Protección contra Director de la Tesorería Provincial de Ñuñoa y en contra del Director Regional M

Santiago, doce de Marzo de dos mil catorce.

VISTOS:

1°)

Que, a fojas 8, doña nombre reservado, por sí y en nombre y en representación de su hija de tres años de edad, nombre reservado, deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Director de la Tesorería Provincial de Ñuñoa y en contra del Director Regional Metropolitano del Servicio de Impuestos Internos, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el embargo, a su juicio, ilegal, irracional y absurdo que se verificó sobre sus remuneraciones y que se genera por deudas tributarias que no le serían imputables, afectando con ello las garantías previstas en los numerales 2°, 3°, 4°, 16°, 22° y 24° todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2°)

Que como fundamentos del recurso, refiere que en los autos administrativos de la Tesorería Regional de Ñuñoa Rol 501-2006, el Fisco trabó embargo sobre sus remuneraciones por una deuda tributaria que asciende a $2.147.483.647, pero que los giros corresponden a obligaciones de terceros. Sostiene que, de perseverar el Fisco con el embargo, se constituiría una esclavitud de por vida respecto de su persona e hija.

Hace presente que al momento de practicarse las liquidaciones a su respecto ella no era socia de la sociedad Comercializadora de Excedentes y Servicio Ltda. Por ello, no puede ser deudora los impuestos que se le cobran. Además, señala no haber realizado retiros de dicha sociedad.

La ilegalidad la basa en que los giros exigibles descansan sobre la base de liquidaciones que fueron resueltas por un juez delegado, que carecería de jurisdicción para conocer y resolver de esos asuntos, de conformidad al artículo 116 del Código Tributario. Además, el embargo decretado es contrario a derecho por cuanto se afectan sus remuneraciones, vulnerando el texto del artículo 57 del mismo cuerpo legal.

En cuanto a las garantías afectadas, alega una discriminación arbitraria, y en consecuencia infringido el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, haciendo referencia a la condonación efectuada por la autoridad tributaria a la multitienda “Johnson”. Asimismo, se encontraría infringida la libertad de trabajo prevista en el numeral 16° del referido artículo 19, al embargarse sus remuneraciones. También alega afectado el derecho de propiedad, respecto de su hija, al vulnerarse el derecho adquirido que ella tiene a los alimentos. Señala que, por el hecho de haberse conocido el asunto por un juez delegado, ha sido juzgada por una comisión especial y se ha transgredido el debido proceso afectando en consecuencia las garantías previstas en los incisos cuarto y quinto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución. Por último alega como vulneradas la garantía del numeral 4° del articulo 19 en comento, por cuanto el embargo perpetuo afectará su desenvolvimiento profesional y menoscabará su imagen como persona por estar bajo el estigma de incumplir obligaciones tributarias Concluye solicitando que el recurso sea acogido formulando en particular: (i) Que el recurrido se abstenga de practicar embargos sobre las remuneraciones y restituya los dineros embargados. (ii) Que se tengan a la vista los expedientes administrativos del Servicio de Impuestos Internos, sustanciados por el que denomina juez carente de jurisdicción. (iii) Que se ordene al Servicio de Impuestos Internos, la exhibición de los giros emitidos y sus respectivas motivaciones. (iv) Que se dejen sin efecto los giros y (v) Que se eliminen aquellos giros de su “cuenta única fiscal”

3°)

Que, a fojas 42, se declaró admisible el recurso sólo respecto de la solicitud de dejar sin efecto la traba del embargo, declarando inadmisible el resto de las peticiones. Asimismo, se requirió informe a las recurridas, solo respecto de la traba de embargo sobre las remuneraciones de la recurrente.

4°)

Que, a fojas 44, se rechazó la orden de no innovar solicitada por la recurrente.

5°)

Que a fojas 60 informa Tesorería General de la República solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas, por cuanto su parte no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías de la recurrente.

Expone, en un primer orden de ideas, que el recurso es extemporáneo, por cuanto la recurrente tomó conocimiento de la resolución de 28 de agosto de 2012, dictada por el Tesorero Juez Sustanciador en el expediente Rol 501-2006, que decreta el embargo, mediante la respectiva notificación por carta certificada efectuada de conformidad a la ley, el 12 de septiembre de 2012. En la resolución notificada, se ordenó el embargo de sus remuneraciones en la parte que excediere de 5 Unidades Tributarias Mensuales. De aquella resolución, la recurrente presentó el 27 de septiembre de 2012 un escrito en la que opuso una serie de alegaciones y defensas. De ahí que al interponer el presente recurso, el 1° de Julio de 2013, ha transcurrido largamente el plazo previsto para su interposición.

Alega que el recurso es improcedente por cuanto el legislador estableció en el Código Tributario un procedimiento ejecutivo que regula el cobro de obligaciones tributarias y determina la competencia especifica para el conocimiento y resolución de estos asuntos. Dicho procedimiento fue el que se ha seguido y en cuanto a lo que a Tesorería corresponde, el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, comienza con los giros efectuados por el Servicio de Impuestos Internos.

Señala que la recurrente, ha tenido todas las oportunidades procesales para interponer las alegaciones, defensas y excepciones que hubiese estimado pertinentes y que por ello las que invoca en el recurso de protección son de naturaleza sustantiva por lo que deben ser tratadas y falladas en el correspondiente juicio, en la sede judicial competente. Por ello, afirma, el recurso de protección no constituye la vía idónea para reclamar del cobro ejecutivo de obligaciones tributarias.

En cuanto al fondo, refiere que de conformidad al procedimiento previsto en el Título V del Libro III del Código Tributario, se ha ejercido la acción ejecutiva, cuyo titulo consta en la nómina de deudores morosos que sirve de auto cabeza al proceso de cobro. Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del Código Tributario, es posible decretar el embargo de remuneraciones, en aquella parte que excedan a las 5 Unidades Tributarias Mensuales. En razón de lo expuesto estima que su parte no solo no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal sino que ha iniciado el procedimiento de cobro respecto de los impuestos adeudados por la recurrente, embargando sus remuneraciones sobre el exceso de 5 UTM.

Como antecedentes que acreditan su informe, acompaña a esta corte copias del expediente Rol 501-2009.

6°)

Que a fojas 71 informa el Servicio de Impuestos Internos, solicitando también el rechazo de la acción constitucional deducida con expresa condena en costas.

Señala que según los antecedentes que obran en su poder la recurrente es socia de Servimaquila Ltda con una participación de 20%. Además durante el periodo de mayo de 1999 a diciembre de 2003 fue también socia de la sociedad Las Industrias S.A. y entre agosto de 2000 y febrero de 2004 fue socia y representante legal de Comercializadora Excedentes y Servicios, con una participación de 80%.

Expone que con ocasión de una auditoria efectuada a esta última sociedad se logró constatar que dicho contribuyente registró y contabilizó facturas falsas con lo que aumentó sus costos y gastos operacionales y, con ello, disminuyó su carga tributaria por concepto de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, falseando en consecuencia, la información contenida en las respectivas declaraciones. Lo anterior, concluyó con la emisión de una serie de liquidaciones que singulariza en su informe.

Junto a ello, el Impuesto Global Complementario, que la grava en cuanto socia, también se vio disminuido por las maniobras de la sociedad y por ello las liquidaciones van respecto de dicho impuesto.

Hace presente que atendido que la recurrente se retiró de la sociedad fiscalizada en febrero de 2004, el cobro de impuestos efectuado es solo hasta dicho período. Las liquidaciones practicadas respecto de la recurrente, no fueron reclamadas por lo que el Servicio de Impuestos Internos, emitió los correspondientes giros que por no haberse pagado se encuentran en cobranza ejecutiva.

Como defensas alega que el recurso es inadmisible a su respecto por falta de legitimación pasiva del Servicio de Impuestos Internos, ya que no es su parte quien trabó el embargo que se alega como ilegal o arbitrario. Indica, además, que dicho Servicio no ha cometido acto arbitrario ni ilegal que pueda afectar las garantías constitucionales de la recurrente, sino que actuó dentro de la esfera de sus competencias para lograr el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Para corroborar lo informado acompaña a estos autos diversa documentación, entre ellas, copia de las liquidaciones, cartilla del Sistema de Información Integrada del Contribuyente de la recurrente, certificado de ministro de fe del Servicio de Impuestos Internos en que se señala que la actora no figura con ningún reclamo presentado por ella o en su representación y copias de querellas criminales deducidas en contra de la recurrente.

7°)

A fojas 86 tuvo lugar la vista de la causa, oportunidad en que se escucharon alegatos solo de las recurridas, por inasistencia de la recurrente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, es una acción que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, para lo cual la Constitución Política de la República, ha dotado a las Cortes de Apelaciones del país, de la facultad de adoptar las medidas que sean necesarias para tales efectos. Para lo anterior, se requiere que el afectado -titular de un derecho indubitado-, recurra dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acto conculcatorio, señalando las garantías constitucionales afectadas y el acto u omisión ilegal o arbitrario que estima atentatorio.

Segundo: Que de lo resuelto a fojas 42, consta que el presente recurso fue admitido solo en cuanto ataca la traba de embargo decretado por el Director de la Tesorería Provincial de Ñuñoa, dejando en consecuencia fuera del ámbito de competencia otras peticiones que se plantean y, consecuencialmente, queda fuera del asunto controvertido o reclamado aquello que corresponde a actuaciones o gestiones previas a la traba de embargo, o ante instituciones distintas de quien resolvió la traba de embargo. Por ello, los procedimientos anteriores, sustanciados ante el Servicio de Impuestos Internos y que corresponden a las etapas de citación, liquidación y giro de los impuestos adeudados no caben ser considerados dentro del presente recurso. En consecuencia, tal como se resolvió a fojas 42, el único acto respecto del cual se debe analizar la ilegalidad o arbitrariedad y, eventualmente, la vulneración de garantías amparadas por este remedio jurisdiccional de rango constitucional, es la resolución que dispone el embargo de remuneraciones de la recurrente.

Tercero: Que de lo informado por el Director de la Tesorería Provincial de Ñuñoa consta que el embargo le fue notificado a la recurrente mediante carta certificada el día el 12 de septiembre de 2012 y el recurso fue interpuesto el 1° de Julio de 2013, casi once meses después, lapso de tiempo que excede largamente el plazo de 30 días para su interposición. Por ello, la presente acción efectivamente adolece de la extemporaneidad alegada por las recurridas.

Cuarto: Que no obstante lo anterior, en otro orden de cosas, el acto impugnado emana del Director de la Tesorería Provincial de Ñuñoa, que es la entidad encargada legalmente del cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, previamente liquidadas y giradas por el Servicio de Impuestos Internos. Por lo que a ese respecto, al no provenir del Servicio de Impuestos Internos el acto cuyo análisis de arbitrariedad e ilegalidad se somete a consideración por esta vía, resulta que la autoridad tributaria no puede haber tenido participación en el acto que se reclama como atentatorio, razón por la cual respecto del Servicio de Impuestos Internos, necesariamente habrá de desecharse esta acción.

Quinto: Que aun considerando que el recurso hubiera sido deducido dentro del plazo respecto de la autoridad que decretó el embargo, lo cierto es que dicha orden jurisdiccional de apremio fue dictada dentro de las facultades que la ley le otorga al Servicio de Tesorerías para el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, por ello el embargo decretado no puede ser declarado ilegal.

Sexto: Que, en cuanto a la arbitrariedad alegada, no se está en presencia de una actuación irracional ni antojadiza de la autoridad encargada del cobro de la obligación tributaria adeudada, sino que ésta actúa dentro del mandato que el ordenamiento jurídico le ha encomendado y que consiste en llevar adelante y sostener la ejecución de los contribuyentes que, una vez girados de un impuesto previamente liquidado, no lo paguen voluntariamente o no convengan formas de pago de los mismos. Es decir se encuentren en calidad de morosos del pago de impuestos previamente liquidados y girados. De ahí, que al existir una obligación legal que obliga al Servicio de Tesorerías y existiendo las liquidaciones y giros respecto de la recurrente, arbitrario habría sido que la recurrida actuara en un sentido diverso al que lo ha hecho y, sin causa alguna, hubiera omitido el cobro ejecutivo.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, debe considerarse que en nuestro sistema legal, sí es posible afectar garantías que la Constitución asegura a todas las personas en el artículo 19, incluso aquellas que están amparadas por esta acción especial. Lo que no está permitido, es que aquella afectación provenga de actos u omisiones que sean ilegales o bien arbitrarios.

Octavo: Que, en la especie, no existiendo la ilegalidad o arbitrariedad en el embargo decretado por el Tesorero Juez Sustanciador, por resolución de 28 de Agosto de 2012, recaída en el expediente administrativo Rol 501-2006 y siendo aquellos los requisitos esenciales para la procedencia del recurso de protección, necesariamente éste debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SE RECHAZA, CON COSTAS, el recurso interpuesto por nombre reservado, por sí y en representación de su hija nombre reservado, en contra del Director de la Tesorería Provincial de Ñuñoa y en contra del Director Regional Metropolitano del Servicio de Impuestos Internos.

Comuníquese, regístrese, y oportunamente archívese.

Redacción del abogado integrante señor López Reitze.

N° 47.514-2013 Pronunciada por la Segunda Sala de esta la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Maritza Villadangos Frankovich e integrada por el fiscal judicial señor nombre reservado y por el abogado integrante señor José Luis López Reitze Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a doce de marzo de dos mil catorce, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.