nombre reservado con FISCO DE CHILE con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

C.A. de Santiago Santiago, seis de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don Andrés Felipe Aguilar Muñoz, abogado, en representación de don nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).

Señala que su representado prestó servicios al Ejército de Chile desde febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2019, encontrándose en la actualidad en retiro, percibiendo una pensión ascendente a la suma de $1.365.369.

Indica que el 15 de abril de 2021 fue informado por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional de su liquidación de pensión, en la que figuran diversos descuentos por conceptos de “Deuda Comando de Apoyo Administrativo” por $166.377, “Deuda Mutual Aviación-Seguro Administrativo” por $169.725, y “Deuda Ejército Aviación-Préstamos” por $754.023, montos que corresponden a la totalidad del remanente de la pensión, es decir, que una vez aplicados los descuentos legales, el pago de su remuneración fue cero.

Hace presente que ante dicha situación se dirigió a las instancias administrativas correspondientes de la institución buscando alguna solución o respuesta, pero sin recibir nada a cambio.

Estima vulneradas las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 numerales 1, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que la Ley Nº 18.108 del Ministerio de Defensa Nacional, no autoriza un descuento ilimitado a la pensión de jubilación, sino que señala que la institución respectiva deberá fijar un límite; y que la jurisprudencia ha manifestado una tendencia a fallar imponiendo un máximo de descuentos, que va desde un 45% a 50% de la jubilación o pensión de retiro previos los descuentos estrictamente legales, ya que de lo contrario, se estaría vulnerando el carácter alimenticio de dicho ingreso.

Solicita se decrete que se restituya el monto descontado de manera arbitraria por concepto de préstamos, así como todo otro monto que exceda al 45% del monto total de la pensión de retiro del recurrente, hechos los descuentos de leyes sociales; y se fije como monto máximo de descuento por las distintas dependencias del Ejército de Chile en conjunto, descontados por CAPREDENA, que en ningún caso exceda del 45% del total de la pensión de retiro del recurrente, hechos los descuentos de leyes sociales correspondientes en la misma pensión; con costas.

Segundo: Que, informando, por la recurrida, don nombre reservado, nombre reservado de CAPREDENA, señala que, efectivamente, a solicitud por una parte de la Mutual de Ejército y Aviación, y por otra del Comando de Apoyo Administrativo, se realizaron descuentos a la pensión del Sr. nombre reservado, por cuanto dichas entidades informaron que el recurrente mantenía deudas con estas entidades, por concepto de crédito de consumo, otorgado el 9 de enero de 2019 con el N° 2019010977 a 84 meses de plazo, con valor de cuota pactada de $172.529 iniciando el descuento a partir del mes febrero de 2019. Además, debe pagar un beneficio de seguro colectivo según lo informado por la Mutual de Ejército y Aviación.

Indica que cuando el Sr. nombre reservado dejó de pagar las cuotas pactadas por motivo de su proceso de retiro, se generó deuda vencida, la que fue en parte cubierta por su primera liquidación de pensión y respecto del saldo restante, el Sr. nombre reservado, solicitó que fuera descontado por planilla y en cuotas estando en pleno conocimiento y aceptación de ello, lo que explica el monto de dicho descuento.

Agrega que de la misma forma, se le descontó lo correspondiente a la deuda con el Comando de Apoyo Administrativo por $166.377.

Precisa que conforme lo dispone el inciso segundo del artículo único de la Ley N°18.108, el monto máximo de los descuentos, en favor de cooperativas, las mutuales, entidades aseguradoras y servicios médicos o de bienestar, será fijado por la respectiva institución previsional y bastará la solicitud de la entidad respectiva para que efectúe el descuento al pensionado o montepiado hasta el límite que se haya fijado.

Añade que mediante la Resolución Exenta N° 3395 de 6 de febrero de 2019, de CAPREDENA, se estableció un orden de prelación de los descuentos que dicha institución efectúa a las pensiones de retiro y montepío que paga, y tratándose de descuentos a favor de la Mutualidad de Ejército y Aviación, corresponden al Tercer Orden, señalando el punto 3.4 que estos descuentos tienen tope del 60% de la pensión líquida mensual; mientras que el punto 3.7, de ese mismo orden, autoriza a descontar todo aquello que excede del 60% antes señalado, cuando se hayan adquirido voluntariamente dichas obligaciones, lo que habría ocurrido en la especie.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario- producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que de los antecedentes allegados es posible dar por asentado lo siguiente:

1.- El actor prestó servicios al Ejército de Chile desde febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2019, pasando a condición de retiro a partir de esa fecha.

2.- El 8 de enero de 2019 se le otorgó el préstamo de consumo N°2019010776 a 24 meses plazo, valor cuota de $18.548, iniciándose descuento por la institución pagadora de su sueldo a partir de febrero de 2019, el que se encuentra cancelado.

3.- El 9 de enero de 2019 se le otorgó el préstamo de consumo N°2019010776 a 84 meses plazo, valor cuota de $172.529, iniciándose el descuento por la institución pagadora de su sueldo a partir del mes de febrero de 2019, las que fueron pagadas hasta abril de 2020.

4- En mayo de 2020 se dejaron de pagar las cuotas del referido crédito debido al inicio de la tramitación del proceso de retiro del recurrente, generándose una deuda vencida, la que fue cubierta en parte por su primera liquidación de pensión de Capredena, dejándose el pago del saldo restante mediante su descuento por planilla y en cuotas.

5.- En el “Certificado Cuenta Corriente de Préstamo”, emitido por la Mutualidad del Ejército y Aviación, aparecen las siguientes operaciones: a) el 25 de mayo de 2020 por $95.520 “ABONO A CUOTA”; b) el 16 de marzo de 2021 por $1.057.398 “ABONO PTMO. POR 1° PAGO CAPREDENA; c) 16 de marzo de 2021 $18.548 “TRAD. ACREEDOR A CUOTA”; d) 15 de abril de 2021 por $754.023 “PAGO VARIAS CUOTAS”; e) 13 de mayo de 2021 por $317.388 “PAGO VARIAS CUOTAS” y f) 14 de junio de 2021 por $172.529 “PAGO CUOTA”.

6.- La liquidación de la pensión de jubilación del recurrente del mes de abril de 2021, ascendió a un haber total de $1.365.369 y se le efectuaron descuentos legales por $256.136 y $1.109.233 por concepto de descuentos varios, entre los cuales figuran $166.377 por deuda con Comando de Apoyo Administrativo, $169.725 por la Mutual del Ejército y Aviación Seguro Colectivo, $754.023 y $19.108 por la Mutual Ejército y Aviación Seguro Individual, con un líquido a pagar cero.

6.- La liquidación de pensión del recurrente correspondiente a abril de 2022, registra como total de haberes $1.456.848, descuentos legales por $272.943 y descuentos varios por $587.170, con un total líquido a pagar de $596.735. En el detalle de descuentos se indica como tales: a) Cotización fondo Complementario-Ejército; b) Cotizaciones Adicionales Fondo Complementario por $5.929; c) Mutual Ejército Aviación-Préstamos $172.529; d) Descuentos Ahorro Jave $7.633 y e) Recuperación Deudas Pendientes CAAE $145.000.

Quinto: Que la recurrida ha sostenido que los descuentos a la pensión de jubilación del actor, se ordenaron conforme a la Resolución Exenta N°3395 de 6 de febrero de 2019, que estableció un orden de prelación y topes sobre la materia, normativa dictada en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo único de la Ley N°18.108, aduciendo que en la especie tales deducciones, corresponderían al tercer orden, para cuyos efectos rige el límite máximo del 60% de la pensión líquida mensual y que en todo aquello que excede de dicho porcentaje, se autoriza a descontar, cuando se hubieren adquirido voluntariamente tales obligaciones, como ocurriría en este caso.

Sexto: Que al efecto, la Ley N°18.108 en su Artículo Único expresa lo que sigue: "Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros, en sus respectivas instituciones, fijarán y podrán modificar los montos máximos de descuentos en las planillas de pago del personal a que se refieren las letras a), b), c) y d) del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 1 (G), de 1968 y el inciso primero del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 2 (I) del mismo año, en favor de cooperativas, mutuales, entidades aseguradoras y servicios médicos o de bienestar”.

Tratándose de las personas a que se refiere la letra e) del artículo 2° del mencionado decreto con fuerza de ley 1 y el inciso tercero del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 2 citado, el monto máximo de los descuentos, para los efectos señalados en el inciso anterior, será fijado por la respectiva institución previsional y bastará la solicitud de la entidad respectiva para que ésta efectúe el descuento al pensionado o montepiado hasta el límite que se haya fijado.”

Séptimo: Que, como puede apreciarse, la citada ley no autoriza un descuento ilimitado a la pensión de jubilación, sino que señala que la institución respectiva deberá fijar un límite, lo que encuentra fundamento en la naturaleza alimenticia que detenta el instituto de la pensión de jubilación, carácter que comparte con el de su análogo, el sueldo, como contraprestación en actividad del sujeto, al cual el ordenamiento jurídico le brinda una protección expresa.

Al respecto, cabe mencionar el artículo 7 de la Ley N°14.908, que dispone: “El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante, salvo que existan razones fundadas para fijarlo sobre este límite, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente, velando por que se conserve un reparto equitativo en los aportes del alimentante demandado para con todos los alimentarios a quienes tiene el deber de proveer alimentos”.

Por su parte el Código del Trabajo en su artículo 58 inciso 4°, establece un límite para proteger la remuneración de los trabajadores, disponiendo: “Cualquiera sea el fundamento de las deducciones realizadas a las remuneraciones por parte del empleador, o el origen de los préstamos otorgados, en ningún caso aquéllas podrán exceder en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador”.

Asimismo, el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil que señala: “No son embargables: 1) Los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilaciones, retiro y montepío que paguen el Estado y las Municipalidades. Sin embargo, tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrá embargarse hasta el cincuenta por ciento de las prestaciones que reciba el alimentante en conformidad al inciso anterior.” Es decir, lo máximo previsto por esta ley para restar de una pensión de jubilación o retiro, es cincuenta por ciento de la misma, pero solo en favor de otra pensión, alimenticia adeudada.

Octavo: Que en este sentido la Resolución Exenta N°3395, de 6 de febrero de 2019, de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), estableció un sistema de prelación general, para hacer efectivos los descuentos en las pensiones de Retiro y/o Montepío, contemplando cuatro órdenes. Dentro del “Tercer Orden”, se encuentran las deudas con dicha entidad, considerando en el numeral 3.4 a “Los descuentos a favor de la Mutualidad de Ejército y Aviación y Mutual de Seguros de Chile, por primas de seguros de vida y créditos de cualquier naturaleza”; reconociéndosele la prioridad asignada al referido orden hasta el 60% y en lo que excedan tal porcentaje, se contemplan como créditos posteriores bajo el numeral 3.7.

Lo anterior, lleva a concluir que la referida resolución estatuye como tope o máximo para rebajar de las pensiones de jubilación por créditos otorgados al pensionado a descontar a favor de la Mutualidad del Ejército y Aviación -como ocurre en la especie- el 60% de la pensión líquida. Tal como lo hacía por lo demás la Resolución anterior, que reglamentaba la materia, esto es, la Resolución Exenta N°1.474, de 2016.

Noveno: Que las prescripciones que estatuye la aludida Resolución Administrativa, deben ser interpretadas conforme a los principios y objetivos antes indicados y que corresponden a los que el legislador ha contemplado bajo el estatuto de protección del derecho en comento y que se traducen en que no se produzca una privación total o afectación en su esencia del derecho a pensión, lo que lleva a descartar la tesis de la recurrida de que las deudas contraídas voluntariamente, no están sujetas a límite alguno, pues aún en estos casos debe aplicarse algún tope máximo, el que por lo demás estatuye la regulación especial.

Décimo: Que por otro lado, la recurrida tampoco demostró el hecho de que el pensionado consintiera en la forma y cuantía en que se efectuó el descuento de la deuda generada por no habérsele descontado las cuotas del préstamo que le había sido otorgado estando en funciones, debido a la tramitación de su retiro, como lo afirmara. Por lo demás, tal situación no se generó por una conducta renuente del recurrente, sino que se debió al propio proceder de la autoridad del ramo, quien debió arbitrar otras medidas conducentes al pago de la acreencia, sin afectar en la entidad que lo hizo el ingreso del pensionado.

Undécimo: Que, así las cosas, el actuar de la recurrida, consistente en hacerse pago de una deuda institucional afectando el monto íntegro de la pensión del recurrente, ha sido arbitraria, por cuanto no ponderó la gravedad de la medida y los efectos que puede producir en el pensionado al quedar privado de su ingreso mensual. A lo anterior, se adiciona la inobservancia de disposiciones legales que debieron servir como guía al momento de decidir la cantidad a descontar y que conducen a concluir que la pensión por retiro, jubilación o sueldo o cualquiera remuneración, no puede ser reducida a cero por embargos o descuentos correspondientes a deudas, algunas más favorecidas que otras, pero jamás privando la totalidad de la fuente de ingreso de la persona.

Duodécimo: Que, habiéndose establecido la existencia de una acción arbitraria que ha causado la perturbación en el legítimo ejercicio de la garantía de propiedad que tiene el recurrente sobre su pensión, el que se encuentra dentro de aquellas contempladas en el artículo 20 N°24 de la Constitución Política de la República, procede hacer lugar a la protección impetrada, en lo concerniente a la devolución del monto descontado por concepto de préstamos, en lo que exceda el 60% del monto de la pensión del recurrente, hechos los descuentos legales, durante el mes de abril de 2021; sin perjuicio del derecho de la recurrida a descontar lo adeudado, si procediere, respetando los límites aplicables.

Décimo tercero: Que, finalmente, ante la falta de claridad del recurso y de antecedentes sobre los descuentos que habrían afectado las pensiones posteriores a aquélla que se indicó en el libelo, (abril de 2021), y las partidas que serían ilegales y arbitrarias, no es posible acceder a la pretensión que en este sentido pretende el recurrente por no haber sido aportados en esta sede los elementos necesarios para determinar la existencia, monto y concepto de las deducciones efectuadas y el monto de las pensiones percibidas. Lo que era relevante, teniendo en consideración que la materia cuenta con una regulación normativa, como la Resolución Exenta N° 3395, de 6 de febrero de 2019, que establece topes en ciertos ítems, como el del 60% en el caso de deudas por préstamos a entidades que indica, el que si bien es superior al 45% o 50% que consagran otras leyes, no resulta arbitrario y es el estatuido por la autoridad correspondiente en virtud de lo dispuesto por la Ley N°18.108. Además, de que según lo indicó la recurrida en su informe, se trató de un descuento único, que se verificó en la época señalada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por Andrés Aguilar Muñoz, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, sólo en cuanto, se dispone que el descuento por la deuda efectuado por la recurrida, en la liquidación de la pensión de jubilación del recurrente del mes de abril del año 2021, deberá ser dejado sin efecto, en aquella parte que excede el 60% (sesenta por ciento) de su pensión de retiro, previos los descuentos estrictamente legales; sin perjuicio del eventual derecho de la recurrida a descontar este saldo en la forma y oportunidad correspondiente, respetando los límites legales aplicables, como se indicó en el motivo duodécimo.

Redacción de la ministra Carolina Brengi Zunino.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-4710-2021.

Pronunciada por la Novena de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Graciela Gómez Quitral e integrada, además, por la ministra Carolina Brengi Zunino y el ministro señor Tomás Gray Gariazzo.