Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

CERTIFICO: que se anunciaron para alegar, escucharon relación y alegaron el abogado don Juan Arriagada Obreque, por el recurso, y el abogado don Roberto Barraza, contra el mismo. Santiago, tres de septiembre de dos mil diecinueve nombre reservado

Relatora C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil diecinueve.

Proveyendo al escrito folio 15, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Juan Francisco Arriagada Obreque, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, conductor de buses, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber dictado la Resolución Exenta N° R-01-S-10680-2019, de fecha 16 de mayo del año en curso, por medio de la cual rechaza la reclamación formulada por el recurrente, negándose en definitiva a dar cumplimiento a una sentencia dictada por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo, que determinó que las lesiones sufridas por el actor en un accidente de 19 de junio de 2016, fueron de origen laboral, por lo que no corresponde su eliminación de la cobertura que le proporciona la Ley N° 16.744.

Expone que el señor nombre reservado sufrió un accidente el día 19 de junio de 2016 cuando se encontraba trabajando en la empresa RedBus Urbano S.A. En efecto, mientras revisaba una puerta del bus que no se abría correctamente, ésta se cerró de improviso y lo golpeó en la región temporoparietal derecha, lo que le ocasionó un traumatismo en la cabeza.

Indica que la recurrida emitió la resolución Ordinario N° 18.901, de 22 de marzo de 2017, dándolo de alta y diagnosticándole una contusión craneana leve, hipoacusia sensorial y otras de origen no laboral, rechazando pagarle dos licencias médicas extendidas por un total de 22 días a contar del 4 de abril de ese año. Agrega que por ello su empleador puso término al contrato laboral, en virtud de la causal prevista en el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, esto es, la no concurrencia a sus labores.

Refiere que, judicializados los hechos del accidente, el 2° Juzgado de Letras del Trabajo dictó sentencia con fecha 19 de febrero de 2018, acogiendo la demanda interpuesta y condenando a su ex empleador a pagarle $7.000.000.- por la responsabilidad que le cabe en el accidente laboral de que se trata. Luego la parte demandada interpuso recurso de nulidad, el que fue rechazado por esta Corte de Apelaciones en causa Rol N° 612-2018. Con el mérito de estas decisiones, habiéndose determinado que el accidente sufrido es de origen laboral y que las secuelas que mantiene son consecuencia del mismo, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social a objeto que reestudiara su caso y revirtiera la decisión que lo había dado de alta del sistema, reincorporándosele y pagándosele los beneficios que le han sido denegados hasta la fecha, concluyendo la recurrida que “de los exámenes audiológicos y vestibulares sugieren patología cócleo vestibular izquierda, alteración que no deriva del accidente laboral sufrido por el señor nombre reservado, ya que el golpe fue de baja intensidad y en el lado contralateral. Por lo tanto, patología de origen común”. Y en cuanto al mérito de las sentencias que sirven de sustento a la petición del actor, destaca sus efectos relativos, siendo solo oponibles a las partes que han sido intervinientes en el correspondiente proceso judicial, sin que incida en lo obrado por el organismo administrador de la Ley N° 16.744 o por la recurrida, quienes no fueron parte en dicho juicio.

En cuanto a la afectación de garantías constitucionales, sostiene que el actuar de la recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 N° 2; 9, atendido que se impidió que fuera tratado de sus dolencias y secuelas provocadas en un accidente declarado laboral; 16, ya que en razón de una resolución ilegal y arbitraria no se le cursaron sus licencias por motivo de salud, razón por la que fue desvinculado de su trabajo; 18, al habérsele dejado sin derecho a la protección que le proporciona el Estado, y 24, por los dineros que dejó de percibir al ser desvinculado, al negársele curso a sus licencias médicas.

Por lo antes expuesto, solicita se ordene su reincorporación a lo preceptuado por la Ley N° 16.744 y se le paguen los beneficios que a la fecha le han sido denegados.

Segundo: Que mediante presentación de fecha 9 de julio del año en curso informa don Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas.

En primer término, sostiene que la presente acción ha sido interpuesta en forma extemporánea, toda vez que correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos desde, a lo menos, la fecha de notificación de la Resolución Ord. N° 57.907, de fecha 15 de diciembre de 2017, que resuelve, luego de estudiar lo dictaminado en Ord. N° 24.646, el origen común de la patología que afectó al recurrente, época en que tuvo conocimiento tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman en la especie supuestamente afectadas. De ello colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad para la que fue creada por el constituyente, se utiliza como última instancia de reclamación para obtener un pronunciamiento favorable, la que por razones médicas y laborales, fue resuelta en la instancia administrativa prevista en nuestro ordenamiento jurídico.

Luego, también en forma previa a informar el fondo de la acción deducida, acusa su improcedencia, por cuanto versa sobre una materia que dice relación con un aspecto específico del sistema chileno de seguridad social, a saber, el subsistema correspondiente al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y, puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a esta, materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la seguridad social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Señala que en el expediente administrativo consta que el recurrente se dirigió ante esta Superintendencia, exponiendo las circunstancias del accidente que sufrió el 19 de junio de 2016, siendo atendido y evaluado en las dependencias del Instituto de Seguridad del Trabajo, para luego ser dado de alta con fecha 22 de marzo de 2017, esgrimiendo para ello que no existían acciones médicas pendientes. Además, refiere que mientras el actor se mantenía con controles médicos, le fueron emitidas siete licencias médicas que detalla, con indicación de reposo, a contar del 4 de abril de 2017, todas tipificadas como Tipo 6, esto es, enfermedad profesional, y que, en su opinión, deben ser autorizadas, asumiendo el pago del correspondiente subsidio el Instituto de Seguridad del Trabajo, por derivar el reposo indicado del accidente del trabajo que sufrió, acorde lo señalara esta Corte de Apelaciones.

Señala que con el mérito de lo resuelto por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el señor nombre reservado requirió se instruyera al Instituto de Seguridad del Trabajo que proceda en consecuencia, esto es, reconociendo el cuadro clínico como de origen laboral, dejando sin efecto la determinación adoptada por esta Superintendencia, y requerido al efecto, el Instituto de Seguridad del Trabajo remitió el correspondiente informe y demás antecedentes relacionados con la situación del recurrente, refiriendo que, en su opinión, no corresponde usar la sentencia emitida en su caso como fundamento para que se acojan como laborales sus dolencias.

Precisa que mediante Resolución Ord. N° 18.901, de 26 de abril de 2017, concluyó que por las secuelas derivadas del accidente del trabajo que sufrió el actor el 19 de junio de 2016, la cobertura que le fuera entregada fue oportuna, adecuada y suficiente. Adicionalmente, respecto a la reclamación que en su oportunidad se gestionara en el caso en estudio, la que incidía en la calificación del cuadro clínico indicado en las licencias médicas N°s. 47969250, 53954202, extendidas por 22 días, a contar del 4 de abril de 2017, emitidas tipo 6, en favor del recurrente, mediante la Resolución Ord. N° 24.646, de fecha 30 de mayo de 2017, resolvió que no procedía otorgarle cobertura de la Ley N° 16.744, por lo que debía dirigirse a su sistema de salud común. En efecto, se estableció que la hipoacusia sensorio neural e inestabilidad secundaría a alteración vestibular que presentaba, era de origen común, sin relación con el siniestro que sufrió en la fecha antes indicada.

Con todo, refiere que en el mes de noviembre de 2017 el señor nombre reservado formuló una solicitud de reconsideración de la determinación adoptada en su caso, basado en el informe pericial de un otorrino laringólogo, siendo nuevamente revisada la documentación acompañada y analizada por los profesionales de este Servicio, estableciéndose mediante la Resolución Ord. N° 57.907, de 15 de diciembre de 2017, que no se habían aportado nuevos antecedentes que permitieran acoger su nueva reclamación. Asimismo, se estableció que, el TEC sufrido en el mes de junio 2016 fue de baja energía y del lado derecho del cráneo, y que, si bien se concordó que la Enfermedad de Méniere de oído izquierdo, correspondía a una enfermedad de origen común, no era detonada por el traumatismo sufrido en el lado contralateral.

Advierte que la última solicitud de reposición se encuentra formulada fuera del plazo de 5 días hábiles, acorde lo establecido en los artículos 59 y 25 de la Ley N° 19.880, no obstante, se sometió nuevamente la documentación acompañada a la revisión de los profesionales médicos de esta Superintendencia, quienes establecieron que el recurrente el día 19 de junio de 2016, como ya se señaló, sufrió un golpe en la región temporoparietal derecha, sin pérdida de consciencia, sin asociación con hipoacusia en el momento de la lesión. Además, las tomografías computadas de cerebro de fechas 19 y 21 de junio de ese mismo año, fueron informadas como normales. La evolución con mareo e hipoacusia de oído izquierdo aparecen luego de dos semanas de ocurrido el evento, sin descripción de vértigo. Describe los restantes hallazgos y concluye que los exámenes audiológicos y vestibulares sugieren patología cócleo-vestibular izquierda, alteración no derivada del accidente laboral sufrido por el señor nombre reservado, ya que el golpe fue de baja intensidad y en el lado contralateral. Por lo tanto, patología de origen común.

En cuanto a la resolución judicial invocada en el presente recurso de protección, sostiene que las sentencias judiciales tienen efectos relativos, por ende, solo son oponibles a las partes que han sido intervinientes en el correspondiente proceso judicial, de modo que la conclusión judicial no incide ni puede hacerlo, en lo obrado por el referido Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 o por la Superintendencia de Seguridad Social, pues ninguno de estos entes fue parte en el procedimiento judicial referido y tampoco fueron cuestionados en el mismo por el recurrente.

En definitiva, arguye que la pretensión del recurrente, en orden a dejar sin efecto la resolución impugnada, fuera de no tener fundamento legal, desborda los límites de aplicación de la acción de protección. Igualmente, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de su parte, tampoco ha existido en la especie vulneración o amenaza al principio de no discriminación, menos aún, se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad del recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, a su vez, ha de tenerse en cuenta que el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece que la acción de que se trata se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Quinto: Que en el libelo del recurso se indica expresamente que el acto impugnado es la Resolución Exenta N° R-01-S-10680-2019 de la Superintendencia de Seguridad Social, que le fue notificada al señor nombre reservado con fecha 16 de mayo de 2019, sin embargo, del mérito de lo expuesto por la recurrida y los antecedentes allegados al proceso, consta que al menos desde el día 15 de diciembre de 2017, fecha en que se dictó la Resolución Ord. N° 57.907, el actor estaba en conocimiento de la calificación que la Superintendencia de Seguridad Social hizo de su patología como de origen común. Ello, sin perjuicio que previamente se habían emitido otras resoluciones que mantuvieron el criterio esgrimido en la decisión de 22 de marzo de 2017, cuando se le dio de alta del Instituto de Seguridad del Trabajo.

Por consiguiente, habiendo examinado la recurrida los antecedentes aportados en la causa seguida ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, y emitiéndose un pronunciamiento en el sentido indicado en el año 2017, la acción deducida lo ha sido en forma extemporánea, razón por la cual deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, por extemporánea, la acción de protección de deducida a favor de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-47189-2019.