nombre reservado con EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

Santiago, veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho.

Visto y teniendo presente:

Que, comparece doña Olga Prieto Vera-Cruz, abogado, domiciliada en domicilio reservado, quien comparece a favor de don nombre reservado, cirujano dentista y de la Clínica Aising Ltda., ambos domiciliados en domicilio reservado, sin indicar la comuna, interpone recurso de protección en contra de la Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A., del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar conculcadas las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, con ocasión de la negativa del pago del capital asegurado en la póliza 2625580.

Pide se disponga que la recurrida otorgue la cobertura pactada en el contrato de seguro, pagando el capital asegurado al recurrente de acuerdo a la póliza 2625580.

Funda su pretensión cautelar señalando que don nombre reservado, de 38 años de edad, es cirujano dentista, titulado en el año 2006 y desde el mes de enero de 2007 hasta junio de 2016 ejerció su profesión, atendiendo en su clínica odontológica, Clínica Aising Ltda.

En el año 2014 postuló, a través de su Clínica Aising Ltda., a un fondo concursable CORFO, para desarrollar un proyecto dental de investigación e innovación, por lo que se le exigió la contratación de seguros personales de vida con invalidez dos tercios, para lo cual, previa realización de los exámenes médicos requeridos e informando que padecía psioriasis desde el 2011 y que era tratado con cremas tópicas, contrató los siguientes seguros: a) Póliza 2625598, que cubría fallecimiento e invalidez permanente dos tercios, quedando como asegurado nombre reservado y como beneficiaria su madre nombre reservado. La vigencia inicial de la póliza era a partir del 1 de agosto del 2014, con vencimiento el 31 de julio de 2019 y un período de cobertura de cinco años, siendo el capital asegurado de 15.000 unidades de fomento; b) Póliza 2625580, que cubría invalidez permanente dos tercios, quedando como asegurado y beneficiario nombre reservado, de 30 años de edad a esa fecha. El período de cobertura era de 30 años. La vigencia inicial de la póliza era a partir del 1 de agosto del 2014, en tanto la vigencia final se estableció para el 31 de julio de 2044, siendo el capital asegurado de 20.000 unidades de fomento.

En junio de 2016, el recurrente fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune denominada artritis psoriática, la enfermedad avanzó de forma rápida y agresiva, afectando las articulaciones de las manos del actor, impidiéndole ejercer su profesión de dentista.

En diciembre de 2016, remitió un informe médico a la administradora de pensiones para iniciar el trámite de pensiones por invalidez por padecer de Artritis Psoriática y por Resolución N°C.M.C 0008/2018, de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, de 14 de marzo de 2018, ejecutoriada el 1 de abril, se dictaminó la invalidez total definitiva de nombre reservado, por una pérdida de capacidad de trabajo mayor de dos tercios.

Con esta información, el 4 de abril de 2018, el recurrente se dirigió a la Compañía de Seguros Euroamérica para solicitar el pago de las respectivas pólizas de seguros, solicitándosele en tres oportunidades información adicional para evacuar el informe de liquidación de Siniestro N°280-00-2018 y el 8 de junio de 2018, la recurrida notifica al recurrente mediante correo electrónico, los informes de liquidación correspondiente a apelación de siniestro N°280-00-2018, respecto de ambas pólizas, la N°26255980, que corresponde al seguro de invalidez y la N°2625598, que es por seguro de vida, informes que confirmaron los anteriores de 14 de mayo de 2018, que resolvían no otorgar la cobertura al siniestro denunciado, decisión ratificada por la compañía el 8 de junio pasado.

Alega que la decisión de la recurrida es arbitraria, por cuanto interpreta errada y acomodaticiamente patologías perfectamente diferenciables, que no se ajustan a la verdadera naturaleza de las enfermedades, soslayando el claro tenor de los informes y antecedentes médicos, para arribar a una conclusión que no se apoya en ninguna referencia ni opinión profesional especializada, estimando conculcadas las garantías señaladas en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Que, evacuando el informe el recurrido solicita el rechazo del recurso en su integridad y con expresa condena en costas.

Fundado en que se rechazó la cobertura por no cumplir el asegurado con todos los requisitos para dar cobertura al siniestro, y en particular porque la invalidez decretada fue causada, en parte, por una enfermedad que tiene una data anterior a la contratación del seguro, circunstancia que ha sido reconocida por el asegurado en su recurso, y que además detonó que se cumpliera el porcentaje de invalidez 2/3 requerido por el contrato de seguro, ya que, con anterioridad a la revisión de un dermatólogo no se había decretado, la invalidez superior a 2/3.

Además, los hechos que motivan la presentación de este recurso de protección son materia de una discusión de fondo, consistente en determinar por una parte, si el recurrente tiene o no el derecho de pedir la cobertura solicitada, y por la otra, si la recurrida está o no obligada a pagar la cobertura reclamada por el asegurado; Esta determinación no puede realizarla esta I. Corte mediante el conocimiento y fallo de esta acción constitucional pues excede el objeto materia de un recurso de protección, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario alguno, ya que, la recurrida obró en virtud de lo señalado por la ley y el contrato, fundamentando su decisión en procedimientos y normas legales vigentes y en los documentos acompañados por el recurrente, por lo que mal puede atribuírsele una conducta ilegal o arbitraria, ya que, conforme dispone el artículo 543 del Código de Comercio, cualquier dificultad que se suscite entre el asegurado, el contratante o el beneficiario, según corresponda, y la aseguradora, sea en relación con la validez o ineficacia del contrato de seguro, o con motivo de la interpretación o aplicación de sus Condiciones Generales o Particulares, su cumplimiento o incumplimiento, o sobre la procedencia o el monto de una indemnización reclamada al amparo del mismo, será resuelta por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por las partes cuando surja la disputa.

Y en el caso de las disputas entre el asegurado y la aseguradora que surjan con motivo de un siniestro cuyo monto sea inferior a UF 10.000.- (diez mil Unidades de Fomento), el asegurado podrá optar por ejercer su acción ante la justicia ordinaria.

Por tanto, queda de manifiesto que la acción intentada por la recurrente versa sobre una cuestión de fondo que no debe ser resuelta por esta vía sino a través de un juicio de lato conocimiento, por mandato expreso del artículo 543 y de las normas del contrato (Artículo 21 Condiciones Generales) que otorga competencia al juez del fondo (civil o arbitral dependiendo de la cuantía).

De lo señalado precedentemente se puede apreciar, que el legislador ha establecido un derecho de opción en favor del asegurado para ejercer las acciones que tengan por objeto conocer las controversias suscitadas con ocasión de la existencia, validez, ejecución, interpretación o aplicación de sus condiciones generales o particulares o su cumplimiento o incumplimiento o sobre la procedencia o el monto de una indemnización, ya sea ante un juez árbitro o bien ante la Justicia Ordinaria si es que el monto disputado no supera las UF 10.000.

Se procedió a la vista del recurso, concluidos los alegatos de los señores abogados que concurrieron a estrados.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que la acción de protección tiene por objeto proteger los derechos fundamentales señalados por el artículo 20 de la Constitución Política a través de un procedimiento concentrado y breve ante actos ilegales de terceros que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de los derechos contemplados en dicha norma, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y de los derechos de las personas de un modo directo e inmediato.

De manera que los actos u omisiones que no causen una amenaza real e inminente y/o real y manifiesta afectación -a los derechos fundamentales “no dan origen al Recurso de Protección en la medida que no existe una situación jurídica constitucional dogmática infringida, en cuyo caso deben utilizarse las demás acciones y recursos jurisdiccionales y que habilita el ordenamiento jurídico (profesor sr. nombre reservado). Por consiguiente, la privación perturbación o amenaza al derecho invocado, debe ser claro y evidente y si no fuese así, queda la vía del procedimiento ordinario o sumario declarativo del derecho. Se trata de una situación de hecho con carácter arbitrario o ilegal que amenaza un derecho o se le ha privado de su legítimo ejercicio a través de un procedimiento cautelar en que no existen prueba ni garantías procesales propias del juicio contencioso pues solo restablece el imperio del derecho subjetivo;

2°.- Que, el objeto de la acción de protección que formula el recurrente, es que se le ordene a la Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A., el pago del capital asegurado en las pólizas 2625580 y 2625598, contratadas con esta en el año 2014.

Sostiene que en la actualidad se encuentra impedido de ejercer la profesión de dentista, por encontrarse afectado por una artritis psoriátrica que es una enfermedad de las articulaciones que se presenta en alrededor de un 10 % de pacientes que padecen psoriasis en la piel y en otras se presenta sin que se presente la enfermedad a la piel, siendo dos enfermedades diferentes, por este motivo obtuvo la declaración de invalidez, no obstante la recurrida se niega a pagar el capital asegurado, estimando que el recurrente no cumple con los requisitos para que proceda este pago, por no cumplirse las condiciones del contrato de seguro, estimando que la invalidez se debe a la etapa de evolución en que se encuentra la psoriasis que le aquejaba con anterioridad a la contratación del seguro y que considera no fue declarada la momento de perfeccionar dicho contrato, lo cual vulnera las garantías del articulo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

3°.- Que, la recurrida en su informe solicita el rechazo de la acción, en atención a que se rechazó la cobertura, por no cumplir el asegurado con todos los requisitos para dar cobertura al siniestro, ya que, estima que la invalidez decretada fue causada, en parte, por una enfermedad que tiene una data anterior a la contratación del seguro y porque los hechos que motivan la presentación de este recurso de protección son materia de una discusión de fondo, consistente en determinar por una parte, si el recurrente tiene o no el derecho de pedir la cobertura solicitada, y por la otra, si la recurrida está o no obligada a pagar la cobertura reclamada por el asegurado, dicha determinación no puede realizarla esta I. Corte mediante el conocimiento y fallo de esta acción constitucional, pues excede el objeto materia de un recurso de protección, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario alguno, ya que, la recurrida obró en virtud de lo señalado por la ley y el contrato, fundamentando su decisión en procedimientos y normas legales vigentes y en los documentos acompañados por el recurrente, por lo que mal puede atribuírsele una conducta ilegal o arbitraria, ya que, por mandato expreso del artículo 543 y de las normas del contrato (Artículo 21 Condiciones Generales), es competente el juez del fondo civil o arbitral dependiendo de la cuantía.

4°.- Que, como se observa a la luz de lo expuesto en el motivo primero anterior, excede claramente la naturaleza y objetivos del recurso de protección, que supone adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, discernir la controversia para configurar la existencia o no del derecho que se reclama obligando, en su caso, a la Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A. a pagar el capital asegurado al recurrente, cuestión que solo puede ser resuelta a través de un juicio de lato conocimiento. De manera que no siendo esta vía idónea y procedente para resolver el fondo de la solicitud, necesariamente la acción será desestimada, sin perjuicio de otros derechos que se puedan ejercer por el actor;

Atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A..

Redactó el Ministro señor Muñoz Pardo Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°47814-2018.

Pronunciada por la Undécima Sala, integrada por los Ministros señor Juan Manuel Muñoz Pardo, señor Jorge Zepeda Arancibia y por el señor nombre reservado. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.