Protección contra Inspección Provincial del Trabajo Providencia

Santiago, veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos:

Recurre de protección Rómulo Guillermo Sepúlveda Jeria, abogado, en su calidad de Presidente y en representación del Club Deportivo Mundo Deporte, Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Providencia, representada por don nombre reservado y en contra del fiscalizador nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario de haberle aplicado una serie de multas a través de la Resolución N° 1744/18/19 de fecha 30 de Abril de 2018, y se ha obligado a su pago producto de un juzgamiento administrativo realizado por el funcionario recurrido, en circunstancias que dicha facultad solo le compete a los Tribunales de Justicia.

En cuanto a los hechos, señala que su parte es una Institución de derecho Privado, sin fines de lucro que presta servicios en el ámbito deportivo y cultural, a las empresas privadas que deseen financiar proyectos de estos ámbitos, haciendo uso de los beneficios tributarios que le franquea la ley.

Expone que el marco de un proceso de fiscalización llevado adelante por el Sr. nombre reservado don nombre reservado, en el mes de abril les solicitaron una serie de antecedentes del personal y en especial a una ex gerenta a la que se le había puesto término a su contrato de trabajo mediante “desahucio” toda vez que ésta tenía facultades de administración.

Señala que se pretendía que el Club Deportivo Mundo Deporte le explicara por qué en las liquidaciones de sueldo de la ex trabajadora no aparecía consignado un supuesto “bono” por la suma de $1.124.785.- entre el mes de Marzo y el mes de diciembre del año 2016 y por la suma de $1.155.154 entre los meses de Enero y diciembre del año 2017.

Indica que se explicó que los montos señalados no correspondían al pago de bono alguno y en consecuencia no constituía remuneración para todos los efectos por las siguientes razones:

a) La corporación no tiene como giro el desarrollar proyectos de carácter culturales, solo puede desarrollar, por mandato de la ley 19.217 (ley del deporte) proyectos de carácter deportivo.

b) Sin embargo, por su expertis en la gestión de proyectos, la Fundación Liderando Emprendimiento, persona jurídica distinta del club deportivo y que si tiene por objeto el desarrollo de proyectos culturales, basándose en lo que dispone la ley Valdés, le encargó a la Corporación Deportiva Mundo Deporte que le prestara el servicio de desarrollo de los proyectos celebrando para ello el respectivo contrato que le fue exhibido al señor inspector.

c) En dicho contrato se estipulaba que la recurrente podía externalizar alguno de los servicios contratados ya sea a una persona natural o jurídica.

d) Así, se le encargó a doña nombre reservado, en su calidad de Gestora Cultural, que prestara ese servicio lo que fue aceptado por ella, pero que ese servicio no lo haría a título personal sino que a través de una “empresa” de su propiedad y que crearía a la brevedad.

e) Como la sociedad en cuestión aún no se constituía y solo lo hizo en el mes de Septiembre del año 2016, donde constituyó la sociedad FE LEB ASESORIAS Y SERVICIOS SpA. todos los pagos por los servicios acordados se le hicieron directamente a su cuenta corriente, comprometiéndose ella en todo momento a “facturar” a la corporación por esos servicios.

f) Pese a los constantes requerimiento, que se hicieron ver al nombre reservado, para que emitiera las facturas por esos servicios, doña nombre reservado nunca cumplió con su compromiso.

Agrega que el resultado de la fiscalización fue la aplicación de una serie de multas que constan en la Resolución de Multas N° 1744/18/19, de fecha 30 de Abril del año 2018 notificada con fecha 07 de Junio, aplicándoles una serie de multas de valor excesivo, y que en su contenido fáctico y jurídico en lo medular resulta absolutamente arbitrario e ilegal.

El acto es ilegal por cuanto por un lado el Sr. nombre reservado sin atribución alguna interpreta y califica jurídicamente la legislación laboral y se ha pronunciado, además, respecto de una cuestión derivada de la interpretación y aplicación de los contratos de trabajo, calificando la naturaleza de los servicios prestados, privando de valor a cláusulas contractuales, ya que concluye:

A) Que “no se consignaron por escrito modificaciones al contrato de trabajo o en documento anexo las referidas al pago del bono”, todo lo que fue negado por su parte.

B) Que la recurrente habría incumplido entregar un comprobante junto a las liquidaciones del bono, en circunstancias que siempre se negó que fuera bono y que correspondía a un contrato de carácter civil.

C) Que por tratarse de un bono no estarían declaradas y enteradas completamente las cotizaciones previsionales de AFP, Cesantía y Salud. Todo esto no solo se negó por que no se trataba de un bono, sino que no corresponde pagar o declarar más cotizaciones toda vez que la trabajadora recibía un sueldo o remuneración que superaba el tope provisional que establece la ley.

En cuanto a las garantías vulneradas invoca las de los numerales 3 inciso cuarto, 21 y 24 de la carta fundamental.

Hace presente que de la documentación exhibida no existe argumento alguno para sostener que el pago de una suma determinada de dinero a la trabajadora podía constituir un Bono, cuando éste fue tajantemente negado por su parte y la disputa solo puede ser resuelta por un Juzgado de competencia Laboral que determine si el pago correspondía o no a un Bono; que el fiscalizador no puede arrogarse facultades jurisdiccionales al darle la razón a una de las partes cuando hay una disputa en su procedencia y que no puede, en consecuencia, de manera arbitraria e ilegal, imponerse multas a la recurrente interpretando situaciones jurídicas que aun no estando por escrito, fue negada y fundamentada El recurso fue declarado admisible únicamente en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de providencia, quien al informar planteó en primer término la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto, recurrible conforme con lo dispuesto en los artículos 511, 512 y 503 Código del Trabajo.

Enseguida señaló que el recurso era improcedente en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, ya que el procedimiento de fiscalización se llevó a cabo en atención a las facultades conferidas al servicio por el Código del Trabajo y demás leyes complementarias, por lo que no puede ser ilegal.

Agregó que no podía ser arbitrario ya que se había iniciado por denuncia de un trabajador de la empresa, presentando antecedentes que exigían la fiscalización del servicio.

En subsidio informó, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En cuanto a los hechos refirió que el 3 de enero de 2018, se activó fiscalización mediante denuncia ante la Inspección Comunal de Providencia donde el denunciante señaló que sus remuneraciones del mes de diciembre de 2017 correspondiente a un bono por $ 1.115.000.- que no había sido cancelado, y que no estaba suscrito en el contrato pero se cancelaba periódicamente, existiendo así un derecho tácito.

Explicó que en la fiscalización se revisó documentación, se entrevistó a trabajadores, se dio cumplimiento al principio de bilateralidad y se escuchó al empleador, constatando los hechos que dieron origen a las multas cursadas.

Hace presente que los hechos que constan en el informe de fiscalización y acta de constatación de hechos, goza de presunción legal de veracidad.

Luego de citar jurisprudencia sobre las facultades fiscalizadoras de la Inspección del Trabajo, afirma que no existe vulneración de las garantías invocadas.

Se trajeron los autos en relación Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que el acto tildado de arbitrario e ilegal por la recurrente consiste en la Resolución de Multa (s) Nº 1744/18/19, que la sanciona por:

1.- No consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo o en documento anexo la modificación de la estipulación referida al monto, forma y periodo del pago del bono por el monto de $ 1.124.785 en el periodo marzo a diciembre de 2016 y de $ 1.155.154 en el periodo de enero de 2017 a noviembre de 2017 y de $ 115.515 en diciembre de 2017 el que fue pagado mediante transferencias bancarias desde cuenta corriente del empleador a la trabajadora nombre reservado, lo que se constató a través de las cartolas de la empleadora y la trabajadora, que no fueron incluidas en los comprobantes de remuneraciones.

2.- No entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto total pagado, toda vez que no incluye el monto de bono fijo de $ 1.124.785 y de las deducciones efectuadas, en el periodo de marzo a diciembre de 2016, $ 1.155.154 y de las deducciones efectuadas, en el periodo de enero de 2017 a noviembre de 2017 y $ 115.515 en diciembre de 2017 respecto de la trabajadora nombre reservado.

3.- Efectuar en forma incompleta las cotizaciones previsionales en la AFP Capital de doña nombre reservado al no contener la planilla de cotizaciones el monto imponible de $ 1.124.785, en el periodo de marzo a diciembre de 2016, $ 1155.154 en el periodo de enero de 2017 a noviembre de 2017 y $ 115.515 en diciembre de 2017.

4.- Efectuar en forma incompleta las cotizaciones previsionales en la sociedad administradora del seguro de cesantía de doña nombre reservado al no contener la planilla de cotizaciones el monto imponible de $ 1.124.785, en el periodo de marzo a diciembre de 2016, $ 1.155.154 en el periodo de enero de 2017 a noviembre de 2017 y $ 115.515 en diciembre de 2017.

5.- Efectuar en forma incompleta la declaración de cotizaciones previsionales en la Isapre Consalud de doña nombre reservado al no contener la planilla de cotizaciones el monto imponible de $ 1.124.785, en el periodo de marzo a diciembre de 2016, $ 1155.154 en el periodo de enero de 2017 a noviembre de 2017 y $ 115.515 en diciembre de 2017.

Tercero: Conforme al mérito de los antecedentes agregados a los autos, dicha decisión se originó a raíz de la fiscalización de que fue objeto la actora, los días 5, 10 y 26 de abril del año en curso, de acuerdo a la denuncia que recibió el día 3 de enero del año 2018 de doña nombre reservado, por “no pagar la remuneración íntegra”.

Consta de las actas respectivas que se revisó documentación, se entrevistó a la trabajadora denunciante, quien exhibió cartolas de su cuenta corriente, se entrevistó al Jefe de Administración y Finanzas y se escucharon los argumentos del empleador. En lo que importa se constató que además de la remuneración de la trabajadora denunciante se le depositaba el monto de $ 1.124.785 en el periodo de marzo a diciembre de 2016, $ 1.155.154 en el periodo de enero de 2017 a noviembre de 2017 y $ 115.515 en diciembre de 2017 correspondiente a 3 días proporcionales por haber presentado licencia médica, declarando el empleador que la trabajadora realizaba servicios para la Fundación Liderando Emprendimiento y por ello recibía el pago mensual señalado, sin que existiera contrato de prestación de servicios, boletas de honorarios o autorización escrita del empleador para que la trabajadora realizara el servicio de asesoría, como se indicaba en su contrato de trabajo. Las transferencias se realizaron desde la cuenta corriente de la empleadora.

Cuarto: En síntesis, la discusión de autos se circunscribe a examinar las facultades de actuación de la Inspección del Trabajo, pues mientras la recurrente sostiene que se arrogó facultades propias y excluyentes de los tribunales de justicia, la recurrida afirma haberse ajustado a la ley conforme a los hechos constatados.

Quinto: Al momento de decidir cabe considerar que por mandato legal, en representación del Estado, compete a la Dirección del Trabajo fiscalizar la aplicación de la ley laboral, velando por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, facultades que está llamado a ejercer cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se sorprendan ilegalidades claras, precisas, determinadas y manifiestas.

Sexto: Da cuenta de lo anterior lo dispuesto por el inciso primero del artículo 503 del Código del Trabajo, en cuanto prescribe “Las sanciones por infracción a la legislación laboral y de seguridad social como a sus reglamentos se aplicarán administrativamente por los respectivos Inspectores del trabajo o funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuaran como ministros de fe”. Añade el inciso primero del artículo 505 “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”.

Por su parte el artículo 1 letra a) del DFL N° 2 del año 1967 establece que “a la Dirección del Trabajo le corresponde la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”. Finalmente el artículo 23 del citado DFL señala que “los inspectores del trabajo tendrán el carácter de ministros de fe en todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones”.

Séptimo: Las atribuciones legales antes referidas, han de interpretarse en armonía con la finalidad para la que fue creada la entidad recurrida, esto es, para supervigilar la aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores, así como en el contexto de las normas que la rigen, pues de acuerdo al artículo 1 del DFL N° 2, de 1967, se trata de un organismo técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social al que se le encomienda, particularmente, y sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral, precisando su artículo 5, que a su Director le corresponde especialmente- y en lo pertinente- velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República. A su turno, su artículo 20 consagra que los Inspectores Provinciales, tienen en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social, salvo en las que le son privativas y por su parte el artículo 23 de la referida normativa, confiere a los Inspectores del Trabajo el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, añadiendo que los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituyen presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Octavo: Para poder cumplir su finalidad, las facultades con que cuenta la recurrida han de ser eficaces y, en tal sentido, han de interpretarse. Por ello ante hechos precisos, claros y comprobados -como acontece en la especie- puede determinar si los mismos se ajustan a la legislación laboral que los regula, y según ello obrar en consecuencia, lo que implica, naturalmente, un ejercicio de subsunción de los hechos al derecho, toda vez que tal labor resulta inherente a la potestad sancionatoria conferida, ajustándose entonces la actuación de la recurrida a las facultades que por ley le han sido concedidas.

Noveno: Tampoco cabe calificar de arbitrario el acto impugnado, desde que la decisión impugnada se adoptó en base a antecedentes de hecho de los que se dejó constancia en la misma Resolución y en las actas que le sirvieron de base, lo que descarta que su actuación se haya debido al mero capricho.

Décimo: A mayor abundamiento, dicha decisión -tal como hace ver la recurrida- es reclamable a través del procedimiento judicial establecido en el artículo 503 del Código del Trabajo, siendo el propio legislador quien ante discrepancias del administrado con el organismo respectivo, ha contemplado un procedimiento especial que permite enjuiciar el mérito y la justificación de la decisión, aspectos ajenos al ámbito de una acción de naturaleza eminentemente cautelar.

Undécimo: Al no encontrase acreditados los supuestos básicos del recurso interpuesto, a saber la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, sólo cabe desestimar el recurso, sin que resulte necesario analizar la vulneración de garantías denunciadas.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se rechaza el deducido, por el Club Deportivo Mundo Deporte, en contra de la Inspección Provincial de Providencia.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, quien no firma por ausencia.

Rol Nº 47.755-2018