nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, chileno, ex teniente de Carabineros de Chile, interpone recurso de protección en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile, representada por su General Director, don nombre reservado, impugnando la Resolución Exenta N° 922, de 26 de diciembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido contra la Resolución Exenta N° 798, de 13 de noviembre de 2025, mediante la cual se denegó su solicitud de reincorporación al servicio activo de 25 de marzo de 2025.

Sostiene que dicho acto es ilegal y arbitrario y que vulnera las garantías contempladas en los numerales 2°, 16° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 15 de octubre de 2023, mientras se encontraba de franco, se produjo en su domicilio de la comuna de Paine un incidente de carácter familiar con quien entonces era su pareja, originado en un conflicto doméstico que derivó en un forcejeo mutuo y daños materiales.

Afirma que los hechos ocurrieron enteramente al margen de sus funciones policiales, sin uso de uniforme, armamento, vehículo fiscal ni prerrogativas institucionales. A raíz del incidente concurrió personal policial y se levantó el Parte Policial N° 1397, remitiéndose los antecedentes al Ministerio Público.

Indica que la investigación penal tramitada ante la Fiscalía Local de San Bernardo concluyó con la decisión del Ministerio Público de no perseverar, sin que se formulara acusación ni se dictara condena en su contra.

Paralelamente, Carabineros de Chile instruyó un sumario administrativo para determinar si los hechos acontecidos en su vida privada constituían una infracción a los deberes funcionarios y afectaban la imagen institucional.

Mientras dicho procedimiento se encontraba pendiente, la Subsecretaría del Interior dictó el Decreto Exento RA N° 280/2744/2023, de 2 de diciembre de 2023, disponiendo su retiro temporal del servicio activo. Sostiene que aquella medida tenía carácter preventivo, cautelar y transitorio, pues se encontraba condicionada al resultado del sumario administrativo y no constituía una sanción disciplinaria ni una exclusión definitiva de la institución.

Concluido el sumario, el fiscal administrativo emitió dictamen de 20 de noviembre de 2024, proponiendo la aplicación de un día de arresto. Posteriormente, mediante la Resolución Exenta N° 382, de 1 de agosto de 2025, se le impuso formalmente la sanción de un día de arresto con servicios, la que fue cumplida íntegramente. Contra esa decisión dedujo recurso jerárquico el 3 de septiembre de 2025, el cual fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° 122, quedando firme y agotada la vía disciplinaria.

Explica que, encontrándose en retiro temporal, presentó el 24 de marzo de 2025 una solicitud formal de reincorporación al servicio activo de Carabineros de Chile, la que fundó en que no existía condena penal en su contra, el sumario administrativo había concluido con una sanción menor y no expulsiva, y había cumplido íntegramente las consecuencias disciplinarias impuestas.

Durante el procedimiento de reincorporación se le requirió presentar antecedentes personales, médicos y legales, documentación que entregó completamente el 26 de mayo de 2025.

Afirma que todos los informes técnicos elaborados durante el proceso fueron favorables a su reincorporación. En particular: El Informe Psicolaboral P.6 concluyó que se encontraba apto y que su condición psicológica era compatible con las exigencias del servicio policial; su jefe directo, el Comisario de la 62ª Comisaría de San Bernardo, informó favorablemente sobre su desempeño, responsabilidad e idoneidad profesional, y; la Dirección Nacional de Personal, mediante el Oficio N° 1.525, de 13 de octubre de 2025, indicó que no existían inconvenientes administrativos, reglamentarios ni funcionales para acceder a su reincorporación.

Sostiene que dichos antecedentes acreditaban de manera convergente su aptitud psicológica, profesional y administrativa para retornar al servicio activo.

Expone que, no obstante, los informes favorables, el General Director de Carabineros dictó la Resolución Exenta N° 798, de 13 de noviembre de 2025, rechazando su reincorporación.

Afirma que dicha resolución se fundó genéricamente en las facultades discrecionales de la autoridad y en consideraciones de conveniencia institucional, sin analizar individualmente su situación ni explicar por qué se apartaba de los informes técnicos recabados por la propia institución.

Agrega que la resolución tampoco identificó hechos nuevos, riesgos actuales ni circunstancias sobrevinientes, sino que se remitió a los acontecimientos del año 2023, ya investigados en sede penal y administrativa y sancionados con una medida disciplinaria menor.

Aclara que la Resolución Exenta N° 798 le fue notificada personalmente el 24 de noviembre de 2025. En su contra interpuso recurso de reposición el 1 de diciembre de 2025, mediante Oficio N° 103-2025, alegando falta de motivación, ejercicio arbitrario de la potestad discrecional y desviación de poder. En dicha impugnación sostuvo que la negativa desnaturalizaba el retiro temporal y lo transformaba en una sanción expulsiva encubierta, pues el procedimiento disciplinario había terminado con una sanción no expulsiva, firme y cumplida.

Indica que mediante la Resolución Exenta N° 922, de 26 de diciembre de 2025, notificada el 8 de enero de 2026, el General Director resolvió “no ha lugar” al recurso de reposición y confirmó íntegramente el rechazo.

Según señala, esta última resolución reiteró que la reincorporación constituía una facultad discrecional y privativa del General Director y que los informes técnicos no eran vinculantes. Asimismo, volvió a fundarse en la gravedad ética de los hechos ocurridos en 2023, calificándolos como una conducta reprochable que alteraba gravemente el régimen institucional.

El recurrente sostiene que la Resolución Exenta N° 922 constituye un acto administrativo terminal y que infringe los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, por carecer de una fundamentación suficiente y congruente.

Alega que la resolución no explica las razones concretas por las cuales desestima los informes técnicos favorables, ni identifica antecedentes objetivos que justifiquen concluir que su reincorporación sería inconveniente para los intereses institucionales.

Sostiene, además, que existe desviación de poder, porque la facultad de reincorporación, destinada a evaluar la aptitud actual del funcionario, habría sido utilizada para reiterar un reproche disciplinario ya agotado y producir una consecuencia materialmente expulsiva.

Afirma que la decisión desconoce el agotamiento de la potestad disciplinaria y la preclusión administrativa, pues los hechos de 2023 ya fueron calificados y sancionados mediante un procedimiento regular que concluyó con un día de arresto con servicios.

También denuncia infracción al principio de non bis in idem, al concurrir identidad de sujeto, hecho y fundamento. Explica que tanto el sumario administrativo como la negativa de reincorporación se refieren al mismo funcionario, se fundan en el episodio de 15 de octubre de 2023 y responden a un reproche ético y disciplinario respecto de esa conducta.

En el mismo sentido, invoca el artículo 13 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, que establece que los hechos constitutivos de una misma falta deben ser castigados por un solo superior y con una sola sanción disciplinaria, así como el artículo 84 ter de la Ley N° 18.961, conforme al cual la responsabilidad administrativa se extingue por el cumplimiento de la sanción.

Sostiene que la resolución es arbitraria, porque existe una contradicción entre los antecedentes del expediente y la decisión adoptada. Señala que los informes psicológicos, jerárquicos y administrativos acreditaron su aptitud, pero la autoridad concluyó, sin aportar antecedentes técnicos contrarios, que su reingreso era inconveniente.

Añade que la discrecionalidad administrativa no autoriza a decidir sin fundamentos, pues incluso las decisiones discrecionales están sometidas a la legalidad, la racionalidad, los hechos determinantes y el deber de motivación.

Respecto de la igualdad ante la ley, sostiene que fue sometido a una diferencia de trato arbitraria, porque, pese a cumplir las exigencias técnicas y de idoneidad, se le aplicó un estándar subjetivo de conveniencia institucional que no habría sido utilizado respecto de otros funcionarios en condiciones equivalentes.

En cuanto a la libertad de trabajo, afirma que la Constitución prohíbe toda discriminación que no se funde en la capacidad o idoneidad personal. Alega que su aptitud psicológica, profesional y administrativa fue reconocida por los propios órganos especializados de Carabineros, por lo que la negativa respondería a factores ajenos a su capacidad para ejercer el cargo.

Finalmente, respecto del derecho de propiedad, sostiene que posee un derecho incorporal sobre su empleo, grado, antigüedad, carrera funcionaria y remuneraciones. Afirma que la negativa de reincorporación lo priva de dichos derechos sin existir una causal legal de cesación ni una sanción disciplinaria expulsiva.

Solicita que el recurso sea acogido y que se declare que la Dirección General de Carabineros incurrió en actos ilegales y arbitrarios que vulneraron sus garantías de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad. Pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 922, de 26 de diciembre de 2025, y la Resolución Exenta N° 798, de 13 de noviembre de 2025, y que se ordene su inmediata reincorporación al servicio activo de Carabineros de Chile, en el grado de teniente y en el escalafón correspondiente, respetándose su antigüedad.

Pide, además, que la institución recurrida sea condenada al pago íntegro de las remuneraciones, asignaciones y beneficios económicos que habría debido percibir desde la fecha de su retiro temporal hasta su reincorporación efectiva, debidamente reajustados y con intereses, y que se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que informa la recurrida, la Dirección General de Carabineros de Chile, por intermedio de don nombre reservado, General (J) de Carabineros, Director de Justicia, Auditor General, solicitando el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas, sosteniendo que la negativa a reincorporar al recurrente fue adoptada por la autoridad competente, en ejercicio de una potestad legal y discrecional, mediante actos administrativos debidamente motivados y sin vulnerar las garantías constitucionales invocadas.

Señala que don nombre reservado ingresó a Carabineros de Chile el 16 de febrero de 2012 como Aspirante a Oficial; fue nombrado Subteniente del Escalafón de Orden y Seguridad el 16 de diciembre de 2014, y ascendió al grado de Teniente a contar del 2 de enero de 2018.

Indica que, mediante Oficio N° 1.629, de 10 de noviembre de 2023, la Dirección Nacional de Personal, por orden del General Director de Carabineros, solicitó al Presidente de la República disponer su retiro temporal, conforme al artículo 65 letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, en relación con los artículos 40 letra a) de la Ley N° 18.961 y 109 letra e) del DFL N° 2, de 1968.

Explica que dicha proposición se fundó en que el recurrente habría incurrido en una conducta reprochable, contraria a los principios éticos, morales y disciplinarios institucionales, comprometiendo la imagen y prestigio de Carabineros, menoscabando la dignidad y el decoro funcionarios y afectando el ascendiente de mando exigible a un oficial.

La medida se materializó mediante el Decreto Exento RA N° 280/2744/2023, de 2 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría del Interior, cuyas condiciones quedaron supeditadas al resultado del sumario administrativo correspondiente. El decreto fue comunicado mediante carta certificada y produjo sus efectos a contar del 16 de enero de 2024, fecha desde la cual el actor dejó de pertenecer a las filas institucionales.

Agrega que el sumario administrativo instruido por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2023 culminó con el Dictamen N° 19341/2023/1, de 20 de noviembre de 2024, de la Prefectura del Maipo, mediante el cual se aplicó al exoficial la medida disciplinaria de un día de arresto con servicios, decisión que el recurrente impugnó mediante recurso jerárquico, el cual fue rechazado por la Resolución Exenta N° 382, de 1 de agosto de 2025, del Jefe de Zona Santiago Este, confirmándose la medida disciplinaria. Según el informe, notificada esta última resolución, no se dedujo un nuevo recurso dentro de plazo, por lo que la sanción quedó firme el 4 de septiembre de 2025.

Expuso que, con anterioridad, el 24 de marzo de 2025, el recurrente había presentado una solicitud de reincorporación a las filas institucionales. Recibidos los antecedentes requeridos y recabados los respectivos informes, la Dirección Nacional de Personal remitió la solicitud a la Secretaría General y Asuntos Internacionales mediante el Oficio N° 1.525, de 13 de octubre de 2025. Dicho oficio informó que no existían inconvenientes para acceder a la reincorporación, pero precisó que esa opinión tenía carácter no vinculante, pues correspondía al General Director resolver definitivamente la factibilidad de aceptar o rechazar la petición.

Posteriormente, mediante la Resolución Exenta N° 798, de 13 de noviembre de 2025, el General Director, luego de ponderar las necesidades y conveniencia del servicio y las razones de buena administración institucional, decidió no acoger la reincorporación solicitada. El acto fue notificado personalmente al recurrente el 24 de noviembre de 2025.

En contra de esa determinación, el apoderado del exteniente interpuso recurso de reposición conforme al artículo 59 de la Ley N° 19.880. La impugnación fue rechazada por la Resolución Exenta N° 922, de 26 de diciembre de 2025, que confirmó la negativa a la reincorporación y fue notificada por correo electrónico el 8 de enero de 2026.

La recurrida sostuvo que, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política, los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de Carabineros se efectúan por decreto supremo, en conformidad con la respectiva ley orgánica constitucional.

Invoca los artículos 38 y 40 letra a) de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, y los artículos 68 y 109 letra e) del DFL N° 2, de 1968, de los cuales se desprendería que el retiro temporal constituye una causal legal de término de la carrera funcionaria.

Añade que el artículo 65 letra b) del Reglamento de Selección y Ascensos N° 8 establece que no podrán continuar en servicio activo los oficiales que hayan incurrido en violaciones manifiestas a los principios morales o disciplinarios, de gravedad suficiente para tornar inconveniente su permanencia para el prestigio institucional.

Afirma que el retiro temporal no constituye una sanción disciplinaria, sino una forma de desvinculación dispuesta por el Presidente de la República, previa proposición del General Director de Carabineros. Por ello, debe distinguirse de las sanciones que eventualmente puedan imponerse al finalizar un sumario administrativo, sean o no de naturaleza expulsiva.

En apoyo de esta interpretación citó diversos dictámenes de la Contraloría General de la República y jurisprudencia de los tribunales superiores, entre ellos una sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán dictada en la causa Rol N° 715-2025, conforme a la cual el retiro temporal no es una sanción disciplinaria, sino una forma de desvinculación que puede disponerse sin necesidad de un sumario previo, siempre que el acto sea motivado y emane de autoridad competente.

También invoca la sentencia de la Corte Suprema dictada en la causa Rol N° 32.735-2018, que habría reconocido la especial naturaleza de las potestades de nombramiento, retiro y reincorporación de los oficiales de Carabineros, vinculadas con la subordinación al poder civil, la jerarquización del mando y las funciones constitucionales de la institución.

Señala que desde el 16 de enero de 2024 el recurrente dejó de pertenecer a Carabineros de Chile y perdió su calidad de funcionario público, sin que la posterior imposición de una sanción disciplinaria menor alterara automáticamente los efectos de su retiro.

Invoca los artículos 10 y 14 de la Ley N° 18.961. Conforme al primero, los nombramientos, ascensos, reincorporaciones, llamados al servicio y retiros del Personal de Nombramiento Supremo se efectúan por decreto supremo expedido a proposición del General Director. El segundo establece que el personal en retiro temporal “podrá” reincorporarse por decreto supremo o resolución de la Dirección General, según corresponda. A partir de la expresión “podrá”, sostiene que el ordenamiento institucional no contempla una causal de reincorporación obligatoria, sino una potestad discrecional de la autoridad, quien puede aceptar o rechazar la solicitud atendiendo a las necesidades del servicio, su conveniencia y las razones de buena administración.

Cita distintos dictámenes de la Contraloría General de la República y sentencias de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que habrían reconocido esta interpretación.

Agregó que, de acuerdo con el artículo 30 del DFL N° 2, de 1968, la reincorporación produce efectos diferentes dependiendo de si ocurre dentro o después de los seis meses siguientes al alejamiento institucional, lo que confirmaría que se trata de un nuevo ingreso a la planta y no de una continuación automática de la relación funcionaria anterior.

Afirma que los dictámenes de la Contraloría General de la República son constitutivos de jurisprudencia administrativa y resultan obligatorios para Carabineros de Chile.

Rechaza la acusación de que la Resolución Exenta N° 922 carezca de motivación. Sostuvo que el acto administrativo no solo confirmó la decisión contenida en la Resolución Exenta N° 798, sino que respondió los argumentos formulados por el recurrente en su reposición, permitiendo conocer las razones por las cuales la autoridad mantuvo la negativa.

Expresa que el actor confunde tres instituciones de naturaleza diferente: El retiro temporal dispuesto por el Presidente de la República; la sanción disciplinaria aplicada en el sumario administrativo; la facultad del General Director para proponer o disponer una reincorporación.

Afirma que la decisión de no reincorporar al recurrente no constituye una sanción disciplinaria ni una medida expulsiva encubierta, sino el rechazo de una solicitud formulada por una persona que ya se encontraba retirada de la institución.

En apoyo de esta posición citó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago recaída en la causa Rol N° 224-2024, en la cual se habría resuelto que la facultad de reincorporación es independiente del resultado del sumario. Conforme a ese criterio, aun cuando el procedimiento disciplinario no concluya con la separación del servicio, el General Director puede ponderar si las circunstancias acreditadas hacen o no aconsejable el retorno del exfuncionario.

Por esa misma razón, sostiene que no existe infracción al principio non bis in idem.

Explica que el sumario tuvo por finalidad establecer y sancionar una infracción disciplinaria, mientras que el procedimiento de reincorporación tenía por objeto determinar si, atendidas todas las circunstancias conocidas, resultaba conveniente para la institución permitir nuevamente el ingreso del solicitante.

Sostuvo que la negativa no reabrió ni agravó la sanción administrativa, pues el recurrente ya había dejado de pertenecer a Carabineros por el retiro temporal decretado en enero de 2024. La decisión posterior únicamente mantuvo esa situación, sin imponer una nueva sanción.

En cuanto a los informes favorables del jefe directo, del Departamento de Reclutamiento y Selección y de la Dirección Nacional de Personal, la recurrida señaló que tales antecedentes fueron solicitados y ponderados, pero que no tenían carácter vinculante para la máxima autoridad institucional.

Sostiene que aceptar la tesis del recurrente, conforme a la cual esos informes y la sanción disciplinaria menor obligaban a disponer su reingreso, significaría crear por vía reglamentaria una causal de reincorporación obligatoria que el artículo 14 de la Ley N° 18.961 no contempla.

Afirmó que en el procedimiento se cumplieron todas las etapas administrativas, se recopilaron los antecedentes personales, institucionales y psicolaborales correspondientes y se remitió la documentación a la autoridad competente.

La decisión se habría adoptado luego de ponderar integralmente esos antecedentes, junto con la naturaleza y gravedad de la conducta por la cual el recurrente fue sancionado. Tal consideración, según la recurrida, no implicó un nuevo ejercicio de potestad disciplinaria, sino una valoración de mérito, oportunidad y conveniencia para decidir acerca de su eventual reingreso.

Concluye que la reincorporación no constituye un derecho del personal en retiro temporal, sino una mera expectativa, y que la ley permite a la Administración adoptar distintas decisiones jurídicamente válidas dentro del margen de apreciación que le reconoce.

Respecto del artículo 19 N° 2 de la Constitución, la recurrida negó que el recurrente haya sido objeto de una diferencia arbitraria. Sostuvo que se aplicó el mismo procedimiento previsto para todos los oficiales que solicitan su reincorporación, sin que el actor haya identificado otro funcionario que, encontrándose en circunstancias idénticas, hubiera recibido un trato diferente. Añadió que la igualdad ante la ley no exige tratar del mismo modo situaciones diferentes, sino evitar distinciones carentes de una justificación razonable. En este caso, la negativa se habría fundado en la aplicación general de la normativa institucional y en la evaluación particular de los antecedentes del solicitante. Manifestó que la mera discrepancia del recurrente con la valoración efectuada por el General Director no convierte la resolución en arbitraria ni configura una vulneración constitucional.

En cuanto al artículo 19 N° 16 de la Constitución, la libertad de trabajo, la recurrida sostuvo que la libertad de trabajo no reconoce un derecho a obtener o conservar un empleo determinado, ni permite exigir al Estado la provisión de un puesto laboral específico. Según explicó, la garantía protege la libertad de elegir y desarrollar un trabajo y prohíbe que este sea negado por razones arbitrarias, pero no obliga a Carabineros a reincorporar a una persona que se encuentra legalmente retirada. Agregó que la negativa emanó del ejercicio de una potestad expresamente reconocida por la ley y no de una discriminación basada en circunstancias ajenas a la capacidad o idoneidad personal. Por ello, no advirtió una afectación al núcleo esencial de la libertad de trabajo.

Respecto del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución, la recurrida controvirtió que el actor tuviera un derecho de propiedad sobre el cargo, el grado, la carrera funcionaria o las remuneraciones correspondientes. Explicó que el nombramiento en un cargo público no incorpora este último al patrimonio del funcionario como un bien susceptible de dominio. El derecho a ejercer la función se mantiene únicamente mientras no sobrevenga una causal legal de alejamiento, la que, en el caso del recurrente, se produjo con el Decreto Exento RA N° 280/2744/2023. Invocó jurisprudencia de la Contraloría General de la República y del Tribunal Constitucional conforme a la cual el funcionario no posee un derecho de propiedad sobre su empleo, sino un derecho estatutario a continuar en él mientras no se configure una causal legal de cesación. Añadió que tampoco procedería el pago de remuneraciones por el período posterior al retiro, dado que estas exigen el desempeño efectivo de las funciones y una contraprestación que las justifique. Señaló, finalmente, que el derecho relativo al acceso a las funciones y empleos públicos se encuentra regulado en el artículo 19 N° 17 de la Constitución, garantía que no asegura la permanencia en el cargo y que, además, no se encuentra comprendida dentro de aquellas tuteladas por el recurso de protección.

Afirma que el recurrente pretende que la Corte declare la existencia de un derecho a ser reincorporado, pese a que la normativa solo contempla una posibilidad sujeta a la decisión discrecional de la autoridad. Por consiguiente, estimó que no existe un derecho indubitado susceptible de tutela por esta vía, sino una controversia que exigiría un procedimiento de lato conocimiento y que no puede ser resuelta transformando el recurso de protección en una instancia general de revisión del mérito administrativo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que el acto que motiva la presente acción constitucional dice relación con la dictación de la Resolución Exenta N° 922 de 26 de diciembre de 2025, que rechazó la reposición deducida en contra de la que denegó la petición de reincorporación del recurrente a la institución de Carabineros de Chile.

Quinto: Que conviene precisar las siguientes circunstancias fácticas:

1.- Mediante Decreto Exento RA N° 280/2744/2023, de 2 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría del Interior, se dispuso el retiro temporal de las filas de la Institución, a contar del 16 de enero de 2024, del entonces teniente nombre reservado, quedando su condición de retiro, supeditada al dictamen del Sumario Administrativo que se instruía al efecto. Aplicándosele en definitiva una sanción disciplinaria consistente en “un día de arresto”, a través de la Resolución Exenta N° 382, del 01.08.2025, de la Zona de Carabineros Santiago Este.

2.- El exoficial subalterno presentó solicitud de reincorporación, en virtud de la cual se emitió la Resolución Exenta N° 798, de fecha 13 de noviembre de 2025, de este origen, no dando lugar a la petición, expresando “Que, al tenor de lo señalado, luego de analizados la totalidad de antecedentes, tales como su hoja de vida, el Informe del Jefe Directo emitido por la 62° Comisaría de la Prefectura Maipo, el Oficio N° 1525 de la Dirección Nacional de Personal y en especial el Informe Psicolaboral; además de lo precisado por la Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en el Dictamen N°16.950 de 2017, la facultad del General Director constituye el ejercicio de una atribución privativa y discrecional, quien decidirá si acepta o rechaza la solicitud, ponderando las razones de buena administración que estime necesarias atendida la conveniencia y/o necesidades del servicio. Pues bien, en este sentido, analizados los antecedentes, razones de buen servicio, las necesidades del mismo, sumado a ello, el hecho que la normativa que rige la materia no contempla una causal de reincorporación obligatoria, el General Director que suscribe se ha formado la convicción que no resulta conveniente para los intereses institucionales acceder a la petición del exteniente…”

3.- El afectado dedujo recurso de reposición, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 922 de 26 de diciembre de 2025, la que refiere haber tenido en consideración los antecedentes e informes reunidos, agregando “que el llamado a retiro temporal dice relación con la comisión de hechos que constituían un episodio de violencia intrafamiliar, oportunidad en la que el recurrente generó daños a los neumáticos de un vehículo particular, además de ocasionar y resultar con lesiones leves, hechos que fueron acreditados luego en el sumario administrativo instruido al efecto, en el que si bien no se le impuso una medida de carácter expulsiva, si se le sancionó disciplinariamente, verificándose que se trata de una conducta reprochable que altera gravemente el régimen institucional, afectando los principios éticos, morales y doctrinarios de Carabineros de Chile. En tal sentido, debe considerarse que más allá de la entidad de la sanción, al momento de determinarse la inconveniencia de acceder a su reincorporación, se tuvo en consideración la naturaleza y gravedad de la conducta desplegada, reiterándose que resulta inconveniente para los intereses institucionales permitir su reingreso a Carabineros de Chile”.

Sexto: Que el artículo 14 de la Ley N° 18.961 orgánica Constitucional de Carabineros, dispone que: “El personal de planta de Carabineros que se encuentre en situación de retiro temporal podrá reincorporarse por decreto supremo o por resolución de la Dirección General, según corresponda.”.

Séptimo: Que de acuerdo a la Ley Orgánica de la institución policial, la decisión sobre la reincorporación de un ex funcionario es una facultad discrecional del General Director, es decir, la preceptiva legal no obliga a ella, lo que se desprende claramente del vocablo “podrá” que utiliza. Dentro de ese escenario, la decisión aquí cuestionada no resulta ilegal puesto que se ha emitido por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones y tampoco es arbitraria pues ha sido debidamente fundada en las consideraciones expuestas en el acto que se impugna.

De esta manera no existiendo un derecho indubitado cuya titularidad sea reclamable por esta vía de protección para ser reincorporado a las filas de Carabineros de Chile, se torna inoficioso ponderar las garantías fundamentales invocadas por el compareciente como eventualmente infringidas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado, en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile.

Redactó la ministra Carolina Brengi Zunino.

No firma el ministro señor Rodríguez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N° Protección-4626-2026.