nombre reservado con CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA. VISTA EN POS DEL INGRESO CORTE CIVIL N° 2314-2011.

172 Foja:157 Ciento cincuenta y siete.

Santiago, veinte de marzo de dos mil doce.- Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que a fojas 37 comparecen don nombre reservado, Abogado, Presidente del Consejo de Defensa del Estado ( en adelante CDE) y doña nombre reservado, Abogado Procurador Fiscal de Arica, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en su favor y en contra del Consejo para la Transparencia (en adelante CPLT), representado por su Presidente, don nombre reservado, por la dictación de la Decisión Administrativa de Amparo Rol C-719-10, adoptada por el Consejo Directivo de dicho organismo en sesión de 25 de febrero de 2011, en virtud de la cual acogió el amparo por denegación de información deducido por la empresa EMELPAR S.A., ordenando de modo ilegal y arbitrario entregar a esta última “copia íntegra de los antecedentes recabados por este Servicio para la determinación de la procedencia de ejercer acciones judiciales, con ocasión de la denuncia efectuada por EMELPAR S.A., de 25 de agosto de 2006”.

Relatando los antecedentes de hecho expresan lo que sigue:

1.- Que con fecha 25 de agosto de 2006 los señores nombre reservado y don nombre reservado, en representación de la empresa Emelpar S.A. hicieron una presentación ante el CDE, (órgano en el cual ambos recurrentes se desempeñan), en la que hacían referencia al incumplimiento contractual en que habría incurrido el Gobierno Regional de Arica y Parinacota en el marco del proyecto de licitación “Construcción de la Electrificación SING, comuna General Lagos”.

Con fecha “25 de octubre de 2008” y luego de negociaciones fallidas entre las partes, la referida empresa Emelpar interpuso un recurso de protección en contra del mismo Gobierno Regional; recurso en el cual la defensa judicial de este organismo fue realizada por la abogado recurrente de la presente acción.

Finalmente, con fecha 5 de octubre de 2007, la misma empresa demanda ahora directamente al Fisco de Chile de indemnización de perjuicios por el ya indicado y supuesto incumplimiento contractual de las obligaciones adquiridas en aquel proyecto de licitación, reclamando una indemnización por la suma de $3.557.795.673. El proceso se encuentra en actual tramitación ante el Segundo Juzgado de Letras de Arica, Rol Nº 2202 – 2007. La defensa judicial del Fisco de Chile en esta causa se encuentra encomendada a la abogado que suscribe este recurso en virtud de su cargo de Abogada Procuradora Fiscal de Arica. La defensa es además supervisada de manera directa por el otro abogado recurrente en su calidad de autoridad máxima del CDE.

2.- Que en este estado de cosas, con fecha 12 de agosto de 2010, luego de haberse notificado la demanda al Fisco de Chile, el representante de la empresa Emelpar efectúa una petición de acceso a información pública a través del sistema informático habilitado al efecto, mediante el cual solicita copia íntegra de la investigación realizada por el CDE a consecuencia de la denuncia efectuada por Emelpar, ingresada a la institución el 25 de agosto de 2006.

Esta petición fue rechazada por el CDE, atendido a que los documentos solicitados se refieren a aquellos necesarios para la defensa judicial del Estado en el referido proceso, siendo esta una causal expresa para denegar el referido acceso de conformidad al artículo 21 Nº 1 de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y además por importar dicha petición una infracción al secreto profesional de los abogados a cargo del proceso respectivo.

3.- Que luego de la citada denegatoria la empresa Emelpar interpuso ante el CPLT un Amparo de Información Pública. Previa tramitación del amparo – incluyendo algunas medidas decretadas para mejor resolver, el CPLT, en Sesión Nº 222, de 25 de febrero de 2011, Decisión Administrativa de Amparo Rol C71-10 ,decidió acogerlo y ordenó al CDE entregar a la reclamante la información en los términos anteriormente citados.

SEGUNDO: Que, fundando el recurso, manifiestan que la Decisión de Amparo ya indicada constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta las garantías individuales consagradas en los Nº 1, 2, 5 y 16,inciso 4, del artículo 19 de la Carta Fundamental; esto es, el derecho a la Integridad personal y prohibición de apremios ilegítimos; Igualdad ante la ley; Inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; y Libertad de trabajo en lo relativo a las condiciones efectivas para el ejercicio de la profesión de abogado.

Sostienen los comparecientes que la información requerida se encuentra amparada por el derecho/obligación de secreto profesional y ella se enmarca dentro de la información con que cuenta una parte en una relación procesal vigente para defender los intereses legítimos de su mandante. La decisión administrativa del CPLT quiebra la igualdad de esa relación laboral al obligar a una de las partes a entregar los antecedentes de que dispone y que guardan relación directa con el juicio que ambas partes mantienen.

Desarrollando el modo como se habrían infringido las garantías constitucionales invocadas, argumentan, en cuanto al derecho a defensa jurídica, que el Nº 3 del artículo 19 incluye como una de sus expresiones fundamentales, el secreto profesional del abogado, derecho/deber que también se encuentra en el artículo 10 del Código de Etica del Colegio de Abogado, y que se complementa con las normas de los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal Penal, que facultan a estos profesionales para abstenerse de declarar en juicio si su declaración importa riesgo de infracción del secreto profesional. De esta forma, los artículos 231 y 247 del Código Penal y 61 de la Ley Orgánica del CDE constituyen el resguardo legal del derecho a defensa jurídica y del secreto profesional consagrado en la Carta Política.

Este derecho/obligación – agregan – se extiende no sólo a los abogados privados, sino también a los que defienden los intereses del Estado. En este sentido, el artículo 61 de la Ley Orgánica del CDE, DFL Nº 1 de Hacienda, de 1993 – disposición que de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º transitorio de la Ley de Transparencia debe entenderse de quórum calificado – establece una obligación personal en los funcionarios de este Servicio, disponiendo que “los profesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio, siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal”.

De acuerdo con lo anterior, los abogados del CDE mantienen con este una relación que, de acuerdo con la ley, es idéntica a la relación de un abogado con sus clientes, quedando bajo protección del secreto profesional la información a que el funcionario acceda en función de su cargo.

Además, desde otra perspectiva, puede afirmarse que la infracción de este derecho/obligación genera una grave desigualdad procesal que infringe la garantía del debido proceso, invocando al efecto a la autora nombre reservado (en “El Secreto profesional del abogado. Edit. Jurídica de Chile.1963), en cuanto afirma que el secreto profesional constituye una “garantía esencial a la lealtad de las contiendas judiciales; ello porque es un elemento vital de todo proceso el que las partes posean igualdades oportunidades para desarrollar sus argumentos en el litigio en que se encuentran inmersas; la igualdad procesal o también llamada “igualdad de armas” es una exigencia que deriva de manera general del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política.

Así las cosas, la imposición de una obligación de entregar los antecedentes que una parte posee y que se harán valer en juicio daña irreparablemente su estrategia procesal, entregándole a la contraparte una ventaja comparativa de que no goza de manera recíproca el Estado, con lo cual se lesiona gravemente la garantía constitucional del derecho a un justo y racional procedimiento, consagrado en el Nº 3 del artículo 19 ya citado.

De otra parte, la información que el CPLT ordena poner a disposición del demandante se encuentra en el ámbito de la defensa forense que los recurrentes se encuentran actualmente realizando, imponiéndoles la obligación antijurídica de hacer entrega de ella al demandante. Ello porque el secreto profesional abarca TODA la información relativa a la representación del cliente, inclusive su propia identidad. No sólo comprende las comunicaciones que el cliente confía al abogado con expreso carácter reservado sino todo lo que el letrado conozca referido al patrocinante.

En cuanto al derecho a la integridad personal y prohibición de apremios ilegítimos (Artículo 19 Nº1), dicha garantía se infringe porque la decisión en contra de la cual se recurre impone a los recurrentes un apremio sin justificación, antijurídico e ilegítimo que en definitiva lleva a incurrir en un ilícito penal al violar la obligación de secreto profesional, más arriba desarrollada.

En relación a la protección a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones (artículo 19 Nº 5), se violenta desde que la jurisprudencia ha entendido que el concepto de hogar incluye las oficinas y espacios que el titular del derecho ha habilitado para el ejercicio de su profesión. Por su parte, la voz “documentos” comprende cualquier instrumento que sirva para comprobar algo.

Si bien esta protección no es absoluta, ya que la ley de hecho regula excepciones a este derecho, el secreto profesional es precisamente una contra excepción a esa limitación donde se vuelve a la regla general de confidencialidad, de tal modo que la decisión de hacerse de los documentos que los profesionales abogados tienen en su poder la convierte en ilegítima y arbitraria.

Por último, en cuanto atañe a la última de las garantías invocadas (artículo 19 Nº 16, inciso cuarto), fue infringida por el CPLT al eliminar los presupuestos del secreto profesional de los abogados, afectando con ello las condiciones de ejercicio de la profesión, generando restricciones ilegales y arbitrarias en ella.

En atención a lo expuesto, concluyen solicitando se acoja el presente recurso, con costas, ordenando al ente recurrido dejar sin efecto la Decisión de Amparo C719-10.

TERCERO: Que a fs. 101, informando el Consejo para la Transparencia solicita el rechazo del recurso intentado, con costas, por ser improcedente y, en subsidio, por no haberse incurrido en ninguna actuación arbitraria ni ilegal, que vulnere alguna garantía constitucional del recurrente, por las razones que seguidamente expresa:

Primeramente expone los antecedentes de hecho, consistentes en los siguientes:

1. Con fecha 12 de agosto de 2010, la empresa Emelpar S.A. solicitó al CDE “copia íntegra de la investigación realizada por dicho órgano a consecuencia de una denuncia efectuada por la propia solicitante de información que ingresó al CDE con fecha 25 de agosto de 2006”, y que decía relación con:

a) La no devolución al Fisco de $21.000.000.- por parte de una empresa concesionaria eléctrica establecida en la comuna de Putre.

b) El cobro de tarifas eléctricas por sobre el máximo establecido en la Ley, y c) La existencia de conexiones irregulares de electricidad en la zona.”

2.- El CDE, por medio del ORD. N° 5.376, de 27 de septiembre de 2010, respondió la solicitud de información, denegando su entrega de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, ya que a su juicio la revelación de dichos antecedentes afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, ya que por la citada vía se perjudicaría la estrategia de defensa jurídica o judicial del CDE en la representación de los intereses del Fisco en una causa judicial en actual tramitación, la cual se substancia ante el 2° Juzgado de Letras de Arica, bajo el Rol N° 2202 – 2007.

3.- Presentado el amparo por la empresa Emelpar ante ese Consejo, al evacuar el traslado el actual recurrente confirmó la invocación de la causal de secreto o reserva anteriormente indicada, reconociendo además de modo expreso su imposibilidad de recurrir ante esta Corte mediante la interposición de un Reclamo de Ilegalidad.

En el mismo documento el CDE planteó una identidad entre los antecedentes recabados con motivo de la denuncia presentada por la empresa Emelpar y aquéllos que servirían para la defensa del Fisco en la demanda de indemnización de perjuicios deducida por la citada empresa.

4.- Con la finalidad de recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles, y así adoptar una decisión fundada, con fecha 10 de enero de 2011 se decretó como “Gestión Util” solicitar al CDE los antecedentes relativos a la demanda de indemnización de perjuicios antes indicada, habiéndose acompañado con fecha 18 de enero de 2011,una copia de la demanda.

5.- Con fecha 28 de enero de 2011 el CPLT decretó como “Medida para Mejor Resolver”, solicitar al Presidente del CDE que acompañe copia íntegra de los antecedentes recabados con motivo de la denuncia presentada por la empresa Emelpar, a objeto de analizar el contenido de la información y constatar si los antecedentes requeridos tienen o no relación con la demanda deducida en contra del Fisco, solicitando adicionalmente un informe detallado sobre el estado de tramitación de la demanda ya aludida.

Lo anterior fue cumplido mediante Oficio Reservado N° 001, de 11 de febrero de 2011, por el cual el Presidente del CDE adjuntó una serie de Oficios Ordinarios relacionados con la denuncia del solicitante de la información.

6.- Cumplido todo lo anterior, luego de analizar los antecedentes, el CPLT, mediante la Decisión de Amparo impugnada, adoptada el 25 de febrero de 2011, acogió el Amparo por Denegación de Acceso a la Información en contra del CDE, disponiendo concretamente que se entregue al solicitante copia íntegra de los antecedentes recabados por el CDE para la determinación de la procedencia de ejercer acciones judiciales, con ocasión de la denuncia efectuada por EMELPAR el 25 de agosto de 2006, y que se singularizan en el Oficio Reservado N°001, de fecha 11 de febrero de 2011”.

CUARTO: Que, plantea el informante, el recurso es improcedente, toda vez que las decisiones del Consejo para la Transparencia, adoptadas de conformidad al artículo 33, letra b) de la Ley Nº 20.285 de Transparencia, son de carácter jurisdiccional.

Desarrollando este planteamiento, se sostiene que en el ámbito de la Ley de Transparencia y a falta de tribunales de lo contencioso administrativo, frente a la existencia de un conflicto entre un solicitante de información y un órgano de la Administración del Estado, la ley ya indicada otorgó competencia para resolverlo, mediante un recurso especial de Amparo por Denegación de Acceso a la Información al Consejo para la Transparencia, de cuya resolución se puede reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva únicamente mediante la interposición de un Reclamo de Ilegalidad, conforme se indica en el artículo 28 de la Ley en cuestión, recurso que en el caso de la Decisión de Amparo C719-10 fue efectivamente interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, del que ha conocido esta Corte en la misma oportunidad que el presente recurso.

Agrega que las decisiones adoptadas por el Consejo para la Transparencia, si bien emanan de un órgano administrativo son de índole jurisdiccional, aún cuando no forme parte del Poder Judicial, tal como acontece, vgr. en el caso del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos al conocer de una reclamación tributaria, según ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, el que en diversos fallos nunca ha dudado que esta autoridad administrativa al conocer de estos reclamos tributarios lo hace como un órgano que ejerce jurisdicción o bien, como un tribunal especial.

Así pues, conforme a este análisis, el presente recurso resulta improcedente, pues tal como lo han señalado la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, por regla general no es aceptable que a través de este procedimiento constitucional se puedan impugnar sentencias o resoluciones judiciales, siendo admisibles únicamente los recursos o medios de impugnación que la ley expresamente haya dispuesto a tal efecto; en el presente caso, el de Ilegalidad, al que ya se ha hecho referencia.

QUINTO: Que, a continuación, afirma el informante que el recurso de autos interpuesto por el Presidente y la Abogado Procuradora Fiscal de Arica del CDE obedece única y exclusivamente a su imposibilidad de que como órgano de la administración pueda recurrir a través de la única vía contemplada en la Ley de Transparencia; esto es, vía reclamo de ilegalidad.

Expresa que los recurrentes pretenden, ahora como personas naturales, que esta Corte se pronuncie sobre una Decisión de Amparo que no era susceptible de reclamar ante la Corte de Apelaciones.

Lo anterior, debido a que el reclamo de ilegalidad intentado es improcedente, toda vez que CDE reclamante fundó la negativa a entregar la información solicitada únicamente en la causal contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y es del caso que el artículo 28 de ésta expresamente lo prohíbe, disponiendo:

Artículo 28, inciso segundo:

“Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1 del artículo 21”.

En esta situación, siendo precisamente esta causal la única invocada por el CDE para denegar el acceso a la información, lo que fue ratificado por éste al evacuar el traslado respectivo, el reclamo resulta ser claramente improcedente.

SEXTO: Que, en subsidio de lo antes alegado el informante solicita igualmente el rechazo del recurso pues la Decisión de Amparo se encuentra ajustada a derecho, señalando que la documentación que se requirió al CDE, como órgano de la Administración obligado por la Ley de Transparencia, está enmarcada dentro de las indagaciones realizadas por el CDE a fin de evaluar la procedencia de acciones judiciales por perjuicios ocasionados al Fisco con motivo de la denuncia de Emelpar, las cuales resultaron no tener relación directa con el juicio de indemnización de perjuicios invocado por el CDE para justificar su negativa a entregar la información, ya que estos últimos se refieren a hechos que habrían configurado la responsabilidad extracontractual del Estado por “falta de servicio”, en tanto los hechos denunciados por la empresa solicitante de la información – Emelpar S.A. -, decían relación con ciertas acciones u omisiones de terceros que provocaban un perjuicio fiscal; esto es, se trataba de una denuncia tendiente a proteger al Fisco, derivados de las conductas indicadas en la petición de información hecha por la empresa señalada.

Por otra parte, es del caso que las gestiones realizadas por la sra. nombre reservado Procurador Fiscal de Arica, según consta de la documentación respectiva – que se acompaña – tuvieron por objeto verificar la ocurrencia de los hechos denunciados por la empresa Emelpar y, en la afirmativa, si éstos importaban o no perjuicios al Fisco y, consecuentemente, si ameritaban el ejercicio de acciones judiciales por parte del CDE en ejercicio de sus atribuciones legales, no consignándose ninguna opinión ni conclusión sobre las materias consultadas en la Minuta elaborada al efecto por la sra. nombre reservado Procurador Fiscal, habiéndose simplemente limitado a relatar hechos y gestiones realizadas sin efectuar una valoración de las mismas, lo cual de ninguna manera podría configurar antecedentes que deban ser objeto del secreto profesional, el que en todo caso, resulta una alegación improcedente en el presente caso.

Sostiene que la reserva o secreto de los antecedentes y documentos de los órganos de la Administración sólo debe utilizada en casos concretos, importantes, en que sea estrictamente necesario y se justifique hacer ceder el derecho fundamental de acceso a la información, ya que de lo contrario esta garantía resultaría gravemente afectada, en circunstancias que la regla general es la publicidad, debiendo el secreto o reserva ser aplicados de manera restrictiva.

En concreto en este caso, la serie de oficios individualizados en el Oficio Reservado Nº 0001, de 11 de febrero de 2011, del CDE, que la Decisión de Amparo ordenó poner en conocimiento de la empresa requirente, recabados por el mismo CDE, al que pertenecen los actuales recurrentes, tenían por objeto determinar la procedencia de acciones judiciales a favor del Fisco, y se encuentran en poder del CDE; por ende, están amparados por la presunción de publicidad del artículo 5 de la Ley de Transparencia.

Lo anterior se ve reforzado por lo dispuesto en el artículo 11 letra a) de la misma ley, que prescribe “El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios: a) Principio de la Relevancia, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”.

SEPTIMO: Que, finalmente, en otra línea de razonamientos, advierte el informante que el artículo 7 letra a) del Reglamento de la Ley de Transparencia define lo que debe entenderse por “antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales como “..entre otros, aquellos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico”.

En este sentido, el CPLT ha señalado en varias decisiones anteriores que esta causal de reserva debe interpretarse de manera estricta, pues deben distinguirse los antecedentes de la estrategia jurídica del órgano reclamado de otros documentos que sólo constituyen medios de prueba, concluyendo que sólo los primeros serían objeto de secreto o reserva y en tanto exista una “relación directa” entre los documentos o información solicitada y el o los litigios. En consecuencia, el puro hecho de tener uno o más juicios pendientes no transforma a todos los documentos relacionados con estos en secretos, pues algunos tienen naturaleza eminentemente pública, tales como resoluciones, decretos, actos, oficios, entre otros, de conformidad a lo señalado en el artículo 8 de la Constitución Política y en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia.

Hace presente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 del nuevo Código de Etica del Colegio de Abogados un funcionario público no puede invocar su calidad profesional de abogado para excusarse de revelar o entregar información de que disponen en virtud de la función pública que desempeña.

En consecuencia, al existir un deber constitucional y legal del Presidente del CDE de entregar ciertos antecedentes que le han sido requeridos en el marco de la Ley de Transparencia, respecto de los cuales no se configura ninguna causal de secreto o reserva, les está impedido de excusarse de entregarlos por tener la calidad de abogados, y consecuencialmente configurarse en la especie un supuesto caso de secreto profesional, siendo improcedente tal alegación, atendiendo la función pública que él desempeña, al igual que los demás abogados que laboran al interior del CDE, como es el caso de la recurrente Abogado Procurador Fiscal de Arica.

OCTAVO: Que, para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

A.- Que se compruebe la existencia de la acción reprochada;

B.- Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción;

C.- Que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra un derecho constitucional cierto y efectivo del recurrente, protegible por esta vía; y, D.- Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

NOVENO: Que, en primer término, examinados los fundamentos acerca de la eventual improcedencia del presente recurso alegada por el CPLT, las alegaciones en este sentido no pueden prosperar, debiendo desestimarse tal pretensión por esta Corte, atendido el claro tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, que no deja sujeta su interposición a determinadas actuaciones ni procedimientos.

En efecto, como es sabido, la vía extraordinaria de protección – por su propia naturaleza – constituye una de las vías procesales autorizadas por el legislador para alzarse en contra de actuaciones, omisiones, o decisiones ilegales o arbitrarias que afecten alguna de las garantías constitucionales protegibles por este recurso, sin que su interposición reconozca como límite el hecho que el acto impugnado emane de un órgano jurisdiccional, ni el de contemplar la legislación del caso alguna fórmula especial de revisión o reclamación.

DECIMO: Que en relación al fondo, ha de tenerse presente que con esta misma fecha este tribunal ha resuelto el reclamo de Ilegalidad planteado por el CDE en contra de la misma Decisión de Amparo que motiva el presente recurso ( Rol Nº 2314-2011) el cual fue rechazado por los motivos que en dicho fallo se expresan.

Es esencial considerar además que en el caso de autos se trata de información que fue requerida al Consejo de Defensa del Estado, y denegada por éste, le fue ordenado - siempre al Consejo de Defensa del Estado - entregarla a la empresa requirente Emelpar S.A.

UNDECIMO: Que para resolver correctamente el presente recurso de protección, esta Corte ha de advertir que lo sustancial de su fundamento lo constituye el “secreto profesional” – derecho/obligación – que invocan los profesionales abogados recurrentes, que para efectos de interposición del recurso se apoya en la garantía contemplada en el artículo 19 Nº 3 de la Carta Política, apareciendo del contenido del requerimiento de protección que todos los demás derechos fundamentales invocados por los actores son en definitiva reconducidos al mismo derecho.

DUODECIMO: Que no puede olvidarse que la transparencia y libre acceso a la información pública constituye un deber constitucional, consagrado en el artículo 8 de la Carta Fundamental, sin que baste formalmente con la existencia de una ley de quórum calificado para imponer la reserva o secreto, requiriéndose materialmente que la publicidad afecte a alguno de los bienes jurídicos protegidos por la propia norma constitucional.

De otra parte, tratándose de documentos que obren en poder del Organo de la Administración Pública, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 20.285, de Transparencia - ley que en todo caso importa una limitación a la privacidad - tales documentos gozan de la presunción de publicidad (artículo 5, ya citado) y tienen carácter relevante (artículo 11 letra a), también ya citado).

DECIMO TERCERO: Que, enseguida, en relación al secreto profesional de que se trata, el artículo 48 del Código de Etica del Colegio de Abogados, invocado por el CPLT prescribe:

“Deber de revelar información por abogado que desempeña una función pública. El abogado que en el ejercicio de una función pública está sujeto a un deber legal de revelar o entregar la información de que dispone en razón de esa función no puede excusarse de cumplir ese deber a pretexto de su calidad profesional de abogado”.

DECIMO CUARTO: Que la disposición anteriormente citada, así como las demás alegadas por las partes, forman parte del tratamiento orgánico que nuestro ordenamiento jurídico hace del secreto profesional, el cual se impone y otorga como un derecho/obligación a los profesionales abogados. A éstos, personalmente, pero no a un organismo ni a una persona jurídica, ni a una empresa, ni a una sociedad.

Pues bien, como ya se ha dicho, en el caso presente se trata de antecedentes que el Consejo para la Transparencia ordenó dar a conocer - al Consejo de Defensa del Estado - y no a determinados profesionales abogados; y encontrándose el Organo Público obligado a proporcionar la información, no se divisa la fórmula que hubiese permitido en su oportunidad comunicar el derecho personal que ampara a las personas naturales al ente jurídico.

DECIMO QUINTO: Que conforme aparece de estos autos y a la luz de las alegaciones planteadas por las partes, en realidad resulta tratarse en la especie de una controversia entre el Consejo para la Transparencia y el Consejo de Defensa del Estado, por la obligación impuesta a este último por aquél de proporcionar a una empresa solicitante determinados antecedentes, y por ende, los profesionales abogados resultan eximidos de la obligación/derecho que se ha venido analizando, en razón de ser el Organo Público el obligado a proporcionar la información.

DECIMO SEXTO: Que las razones expresadas constituyen fundamento suficiente para desestimar la acción de protección intentada en estos autos.

Y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechaza el recurso de esta especie, deducido en estos autos, sin costas, por estimarse que existió motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción: Ministro Dobra Lusic.

Nº 4760 - 2011.- Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Lamberto Cisternas Rocha e integrada, además, por la ministra señora Dobra Lusic Nadal y el abogado integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.