nombre reservado con SCOTIABANK-CHILE ACUM. ING. CORTE 47514, 47505, 47472, 47632, 47635, 47637, 47641, 48209, 48532 Y 48173-2019.-

Santiago, nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Patricio Eduardo Valderrama Wolf recurre de protección en representación de nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado; nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado; nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado; nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado; nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado; nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado; nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado; nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado y nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado.

Dirige su acción en contra del Banco Scotiabank, representado legalmente por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber informado a la Tesorería General de la República con el objeto de que retuviera la devolución de impuestos de sus representados para pagarse de su crédito, actuando de manera arbitraria e ilegal, al no cumplir con el reglamento de la Ley N° 20.027.

Expone que, el 13 de mayo pasado, al revisar la página web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl), sus representados tomaron conocimiento de que Scotiabank habían hecho una retención de su devolución de impuestos de la Operación Renta Año Tributario 2019, por concepto de una deuda con Crédito con Aval del Estado (en adelante CAE).

Los montos retenidos son los siguientes: A nombre reservado $ 904.745.-; a nombre reservado $ 287.004.-; a nombre reservado $ 576.693.-; a nombre reservado $ 1.088.066.-; a nombre reservado $ 488.080.-; a nombre reservado $ 971.211.-; a nombre reservado $598.923.-, a nombre reservado $ 739.188.- y a nombre reservado $ 590.362.- Refiere que en materia de deudas por concepto de CAE, la retención de la devolución de impuestos está sujeta a una regulación específica, contenida en el artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 20.027 y, por analogía, también resulta aplicable a los acreedores del Crédito Solidario Universitario, tal como lo dispone el artículo 5° del Decreto 297 del año 2009, Educación, en cuanto a notificar a los deudores de su inclusión en la nómina que se enviará a Tesorería, notificación que no se realizó respecto de ninguno de los recurrentes.

Señala que, de acuerdo al artículo 3° del ya señalado Decreto 297, para efectos de la notificación debe distinguirse entre los casos que consta el domicilio del deudor y en los que no consta o no existe domicilio conocido. En la primera situación, la notificación se realiza mediante carta certificada y, en el segundo, mediante aviso en un diario de circulación nacional. Pese a que el Banco recurrido tenía el domicilio de los recurrentes, pues cada uno de ellos firmó un contrato donde aquel constaba, no se realizó la notificación por carta certificada, por lo cual siguió adelante el proceso de retención, privándolos de la posibilidad de haber interpuesto una aclaración ante el acreedor, como sí pudieron hacerlo otros deudores del CAE a sus respectivos acreedores, que sí fueron notificados de que este año les retendrían su devolución de impuestos.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, refiere el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho de igualdad ante la ley; el N° 24 de la misma norma, que consagra el derecho de propiedad y, finalmente, al N° 3, por haberse vulnerado el debido proceso.

Solicita se acojan los recursos interpuestos, declarando que el actuar de la recurrida ha vulnerado los derechos constitucionales de sus representados y, en definitiva, se ordene al Banco Scotiabank, reintegrar los fondos retenidos que correspondan a la devolución de impuestos de la Operación Renta Año Tributario 2019, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que la recurrida, Scotiabank Chile, evacuando el informe solicitado, alega en primer lugar la extemporaneidad de los recursos, los que fueron presentados el día 10 de junio del año en curso, es decir, con más de 30 días después de que los recurrentes tomaron conocimiento de los supuestos hechos ilegales o arbitrarios, lo que necesariamente debió haber ocurrido, entre el 1 y el 23 de abril del año en curso, período en el que se efectuó la declaración de renta.

Por otra parte, refiere que no es el recurso de protección el mecanismo procesal adecuado para tutelar los intereses de los recurrentes, toda vez que lo alegado es un supuesto incumplimiento contractual, en el modo de exigir el pago de una obligación, no un derecho indubitado, por lo que en realidad debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, señala que no existe obligación del banco de notificar al deudor de la retención. Así, la obligación descrita por los recurrentes sólo aplica para el Crédito de Fondo Solidario pero no para el CAE, y así se desprende del artículo 44 del Reglamento de la Ley N°20.027, contenido en el Decreto 266.

Luego, destaca que el abogado de las recurrentes funda su recurso en el Decreto 297 del año 2009 del Ministerio de Educación, el que “Fija el procedimiento para la retención de la devolución del impuesto a la renta por Tesorería General de la República”, pero para “retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del CAE, regulado por la Ley Nº 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora”. En consecuencia, el recurso se funda en una norma que no tiene aplicación, pues el crédito celebrado por los recurrentes no es el Crédito Solidario Universitario de la Ley N° 19.287, sino el CAE, contemplado en la Ley N° 20.027.

En definitiva, señala que su representada se limitó a actuar de acuerdo al Oficio Circular N° 1 del año 2019 de la Comisión Ingresa, que entregó instrucciones para el proceso de retención de devolución de impuesto a la renta, Operación Renta 2019, correspondiente a los ingresos percibidos durante el año 2018.

Por ello, estima que no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional en relación a los recurrentes y solicita el rechazo de los recursos.

Tercero: Que esta Corte estimó pertinente pedir informe a la Tesorería General de la República, entidad que al evacuar el mentado informe señaló que, efectivamente, la institución financiera respectiva solicitó a ese organismo recaudador que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 20.027, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del CAE, entre los cuales se encuentran los recurrentes, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Sostiene que, en cumplimiento de esos mandatos legales y de acuerdo a lo requerido por la entidad acreedora, Tesorería procedió a retener la totalidad de las devoluciones de renta de los contribuyentes que se señalará y remitió las cantidades a la entidad acreedora.

Además, explica que en algunos casos los excedentes de renta de los recurrentes fueron compensados por deudas recíprocas entre el Fisco y esos recurrentes, en virtud de la facultad concedida a la Tesorería General de la República por el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda.

Alega que el recurso de protección no resulta procedente por cuanto el Servicio de Tesorería en cumplimiento de un deber legal procedió a retener el total o parte de la devolución de impuesto a la renta de los recurrentes en la operación renta 2019, de lo cual se colige que el presunto acto que los recurrentes califican de ilegal o arbitrario no es imputable a la Tesorería General de la República.

En cuanto al fondo, señala que las devoluciones de pagos provisionales mensuales que arrojaron las declaraciones de impuesto a la renta presentadas por los recurrentes, deudores del CAE, efectivamente, tal como lo indican en los recursos interpuestos, no se verificaron, puesto que la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores solicitó a Tesorería que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 20.027, y su Reglamento, contenido en el Decreto 266, del Ministerio de Educación, retuviera de la declaración anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del CAE regulado por esa ley -entre los cuales se encuentran los recurrentes- los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva institución financiera, e imputara dichos montos al pago de la mencionadas deudas.

Estima entonces que Tesorería no ha cometido ilegalidad ni arbitrariedad alguna, por cuanto actuó en virtud de una habilitación legal, contemplada en el precitado artículo 17 de la Ley N° 20.027 y que el procedimiento a que alude erróneamente el recurrente corresponde al Crédito Solidario Universitario, sistema diverso del CAE, y que naturalmente no procede una aplicación analógica como lo supone el recurrente.

Expone que la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de impuesto a la renta, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la declaración, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales que no exista una causa legal de retención o de compensación, limitándose la Tesorería General de la República a cumplir sus funciones dentro de las competencias que le otorga la ley.

En particular, señala que en el caso de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado se efectuaron retenciones por deudas de CAE. En el caso de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado se procedió a una compensación entre deudas reciprocas del Fisco con los recurrentes, ya que el Fisco les adeudaba cantidades de dinero por concepto de excedentes de pagos provisionales mensuales que arrojaron sus declaraciones de impuesto a la renta, operación renta 2019. Por su parte, los recurrentes eran deudores del Fisco de iguales sumas de que dan cuenta los respectivos formularios 34, por concepto de deudas del CAE.

Para terminar, la Tesorería General de la República solicitó no dar lugar a los recursos por inadmisibles y, en subsidio de lo anterior, rechazarlos por no ser arbitrarias o ilegales las actuaciones recurridas.

Cuarto: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que en cuanto a la extemporaneidad del recurso, alegado por el Banco recurrido, los recurrentes dicen haber tomado conocimiento del acto que estiman ilegal y arbitrario con fecha 13 de mayo último; sin embargo, lo cierto es que, conforme a las instrucciones que publica el Servicio de Impuestos Internos, publicadas en la página web de ese servicio, la fecha máxima para tomar conocimiento de la retención del impuesto por adeudar el CAE se efectúa al momento de efectuar la declaración, esto es como fecha tope el día 9 de mayo de 2019, por lo que al interponerse los recursos con fechas 10, 11 y 12 de junio, todos estos fueron presentados extemporáneamente, reflexión que es bastante para rechazar las acciones cautelares impetradas.

Sexto: Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al fondo, como puede colegirse de los artículos 17 de la Ley N° 20.027 y 44 del Decreto N° 266 de 2009, del Ministerio de Educación Pública, Reglamento de la Ley N° 20.027, tampoco hay irregularidad alguna en el proceder de la entidad financiera recurrida ni de la Tesorería General de la República.

En efecto, en lo pertinente, el artículo 17 citado establece: "La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.

A su vez, el Reglamento de la Ley N° 20.027, ya referido, en su artículo 44, dispone: "La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor del crédito garantizado, aquellos montos que se encontraren impagos, para efectos de imputar dicha cantidad al pago de la mencionada deuda.

Para estos efectos, la Comisión remitirá anualmente a la Tesorería General de la República, en el plazo acordado con dicha institución, una nómina de los deudores morosos y los respectivos montos adeudados, según lo informado a la Comisión por las entidades crediticias acreedoras.

Los dineros que por este concepto retenga la Tesorería General de la República deberán ser girados por dicho organismo a favor de la entidad acreedora del respectivo crédito, o a prorrata de las acreencias en caso de existir más de un acreedor.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto." Séptimo: Como puede advertirse de los citados preceptos, en estos se desprende que es permitido emplear el procedimiento que han objetado los recurrentes y, a diferencia de lo que ocurre con el Crédito Solidario Universitario, regulado por la Ley N° 19.287, en que debe notificarse previamente a los beneficiarios de esos créditos la retención que se hará de su declaración de renta, ni la Ley N° 20.027 ni su Reglamento -el citado Decreto 266 de 2009- contemplan esa exigencia, por lo cual el acto que impugnan los recurrentes no puede calificarse como ilegal o arbitrario, desde que está expresamente permitido por la ley, razón por la cual los recursos deducidos a este respecto deben ser desestimados, por falta de fundamento.

Octavo: Consecuencia de considerar que no hay actos ilegales o arbitrarios susceptibles de ser atacados por las acciones impetradas por los recurrentes, se estima inoficioso ponderar la eventual trasgresión de las garantías fundamentales que denuncian los comparecientes en los mentados recursos.

Por las razones anteriores, más lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; artículo 17 de la Ley N° 20.027 y artículo 44 del Decreto N° 266 de 2009, del Ministerio de Educación, se rechazan los recursos de protección interpuestos por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado contra el Banco Scotiabank, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

Protección N° 47451-2019 (y acumuladas N° 47514-2019; N° 47505-2019; N° 47472-2019; N° 47632-2019; N° 47635-2019; N° 47637-2019; N° 47641-2019 y N° 48209-2019).

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el Abogado Integrante señor Matías Mori Arellano. No firma el Abogado Integrante señor Mori, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

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