Protección contra “nombre reservado”

C.A. de Santiago Santiago, tres de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Emiliano Troncoso Yáñez, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de la menor nombre reservado, de seis años de edad, y de su madre doña nombre reservado, en contra de la “nombre reservado”, representada por doña nombre reservado, Directora del Colegio nombre reservado, establecimiento educacional particular subvencionado con copago, con domicilio en la comuna de Macul.

Funda su acción en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la decisión del establecimiento de no renovar la matrícula de la menor para el año escolar 2026, fundada en la existencia de una deuda por concepto de colegiaturas correspondientes al año 2025, ascendente a $1.242.000, y en la supuesta falta de acreditación suficiente de un cambio sobreviniente en la situación socioeconómica del grupo familiar.

Expone que la menor cursó el año 2025 en el referido establecimiento, generando vínculos afectivos y académicos relevantes para su desarrollo integral, y que sus padres enfrentaron durante dicho período una significativa merma económica derivada de la enfermedad psiquiátrica -Trastorno Afectivo Bipolar II- que afectó a la madre, lo que habría repercutido en los ingresos familiares provenientes de una clínica veterinaria que ambos administran. Señala que dicha situación impidió el pago de nueve mensualidades.

Indica que, una vez informada la deuda mediante comunicación electrónica de 24 de octubre de 2025, el apoderado presentó dentro de plazo el formulario de acreditación socioeconómica junto con antecedentes tales como declaraciones de IVA, certificado psiquiátrico, Registro Social de Hogares, contratos de arriendo y comprobantes de gastos básicos, los que, a su juicio, daban cuenta suficiente del desmedro económico alegado.

No obstante lo anterior, con fecha 5 de diciembre de 2025 se les notificó la “Carta de No Renovación de Matrícula”, invocando la Resolución Exenta N°0580, de 22 de septiembre de 2025, de la Superintendencia de Educación, por estimarse que los antecedentes acompañados no acreditaban una variación sustantiva en la condición socioeconómica del grupo familiar. Añade que la decisión fue ratificada mediante comunicaciones posteriores, incluyendo mensajes enviados por el abogado del establecimiento.

Sostiene que la decisión impugnada infringe el propio Reglamento Interno del establecimiento, el cual no contempla la morosidad como causal autónoma de cancelación o no renovación de matrícula, estableciendo, por el contrario, que durante la vigencia del año escolar no puede cancelarse la matrícula por razones exclusivamente socioeconómicas. Asimismo, invoca lo dispuesto en el artículo 6 letra h) de la Ley N°20.845 (Ley de Inclusión Escolar), que exige que las causales de cancelación o no renovación estén claramente descritas en el reglamento interno y afecten gravemente la convivencia escolar, lo que -afirma- no ocurre en la especie.

Refiere, además, que la Resolución Exenta N°0580 establece un procedimiento específico para la acreditación de cambios en la situación socioeconómica, cuya aplicación -a su entender- habría sido parcial o defectuosa.

Estima vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N°1 (integridad física y psíquica), N°2 (igualdad ante la ley), N°3 (debido proceso), N°10 (derecho a la educación), N°11 inciso cuarto (derecho preferente de los padres a escoger el establecimiento educacional) y N°24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República, además de normas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico en virtud del artículo 5 inciso segundo de la Carta Fundamental.

En cuanto a la madre de la menor, se sostiene que la decisión impugnada habría afectado su derecho a la integridad psíquica (artículo 19 N°1 de la Constitución), al generarle un estado de angustia, incertidumbre y presión emocional, especialmente atendida su condición de salud mental durante el año 2025, estimando que la negativa de matrícula agravaría su estabilidad emocional y le ocasionaría frustración y profundo malestar.

Añade que la medida adoptada afecta gravemente la estabilidad emocional de la menor, desconoce su interés superior y la priva de continuar su proceso educativo en un entorno donde ha desarrollado vínculos significativos, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, particularmente el Rol N°76.513-2020, en que se privilegió el interés superior del niño frente a exigencias administrativas.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitraria la decisión de no renovación de matrícula y se ordene al establecimiento matricular a la menor para el año escolar 2026, adoptando las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su educación, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, comparece don Jorge Pinto Aravena, abogado, en representación de la nombre reservado, solicitando el íntegro rechazo del recurso, con costas.

Expone, en primer término, el marco normativo aplicable, especialmente lo dispuesto en la Resolución Exenta N°0580, de 22 de septiembre de 2025, de la Superintendencia de Educación, señalando que ésta faculta al sostenedor para decidir la no renovación de matrícula cuando los antecedentes acompañados no acrediten suficientemente un cambio sobreviniente y significativo en la situación socioeconómica que justifique la morosidad.

Afirma que el tutor financiero y apoderado de la menor, don nombre reservado, incumplió las obligaciones pecuniarias derivadas del contrato de prestación de servicios educacionales suscrito para el año 2025, manteniendo una deuda significativa y persistente, sin haber acreditado adecuadamente una variación sustancial en sus ingresos.

Sostiene que el establecimiento dio cumplimiento íntegro al procedimiento de acreditación socioeconómica, informando oportunamente al apoderado sobre la posibilidad de presentar antecedentes, los que fueron recibidos y evaluados por el comité respectivo, concluyéndose que no satisfacían el estándar exigido por la normativa. Añade que el apoderado no interpuso apelación o reconsideración dentro del plazo previsto en el procedimiento informado, operando la preclusión de su derecho.

Hace presente que, paralelamente, el establecimiento inició acciones judiciales de cobro de pagaré ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-15220-2025, habiéndose despachado mandamiento de ejecución y embargo, lo que daría cuenta de la persistencia en el incumplimiento.

Cuestiona la veracidad y suficiencia de los antecedentes económicos acompañados por el apoderado, indicando que formularios de IVA y documentos tributarios pueden reflejar variaciones propias de la actividad comercial, sin acreditar necesariamente un cambio sobreviniente sustantivo. Asimismo, sostiene que la madre no suscribió el contrato educacional, siendo el tutor financiero quien mantiene el vínculo contractual.

Niega que exista vulneración de garantías constitucionales, afirmando que el establecimiento ha otorgado el servicio educacional durante todo el período lectivo 2025, que no se ha impedido el acceso a la educación en términos absolutos y que la decisión adoptada se enmarca en una facultad expresamente reconocida por la normativa vigente, sin que medie discriminación arbitraria ni afectación ilegítima del interés superior de la menor.

Sostiene que la actuación de la recurrida no constituye ilegalidad, por ajustarse a la Resolución Exenta N°0580 y al procedimiento interno implementado; ni arbitrariedad, por fundarse en antecedentes objetivos y en la falta de acreditación suficiente del supuesto desmedro económico. Agrega que la pretensión de la recurrente importaría mantener la matrícula en desmedro de otros apoderados que sí cumplen oportunamente con sus obligaciones económicas.

Por todo lo anterior, solicita se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas, acompañando documentos relativos al procedimiento de acreditación, notificaciones cursadas y comunicaciones sostenidas con el apoderado.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que en relación al fondo de lo discutido mediante el presente arbitrio, resulta pertinente indicar que lo fundamentalmente alegado por la recurrente como acto ilegal y arbitrario, es la decisión del establecimiento recurrido de no renovar la matrícula de la menor para el año escolar 2026, fundada en la existencia de una deuda por concepto de colegiaturas correspondientes al año 2025.

Si bien la presente acción constitucional se interpone en favor de la menor nombre reservado y de su madre doña nombre reservado, lo cierto es que la titular principal del interés jurídico comprometido no puede sino ser la hija, desde que el acto que se reprocha -consistente en la no renovación de matrícula- incide directa e inmediatamente en su situación educacional. En efecto, es la menor quien eventualmente vería afectado su derecho a la educación, mientras que la comparecencia de la madre se justifica únicamente en su calidad de representante legal, sin que respecto de ella se advierta una afectación autónoma de garantías fundamentales.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados y de lo expuesto por las partes, puede darse por establecido lo siguiente: a) Que la menor nombre reservado cursó el año escolar 2025 en el Colegio nombre reservado, colegio particular subencionado. b) Que existió una morosidad en el pago de colegiaturas correspondiente al año 2025, por nueve mensualidades, ascendiendo la deuda a $1.242.000. c) Que el establecimiento notificó al apoderado la existencia de la deuda y la eventual no renovación de matrícula, en el marco de la Resolución Exenta N°0580 de la Superintendencia de Educación. d) Que el apoderado presentó antecedentes para acreditar una variación sobreviniente en su situación socioeconómica (formularios IVA, certificado psiquiátrico, Registro Social de Hogares, entre otros). e) Que el establecimiento evaluó dichos antecedentes y resolvió que no acreditaban un cambio sustancial que justificara la morosidad.

SEXTO: Que el artículo 11 de la Ley N°20.370, en lo que interesa, dispone que “durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos”, agregando en su inciso siguiente que “el no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica”, todo ello “sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula”.

Por su parte, el artículo 46 del mismo cuerpo legal establece que los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente deben “tener un sostenedor”, quien será responsable de su funcionamiento, precisando que aquellos que reciban subvenciones del Estado “no podrán perseguir fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines educativos”, encontrándose sujetos a fiscalización de la Superintendencia de Educación.

A su turno, la Resolución Exenta N°0580, de 22 de septiembre de 2025, de la Superintendencia de Educación, que aprueba la circular que imparte instrucciones a los establecimientos subvencionados que continúan sujetos al régimen de financiamiento compartido, establece que el incumplimiento de las obligaciones económicas por parte del apoderado conlleva los efectos civiles previstos en el contrato respectivo y que, frente a dicha situación, la entidad sostenedora se encuentra legitimada para ejercer las acciones pertinentes para la protección de sus derechos patrimoniales. En particular, señala que la “morosidad injustificada, esto es, aquella que no se sustente en un cambio en la condición socioeconómica, no cuenta con amparo en la normativa educacional y, por lo tanto, puede ser causal de no renovación de matrícula para el siguiente año escolar”.

Asimismo, dicha resolución contempla un procedimiento destinado a acreditar cambios sobrevinientes en la situación socioeconómica del apoderado, enumerando, entre otros supuestos, la “Disminución del Ingreso familiar”, referida a una reducción sustancial y acreditable de los ingresos; el “Aumento del gasto familiar fundado en siniestros graves durante el período posterior a la renovación de la matrícula”; el “Cambio en la calificación socioeconómica a través de instrumentos preestablecidos”; y las “Otras contingencias que otorgan presunción grave de cambio socioeconómico”, además de los “Casos calificados por el sostenedor”, siempre que se acredite una variación significativa que justifique razonablemente la morosidad.

SÉPTIMO: Que, en el contexto normativo descrito, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En efecto, la normativa citada prohíbe la cancelación de matrícula durante la vigencia del año escolar por causales derivadas del no pago de obligaciones económicas; sin embargo, autoriza expresamente la no renovación para el período lectivo siguiente cuando la morosidad no se encuentra debidamente justificada conforme al procedimiento y estándares fijados por la autoridad administrativa competente.

En la especie, el establecimiento recurrido implementó el procedimiento de acreditación socioeconómica previsto en la Resolución Exenta N°0580, informando al apoderado la existencia de la deuda, la eventual no renovación y la posibilidad de acompañar antecedentes que acreditaran un cambio sobreviniente en su situación económica. Tales antecedentes fueron efectivamente presentados y evaluados por el comité respectivo, concluyéndose que no satisfacían el estándar exigido por la normativa, en particular en lo referido a la acreditación de una reducción sustancial del ingreso familiar en los términos allí previstos.

Debe tenerse presente, además, que el establecimiento recurrido es un colegio particular subvencionado con financiamiento compartido, cuyo sostenedor recibe aportes estatales parciales y complementa su financiamiento con los aranceles que pagan los apoderados. En tal contexto, la adecuada y responsable administración de sus ingresos constituye una exigencia inherente a su funcionamiento regular, pues de ella depende no solo la prestación del servicio educativo, sino también el cumplimiento de las obligaciones legales que le impone el régimen de subvenciones y la fiscalización de la Superintendencia de Educación.

De esta manera, no consta que la decisión adoptada haya obedecido a un mero capricho o a un trato discriminatorio, sino que aparece sustentada en antecedentes objetivos, en la aplicación de un procedimiento previamente informado y en la evaluación fundada de la documentación aportada por el apoderado.

En consecuencia, la decisión de la recurrida de no renovar la matrícula para el año escolar 2026 no puede calificarse de ilegal, por encontrarse expresamente prevista y autorizada por la normativa vigente, ni de arbitraria, desde que se funda en antecedentes objetivos y en la falta de acreditación suficiente de un cambio sobreviniente en la situación socioeconómica del apoderado.

OCTAVO: Que, habiéndose establecido que la decisión impugnada no constituye acto ilegal ni arbitrario, falta uno de los presupuestos esenciales de procedencia de la acción de protección, por lo que resulta innecesario analizar las garantías constitucionales invocadas, desde que éstas solo pueden estimarse vulneradas en presencia de un acto u omisión de tal carácter. En consecuencia, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por don Emiliano Troncoso Yáñez, en favor de doña nombre reservado y su hija nombre reservado, en contra de la “nombre reservado”, sin costas.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactada por el ministro (s) Daniel Aravena Pérez.

N°Protección-468-2026.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por la ministra (S) señora Laura Assef Monsalve y el ministro (S) señor Daniel Aravena Pérez. No firman los ministros (S) señora Laura Assef Monsalve y el señor Daniel Aravena Pérez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.