nombre reservado con CRUZ ROJA CHILENA

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

1°) Que el abogado don Sebastián Morando Herrera, en representación de doña nombre reservado, enfermera, domiciliada en esta ciudad, acciona de protección contra la Asamblea Ordinaria del Comité Central y Junta de Gobierno Nacional de la CRUZ ROJA CHILENA, presidida por don nombre reservado, también con domicilio en Santiago.

El acto recurrido está contenido en la carta recibida el 7 de mayo de este año en que se le informa que “...por acuerdo tomado en Asamblea Ordinaria de Comité Central, realizada en la ciudad de Arica el martes 26 de marzo, se acordó mantener la sanción a razón de los insultos cometidos en la Asamblea Extraordinaria del mes de enero del 2017, contra visitas internacionales y autoridades del Comité Central. La Junta de Gobierno votó aplicar sanción (...) que quedó establecida en la reunión de Junta de Gobierno Nacional W 1684 y que fuera revocada por este presidente en esa ocasión. A razón de la carta enviada por nombre reservado de la Filial Chimbarongo denunciando situaciones ocurridas en la Cruz Roja chilena, cuya lectura fue realizada por el Sr. nombre reservado y revisando nuevamente su sanción, es que el Comité Central resuelve dejar sin efecto el levantamiento de la sanción y dar curso a ésta. Al iniciarse el debate en el Comité Central sobre este tema que la afecta, se resuelve nuevamente llevar a votación esta sanción, la cual contó 15 votos a favor para mantener la sanción disciplinaria, 2 abstenciones y 1 en contra...”

La medida se fundamentaría en supuestas faltas cometidas contra el presidente de la Cruz Roja argentina, Sr. nombre reservado y con representantes de la Federación Internacional de la Cruz Roja, media Luna Roja y Comité Internacional de Cruz Roja, por lo que las presidentas regionales habrían pedido la medidas, sin señalar las faltas, puesto que las referencias a los artículos 9 del estatuto y 14 del reglamento interno son generales. Sin embargo, nunca se ha sabido cuál habría sido el maltrato, además de que las autoridades afectadas no reclamaron.

Su parte apeló pero a la fecha no se ha resuelto ese recurso.

Esta medida afecta sus garantías constitucionales del artículo 19 N°1, 2, 3 y 4.- porque ni la Asamblea Nacional, ni la Junta de Gobierno tiene facultades disciplinarias respecto de los funcionarios de la Cruz Roja, sino la Comisión de Integridad y Garantías. Por lo que se ha creado un tribunal especial para juzgarla y sancionarla; se ha utilizado un reglamento no vigente, ya que el Reglamento no ha sido aprobado por el Pdte. República, según exige la Ley N°3.924.-; los mismos supuestos afectados son quienes aplican la medida, aun declarada absuelta se vuelve a juzgar y sancionar, es decir, dos veces por los mismos hechos; los que tampoco le han sido expuestos.

Pide, se deje sin efecto la sanción, con costas.

2°) Que informa don nombre reservado, por la recurrida, señalando se trata de actos ocurridos hace tiempo atrás y que en efecto el decidió en su calidad de presidente absolver, no obstante lo cual el Comité Central en virtud de una carta enviada por un voluntario, decidió pronunciarse y sancionar a la afectada con 90 días de suspensión de sus funciones.

Agrega que según los Estatutos y Reglamentos vigentes de 2009, por sobre la Junta de Gobierno que él preside, se encuentra el Comité Central, instancia que funciona 4 veces al año, o de forma extraordinaria cuando se requiere tratar temas de interés o relevancia.

3°) Que la Ley N° 3.924.-, de 1923, que reconoce la personería jurídica de la Cruz Roja Chilena, establece que será dirigida por un Comité Central, fijándose sus atribuciones por un Reglamento que debe ser aprobado por el Presidente de la República.

Este reglamento, en la actualidad es el aprobado por Decreto N°113, de 2009. En éste se señala que su estructura territorial está formada por una Sede Central, ubicada en Santiago, Sedes Regionales y Sedes Locales integradas por Filiales. Y que el órgano máximo de gobierno es el Comité Central, al que le corresponde las tareas del artículo 14, entre las cuales la única de carácter disciplinaria es la posibilidad de destituir a los miembros de la Junta de Gobierno Nacional “cuando la situación lo amerite”, requiriendo un quórum de los dos tercios, Junta de la cual no formaba parte la recurrente.

La Asamblea Nacional, por su parte, no tiene según el artículo 21 ninguna facultad de juzgamiento.

En tanto el Presidente Nacional de la Cruz Roja, puede conjuntamente con la Junta Nacional, solicitar la renuncia a un miembro de esa Junta “cuando no desempeñe correctamente sus funciones, previo informe de la Comisión de Integridad y Garantías”.

Esta última comisión se encuentra contemplada en el artículo 32 y tiene el carácter de “Tribunal Especial” y “prestará apoyo y asesoría a los Comités regionales y Filiales cuando se presenten situaciones relacionadas con su ámbito de acción, con el fin de que todo voluntario, sin distinción de cargo y/o nivel de autoridad, sea tratado en justicia...”. Es un órgano independiente, encargado de velar por el cumplimiento del Código de Ética. Y tiene la facultad -según se extrae de su artículo 34- de conocer en primera instancia de cualquier falta cometida por los miembros de los Órganos de Gobierno Nacional, Regional o Local de la Cruz Roja Chilena; así como de cualquier violación a los derechos y garantías que los estatutos y el reglamento reconocen a sus miembros; y las apelaciones de sanciones impuestas por los Comités Regionales y Filiales.

Las medidas disciplinarias están consignadas en el artículo 36 y son aplicadas por los Directorios de la Filial o el Comité Regional. Las graves ameritan suspensión de funciones por 90 días y deben ser comunicadas al Comité de Integridad y Garantías.

4°) Que de los a antecedentes acompañados a los autos aparecen tres cuestiones relevantes:

La primera, que doña nombre reservado a la época de la sanción era Presidenta de la Filial Providencia, que a su vez forma parte de una Sede Local. La segunda, que según consta en la causa de esta Corte Rol N°46.285-2017, fue sancionada en sesión Ordinaria de Junta de Gobierno en abril de 2017 con una medida disciplinaria de suspensión de 90 días por faltar a autoridades de la Cruz Roja, faltar al protocolo y maltrato de obra o palabra en la Asamblea Nacional de los días 23 y 24 de enero de ese año. Tercero, que esa sanción fue dejada sin efecto por el voto de absolución del Presidente Nacional, pero repuesta por la Asamblea Nacional del año 2018.

5°) Que debe dejarse establecido, a fin de mantener la coherencia del análisis, que en la causa antes aludida, Rol N°46.285-2017, la acción fue desechada por estar en esa oportunidad la sanción pendiente de apelación. En el presente recurso, su objeto, es la “reposición” de aquella sanción luego que en virtud de apelación fuese dejada sin efecto.

6°) Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

7°) Que se denuncian como conculcadas las siguientes garantías del artículo 19:

1°.- “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.

2°.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. (...) Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

3°.- “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

4°.- “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”;

8°) Que en relación con las garantías de los numerales 2 y 3, es evidente que el Comité de Integridad y Garantías, tutelar de las dificultades disciplinarias al interior de la Cruz Roja Chilena, no se encuentra conformado y que a pesar de que se pueden extraer ciertas facultades sancionadoras de los Comités Regionales, ellas no alcanzan, de la manera en que fue revisado, a la Asamblea Nacional que tiene otros objetivos de carácter general, superiores y vinculados al funcionamiento administrativo y de política institucional. De manera que lo primero que salta a la vista es que en efecto la revisión de una medida, cuyo origen ya resulta dudoso pues no se llevó a cabo mediante un proceso mínimo de derecho a conocer los cargos y a defenderse, fue además conculcado al pretender reponérsele una vez que éste ya se encontraba zanjado, lo que resulta una actuación eminentemente arbitraria.

9°) Que en lo que toca a las demás garantías estimadas como vulneradas, en efecto tratándose de una entidad prestigiosa y numerosa, con presencia a lo largo de todo el país, que afecta a una de sus directivas, resulta razonable comprender que ello ha afectado su honra de la manera en que el numeral 4° del artículo 19 considera, así como el derecho a la vida del artículo 1° en su referencia a la integridad psíquica que se ha mantenido al menos por dos años.

En consecuencia y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre el Recurso de Protección, se acoge la acción deducida en favor de doña nombre reservado y se deja sin efecto la sanción de suspensión de funciones por 90 días que le fuera comunicada por carta de 29 de abril de 2019.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra (S) Sra. Lidia Poza Matus.

Rol N°46.656-2019.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministro señora Mireya López Miranda e integrada, además, por la ministro(S) señora Lidia Poza Matus y el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. No firma la ministro (S) señora Poza, por haber cesado sus funciones en esta Corte.