresa que de conformidad a lo que dispone el artículo 1° de dicha normativa, su aplicación es de carácter supletoria para aquellos casos en que las leyes establezcan procedimientos administrativos especiales, lo que implica que solo resulta aplicable en lo no regulado, cuyo n o es el caso.

Cuarto: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Quinto: Que en el presente caso, los actos que se señalan como atentatorios a los derechos fundamentales del recurrente se resumen en haber decretado diligencias para el cumplimiento del fallo arbitral, una vez caducado el plazo por el cual fue nombrado el árbitro y haber dejado de resolver un escrito presentado por el actor en aquél proceso.

Sexto: Que para resolver es necesario considerar que la legislación del trabajo establece un procedimiento especial de reclamación de las multas aplicadas por la Inspección del Trabajo, en el artículo 503 del Estatuto Laboral, el que dispone que “La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación…”.

Séptimo: Que, si bien es cierto el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el recurso de protección puede deducirse, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, ello no es una autorización para sustituir los procedimientos que la ley establece para determinadas materias, como en el presente caso.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, lo que la actora pretende es una interpretación normativa, situación que escapa a la naturaleza cautelar de la acción de protección.

En consecuencia, existiendo un procedimiento específicamente establecido para los fines que se pretenden a través de la acción constitucional deducida en estos autos y excediendo lo solicitado la naturaleza propia de ella, el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 23 por el abogado Sergio Rojas Barahona, en representación de Farmacias Cruz Verde S.A.

Acordada con el voto en contra de la Ministro señora Figueroa, quien estuvo por acoger el recurso, atendidos los siguientes fundamentos:

1°) El procedimiento de los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo se encuentra establecido para reclamar respecto del mérito de las multas administrativas impuestas por la Inspección del Trabajo, mas no de los actos arbitrarios o ilegales que pudieren haberse producido en la tramitación de los recursos administrativos que allí se contemplan.

2°) En el presente caso, aparece de los antecedentes que la Resolución que impuso la multa es de 8 de abril de 2014 y que la reconsideración administrativa de la misma fue presentada con fecha 13 de mayo de este año.

3°) La Excma. Corte Suprema ha resuelto que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo no es de días corridos, sino de días hábiles, esto es, se suspende durante los días feriados y domingos y, además, durante los días sábados, en atención a lo que dispone el artículo 25 de la ley N° 19.880, el que resulta aplicable, por cuanto se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, sin que exista norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo (Corte Suprema 22 Junio 2012 Rol Nº 3537-2012). (Corte Suprema Rol Nº 1945-2013).

4°) En consecuencia, la actuación de la recurrida, desde que se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley, ha afectado la garantía de igualdad ante la ley, y el debido proceso, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario a la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro Figueroa.

Protección N° 47.829-2014.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Teresa Figueroa Chandía, conformada por la Ministra señora Gloria Solís Romero y el Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veintiocho de agosto de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.