Protección contra Alcalde de la Municipalidad de Santiago

Santiago, dos de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO:

PRIMERO: Que con fecha 30 de junio de este año comparecen doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, todos apoderados del Liceo Miguel Luis Amunátegui, quienes interponen recurso de protección en contra del Alcalde de la Municipalidad de Santiago, don Felipe Alessandri Vergara, solicitando a esta Corte, en síntesis, que se ordene a dicha autoridad dejar sin efecto el término anticipado del semestre, el cierre del establecimiento educacional y la reubicación de los estudiantes en el Liceo Comercial Gabriel González Videla, disponiendo la reanudación de las clases en el recinto escolar de todos los alumnos y cualquier otra medida que se estime conducente por esta Corte, a objeto de restablecer y proteger los derechos fundamentales que se acusan vulnerados, con costas.

Para fundar su recurso exponen, en resumen, que el 6 de junio pasado se realizó por parte de los estudiantes del Liceo Miguel Luis Amunátegui, una “toma” del establecimiento y que, en dicho contexto, la madrugada del día 16 de ese mismo mes se produjo un incendio en la sala de profesores.

Sostienen que a raíz de lo anterior, el día 18 de junio el Alcalde recurrido, sostenedor del liceo, dio a conocer a la comunidad escolar y a la opinión pública la resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Metropolitana que “autoriza la suspensión total de clases sin recuperación, para el establecimiento educacional Liceo Municipal Miguel Luis Amunátegui, RBD 8490-5, de la comuna de Santiago, desde el día 11 de junio hasta el día 13 de julio de 2018, inclusive…”.

Indican que la citada decisión se fundó, entre otras consideraciones, en las “consecuencias de un incendio que afectó a su infraestructura y mobiliario el día 16 de junio pasado”.

Agregan que mediante declaración pública de esa misma fecha el Alcalde comunicó que los setecientos alumnos del liceo serían reubicados en otro establecimiento de Santiago para que pudiesen terminar el año escolar sin problemas, dado que no se alcanzarían a hacer las reparaciones en el recinto durante las vacaciones de invierno.

Puntualizan que esta decisión de la autoridad municipal es arbitraria e ilegal, por cuanto ha provocado un grave perjuicio a los estudiantes del establecimiento educacional, los que se encuentran enfrentados a la incertidumbre respecto al término de su año escolar, como asimismo a su disgregación como comunidad, al ser informados que “serán reubicados en otros establecimientos de Santiago”. Añaden sobre el particular que con fecha 29 de junio de 2018, el Subdirector de Educación de la Municipalidad, don nombre reservado, informó públicamente que los estudiantes serían reubicados en el Liceo Comercial Gabriel González Videla.

Sostienen, básicamente, que la decisión del Alcalde, corroborada por el Subdirector de Educación, fundada en la resolución de la SEREMI, es arbitraria e ilegal, por cuanto no tiene efectivo asidero en las condiciones reales del establecimiento, dado que cuestionan la envergadura de los daños, el tiempo de reparación y el presupuesto requerido para ello; y porque ha provocado graves consecuencias al estudiantado en distintas áreas académicas, las que pormenorizan.

Expresan, finalmente, que la recurrida ha incurrido en una conducta ilegal y arbitraria que afecta las garantías contenidas en los numerales 2°, 6°, 10°, 15° y 24°del artículo 19 de la Carta Fundamental, vulnerando la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, el derecho a la educación, el derecho de asociarse sin permiso previo y el derecho de propiedad;

SEGUNDO: Que mediante resolución de fecha 4 de julio de este año, se declaró admisible el recurso interpuesto y se requirió el informe de rigor a la institución recurrida y a la Secretaría Regional Ministerial de Educación;

TERCERO: Que el día 10 de julio del año en curso evacua informe don nombre reservado, Jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago, quien, en torno a los hechos que generaron la actual situación del Liceo Miguel Luis Amunátegui, expresa que tras constatar personalmente el Alcalde el día del siniestro, los daños provocados en el lugar, el mismo día 16 de junio y, luego, los días 18 y 19 de ese mes, compareció al lugar personal del Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación de la Municipalidad, con el objeto de tener una aproximación a los deterioros ocasionados por el incendio y “la toma” de éste, informando preliminarmente graves perjuicios en el establecimiento, conclusiones que transcribe.

Añade que a consecuencia de lo anterior, la Dirección de Educación del Municipio efectuó presupuestos estimativos de los daños ocasionados tanto por “la toma” del liceo, como por el incendio producido durante ésta, los que ascendieron a $353.955.313, de los cuales $336.272.883, corresponden a la reparación del inmueble y los $17.682.430 restantes, a la reposición del mobiliario destruido.

Agrega que con posterioridad y debido al peligro para la seguridad de los alumnos, docentes y funcionarios del Liceo Miguel Luis Amunátegui, el Departamento de Prevención de Riesgos de la Municipalidad inspeccionó las dependencias afectadas, declarando en un informe de evaluación de riesgos que el lugar siniestrado presenta condiciones de riesgo no controladas que generan situaciones de peligro para la comunidad escolar; que el establecimiento no se encuentra en condiciones sanitarias y de orden para su habilitación inmediata; que las mejoras necesarias para su habilitación deberán dar cumplimiento a la normativa vigente y ser realizadas por personal calificado; y que el recinto no se encontraba apto para ser habitado por la comunidad educativa ya que carece de condiciones mínimas de higiene y seguridad.

Hace presente que, por su parte, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) mediante Informe Técnico N° 1505337, de verificación de condiciones físicas, de fecha 20 de junio de 2018, observó numerosos daños que detalla, lo que corrobora las conclusiones del informe anteriormente citado.

Argumenta, enseguida, que en razón de todo lo indicado, la Dirección de Educación Municipal solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación disponer la suspensión indefinida de clases en el Liceo Miguel Luis Amunátegui, fundada en la obligación legal del sostenedor, consagrada en la Ley 20.370, de resguardar los derechos de los padres y alumnos y propender a asegurar la calidad de la educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello, lo que se tradujo en la dictación de la Resolución Exenta N° 2427, de 18 de junio de 2018, de la referida SEREMI, por la cual se autorizó la suspensión total de clases, sin recuperación, desde el 11 de junio al 13 de julio.

Afirma, a continuación, que no es efectivo que se decretó el cierre del establecimiento y la reubicación de los alumnos en el Liceo Comercial Gabriel González Videla, sino que dicho establecimiento sólo se trasladará físicamente a dicho lugar, sin dejar de existir como Liceo Miguel Luis Amunátegui, prestando el servicio educativo a sus alumnos en la jornada comprendida entre las 14:00 y las 20:15 horas. Explica que esta decisión se apoya en la imposibilidad de realizar clases y otras actividades al interior del recinto de Agustinas N° 2918 y teniendo presente, además, la obligación que impone a la Municipalidad el artículo 10 letra f) de la Ley 20.370, el artículo 184 del Código del Trabajo y los artículos 36 y 37 del Decreto Supremo N° 594, del año 2000, del Ministerio de Salud.

Luego de todo lo anterior, alega la falta de legitimación pasiva del Alcalde, toda vez que la decisión de suspender indefinidamente las clases en el Liceo Miguel Luis Amunátegui no emana de él, sino de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la cual lo dispuso mediante Resolución Exenta N° 2427, de 18 de junio de 2018, al amparo de lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley 20.370 y 10 del Decreto Supremo N° 289, de 2010.

Contradice, enseguida, la existencia de algún acto ilegal o arbitrario emanado de la autoridad recurrida, la cual sustenta su decisión de cambio físico del lugar en donde funcionara temporalmente el Liceo Miguel Luis Amunátegui en los artículos 10 letra f) de la Ley 20.370, 184 del Código del Trabajo y 8° bis del Estatuto Docente.

En este mismo orden de ideas, refuta la existencia de vulneración o amenaza a las garantías fundamentales denunciadas y solicita el rechazo del presente arbitrio, con costas;

CUARTO: Evacuando, a su vez, la Secretaría Ministerial de Educación el informe que le fue requerido por esta Corte, señala sucintamente que a través del oficio ordinario N° 460, de 18 de junio de este año, la Directora de Educación de la Municipalidad de Santiago solicitó a dicha institución autorizar la suspensión indefinida de clases, respecto del Liceo Miguel Luis Amunátegui, atendidos los daños ocasionados a la infraestructura del establecimiento durante su “toma” por parte los estudiantes.

Explica que una vez analizados los antecedentes acompañados por la sostenedora, mediante Resolución Exenta N° 2427, de 18 de junio de 2018, se autorizó la suspensión de clases entre los días 11 de junio y 13 de julio del año en curso.

Indica que posteriormente y a raíz de los deterioros que presenta el inmueble, por Resolución Exenta N° 3337, de 7 de agosto de este año, se aprobó el traslado temporal del Liceo Miguel Luis Amunátegui a las dependencias del Liceo Comercial Gabriel González Videla;

QUINTO: Que a través de resolución de fecha 13 de agosto del año en curso, se ordenó traer los autos en relación. El día 21 de agosto se procedió a la vista de la causa, escuchándose la intervención oral de los apoderados de la recurrente y de la recurrida;

SEXTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

SÉPTIMO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

OCTAVO: Que, ahora bien, tal como se colige del clarísimo tenor del libelo pretensor, lo cierto es que los recurrentes fundan su denuncia de infracción de derechos fundamentales en determinados actos -en su estima ilegales y arbitrarios-, que imputan a la autoridad recurrida, los que básicamente y teniendo en consideración lo pedido a través del presente arbitrio, consistirían en haber dispuesto el término anticipado del primer semestre educativo del Liceo Miguel Luis Amunátegui; el cierre del establecimiento educacional; y la reubicación de los estudiantes en dependencias del Liceo Comercial Gabriel González Videla;

NOVENO: Que previo a entrar a conocer del fondo del asunto es necesario esclarecer la actual situación jurídica del establecimiento educacional Liceo Miguel Luis Amunátegui.

En la labor propuesta, lo cierto es que de los antecedentes allegados al expediente por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana es posible concluir que por Resolución Exenta N° 2427, de 18 de junio de 2018, se autorizó por dicha autoridad la suspensión de clases entre los días 11 de junio y 13 de julio del año en curso y que, posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 3337, de 7 de agosto de este año, la misma institución aprobó el “traslado temporal” del Liceo Miguel Luis Amunátegui a las dependencias del Liceo Comercial Gabriel González Videla.

Luego, no es efectivo el reproche que se asienta en el supuesto “cierre” del Liceo Miguel Luis Amunátegui. El establecimiento en cuestión no ha dejado de existir como tal y únicamente se ha trasladado físicamente durante este segundo semestre educativo a las dependencias del Liceo Comercial Gabriel González Videla, ubicadas en domicilio reservado, de la comuna de Santiago, prestando el servicio educativo a sus alumnos en la jornada comprendida entre las 14:00 y las 20:15 horas;

DÉCIMO:

Que, ahora bien, descartada la veracidad de la referida refutación, en lo que dice relación con los otros dos reproches que se hacen al Alcalde de la Municipalidad de Santiago, por haber dispuesto el término anticipado del primer semestre educativo del Liceo Miguel Luis Amunátegui y la reubicación de los estudiantes en el Liceo Comercial Gabriel González Videla, habiendo alegado dicha autoridad la falta de legitimación pasiva respecto de la acción cautelar impetrada, deberá indudablemente otorgársele razón respecto a tal moción.

En efecto, tales decisiones no fueron adoptadas por él sino por la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana en uso de las facultades legales que le son propias, a través de las Resoluciones Exentas N°s 2427, de 18 de junio de 2018 y 3337, de 7 de agosto de este año, de modo que esa sola constatación amerita desestimar por ese solo hecho el recurso en análisis.

UNDÉCIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, para el evento que lo pretendido sea impugnar como ilegal la iniciativa de tales decisiones, pues resulta efectivo que más allá de los motivos fácticos y jurídicos que las sustentan, las mismas se adoptaron a requerimiento inicial de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, deberá igualmente rechazarse la presente acción constitucional, pues las actuaciones de la recurrida se han apegado estrictamente al marco legal que le impone al Alcalde el deber de velar por la protección de la vida, integridad y salud de los alumnos, docentes y demás funcionarios y trabajadores del Liceo Miguel Luis Amunátegui, al interior del establecimiento y por la continuidad del servicio educacional durante el año escolar, de conformidad a lo previsto en los artículos 10 letra f) de la Ley 20.370, 184 del Código del Trabajo, 8° bis del Estatuto Docente y 36 y 37 del Decreto Supremo N° 594, del año 2000, del Ministerio de Salud.

Por otra parte, tampoco se advierte arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto no ha sido el capricho el motivo de las peticiones efectuadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, sino el hecho cierto de que la madrugada del 16 de junio de este año se produjo un incendio al interior del Liceo Miguel Luis Amunátegui, el que más allá de cualquier tipo de cuestionamientos fácticos, produjo daños que fueron evaluados de gravedad al menos por el Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación de la Municipalidad, por el Departamento de Riesgos de dicha entidad y por la Asociación Chilena de Seguridad;

DUODÉCIMO: Que, en estas condiciones, el presente arbitrio deberá necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por apoderados del Liceo Miguel Luis Amunátegui en contra del Alcalde de la Municipalidad de Santiago, sin costas.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 46.477-2018.- No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la Ministra (s) señora Merino, por ausencia.

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