nombre reservado con GENCO S.A.

PAGE Santiago, diez de octubre de dos mil catorce VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: que a fojas uno, recurre de protección nombre reservado, empresario, con domicilio en domicilio reservado, en contra de la empresa Genco S.A. Rut RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por cuanto dicha persona habría cometido actos ilegales y como consecuencia de ellos, ha sufrido privación y perturbación en su derecho y garantía constitucional amparada por el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, en atención a que el recurrido es una empresa que presta servicios consistentes en la reparación de camiones recolectores de basura. Por ello, en el inmueble ubicado en domicilio reservado, se realizan diversas tareas, entre ellas, almacenamiento y limpieza de los camiones y de los contenedores que ellos transportan, previo a su reparación, y reparación de camiones y de los aludidos contenedores, actividades que en general producen las siguientes consecuencias: a) el nivel de ruidos de dichas actividades, supera todo límite razonable, llegando a niveles que medidos desde las oficinas de la propiedad afectada, llegan a los 90 decibeles, lo que atenta gravemente contra la salud física y mental de las personas expuestas a ello. Lo anterior producto de reparaciones de partes metálicas mediante la utilización de martillos, combos y sierras angulares, ruidos que se mantienen durante la jornada laboral, sin que esta cumpla con las normas de insonorización de las áreas donde los trabajos se realizan, las que son desarrolladas al aire libre. b) Dado que la empresa referida repara, lava, manipula y almacena contenedores de basura, los olores y moscas resultan insoportables para la propiedad afectada. Ello por cuanto el tratamiento de lavado de los contenedores de basura consiste simplemente en la utilización de mangueras de agua, dejando escurrir el agua y los residuos que caen al piso de tierra, sin ningún tipo de cámara de tratamiento o alguna medida de mitigación para evitar el empozamiento del agua, todo lo cual aumenta en época estival, generándose una gran proliferación de moscas. d) agrega que todo el piso de la propiedad es de tierra, por lo que el alto tráfico de camiones y el “sopleteado” que se realiza, genera un nivel de polvo intolerable, que al ser arrastrado por el viento, contamina constantemente su propiedad. e) por último, señala que entre las actividades que realiza esta empresa, se encuentra la aplicación de pintura, actividad que se realiza al aire libre, sin ningún tipo de caseta apropiada, siendo éstas arrastradas por el viento hacia su propiedad con los consiguientes olores y contaminación del aire y suciedad en ventanas y paredes por efecto de la pintura, resultando por ende exigible la instalación de una caseta o recinto debidamente concebido para la aplicación de pintura, conforme a la normativa ambiental.

Hace presente en cuanto al plazo para la interposición del presente recurso, que los 30 días deben contarse desde la ocurrencia de los hechos, los cuales se han ejecutado por parte del recurrido en forma continua, por tanto, hasta esta fecha se ha verificado la privación y perturbación.

Agrega que la presente acción resulta procedente, pues su titularidad corresponde a la sociedad toda, siendo una aspiración colectiva del orden de aquellos que el Estado se obliga a asegurar, siendo en este caso el afectado directo quien reclama, por tanto se encuentra legitimado activamente, dado que su propiedad es colindante con la del recurrido, y los actos respecto de los cuales reclama, emanan de personas determinadas, cumpliéndose así la legitimación pasiva.

En cuanto a los actos u omisiones arbitrarias e ilegales que producen privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales particularmente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política , garantía constitucional protegida por el artículo 20 inciso 2°. Los actos respecto de los cuales reclama, son realizados por un particular ya individualizado, los que lo privan y perturban el derecho ya mencionado.

En cuanto al marco legal en materia de protección medioambiental, cita el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, disponiendo la citada norma que la Ley puede establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades. En igual sentido y a propósito del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24, se dispone que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Así, señala, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión imputable a una autoridad o persona determinada, procederá el Recurso de Protección. Continúa señalando como marco normativo del presente recurso la Ley 19.300, sobre Bases generales del Medio Ambiente bajo cuyas disposiciones se regulan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, definiendo lo que debe entenderse por contaminación y medio ambiente, conforme a lo cual es contaminante no solo aquel elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o combinación de ellos, cuya presencia en el medio ambiente, en ciertos niveles,, concentraciones o períodos de tiempo, puedan constituir un riesgo para la salud de las personas, comprendiendo también los casos en que su presencia pueda afectar la calidad de vida de la población , perspectiva en la cual precisamente debe situarse su situación, esto es, la contaminación por malos olores, tanto en cuanto pueden llegal a constituir un real riesgo y daño a la saludo afectar directamente el bienestar y calidad de vida de la población aledaña a las fuentes emisoras o generadoras de tales olores. Hace presente que la contaminación odorífera ha sido un tema tratado sólo tangencialmente por la legislación nacional dedicándose mayormente de la normativa vigente a cuestiones relativas a la contaminación atmosférica, calidad del aire, y regulación de emisiones de gases peligrosos. En tal sentido el Código Sanitario en su artículo 89 dispone ….”El Reglamento comprenderá normas como las que se refieren a: a) conservación y pureza del aire y evitar en él la presencia de materias y olores que constituyan una amenaza para la salud, seguridad o bienestar del hombre, o que tengan influencia desfavorable sobre el uso y goce de los bienes. La reglamentación determinará además, los casos y condiciones en que podrá ser prohibida o controlada la emisión a la atmósfera de dichas sustancias;b) la protección de la salud, seguridad y bienestar de los ocupantes de edificios o locales de cualquier naturaleza, del vecindario y de la población en general, así como la de animales domésticos y de los bienes, contra los perjuicios peligros e inconvenientes de carácter mental o material que provengan de la producción de ruidos, vibraciones o trepidaciones molestos, cualquiera sea su origen…”.

Complementando la referida norma cita el Decreto N° 14412 que establece Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza en sus artículos 1, 2 y 3 que transcribe. Como otras normas referidas al tema cita el artículo 937 del Código Civil y artículo 496 N° 20 con ocasión de la tipificación de las faltas, correspondiendo la fiscalización a los Servicios de Salud en cuyo territorio se encuentren emplazados los establecimientos regulados por el Decreto. A partir del 1° de enero de 2005, dichas funciones fueron asumidas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, pudiendo colaborar en su fiscalización los municipios respectivos conforme al artículo 2° de la Ley 18.695.

En cuanto a su afectación derivada de ruidos molestos, también resulta aplicable la normativa de la Ley 19.300, ya citada, encontrándose tratado en particular en el Decreto N° 146 de 1998 sobre Ruidos Molestos, que define la contaminación acústica, y qué ha de entenderse por decibel, estableciendo cuatro zonas, siendo aplicable en el caso sub lite la clasificación Zona IV, la que tiene un límite de 70 decibeles a toda hora del día, límite que en su concepto es vulnerado abiertamente por la recurrida, ya que los ruidos medidos a través de sonómetro registran decibeles superior a los 90.

A su turno, las Ordenanzas Municipales relativas al punto en cuestión, esto es la emisión de olores o contaminación acústica, se encuentran regulados en la Ordenanza sobre Normas Sanitarias Básicas de la comuna de Conchalí de 13 de Enero de 1984 que en su artículo 4° indica que “… con el objeto de evitar la contaminación del aire de la Comuna, se prohíbe la emisión de humos, gases, olores, vibraciones y ruidos que importen un riesgo de salud o que molesten a la comunidad cuando sobrepasen los índices mínimos establecidos por la autoridad sanitaria. El artículo 6° y 7° establece prohibiciones y exigencias relativas a aguas servidas y productos químicos que se arrojen al suelo, situación comprometida en su concepto con el desarrollo poco técnico realizado por la recurrida.

Por otra parte, la Ordenanza sobre Protección y Control de Ruidos Molestos de la Comuna de Conchalí de 29 de agosto de 1983, indica en su artículo 1° que…” se prohíbe todo ruido, sonido o vibración que por su duración o intensidad, ocasione molestias al vecindario, sea de día o de noche, que se produzcan en el aire, en la vía pública o locales destinados a la habitación, al comercio o la industria, o a diversiones o pasatiempos”. Además prohíbe en general, causar, producir, estimular o provocar ruidos molestos superfluos o extraordinarios, cualquiera sea su origen, cuando por razones de la hora y lugar o grado de intensidad, perturben o puedan perturbar la tranquilidad o reposo de la población olores o causar perjuicio material o moral. Se excluye de lo anterior, la zona industrial, …” sin perjuicio de que deban adoptar las medidas de aislación acústica necesarias para evitar molestias a los vecinos…”, medidas que no habrían sido adoptadas por la recurrida.

Finalmente hace presente que con anterioridad se han efectuado reclamaciones ante las autoridades competentes, esto es, Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, Superintendencia del Medio Ambiente y Departamento del Medio Ambiente de la Municipalidad de Conchalí, sin que a la fecha se haya restablecido el imperio del derecho y adoptado las medidas pertinentes.

En el segundo otrosí de su presentación, acompaña copias de varios reclamos presentados ante las Instituciones precedentemente señaladas y set fotográfico de 8 fotografías que dan cuenta de los hechos referidos.

SEGUNDO: Que, en su informe evacuado a fojas 41, don nombre reservado en representación de la empresa GENCO S.A., luego de hacer referencia a lo extemporáneo del presente recurso, solicita se desestime el mismo por cuanto no existen los actos arbitrarios e ilegales alegados por la recurrente, con costas, en base a los siguientes argumentos que separa en tres acápites:

I.- a) Inexistencia de los actos arbitrarios e ilegales: Señala que efectivamente su representada tiene como giro la reparación de camiones recolectores de basura en el domicilio domicilio reservado, para lo cual celebró un contrato de arrendamiento desde hace cinco años, con un canon de arriendo de $ 1.500.000, con destino exclusivo de industria, bodega y base de operaciones del giro comercial de aseo y ornato, cuya duración es de tres años desde la última renovación el presente año. Agrega que por Resolución N° 30634 de fecha 31 de mayo de 2011 emanada de la SEREMI REGIONAL METROPOLITANA DE SALUD REGION METROPOLITANA, se ha informado favorablemente la actividad de taller de reparación mecánico de vehículos, sin desabolladura, sin pintura, taller mecánico de herramientas a desarrollarse en el inmueble de domicilio reservado, encontrándose dicha resolución vigente y no ha sido dejada sin efecto ni anulada por ningún acto de autoridad a la fecha.

b) Derivado del ejercicio de dicha actividad, su representada cumple cabalmente con el pago de patente municipal, según acreditará, siendo la única oportunidad en que ha sido multada en el mes de abril del presente año, expediente 361/2014 de la SEREMI REGIONAL METROPOLITANA DE SALUD, por tener extintores vencidos y sin afianzar, baños sin tapas, piso de duchas con óxido, llave de ducha en mal estado. Por dichas infracciones sanitarias pagó una multa de 10 UTM, amén de subsanar las observaciones efectuadas.

c) Alega que de ser ciertos los hechos denunciados, no se explica entonces por qué en dicha fiscalización nada se observa respecto a los hechos denunciados. Concluye señalando que los actos arbitrarios e ilegales alegados por la demandante son inexistentes, o falsos y no configuran ningún hecho arbitrario o ilegal en perjuicio del recurrente y además su representada se encuentra en el citado inmueble ejerciendo libremente una actividad económica amparada en el artículo 19 N° 21 de la Carta Magna, respetando las leyes que regulan su actividad económica como también los actos administrativos de las autoridades competentes II.- Falta de claridad respecto de la afectación del derecho a vivir en un medio libre de contaminación.

a) recurso, pues no explica con claridad cómo los actos imputados a su representada, afectan al derecho a vivir en un medio libre de contaminación.

b) Esta se limita a reclamar que la legítima actividad económica de su representada le ocasiona ruidos molestos, proliferación de moscas, polvo y contaminación de pintura, sin señalar la fecha de ocurrencia de los hechos causantes de las afectaciones.

c) La magnitud de dicha falencia es tal que no señala de qué manera la legislación que cita ha sido infringida por el legítimo ejercicio de la actividad económica de su representada.

d) Finalmente en cuanto a la circunstancia de no haber sido oídas sus anteriores reclamaciones, ello no le es imputable.

III.- Respecto a la naturaleza del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

a) Tanto en Doctrina como Jurisprudencia existe debate sobre la naturaleza y alcance del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

b) Una postura señala que esta garantía no es más que una proyección del derecho relacionado a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, no con el derecho a la salud, así, si la afectación al medio ambiente implica un riesgo para la vida, integridad psíquica y física, no existiría una privación o perturbación o amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

c) Otra posición sostiene que tal derecho es diverso y distinto al derecho a la vida. Se refiere a una grave y comprobable afectación a la calidad de vida de la persona en relación al ambiente donde reside o desarrolla con habitualidad su vida. Por ende, afectaciones serias y comprobables o elementos que componen el medio ambiente como aire, agua, tierra, biosfera, paisajes, que constitucional que impliquen una disminución evidente o comprobable de la calidad de vida de la persona, implica un detrimento de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 8 de la Constitución, sin que sea necesaria que la persona vea afectada su vida, integridad física y psíquica o salud. Cualquiera sea la postura que se adopte sobre la citada garantía, el recurrente no ha expuesto con claridad ni ha acreditado como su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se ha visto afectado, lo que se explica porque en ningún momento su representada ha puesto en riesgo la vida, integridad física o psíquica o salud de la recurrente, ni mucho menos ha disminuido la calidad de vida de ésta en forma grave y comprobable.

Por todos los argumentos expuestos, solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

TERCERO: Que, informando don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana a fojas 82, señala que la recurrente solicitó a esa autoridad la fiscalización de la actividad ubicada en domicilio reservado, correspondiente a un taller mecánico de camiones, por supuestos ruidos molestos, polvo en suspensión y otras deficiencias sanitarias. Agrega que mediante ORD. N° 001640 de fecha 21 de febrero se le informó a la señora nombre reservado que atendida la nueva institucionalidad ambiental contenida en la Ley 19.300, modificada por Ley 20.417, la Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo encargado de la fiscalización, control y sanción de las materias referidas a emisión de ruidos. Hace presente que sin perjuicio de ello, con fecha 10 de enero de 2014, funcionarios fiscalizadores de esa institución, se constituyeron en el lugar denunciado, no constatando polvo en suspensión e iniciando sumario sanitario por infracciones constatadas referidas a incumplimientos del Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, aprobado por D.S. 594/99 del MINSAL. Adjunta a su informe copia de la sentencia sanitaria recaída en el sumario N° 361-2014, como asimismo actas de la fiscalización del lugar denunciado. Remite además ORD 000084/2014 que deriva el reclamo a la Superintendencia del Medio Ambiente.

CUARTO: Que a fojas 101 consta oficio ORD N° 1300/34/2014 emanado de la Municipalidad de Conchalí, suscrito por su Alcalde don Carlos Sottolichio Urquiza, quien en respuesta a lo consultado remite copia de diversos documentos que se señalan a continuación: 1.- Menorandum N° 349/2014 de fecha 5 de septiembre de 2014, agregado a fojas 91 que da cuenta de respuesta del Director de Aseo y Ornato don nombre reservado a doña nombre reservado, asesora jurídica, que señala que en dicho municipio no existe instrumental para medir ruidos. Informa además que se remitió ORD N° 1508/55 a la Superintendencia del Medio Ambiente, para obtener control de ruidos. En el punto 3 señala que con fecha 1 de octubre de 2013, fue fiscalizado GENCO, no comprobándose ruidos molestos por parte de la DIG, no registrándose a la fecha nuevos antecedentes 2.- A fojas 92 informe del Departamento del Medio Ambiente dependiente de la Municipalidad de Conchalí dando cuenta de los denuncios recibidos en en ese departamento por el recurrente de autos, haciendo presente que por instrucciones recibidas, estos fueron derivados solicitando fiscalización a la Superintendencia del Medio Ambiente.- 3.- A fojas 93 y 94 copias de reclamos presentados ante la I. Municipalidad suscritos por el señor nombre reservado dando cuenta de las molestias ocasionadas por la recurrida por ruidos molestos. 4.- Informe de Inspección suscrita por el Inspector nombre reservado Castro Espoz, el que en las observaciones consigna que se visitó la empresa “GENCO” ubicada en Las Industrias 2730 rol 204196 al día, con giro taller mecánico sin pintura ni desabolladura, pudiendo constatar que : Al momento de la visita, 1| de Octubre de 2013, no se perciben ruidos. Se fiscalizó todo el terreno encontrándose dentro del giro (mantención de camiones tolvas metálicas), para lo cual se ocupan esmeriles, soldadura oxigeno y latas manuales. El taller en sí está separado de los muros medianeros aproximadamente 5 metros de distancia y 30 metros aproximadamente hasta el fondo y 20 metros aproximadamente del portón frontal CONCLUSION: Es zona industrial, no obstante, se sugiere solicitar medición de ruidos. Se adjuntan fotografías de fojas 96 a 100.

QUINTO: Que a fojas 117 rola oficio ORD N° 1499 de fecha 26 de septiembre del presente emanado de la Superintendencia del Medio Ambiente que señala que en cuanto al recurso de protección deducido por don nombre reservado, cumple con informar que a la fecha no existen ante ese organismo ningún procedimiento administrativo o judicial en relación a la empresa GENCO S.A. relativo a los hechos materia del recurso en que esa Superintendencia sea parte.

SEXTO: Que, para la procedencia del recurso de protección se requiere, como requisito esencial, que quien lo intente, justifique la existencia de un derecho constitucionalmente protegido, el que ha sido objeto de perturbación o privación del legítimo ejercicio de dicho derecho. Para la procedencia del recurso de protección es indispensable establecer que el derecho que se invoca como vulnerado, él sea indubitado, esto es, claro en su origen y ejercicio, de modo que su interrupción constituya una perturbación o privación ilegítima que permita a la jurisdicción adoptar las medidas necesarias y urgentes para restablecer el imperio del derecho.

SEPTIMO: Que, conforme lo expuesto en el libelo de fojas 1, los actos arbitrarios e ilegales en que el recurrente funda su acción, dicen relación con diversos aspectos, siendo lo más relevante, los ruidos molestos realizados en la propiedad colindante con la suya, los que excederían con creces los decibeles permitidos, derivado de las actividades de taller mecánico de camiones tolva recolectores de basura que allí se realizan, vulnerándose, en su concepto, su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en sentido amplio, ya que las referidas actividades le afectan psíquica y físicamente, afectando su calidad de vida, derecho contemplado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política, a lo que agrega malos olores y proliferación de moscas, y polvo en suspensión, sin que la recurrida haya adoptado medidas de mitigación sobre el particular.

OCTAVO: Que, de los antecedentes allegados al proceso, tanto de los aportados por el recurrente como los recurridos o informantes, consta que el inmueble ubicado en domicilio reservado, fue arrendado por don nombre reservado en representación de la empresa GENCO S.A., encontrándose obligado, según la clausula 3 del contrato rolante a fojas 16 y siguientes, a destinarlo exclusivamente a Industria, bodega y base de operaciones para el giro comercial de la arrendataria; de igual forma, consta a fojas 23 que por Resolución N° 30634 de fecha 31 de mayo de 2011, el Departamento de Desarrollo Institucional de la SEREMI Región Metropolitana, informa favorablemente la solicitud N° 28469/11 en cuanto a la actividad de Taller de Reparación Mecánico de vehículos, sin desabolladura, sin pintura, taller de reparación mecánica de herramientas a desarrollarse en el local ubicado en Las Industrias N° 2730 comuna de Conchalí de propiedad de GENCO S.A.; a fojas 25 consta certificado presentado ante la I. Municipalidad de Conchalí por apertura de sucursal correspondiente al domicilio de la recurrida ; a fojas 51, copia de sentencia dictada en expediente N° 361/2014 del Departamento Jurídico de la SEREMI de Salud Metropolitana que en lo que al presente recurso concierne, da cuenta de haber efectuado con fecha el día 10 de enero del presente en el taller mecánico de camiones ubicado en Las Industrias N° 2730, visita inspectiva arrojando la misma infracciones de orden sanitario tales como extintores vencidos y sueltos, ausencia de tapas de wc, piso de duchas con óxido y filtraciones, aplicándose una multa de 10 UTM, la que fue pagada según consta en comprobante agregado a fojas 28; comprobante de pago de patente municipal de la recurrida de fojas 29: ORD N° 001640 de 21 de febrero de 2014 que en lo pertinente consigna en cuanto al reclamo por polvo en suspensión, que en visita realizada al domicilio domicilio reservado, no se constató dicha circunstancia; a fojas 55 consta Acta N° 0034232 de fecha 10 de enero, que da cuenta de la visita de inspección realizada y que dio origen a la multa ya referida que constata las deficiencias ya enunciadas; acta N° 0034240 de fecha 10 de enero del presente que da cuenta de haberse constituido en el inmueble de enfrente de la propiedad de la recurrida, dejándose constancia en lo pertinente que en el lugar no se perciben los hechos denunciados, refiriéndose a polvo en suspensión; Memorándum N° 349-2014 de la Dirección de Ornato y Aseo de la I. Municipalidad de Conchalí que en respuesta a requerimiento relacionado con estos hechos, señala que no existe instrumental en dicho municipio para efectuar medición de ruidos, informando además que se solicitó medición de los mismos a la Superintendencia del Medio Ambiente. En el punto 3 consigna que con fecha 1° de octubre de 2013, fue fiscalizada la empresa recurrida GENCO, no comprobándose ruidos molestos por parte de la DIG, no registrándose a la fecha nuevos antecedentes; a fojas 96 a 100 rolan fotografías de la industria recurrida, apreciándose en estas un recinto industrial, tipo taller con maquinaria diversa, encontrándose su centro de operaciones alejado de los cierres perimetrales, amplio, observándose camiones o vehículos de carga estacionados y un container cerrado de color verde, se observa limpio y ordenado.

NOVENO: Que, de esta forma no resulta comprobada la existencia de un derecho indubitado al que dar protección urgente, ni puede atribuirse ilegalidad o arbitrariedad a la conducta de la recurrida, máxime si ha seguido los procedimientos reglamentarios para obtener patente municipal, la que se encuentra con sus pagos al día, en una zona calificada como Industrial, apta para la empresa o industria allí instalada, no habiéndose constatado en sendas visitas inspectivas por los organismos pertinentes la existencia de los hechos en que funda la conculcación de su derecho, ni los ruidos excesivos, ni el polvo en suspensión, refrendado con las fotografías que dan cuenta de la distancia existente entre el taller mecánico cuestionado y las propiedades colindantes, lo que permite deducir que los ruidos que la actividad autorizada produce, no podrían razonablemente alcanzar los niveles de intolerables que el recurrente alega, sin que prueba alguna rindiere sobre dicho punto, razones todas que llevan a estos sentenciadores a rechazar la presente acción , que en esencia está destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, enumerados en el citado artículo 20 de la Constitución Política, mediante la adopción de medidas de resguardo, que son procedentes de adoptar ante un acto arbitrario o ilegal, que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, cuyo no es el caso.

DECIMO: Que, por otra parte, dada la forma en que ha sido planteado el presente recurso, el recurrente no ha señalado cómo habrían sido vulneradas la garantía constitucional a que hace referencia, específicamente por parte del recurrido, en qué consistiría específicamente la arbitrariedad o ilegalidad que reclama, y las medidas a adoptar al respecto, razón suficiente para desestimar, a mayor abundamiento, el recurso planteado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 11, en contra del la empresa GENCO S.A. legalmente representada por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra suplente señora Toro.

Protección Nº 46.548-2014.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Gloria Solís Romero, conformada por la Ministra suplente señora Viviana Toro Ojeda y el Abogado Integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a diez de octubre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.

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