nombre reservado con DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE

Santiago, veintiuno de abril de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en lo principal de fojas 1 comparece nombre reservado y Rodolfo Caballero Muñoz, ambos en representación de las personas que se singularizan en el recurso, todos jubiladas y jubilados de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile. Los apoderados deducen acción constitucional de protección en contra del Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile, don Claudio Arturo Veloso Martinez, exponiendo que ha incurrido en acciones ilegales y arbitrarias al dictar las resoluciones fechadas entre el 12 y el 17 de diciembre de 2013, que se singularizan en el recurso, en las que se niega lugar a la petición hecha por los recurrentes en orden a que se procediera a reliquidar sus pensiones de jubilación. Abundando sobre el sentido de la petición, los abogados de los recurrentes explican que sus representados fueron funcionarios de Carabineros de Chile y estuvieron originalmente regidos por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior, que, en lo atingente al recurso, reguló los beneficios del personal Civil de Carabineros, asimilándolos en remuneraciones y beneficios al personal de Fila de la misma institución, al consagrar una escala única de categorías y grados. Con posterioridad, el Decreto Ley Nº 805, de 1974, cambió esta situación contemplando diferencias de grados y remuneraciones entre el personal de Fila y el Personal Civil, las que se tradujeron en límites que perjudicaban ostensiblemente a esta última categoría de funcionarios. Finalmente, la Ley Nº 18.961, de 1989, restableció en su articulo 6º la equiparidad de categorías y grados entre ambos tipos de funcionarios de la institución, agregando, en el articulo 3º (la cita correcta es articulo 33), que el personal de Carabineros tiene derecho al sueldo asignado al grado de su empleo y demás beneficios o remuneraciones adicionales que correspondan.

Añaden los apoderados de los recurrentes, que todas las resoluciones dictadas en respuesta a la petición, salvando los datos particulares de cada uno de los peticionarios, son del mismo tenor: sin explicar las razones de fondo por las que se niega lugar a lo solicitado, sin considerar la especial situación de cada uno de los recurrentes y por último, obviando el mandato legal de volver a asimilar al personal Civil con el de Fila, las resoluciones se limitan a señalar que los recurrentes habrían realizado su carrera funcionaria antes de la vigencia de la Ley Nº 18.691. Además –añaden los patrocinantes del recurso- las resoluciones incurren en ilegalidad y arbitrariedad, toda vez que argumentan que los derechos que se pretenden estarían prescritos, citando al efecto el articulo 93 de la ley 18.961 y en todo caso la acción para impetrar el pago de las diferencias de pensiones que pudiera haberse producido, caducada, de conformidad al articulo 132 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1968. Sin embargo, se omite en los pronunciamientos, que los plazos de caducidad que invoca no se aplican a las reliquidaciones o modificaciones de las respectivas pensiones. A continuación fundamentan el recurso aduciendo en torno a la inaplicabilidad de las normas de prescripción del Código Civil para las reliquidaciones de pensiones por errónea aplicación de las normas atingentes o errores de cálculo. Como argumento de texto, citan el articulo 4º de la ley 19.260, que considera que “en todo caso” –lo cual significa no sólo en los regímenes previsionales fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social- las mensualidades correspondientes a pensiones que señala y que no hayan sido solicitadas dentro de dos años contados desde la fecha en que ocurriere el hecho causante del beneficio, sólo se pagarán desde la fecha de presentación de la de la solicitud respectiva.

En relación a las garantías constitucionales que se habrían vulnerado por el recurrido, señalan que se habría afectado la garantía de la igualdad ante la ley (articulo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República), la garantía contenida en el articulo 19 Nº 16 inciso 3º de la Carta Fundamental, en cuanto prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Invoca también como garantía afectada la que consagra el artículo 12º de la Constitución Política de la Republica, en cuanto señala que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Fundamentan los recurrentes aduciendo que en este caso en particular, habría existido un trato discriminatorio y atentatorio contra la dignidad de los recurrentes, desde que, con la conducta del recurrido, se les ha privado de la posibilidad de obtener un ajuste de su pensión que les habría permitido vivir con mayor dignidad en los años que les quedan. Añaden que se ha vulnerado además la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrada en el articulo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental pues se ha afectado el dominio sobre el derecho a la asimilación dispuesta por la ley 19.861 y, finalmente, que se ha infringido la garantía prescrita en el articulo 19 Nº 22 del mismo cuerpo normativo, que considera la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica; toda vez que con la conducta del recurrido, al dictar las resoluciones que se señalan, ha establecido una discriminación arbitraria en materia económica en desmedro de los recurrentes, al privárseles de parte de su pensión de jubilación.

En definitiva, los apoderados de los recurrentes solicitan se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra del Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile, don Claudio Arturo Veloso Martinez, en razón de la ilegalidad y arbitrariedad que implica la dictación de las resoluciones singularizadas en el recurso, se acoja en recurso y se ordene al recurrido antes singularizado a dictar las resoluciones pertinentes en las que se reconozca respecto de los recurrentes la equivalencia de grados con el personal de Fila y se ordene reliquidar sus pensiones de jubilación, con costas.

SEGUNDO: Que, a fojas 22, el señor Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile evacua el informe de rigor, señalando en primer lugar que no se ajusta a la realidad la afirmación contenida en el recurso en orden a no haber estado motivadas las Resoluciones Exentas en las que se niega lugar a lo solicitado por los recurrentes, pues en cada caso se explican fundadamente los motivos de la decisión. Precisa que en ellas se resuelve negar lugar a las pretensiones de los solicitantes en razón de haber desarrollado, todos ellos, su carrera funcionaria, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 18.961, de haber presentado con anterioridad recursos de protección sobre la misma materia y por haber trabajado con posterioridad al 30 de diciembre de 1989, bajo las normas del Código del Trabajo, es decir, no siendo aplicables por dicho lapso la ley Nº 18.961 y encontrarse, además, sus derechos prescritos. Precisa que, tratándose de tres de los recurrentes, hay un motivo especial adicional para no dar lugar al beneficio impetrado, cual es el haber interpuesto con anterioridad la acción de protección demandando el encasillamiento previsto por el articulo 6º inciso final de la ley Nº 18.961. A mayor abundamiento, añade el recurrido, tratándose de los Oficiales 3º de Secretaria, Hermógenes Fez Reyes y nombre reservado, a través del recurso de protección rol Nº 2627-2008, exigieron la equivalencia solicitada nuevamente al General Director con su presentación de fecha 9 de septiembre de 2013, pretensión que fue satisfecha por haberse acogido la acción constitucional interpuesta, lo que se materializó en la Resolución Nº 10, de 2009, de la Dirección General de Carabineros, que reconoce beneficios a personal civil de nombramiento supremo en situación de retiro, encontrándose ambos recurrentes entre los beneficiados. Por tal motivo, en las Resoluciones Exentas Nº 2236 y 2243, ambas de 16 de diciembre de 2013, se les explica a los dos citados recurrentes, que no es factible acoger su solicitud en razón de haber efectuado la totalidad de su carrera funcionaria antes de la entrada en vigencia de la ley Nº 18.961 y, además, por haberse ya reconocido a su respecto la totalidad de beneficios y derechos que nuevamente demandan y que les fueron oportunamente pagados. Añade que, respecto de don nombre reservado, cabe dejar constancia que ya había recurrido de protección, expediente rol Nº 2677-2010, arbitrio que no fue acogido por la Excma Corte Suprema.

En cuanto al fondo de la acción constitucional ejercida, el Sr. Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile explica que ninguno de los recurrentes tiene derecho a aquella equivalencia que pretenden les sea reconocida; y que en su acción se limitan a expresar que Carabineros debe aplicarles el articulo 6º inciso final de la Ley Nº 18.961, sin especificar el período en que dicha equivalencia les debería ser aplicada, ni en qué porcentajes, grados económicos o jerárquicos. Además, al haber desarrollado la totalidad de los recurrentes su carrera funcionaria y haberse acogido a retiro con anterioridad a la vigencia de dicho texto legal, conforme al articulo 93 de la misma ley, no tienen derecho a que sus disposiciones les sean aplicables a aquel periodo en que estuvieron en servicio activo, por cuanto la ley N 18.961 no contempla un efecto retroactivo. Además –explica el recurrido- ello resulta coherente con una interpretación armónica del articulo 6º con el articulo 33 de la Ley Nº 18.961, pues el inciso final del primer articulo citado, utiliza la fórmula verbal “ocupará”, es decir, hace sólo extensivo hacia futuro la asimilación del personal Civil al personal de Fila en cuanto a ocupar plazas de grado equivalentes y agruparse en sus respectivos escalafones. Agrega el recurrido que, aún de tener derecho a los beneficios impetrados, éstos se habrían hecho exigibles con la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.961, tal como lo prescribe el articulo 93 de dicho texto legal o, en su caso, desde la fecha de ingreso a la institución para aquellos casos en que tal ingreso hubiere ocurrido con posterioridad, quedando, dadas las circunstancias, todos los casos cubiertos por la prescripción extintiva contemplada en el articulo 2515 del Código Civil que establece un plazo máximo de cinco años para exigir el derecho que supuestamente les asistiría. Añade que debe además tenerse en consideración el articulo 132 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1968, precepto que, en su inciso segundo, regula la caducidad respecto de las diferencias de pensiones que se pretenden por los actores de protección, contemplando un plazo de un año para efectuar cualquier acrecimiento o modificación de las pensiones, contado desde el momento en que se hicieron exigibles. Concluye el recurrido señalando que, al existir en nuestro ordenamiento jurídico texto expreso que regula estas materias, resulta improcedente la invocación de legislación comparada como lo hacen los abogados de los actores. En definitiva, no existiría ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria, desde que efectivamente la Institución dio respuesta a la solicitud de cada uno de los recurrentes, en la que, fundadamente, se les explicó por qué motivo no tienen derecho al beneficio que pretenden; y, el no haber obtenido el resultado esperado no los hace acreedores de los derechos a cuyo reconocimiento aspiran mediante este arbitrio constitucional.

En otro acápite, el recurrido explica las razones por las cuales la acción de protección no es el procedimiento regular para impetrar los beneficios económicos que se invoca por los recurrentes, sino que lo es un juicio de lato conocimiento. Ello, en primer lugar, porque un eventual acogimiento del recurso implicaría un pago que debería ser calculado retroactivamente, lo cual no puede ser resuelto a través de la presente acción cautelar. Además, sólo en un procedimiento judicial de lato conocimiento pueden las partes formular alegaciones o defensas y rendir pruebas de un modo que no es permitido en este arbitrio constitucional; más aun en este caso, en que el supuesto derecho invocado por los recurrentes no es indubitado en modo alguno sino que se encuentra controvertido en varios aspectos. Resulta imposible, en una acción constitucional como la presente, de carácter extraordinario y cuyo preciso objeto es amparar derechos claros e indubitados, dirimir la procedencia improcedencia de la prescripción de una acción o debatir la aplicación y alcance de una determinada norma, pues ambos son temas que requieren de una discusión lata.

En relación a las garantías constitucionales supuestamente vulneradas, explica el recurrido que ninguna de las Resoluciones Exentas invocadas en el recurso han afectado en modo alguno los derechos y garantías que supuestamente estarían siendo afectadas. En efecto, no se les puede dar a los recurrentes un trato distinto a aquellos otros funcionarios en retiro que tampoco han sido encasillados, justamente, por no cumplir con los requisitos para ello. Y en dos casos, ya aludidos, se procedió a encasillarlos en cumplimiento de fallos judiciales, por lo que resulta absolutamente improcedente volver a encasillarlos y darles un beneficio que ya lograron en su oportunidad. Finalmente, agrega que en modo alguno se afecta el derecho de propiedad pues los recurrentes gozan de la pensión concedida conforma a las normas legales aplicables a la sazón y la expectativa de ser encasillados conforme a una norma que no estaba vigente durante el desarrollo de su carrera funcionaria no puede en modo alguno significar un derecho de propiedad.

En conclusión, el Director recurrido señala que con su actuar no ha vulnerado en caso alguno las garantías constitucionales reclamadas mediante este arbitrio constitucional, motivo por el cual considera que la acción cautelar debe ser rechazada.

TERCERO: Que el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales garantizados por la Carta Fundamental frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o particulares. Sus presupuestos son, por lo tanto: a) que haya existido una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como efecto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en el articulo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que analizados los antecedentes de la materia en que incide el presente recurso, aparece que éste excede los márgenes a que habilita el articulo 20 de la Carta Fundamental, desde que, bajo el supuesto de considerar una determinada posición jurídica como ilegal o arbitraria, se llama a este Tribunal a examinar un asunto que debe ser resuelto en un juicio de lato conocimiento y ante el juez natural. En efecto, más allá de los antecedentes fácticos, existe una controversia entre partes en lo referente a la interpretación de determinadas normas legales, su eventual aplicación retroactiva, la procedencia o no de la caducidad de aquellos derechos cuyo reconocimiento se pretende, e incluso la eventual aplicabilidad de las normas sobre prescripción al caso en estudio.

QUINTO: Que, en suma, en este caso, se está en presencia de una disparidad de criterios de interpretación de determinadas normas jurídicas y de los presupuestos en los que resulta aplicable el beneficio consagrado en el articulo 6º de la Ley Nº 18.961. En este orden de ideas, no se divisa ninguna razón para que esta controversia pueda ser conocida mediante el presente arbitrio jurisdiccional y no, en cambio, otras similares, si bien referidas a otras normas legales, en circunstancias que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha descartado uniforme y reiteradamente que el recurso de protección pueda ser usado como un sustituto jurisdiccional.

SEXTO: Que de las argumentaciones de los recurrentes se deduce que la pretensión no es solamente obtener que se ordene dictar una resolución de encasillamiento, sino que, además, se ordene la eventual reliquidación de las pensiones, envolviendo esta última aspiración consecuencias patrimoniales en las que deberá analizarse la procedencia de la prescripción. Ello reafirma la necesidad de un debido proceso que incluya la oportunidad de plantear defensas y excepciones y de debatir acerca de las distintas opciones de interpretación normativa; de lo que se desprende que la materia sometida a la consideración de este tribunal deberá ser sometida al procedimiento de lato conocimiento que corresponda y ante el Tribunal natural, por lo que este recurso no podrá prosperar como se dirá en lo resolutivo de este pronunciamiento jurisdiccional.

SEPTIMO: Que por lo expresado precedentemente y al rechazarse el recurso de protección por los motivos señalados, resulta improcedente hacerse cargo de las demás alegaciones hechas por el recurrido.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de fojas 1, sin costas.

Regístrese y archívense estos autos en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante José Miguel Lecaros Sánchez Nº 4654-2014.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Dahm Oyarzún e integrada por la Ministra señora Pilar Aguayo Pino y por el abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez.