Protección contra Alcalde Municipalidad de Santiago

Santiago, nueve de octubre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Doña Paula Erika Espinosa Peñaloza, abogada, RUT RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, profesor de Estado, Director de Establecimiento Educacional, RUT RUT reservado, del mismo domicilio, presenta recurso de protección, en contra del Alcalde Municipalidad de Santiago, don nombre reservado y de la Dirección de Educación de la misma Municipalidad.

Invocando lo dispuesto por el artículo 20 de la Carta Fundamental demanda “las graves faltas administrativas reguladas por la Ley: Libertad de Trabajo y al Derecho a su libre elección y contratación, actualización de sueldo, indemnización de perjuicios”, para que en definitiva los recurridos “sean condenados a la pena principal y accesorias y al pago de los perjuicios y costas”

Explica que el 19 de junio de 2012 se instruyó sumario administrativo en contra del recurrente y el equipo directivo del Liceo Instituto Superior de Comercio nombre reservado Montalva, decretándose en junio de 2012 “sin merito”, siendo reabierto el 17 de enero de 2013 y el recurrente suspendido de sus funciones de Director a contar del 25 de febrero de 2013 al 23 de marzo de 2017, fecha en que se decretó el sobreseimiento definitivo, completando su ciclo de Director suspendido, sin poder continuar su desempeño profesional, desconociendo los hechos que iniciaron dicho sumario.

Entiende la recurrente que se le adeuda el sueldo de Director de servicio desde el 1 de agosto de 2013, y hasta el 23 de marzo de 2017.

Agrega que el 28 de marzo de 2017 se le ordena y destina a cumplir funciones de “Inspector General del Liceo de Niñas Teresa Prats de Santiago y que el 18 de abril de 2017 al conversar con el Subdirector de Educación DEM Santiago, surgieron varias irregularidades que denuncia.

Hace presente que desde el 28 de marzo de 2017 hasta la fecha el recurrente es re-destinado en calidad de Inspector General del Liceo de Niñas de Santiago N°7, oficializado a contar del 3 de mayo de 2017, cumpliendo funciones que lo menoscaban como profesional ya sea moral o económicamente, pues su reincorporación debe ser como docente directivo, Director de Servicio.

Relata que a más de un año en el Liceo Teresa Prats, descubre que las personas ante las que estuvo como subalterno no superan su currículo profesional, docente que no ganaron un concurso público, agravando así su menoscabo.

Añade que se le agravia al citarlo a la Fiscalía centro Norte, imputado por el delito de Malversación de Caudales Públicos, por haber cobrado sueldo por más de cuatro años sin presentarse a trabajar.

Además la Directora que ganó el concurso público en el Liceo A 7 en su requerimiento de equipo directivo no lo incluyó, debiendo explicarle su situación.

Por último, señala que en la liquidación del mes de junio de 2018 aparece contratado como “Escalafón Media Docente propiamente tal”.

Luego de citar jurisprudencia administrativa, sobre el debido proceso concluye que la Resolución N° 32/ Exp N° 2396231 de 17 de enero de 2013 representa un Acto Alcaldicio fuera de Derecho, del todo ilegal y arbitrario, de forma que no puede entender que el segundo efecto del acto pueda mantenerse aún vigente, máxime cuando no se ha esgrimido por la autoridad ni un solo fundamento en Derecho para ello, ni siquiera para formular cargos y por consecuencia hacer cesar los efectos propios de un sumario terminado que no se ajusta a derecho y, por ende, la separación momentánea del docente se ha debido a una causa de fuerza mayor, no imputable al trabajador, procediendo su reincorporación inmediata al cargo de Director del Servicio de establecimiento educacional.

Pide que la Municipalidad recurrida y el DAEM Santiago, reconozca su error públicamente, reconocer al actor su contrato indefinido como Director de Servicio, pagándole su remuneración como tal desde el 1 de agosto de 2013 a la fecha, se ordene la reparación de los daños psicofísicos, económicos, junto con el daño moral, entre otras peticiones.

Posteriormente, el recurso se complementó en relación a la actualización de sueldo del recurrente.

En iguales términos informaron la Municipalidad de Santiago, y la Directora de Educación de la referida municipalidad.

Alegaron en primer término la extemporaneidad del recurso pues conforme al relato contenido en el recurso la vulneración de sus derechos constitucionales se habría consumado al momento del cambio de nombramiento de Director a Subdirector, el 1 de agosto de 2013, cuando se le pago el sueldo de subdirector o cuando fue destinado como Inspector el 28 de marzo de 2017.

Enseguida, sostuvieron la inadmisibilidad por ser materia de lato conocimiento, al exceder la finalidad y objetivos de la acción cautelar, tratándose del derecho o no a permanecer en el nombramiento de Director; si el cambio de funciones se ajustaba a la normativa laboral y si las acciones eran o no constitutivas de responsabilidad extracontractual por los supuestos daños ocasionados, así como la indemnización por tales daños.

En cuanto al fondo expone que el 04 de agosto de 2008 se nombró al recurrente, desde el 01 de agosto de 2008 hasta el 31 de julio de 2013, un total de 5 años, como Director de Liceo INSUCO, nombramiento conforme a las normas que indica del Estatuto Docente.

Señala que por lo anterior, al terminar su nombramiento, se aplicó el artículo 2° transitorio de la Ley 20.501, en cuanto establece que terminado el período de nombramiento de Directores de establecimientos municipales que al publicarse la ley se encontraren ejerciendo sus cargos y cuyos sostenedores no hubiesen adelantado sus concursos, el sostenedor podrá optar entre que continúen desempeñándose, en el caso de existir disponibilidad en la dotación docente, en alguna de las funciones a que se refiere en el artículo 5° del DFL N°1 de 1997 del MINEDUC, en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación, por el mismo número de horas que servían sin necesidad de concursar, o ponerles término a sus relaciones laborales.

Así las cosas, explica que el recurrente fue destinado a cumplir funciones docentes por 44 horas al Liceo Teresa Prats (A7), y en desempeño de sus funciones, se solicitó en su favor por el Director una asignación de incentivo económico por la función transitoria de Inspector General.

Explica que al 14 de marzo de 2018, la nueva Dirección del Establecimiento no contó con el recurrente en su equipo de confianza, por lo cual se le puso término a la asignación especial.

Sobre el sumario, refiere que es efectivo, que se inició el 19 de junio de 2012 y fue dentro de este proceso en que el Fiscal a cargo, conforme al artículo 134 de la Ley 18.883, suspendió de manera preventiva los involucrados, dentro de los que estaba el recurrente. El sumario termino el quince de febrero del año dos mi diecisiete, con el sobreseimiento por no poderse determinar responsabilidad.

Afirma que durante el tiempo de la suspensión, el docente mantuvo el vínculo contractual con la Municipalidad y se le pagaron íntegras las remuneraciones.

Sostiene que las únicas modificaciones contractuales fueron el 20 de marzo de 2014 y 28 de marzo de 2017, en que se le otorga calidad de titular por 44 horas, como docente propiamente tal.

En el entendido que la acción que se imputa como privación, perturbación o amenaza, es la privación del cargo de Director del Establecimiento Educacional, Liceo Instituto Superior de Comercio, la niega, pues el nombramiento como docente propiamente tal, por el término de su periodo de nombramiento se ajusta a las normas transitorias de la Ley 20.501, el Estatuto Docente e incluso a lo ordenado por la Contraloría General de la Republica en un dictamen que cita, de modo que no se puede calificar como una conducta ilegal o arbitraria si tiene causa en un mandato legal, en concreto el Estatuto Docente.

En cuanto a las garantías, entiende, de lo confuso del recurso, que se funda en el artículo 19 N°14, libertad de trabajo y derecho a la libre contratación y elección., afirmando que en relación a esa garantía constitucional no ha existido vulneración alguna, ya que nunca se le ha impuesto un trabajo al recurrente, sino que todos los cambios experimentados han sido por la aplicación expresa de la voluntad del legislador, agregando que las destinaciones realizadas poseen una acción especial de impugnación de acuerdo a la misma norma del artículo 42 del Estatuto Docente, no siendo la vía idónea la de protección. Enfatiza que nunca se le ha privado de desempeñar la labor para la cual fue contratado y en las calidades especificadas para ello por el Estatuto Docente.

En su informe, la Directora de Educación de la Municipalidad de Santiago, agrega falta de legitimidad pasiva de la Directora de Educación pues los nombramientos los realiza el Alcalde, quien además es el sostenedor legal de los establecimientos, no teniendo facultad alguna en su cargo de emitir actos de dicha índole Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Aunque con dificultad, la lectura del libelo permite concluir que lo que se ataca mediante la presente acción constitucional, dice relación con el sumario administrativo seguido en contra del recurrente, el que se califica como fuera de derecho, ilegal y arbitrario; la separación del recurrente durante la tramitación de dicho sumario y, por último, su reincorporación a funciones de Inspector General, cuando debió serlo al cargo que tenía al momento de la suspensión, esto es Director de Servicio de Establecimiento Educacional .

En cuanto a la extemporaneidad del recurso alegada por las recurridas:

Tercero Que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, prescribe que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”

Cuarto: Considerando que los actos que se han identificado como aquellos que motivan el recurso en examen se ubican temporalmente más allá de los treinta días que prevé el auto acordado citado, el recurso es extemporáneo. En efecto, la instrucción del sumario el 19 de junio de 2012, su reapertura el 17 de enero de 2013, la suspensión de las funciones del actor de su cargo de Director desde el 25 de febrero de 2013 al 23 de marzo de 2017 fecha del sobreseimiento definitivo, su destinación como Inspector el 28 de marzo de 2017, las conversaciones de las que surgen irregularidades que denuncia, de 18 de abril de 2017, se ubican temporalmente en fechas que superan los 30 días anteriores a la presentación del recurso esto es el 5 de julio de 2018.

Cabe consignar que la tramitación del recurso dio cuenta de la extemporaneidad declarada, toda vez que allí se contó con la información requerida.

En cuanto al fondo:

Quinto: Sin perjuicio de lo expuesto y solo a mayor abundamiento, el tenor de las peticiones contenidas en el libelo, esto es reconocimiento de su “contrato indefinido” como Director de Servicio, el pago de las remuneraciones e indemnizaciones que reclama, da cuenta que no se está en presencia de un derecho indubitado como supone la acción cautelar en examen, sino que se trata de aspectos discutibles en sede de lato conocimiento, ajenas al recurso intentado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Santiago y de la Dirección de Educación de la misma Municipalidad.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada.

No firma la Ministra (s) señora Riesco, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por estar haciendo uso de licencia médica.

Rol N° 46.648-2018