Protección contra Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de I

C.A. de Santiago Santiago, uno de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

Comparece don Claudio Marcelo Vidal Fuentes, abogado, en favor de nombre reservado, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, interpone recurso de protección en contra de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, por la Resolución Exenta RA N°NUM000, de fecha 29 de noviembre de 2024, notificada el 17 de diciembre del mismo año, que dispone su destinación desde Concepción a la Región de Valparaíso, con presentación fijada para el 2 de enero de 2025, por estimar que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la destinación fue dictada sin respetar los procedimientos reglamentarios, sin consideración de su situación personal y familiar —en especial, el tratamiento psiquiátrico de su hijo menor— y en posible represalia por haber apelado a su inclusión en la Lista de Retiros 2024. Añade que no fue válidamente notificado de su inclusión en el Plan Anual de Destinaciones, ni de la resolución que dispone su traslado, la que además fue dictada estando con licencia médica. Alega falta de motivación del acto administrativo, infracción al principio de legalidad y vulneración de la normativa interna aplicable, solicitando se deje sin efecto la resolución recurrida y se retrotraigan sus efectos.

Se apersona la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile, evacuando el informe ordenado a su respecto.

Expresa que el acto impugnado, correspondiente a la Resolución Exenta RA N°NUM000, fue dictado conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por Orden General N°NUM001 de 26 de febrero de 2021 y en ejercicio de la potestad que detenta el Director General junto a la Comisión de Destinaciones.

Precisa que la destinación del recurrente fue dispuesta con fundamento en su experiencia profesional, la necesidad institucional de reforzar unidades operativas ante el incremento de delitos contra la propiedad, y el cumplimiento del tiempo mínimo de permanencia en su unidad actual, en virtud del artículo 9 del referido reglamento.

En cuanto a la notificación reclamada, aclara que a través del Radiograma N°NUM002, de fecha 30 de agosto de 2024, se informó debidamente la nómina de funcionarios incluidos en el Plan Anual de Destinaciones, cumpliéndose de ese modo con la exigencia del artículo 23 del reglamento aplicable al caso.

Respecto del reclamo que se formula, en cuanto a haberse notificado la destinación durante el período de licencia médica, se señala que si bien el artículo 16 del Reglamento de Licencias Médicas establece que la misma debe efectuarse al término del reposo, precisa que existe un dictamen de la Contraloría General de la República —N°81.032/2016— que permite la notificación durante dicho período, salvo contraindicación médica.

En cuanto a la alegación de falta de motivación, sostiene que la resolución contiene trece considerandos que justifican la destinación en los objetivos de fortalecimiento institucional, rotación y desarrollo funcionarial, invocando dictámenes de la Contraloría y jurisprudencia judicial que legitiman la movilidad funcionaria como parte del estatuto policial.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: El llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en que pueden incurrir las autoridades o los particulares. Así, se ha considerado que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; y c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta magistratura;

Segundo: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a Resolución Exenta RA N°NUM000, emanada de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, por medio de la cual se dispone la destinación del recurrente, nombre reservado, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, desde su actual unidad, Laboratorio de Criminalística Cobertura Zona Sur, ciudad de Concepción, a la Brigada Investigadora de Robos de Valparaíso, Región de Valparaíso, comuna del mismo nombre;

I.- Sobre ciertos extremos previos Tercero: Los reproches del recurrente apuntan primeramente a los reparos que pasan a revisarse. Así, reclama no haber sido informado oportunamente de su inclusión en la nómina de funcionarios destinados por necesidad institucional, objetando que el “radiograma” pueda ser una forma idónea de ejecutar esa comunicación. A este respecto debe ponerse en relieve que ese listado solo tiene un alcance preparatorio de manera que no se advierte razón que justifique alguna manera de emplazamiento personal o equivalente, menos todavía si se contenía en un oficio circular distribuido a todas las unidades del caso, en términos que el denominado “radiograma”, resulta útil para esos fines. En cuanto a la protesta que se formula acerca del hecho de haberse notificado la destinación mientras el recurrente hacía uso de licencia médica, tal como se expresa en el informe, a menos que existiera una contraindicación profesional competente, no se advierte motivo que impida hacerlo, porque la licencia médica implica una justificación para ausentarse del trabajo, mas no alcanza a constituir un impedimento para tomar noticia de un acto que atañe al funcionario, dejándolo en posición de ejercer los derechos que le franquea el ordenamiento jurídico, como lo hiciera;

II.- Sobre el fondo del asunto Cuarto: A este respecto se hace necesario precisar que, tratándose del ejercicio de potestades públicas, el control que puede efectuarse a través de una acción de esta índole supone examinar que la actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, que concierna a un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, en un aspecto que adquiere particular atingencia, dicha revisión implica controlar que el acto de autoridad esté provisto de fundamento, como lo exigen los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley 19.880, imperativo que no responde a la idea de un examen puramente formal, como constatar su mera existencia, dado que resulta necesario verificar que los motivos que se aduzcan tengan un carácter esencialmente razonable y que estén dotados de la necesaria consistencia;

Quinto: Por lo pronto, cabe consignar que en el recurso no se han puesto en duda las atribuciones de la autoridad que expide el acto cuestionado. En efecto, no se encuentra en entredicho que la jefatura de que se trata cuente entre sus atribuciones la de disponer las destinaciones que exija el servicio y que, además, está dentro de las posibilidades, que implícitamente se admiten, que el personal adscrito a la Policía de Investigaciones de Chile puede ser sujeto de dicha forma de movilidad;

Sexto: La impugnación planteada por este medio se identifica con una imputación de arbitrariedad al acto antes aludido, en el sentido que sería carente de la necesaria razonabilidad. En ese orden de ideas cabe resaltar que la justificación central o capital de la destinación se contiene en el considerando 8.- de la resolución que se examina. Allí se expresa lo siguiente: “8.- Que, en razón de la experiencia y los antecedentes profesionales…(del recurrente) que se traducen en más de 25 años al servicio de la Policía de Investigaciones de Chile, el que se ha desempeñado en unidades operativas, su destinación permitiría reforzar la labor investigativa de la Brigada Investigadora de Robos de Valparaíso, aportando con conocimientos sólidos y una larga trayectoria en la labor investigativa, lo que se traduce en un apoyo sustancial al cumplimiento a la función institucional”;

Séptimo: Debe apuntarse que corresponde a un dato o hecho pacífico que el recurrente ha cumplido sus funciones en la PDI de modo exclusivo en el Laboratorio de Criminalística (LACRIM) de la institución, vale decir, un desempeño de apoyo a la labor investigativa, en áreas del conocimiento asociadas a las diversas ciencias o técnicas. En suma, actividades que distan, con mucho, de lo que pueda considerarse como una actividad “operativa”, que en el uso frecuente del ámbito policial implican tareas en terreno para la pesquisa directa de delitos de robo, actividades que, por su sola denominación, se alejan de la misión asignada a LACRIM;

Octavo: Lo concluido precedentemente tiene su correlato en los antecedentes de este proceso, en la medida que la propia autoridad policial había considerado inicialmente como destino del recurrente el LACRIM de Valparaíso, en tanto que había contemplado la destinación del funcionario Subprefecto Germán nombre reservado, desde LACRIM de Valparaíso al LACRIM de Concepción. Así consta del oficio circular N°NUM002, de 30 de agosto de 2024 que contiene la nómina de destinaciones, sin que se advierta explicación atendible para el cambio reflejado en la Resolución Exenta RA N°NUM000, lo que reafirma la falta de razonabilidad establecida;

Noveno: El acto arbitrario así asentado provoca menoscabo al recurrente, porque termina siendo tratado de un modo que implica ser discriminado sin razón o motivo atendible que pueda justificar esa diferenciación; esto, con relación al estándar legal que implica decidir con apego a la normativa aplicable y de un modo que signifique responder al propósito de la destinación;

Décimo: Al ser así, debe esta Corte adoptar las medidas que correspondan para restablecer el imperio del Derecho, sin que ello implique que deba sustituir en su decisión a la autoridad facultada por la ley para hacerlo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 números 2 y 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile. Consecuentemente, se deja sin efecto la Resolución Exenta RA N°NUM000, dejándose a salvo las atribuciones de la autoridad competente para dictar, en la oportunidad que corresponda y para el caso de estimarlo pertinente, el acto de destinación que se ajuste a la normativa.

Redactó el ministro señor Astudillo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma el ministro (S) señor Córdova Alarcón, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber terminado su suplencia.

N°Protección-470-2025.