EULEN SEGURIDAD S.A con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece don nombre reservado, abogado, en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A., todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la señora nombre reservado, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, en razón que con su proceder habría infringido las garantías de los artículos 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Expresa que su representada fue sujeto pasivo de una fiscalización por parte de la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado, la que concluyó con una multa ascendente a 100 Unidades Tributarias Mensuales por los ilícitos infraccionales en ella referida.

Arguye que la resolución de multa fue notificada el día 27 de abril de 2018 y, al no estar conforme con la misma, procedió, el 31 de mayo de 2018, vía carta certificada, a presentar recurso de reconsideración ante la Inspección Comunal del Trabajo.

A dicho arbitrio no se le dio curso por parte de la recurrida, al establecer que no fue presentado dentro del término de 30 días corridos.

Sostiene que la decisión anterior de la recurrida vulnera la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política en cuanto se niega el derecho a acceder a una instancia de reclamación administrativa, pese a que el artículo 512 del Código del Trabajo no establece un plazo de días corridos, siendo aplicable lo dispuesto en la Ley N° 19.880 y, por tanto, el plazo debe ser considerado de días hábiles.

A su vez, sostiene que se infringe el inciso primero del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política, el cual, en su entender, protege el ejercicio de los derechos por los particulares ante los órganos del Estado. Pues bien, sostiene que en este caso se ve su representada impedida de acceder al órgano administrativo y, asimismo, al órgano jurisdiccional, pues la primera concurrencia es presupuesto de la segunda.

Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la referida resolución, debiendo acogerse la solicitud de reconsideración administrativa presentada el 31 de mayo de 2018, todo ello con costas.

Segundo: Comparece don nombre reservado, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado, quien evacuó el informe requerido por esta Corte en los siguientes términos.

En primer lugar, señala que la acción interpuesta es improcedente en atención a la naturaleza del acto recurrido, pues en definitiva, lo que se pretende es transformar el recurso de protección en un sustituto de los procedimientos específicos de impugnación consagrados por el legislador. En efecto, en el caso de marras, correspondía recurrir en sede administrativa mediante los recursos propios de la Ley N° 19.880, o bien, en sede judicial, reclamar directamente del Ordinario respectivo mediante la acción dispuesta en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Indica que, un argumento adicional para sostener la improcedencia de la acción constitucional, se refiere a los plazos que existen para accionar de protección ante esta Corte y el término para reclamar ante el Juez de Letras del Trabajo del rechazo de la reconsideración, siendo el término de 30 días corridos en un caso y de 15 días hábiles en el otro.

De conformidad a lo anterior, el actor dispuso de 15 días hábiles para reclamar ante el Tribunal Laboral competente, pero optó por emplear el recurso de protección.

En un segundo apartado, invoca la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, pues la actuación de la Inspección del Trabajo se ajustaría a la legalidad, toda vez que existen Dictámenes previos de la Contraloría General de la República, en que se ha sostenido que el término para reclamar de las multas administrativas es de días corridos, en cuanto las disposiciones del Código del Trabajo son inconciliables con las del artículo 25 de la Ley N° 19.880.

En un tercer capítulo, alega la ineficacia de la acción intentada, pues no existen amenazas a las garantías invocadas por la recurrente, toda vez que su acción se cierne en una cuestión que, netamente, se refiere a la “interpretación jurídica” de una regla.

Finalmente, ingresando al examen de la cuestión de fondo, interpreta la norma del inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo señalando que debe estarse a la regla general del Código Civil, por cuanto el legislador al tiempo de establecer términos de días hábiles lo ha hecho expresamente. En este sentido, no existe vacío alguno que llenar de conformidad al artículo 25 de la Ley N° 19.880, la que no resulta aplicable en la especie.

Concluye negando las conculcaciones invocadas y solicita se rechace el recurso de protección, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección es una medida cautelar de rango constitucional que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando exista una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente actuaciones u omisiones ilegales y arbitrarias.

Cuarto: Que en cuanto a lo alegado por la Inspección del Trabajo en orden que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar su decisión, baste señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República indica que la acción constitucional que allí se contempla “es sin perjuicio de otros derechos” de modo que siempre queda a salvo la posibilidad de impugnar constitucionalmente lo decidido por la Administración.

Quinto: Que por la presente acción cautelar la parte recurrente reclama de la decisión que estima arbitraria e ilegal de la Inspección Comunal del Trabajo recurrida que rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le fuera cursada por dicha institución, por haber sido presentada ésta en forma extemporánea.

Sexto: Que como ya lo ha resuelto esta Corte, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos. En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo especial como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Séptimo: Que constituye un hecho no controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado el día 31 de mayo de 2018, esto es, conforme con lo razonado, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación, la que fue practicada el día 27 de abril de 2018.

Octavo: Que en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, que no puede ser aceptado.

Noveno: Que habiéndose decidido acoger el recurso por conculcación del derecho establecido en el N° 2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, resulta inoficioso pronunciarse sobre la garantía del numeral 24 del mismo artículo que, en concepto de la recurrente, también se encontraría infringido.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado, a favor de Eulen Seguridad S.A y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 519 de fecha ocho de junio del año dos mil dieciocho de la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado y se dispone que la recurrida debe admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente respecto de la Resolución de Multa N° Nº 7729/18/23 de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívense.

N°Protección-47598-2018.