nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Manuel Alejandro Valdebenito Ávalos, abogado, interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos desde su remuneración, vulnerando de este modo la garantía que le asegura el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Funda el recurso en que el 11 de junio de 2013 celebró un mutuo de dinero con la recurrida denominado “crédito social”, por la suma de $2.530.906 más los intereses correspondientes, pagadero en 48 cuotas de $92.724, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la Ley N°18.833.

Indica que fue desvinculado de su trabajo, por lo que cayó en mora a los meses de haber contratado el crédito y habiendo solicitado regularizar su situación con la Caja, solo le dieron la opción de repactar la deuda, lo que lo perjudicaba más.

Sostiene que ha transcurrido el tiempo suficiente para declarar prescrita su acción, sin embargo, con fecha 2 de marzo del 2024, recibió su liquidación de remuneración correspondiente al mes de febrero del 2024, en el que figura un descuento de la recurrida por concepto de crédito social de $171.888.

Agrega que se presentó demanda ejecutiva en contra de la recurrente en causa ROL: C-3872-2015 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe. Es decir, a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil, donde se discute la efectividad de la deuda, la recurrida, incurriendo en una completa arbitrariedad, procedió a efectuar un descuento incluso superior a la cuota originalmente pactada, que consta en la misma demanda ejecutiva.

Manifiesta que después de 9 años se le ha hecho ese descuento de forma ilegal, teniendo presente que existe una acción judicial actualmente en trámite para su cobro y si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 habilita a la recurrida a efectuar descuentos “por planilla”, en este caso no sería procedente y afectaría el derecho de propiedad que se encuentra garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente solicita que el presente recurso sea acogido y que se ordene: 1. que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; 2. Que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que mejor se estime; y, 3. que se condene expresamente en costas a la recurrida.

Segundo: Que informa doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo del recurso.

Expone que, su representada otorgó al recurrente la operación de crédito código N°RUT reservado, por un capital inicial de $2.530.906, a una tasa de interés mensual de 2.59%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $98.222, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de julio 2013. Las cuotas de los meses de julio 2013 a junio 2015, cuotas N°1 a N°24, se pagaron con fecha 10 de agosto 2013 al 24 de abril 2015, 10 de marzo y 10 de abril 2024 y a la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de julio 2015 a junio 2017, cuotas N°25 a N°48.

Agrega que con fecha 27 de febrero 2015 otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código N°09.RUT reservado, por un capital inicial de $4.210, a una tasa de interés mensual de 0.54%, pagadero en un plazo de 1 mes, con una cuota mensual de $4.237, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de marzo 2015. A la fecha, la presente operación de crédito no posee pago de cuotas.

Además, el 31 de diciembre 2014 otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N°09.RUT reservado, por un capital inicial de $14.216, a una tasa de interés mensual de 0.69%, pagadero en un plazo de 3 meses, con una cuota mensual de $4.811, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de enero 2015. Las cuotas de los meses de enero y febrero 2015, cuotas N°1 y N°2, fueron pagadas con fecha 10 de febrero 2015 y 10 de marzo 2024. A la fecha, la presente operación de crédito mantiene en estado moroso la cuota del mes de marzo 2015, cuota N°3.

Manifiesta que por su parte no habría existido ninguna actuación ilegal o arbitraria, ya que los descuentos se han efectuado de conformidad al artículo 22 de la Ley N°18.833, además, la acción de cobro no ha sido declarada prescrita.

Refiere que, sin perjuicio de lo expuesto y sin que constituya un reconocimiento de la extinción de la deuda ni de los fundamentos que esgrime el recurrente, se ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado y se dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido descontadas a partir de la reanudación de los cobros.

Por lo anterior, solicita que el presente recurso sea rechazado por falta de oportunidad.

Tercero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Quinto: Que, asimismo, aparece pertinente también recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Sexto: Que, en el presente arbitrio, la recurrente considera que la recurrida ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario, consistente en efectuar descuentos desde sus remuneraciones, por concepto de crédito social, cuyas acciones considera prescritas y que además existe un proceso judicial en que las sumas han sido cobradas, ejecutando actos de autotutela, sin encontrarse legalmente facultadas para ello.

Séptimo: Que la recurrida reconoció haber efectuado los descuentos cuestionados por la recurrente, señalando expresamente que cesaría en la conducta y que devolvería los dineros que fueron descontados. Sin embargo, hasta la fecha no constan antecedentes ciertos que den cuenta de haber realizado aquello a lo que se comprometió En consecuencia, al no haber acompañado la recurrida antecedentes que permitan entender que se ha realizado devolución de la totalidad de las cuotas descontadas de forma irregular, ni de haber cesado en los descuentos, se debe establecer que incurrió en un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, por lo que corresponde acoger el recurso de protección para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Los Andes, ordenándose a esta última cesar los descuentos efectuados sobre la remuneración del recurrente, y efectuar la restitución de los dineros que se descontaron al recurrente y que fueron informados en este recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-4682-2024.