nombre reservado con I, MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Primero: Que con fecha 12 de abril de 2023 comparece don nombre reservado, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, representada legalmente por su Alcaldesa, doña Irací Luisa Hassler Jacob, por haber incurrido en omisiones ilegales consistentes en no adoptar medidas concretas y efectivas que impidan la instalación del comercio ambulante en el frontis de la Galería Comercial ubicada en Bascuñán Guerrero Nº145, comuna de Santiago, provocado con ello la afectación y amenaza de derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1, 2, 8, 21 y 24 de la Constitución.

En definitiva, pide acogerlo, ordenando adoptar todas las medidas que se estimen necesarias para impedir la existencia de comercio ambulante que se instala al frente de la galería comercial de propiedad de su representada ya individualizada, con expresa condenación en costas, declarando especialmente: a) Ordenar a la Ilustre Municipalidad de Santiago que adopte medidas concretas con el objeto de prohibir la instalación de comercio ambulante, y evite la futura instalación de comercio ilegal en el sector mencionado; b) Ordenar a la Ilustre Municipalidad de Santiago que adopte medidas concretas con el objeto de resguardar la seguridad individual y libertad personal; c) Ordenar a la Ilustre Municipalidad de Santiago que adopte medidas para velar por la limpieza y aseo del sector en el cual se instala el comercio ambulante; d) Ordenar a la Ilustre Municipalidad de Santiago que adopte medidas concretas para velar por la libre circulación peatonal por calle Ahumada de la comuna de Santiago; y e) Que ordene la aplicación de las sanciones respectivas contempladas en la normativa.

Invoca como fundamentos del recurso que el 13 de marzo de 2023, don nombre reservado, empleado de inmobiliaria nombre reservado, concurre a la Galería Comercial, toda vez que es contactado por locatarios de dicha Galería que le manifiestan que en la acera contigua al acceso del centro comercial se ha instalado una gran cantidad de comercio ambulante, conocido popularmente como “toldos azules”. Describe que se instalan con toldos de hasta 3 x 3 metros, sostenidos por cuatro pilares y que permiten disponer mesas en su interior, en las cuales se comercializa gran cantidad de productos de origen desconocido y por los que no se paga impuesto alguno.

Relata que ese día, don nombre reservado solicitó a los comerciantes ambulantes que se encuentran instalados justo frente a la puerta de acceso de la Galería Comercial, que al menos permitieran el ingreso por esa vía, lo que solo sirvió para recibir insultos y amenazas de los usuarios de los toldos, quienes hasta la fecha de su recurso siguen en el lugar, y consecuencialmente, ha provocado la negativa de varios locatarios de la Galería a pagar la renta convenida en su oportunidad, ya que alegan que no pueden ejercer la actividad comercial asociada al contrato de arrendamiento celebrado con su representada.

Estima que la situación favorece la comisión de delitos y pone en riesgo a los transeúntes y vecinos del sector, mencionando asimismo aspectos de higiene y salud aparejados. En ese sentido, razona que la recurrida ha transgredido los derechos de su representada al no fiscalizar y desalojar al comercio ambulante, utilizando las facultades que tiene, lo que provoca un menoscabo en su actividad económica, además de las vulneraciones a las demás garantías antes enunciadas, que desarrolla.

Precisa que envió carta con fecha 14 de marzo de 2023, por correo certificado, poniendo en conocimiento a la recurrida de los hechos precitados, sin haber recibido respuesta alguna a la fecha de su recurso. Sostiene que, de no tomarse medidas, es muy probable que la Galería quede sin locatarios, ya que es ilusorio que el comercio formal quiera establecerse como arrendatario, bajo las actuales condiciones.

Desarrolla consideraciones de Derecho e invoca jurisprudencia sobre la materia.

Segundo: Que informando, a folio 11, doña nombre reservado, Directora Titular de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Santiago, obrando en su representación judicial, pide el rechazo del recurso, por haber actuado con las facultades y dentro de los márgenes que la ley establece, sin que puedan entenderse conculcadas las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Argumenta que los fundamentos fácticos del libelo de la contraria, los cuales informan de una supuesta omisión grave y reiterada de deberes y facultades por parte de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y de nula fiscalización del comercio ambulante en el Barrio Meiggs, no coinciden con la realidad ni con las obligaciones que ha dispuesto el ordenamiento jurídico para las municipalidades.

Atribuye a la enunciación del recurso una confusión significativa en las funciones del municipio y las obligaciones de otros organismos públicos, tales como la Delegación Presidencial Regional, el Ministerio del Interior y Carabineros de Chile, entre otras instituciones públicas, las que están llamadas al resguardo de la protección de la seguridad y el orden público. Afirma que su representada no ha descuidado sus obligaciones legales.

Pormenoriza, respecto de las atribuciones de Seguridad Pública y coordinación con otras instituciones del Estado, que según la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y Modifica Diversos Cuerpos Legales, el ejercicio del resguardo y control público le corresponde a dicho Organismo de la Administración del Estado, lo que es determinante para la discusión de este recurso de protección. Se remite al artículo 1º de la ley antes citada, conforme al cual el organismo competente, establecido por la ley para la ejecución de la política pública en el marco del control de la delincuencia, recae expresamente en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como titular de dichas facultades. A su vez, sostiene que debe ser incorporado en el análisis lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, y las facultades de las delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales, excluyendo expresamente a las municipalidades de dicho control, y en el caso del comercio ilegal, le corresponde a este municipio un rol fiscalizador que se ha cumplido significativamente por esta administración comunal. Identifica que su representada solo puede colaborar con los organismos llamados por ley para dichos efectos, transformándose en un cogestor activo de política pública comunal, como así queda de manifiesto en su Plan Comunal de Seguridad Pública. Cita disposiciones normativas al efecto.

A su vez, hace presente que la situación referida por el recurrente se ha hecho presente en las distintas mesas de trabajo del Gobierno Central y Regional, en el marco de la seguridad pública comunal e intercomunal. Menciona en particular la mesa regional de trabajo de 4 de enero pasado y precisa que en representación de la Alcaldesa Irasí Hassler compareció la Directora de Fiscalización del municipio, señora nombre reservado, para tratar las principales dificultades de la comuna con respecto al tema.

Agrega que su representada se ha coordinado con diversas organizaciones de la sociedad civil por medio de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Dirección de Seguridad, mediante reuniones periódicas con las juntas de vecinos.

Menciona que se han intensificado los operativos realizados por funcionarios municipales en diversos barrios.

Agrega que el municipio desarrolló durante los meses de junio y julio del año 2022, el proceso de información y votación de los presupuestos participativos, donde los locatarios, vecinos y trabajadores de la comuna pudieron votar por las propuestas para ejecución en la comuna y en diferentes barrios, entre los que se encontraban algunos en torno a la seguridad.

Precisa que el 5 de mayo de 2022, en el marco de las mesas de trabajo coordinadas con la Administración Central del Estado, se materializa el Plan de Recuperación de Espacios Públicos, llevándose a cabo un exitoso operativo de control del comercio irregular en la vía pública en el Barrio Meiggs, junto con Carabineros de Chile.

Destaca, a su vez, coordinaciones con la Delegación Presidencial, Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y otras Municipalidades en el contexto del Plan de Erradicación de Comercio ilegal en la Región Metropolitana. De esos antecedentes se han realizado más de 18 mil controles y, en particular, en el Barrio Meiggs, más de 23.313 controles preventivos al 22 de junio. Añade que se ha detenido a más de 170 personas y que se han decomisado 157 estructuras y toldos.

Efectúa, adicionalmente, menciones relativas a la regulación de bienes nacionales de uso público y otorgamiento de permisos, como también sobre el Plan Regulador y el Plan Comunal de Seguridad Pública. Menciona, asimismo, las labores de limpieza del lugar que se efectúan de forma habitual.

Tercero: Que en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que el acto que la recurrente considera ilegal y arbitrario, consiste en los elevados niveles que ha alcanzado el comercio ambulante informal en la calle Bascuñán Guerrero del denominado “Barrio Meiggs”, comuna de Santiago, concretamente en el frontis de la Galería Comercial ubicada en el Nº145 de esa calle. Lo anterior se materializa mediante la instalación permanente y recurrente de los denominados “Toldos Azules”, que ocupan las veredas y parte de la calzada de la calle mencionada, obstaculizando el acceso a la precitada Galería Comercial y generando además acumulación de basuras, trastornos de circulación, problemas higiénicos e inseguridad para los locatarios, transeúntes y automovilistas que concurren al lugar.

Quinto: Que es posible advertir que la situación reclamada por la recurrente, consistente según se dijo en la gran cantidad de comerciantes ambulantes que instalan sus puestos y “Toldos Azules” en el sector donde se ubica la Galería Comercial ya mencionada, es reconocida expresamente por la propia recurrida en su informe, quien se limita a señalar que no es ella la encargada de velar por la seguridad pública del sector, sino otros organismos del Estado.

Sexto: Que de conformidad al artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: (…) b) La salud pública y la protección del medio ambiente; (…) f) La urbanización y la vialidad urbana y rural; (…) h) El transporte y tránsito públicos; (…) j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, (…) así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad (…)”.

El artículo 5 de la misma ley, a su vez, establece que “Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado (…); l) Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan comunal de seguridad pública. Para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en consideración las observaciones efectuadas por el consejo comunal de seguridad pública y por cada uno de sus consejeros.”

Luego, el artículo 6 del precitado cuerpo legal, en relación con el artículo 56 inciso 2º, indica que “La gestión municipal contará, a lo menos, con los siguientes instrumentos: (…) e) El plan comunal de seguridad pública.”

Relacionado con lo anterior, el artículo 63 de la ley prescribe: “El alcalde tendrá las siguientes atribuciones: (…) f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley; (…) p) Requerir de la Fiscalía del Ministerio Público y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que ejerzan sus funciones en la comuna respectiva, los datos oficiales que éstas posean en sus sistemas de información, sobre los delitos que hubiesen afectado a la comuna durante el mes anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a la función establecida en la letra j) del artículo 4 de la presente ley”; mientras que el artículo 65 establece que corresponderá al Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, “c) Aprobar el plan comunal de seguridad pública y sus actualizaciones”.

Adicionalmente, el Título IV A de la ley, introducido por la Ley Nº 20. 965, de 2016, trata “Del Consejo Comunal de Seguridad Pública y el Plan Comunal de Seguridad Pública”, definido -el primero- en el artículo 104 A como “un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal”, que será, además, “una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local”, cuyas funciones y atribuciones en materia de seguridad comunal se contemplan en el artículo 104 E. El artículo 104 F, a su vez, establece:

El plan comunal de seguridad pública será el instrumento de gestión que fijará las orientaciones y las medidas que la municipalidad y los órganos y organismos señalados en el artículo 104 B dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones y facultades que la Constitución y la ley confieren al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al Ministerio Público.

Este instrumento contendrá un diagnóstico de la situación de seguridad de cada comuna y establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión conforme a los compromisos que cada integrante del consejo comunal de seguridad pública realice, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y en el ámbito de sus respectivas competencias.”

Por todo lo señalado, resulta evidente que al Municipio le corresponde por ley el deber de -y cuenta con las atribuciones para- velar por la seguridad pública comunal, sin perjuicio de las funciones y facultades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y del Ministerio Público; y por lo mismo, mal puede excusarse de su obligación en tal sentido -como hace en este caso-, a pretexto de ser otras las instituciones llamadas a resguardar de manera eficiente, oportuna y constante dicho bien jurídico público.

Séptimo: Que por su parte, en conformidad al artículo 23 inciso 1º del Decreto Nº 2385, del Ministerio del Interior, que “Fija Texto Refundido y Sistematizado del Decreto Ley Nº3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales “, “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley.”

El artículo 52 de la misma ley, a su turno, prescribe que “Los contribuyentes a que se refiere el artículo 24.- que no hubieren hecho sus declaraciones dentro de los plazos establecidos por la presente ley, pagarán a título de multa un cincuenta por ciento sobre el valor de la patente, la que se cobrará conjuntamente con esta última”; mientras que el artículo 58 incisos 2º y 3º establece: “(…) podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes. La violación de la clausura decretada por el alcalde será sancionada con una multa de hasta el equivalente a cinco unidades tributarias mensuales cada vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo el giro.”

Por otro lado, el artículo 160 de la Ley Nº18.290, Ley de Tránsito, señala:

“Las vías públicas deberán destinarse a cumplir su objetivo.

Prohíbese en las vías públicas:

1.- Destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículos;

(…) 3.- Ejercer el comercio ambulante en calzadas y bermas o el comercio estacionado sin permiso municipal o sin autorización del Ministerio de Obras Públicas, en su caso;

4.- Construir o colocar quioscos, casetas y toda otra instalación similar, sin permiso del Ministerio de Obras Públicas o de la municipalidad, en su caso.

5.- Colocar, cargar, arrastrar o hacer rodar bultos, canastos u otros, cuyo tamaño o forma moleste a los peatones o entorpezca el tránsito;

6.- Colocar propaganda y otros objetos que puedan entorpecer el tránsito de peatones o vehículos; (…)”.

El artículo 4 inciso 1º de la misma Ley, a su vez, preceptúa que “Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales serán los encargados de supervigilar el cumplimiento de las disposiciones a que se refiere la presente ley, sus reglamentos y las de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o las Municipalidades, debiendo denunciar, al Juzgado que corresponda, las infracciones o contravenciones que se cometan (…)”.

Adicionalmente, con fecha 12 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.426, “Sobre comercio ilegal“, establece en su artículo 4, inciso 1º:

“Las policías, los inspectores municipales y los funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos conforme a lo dispuesto en el artículo 86 del Código Tributario, podrán fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido. Al efecto, estarán facultados para requerir la exhibición de los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.”

El artículo 5 de la misma ley dispone, además:

“Las municipalidades deberán establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener, a lo menos, un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio.”

Por último, resulta pertinente traer a colación lo señalado sobre esta materia por la Contraloría General de la República, en su Dictamen NºE240684, de 29 de junio de 2022:

“(…) se advierte que el legislador ha establecido como una de las atribuciones esenciales de las entidades edilicias y, en específico de sus alcaldes, la de administrar, en lo que interesa, los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna, los cuales pueden ser objeto de permisos. Luego, es posible colegir que las entidades edilicias, en la administración de los referidos bienes existentes en la comuna, cuentan con atribuciones para autorizar en ellos, entre otras acciones, el desarrollo de actividades comerciales”, agregando luego que “ el comercio desarrollado en un bien nacional de uso público supone el permiso de ocupación del mismo, y el alcalde, conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 5°, letra c); 36, y 63, letras f) y g), ya citados, está facultado para otorgar, renovar y poner término a las antedichas autorizaciones, las que serán esencialmente precarias, pudiendo ser modificadas o dejadas sin efecto, sin derecho a indemnización.” Cita también lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y agrega que “el comercio desarrollado en un bien nacional de uso público supone el permiso de ocupación de este y, además, el pago de la patente que grava y ampara la actividad ejercida por el contribuyente en dicho bien (aplica dictámenes N°s. 26.186, de 2012, y 9.109, de 2016). Puntualizado lo anterior, es del caso indicar que las entidades edilicias, al otorgar un permiso para ejercer la actividad de comercio ambulante en la vía pública de la comuna y entregar la correspondiente patente comercial, deben velar, en lo que importa, por la licitud de las actividades cuyo ejercicio autoricen (aplica criterio contenido en el dictamen N°20.434, de 2019).”

Señala finalmente este dictamen:

“(…) el dictamen N° 31.969, de 2006, ha señalado que en caso que los titulares de permisos para ejercer la actividad de comercio ambulante no se ubicaren en el lugar autorizado en su permiso, acorde con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 18.290, corresponde a Carabineros de Chile y a los inspectores fiscales y municipales, supervigilar las disposiciones de esa ley -entre ellas, el citado artículo 160 sobre uso de vías públicas-, sus reglamentos, y en general las normas de transporte y tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes o las municipalidades y, en el caso de advertir infracciones, hacer las denuncias correspondientes al Juzgado de Policía Local competente.

Luego, en mérito de lo expuesto, es posible concluir que el ordenamiento jurídico entrega herramientas a los inspectores municipales, entre otros servidores, para fiscalizar el cumplimiento de la normativa que regula el comercio ambulante.”

De lo expuesto se desprende, en suma, que el Municipio de Santiago tiene también la obligación de y las facultades legales para- prevenir, fiscalizar, sancionar y en su caso denunciar el ejercicio del comercio ambulante en la comuna, por lo que, nuevamente, las alegaciones que formula en su informe no resultan pertinentes ni plausibles para eximirse del cumplimiento de tales deberes.

Octavo: Que las omisiones descritas en los fundamentos precedentes configuran un cuadro de ilegalidad en el actuar de la recurrida, que afecta la garantía constitucional contemplada en el numeral 2º del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues la recurrente ha recibido un trato desigual ante la ley por parte de la recurrida, respecto de aquellos comerciantes establecidos, vecinos y residentes de otros sectores de la comuna que no se ven afectados por el fenómeno del comercio ambulante. Se afecta además las garantías constitucionales del Nº21 y Nº24 del señalado artículo 19, desde que el derecho a ejercer la actividad lícita de comercio por parte de la recurrente, respetando las normas que la regulan, se ve gravemente mermado por la omisión de la recurrida, con el consiguiente perjuicio de su derecho de propiedad sobre los derechos que le confiere la respectiva patente comercial, que lo habilitan para explotar su establecimiento de comercio sin la carga que actualmente debe asumir a consecuencia de la omisión ilegal de la recurrida.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, la que en consecuencia deberá adoptar, coordinar e implementar las medidas inmediatas tendientes a prevenir y en su caso a revertir y sancionar la actividad comercial ambulante e informal ya descrita, denunciada en el recurso.

Acordado lo anterior contra el voto de la Ministra señora González Troncoso, quien estuvo por rechazar íntegramente la acción constitucional intentada, por estimar que no existe un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la recurrida por cuanto con el mérito de los documentos acompañados a la causa por la Municipalidad de Santiago, escrito folio 12, se tiene por cierto que ésta ha realizado una serie de actividades y gestiones concretas destinadas a fiscalizar y erradicar el comercio ambulante en la vía que se denuncia, conforme al ámbito de sus atribuciones y potestades, coordinándose con otras reparticiones públicas para ese fin.

La disidente tiene presente que como se explica en el Memorándum N° 667 de 10 de julio de 2023, elaborado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, se ha ejecutado un Plan de Intervención en el Barrio Meiggs, en coordinación con Carabineros de Chile, con los resultados que se exponen en el informe, entre los cuales es relevante destacar las 244 denuncias por infracciones por comercio ilegal, retiro de vehículos -210 unidades-, incautaciones de especies -6.270 unidades-, incautación de carros informales -215 unidades-, incautación de insumos -1.857 unidades-; retito de toldos -906 unidades- y retiro de estructuras informales -1.033 unidades-. Por otro lado, la entidad edilicia está ejecutando una agenda de intervención de seguridad, de carácter comunitario, desarrollando actividades concretas como son participación en mesas intersectoriales de seguridad CESFAM N° 5, desde septiembre de 2022, implementación del programa “Somos Barrio comercial”, validación comunitaria de cámaras de televigiliancia, reuniones con diferentes sindicatos y asociaciones gremiales del sector, constitución del comité de seguridad de locatarios Meiggs/Cambell de 15 de junio de 2023 y reuniones con comités de seguridad y unidades vecinales.

Por consiguiente, la recurrida ha ejecutado un plan de intervención cuya finalidad es la búsqueda de soluciones concretas al problema del comercio informal, reflejando su actuar el cumplimiento del deber de coordinación que le es exigible como ente púbico. Tiene presente además los artículos de prensa acompañados por la recurrida, que avalan el trabajo de coordinación ejecutado y que la recurrente no aportó elemento de convicción para demostrar la afectación a su derecho a desarrollar una actividad económica lícita en el inmueble de su propiedad, por cuanto las fotografías allegadas a la causa son del mes de abril de 2023.

Así las cosas, la disidente es de opinión que la Municipalidad de Santiago, ha desarrollado y se encuentra actualmente ejecutado medidas concretas para superar la problemática derivada del comercio informal del Barrio Meiggs de la comuna de Santiago, razón por la cual enmarcadas estas acciones en una política en actual desarrollo, no advierte la existencia de un conflicto de orden constitucional que deba ser amparado por esta vía cautelar de excepción, sobre todo si se consideran las acciones ya adoptadas por la Municipalidad en favor de la comunidad y los locatarios formales del sector.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el abogado integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé, y el voto disidente por su autora.

N°Protección-4766-2023.