nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

Santiago, quince de junio del año dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°460-2020 comparece don nombre reservado, abogado, por don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado, quien, en ejercicio del derecho que confiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce acción de protección a nombre de don nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD DE CHILE, representada legalmente por don nombre reservado, por los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que expone.

Explica que el 1° de junio del año 2016 el Sr. nombre reservado ingresó a prestar servicios para el departamento de prensa de la radio de la Universidad de Chile, bajo la calidad jurídica de profesional a honorarios, prestándolos de manera continua e ininterrumpida bajo la celebración de tres contrataciones a honorarios sucesivas hasta el 31 de julio del año 2017. Luego, el 1° de junio del 2017 fue designada su contrata mediante decreto N°1715/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, contrata que fue posteriormente prorrogada por medio de los decretos números 46009/2017, 21046/2018, 46928/2018, 7737/2019 y 22143/2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, desempeñándose durante todos esos años en una destacada carrera funcionaria.

Se acredita, indica, una trayectoria laboral de tres años y cinco meses de servicio en la Institución, considerando el periodo vinculado como profesional a honorarios y contrata en forma conjunta, lo que hace aplicable la doctrina de la confianza legítima construida por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, reforzada por la jurisprudencia de los máximos Tribunales de Justicia.

Hace presente que, conforme al dictamen N°016512N18 de 29 de junio de 2018, el tiempo previo a la designación a contrata de un funcionario que se haya desempeñado en calidad jurídica de honorarios, es computable para efectos de invocar la confianza legítima en los términos que disponen los dictámenes números 85.700, de 2016 y 6.400 de 2018, siempre que se trate de período servido a honorarios en un mismo organismo, a jornada completa y que las labores correspondan a un cometido específico de naturaleza habitual de la institución. En el presente caso, se cumplen tales presupuestos para computar el período servido a honorarios a efectos aplicar el principio de confianza legítima, ya que tanto los contratos a honorarios del año 2016 como los de los años siguientes (hasta el año 2017), dan cuenta de que la contratación es a jornada completa (44 horas semanales) para el cargo de periodista en el departamento de prensa de Radio Universidad de Chile, desempeñando un cometido habitual de la institución.

Agrega que en sus tres años y cinco meses de servicio, sus evaluaciones siempre han sido satisfactorias, siendo calificado de manera óptima, inclusive el año 2019, recibiendo buenos comentarios de sus jefaturas. Afirma que ha desempeñado su cargo con esmero, dedicación, compromiso y calidad, lo que se ha reflejado en las calificaciones que han realizado sus jefaturas y en la carrera profesional desarrollada al interior de la institución.

2°) Que, a continuación, el recurrente se refiere al acto lesivo de derechos fundamentales, consignando que el día 7 de diciembre de 2019 el Sr. nombre reservado es notificado de la Resolución que dispone la no renovación de su contrata, es decir, su desvinculación de la Universidad luego de tres (3) años y cinco (5) meses de trayectoria laboral.

En lo medular, la resolución que dispone el cese de la contrata señala:

“3-. Que el funcionario cumple el cargo de periodista cuya función implica un alto impacto en la misión de la Radio, pese a lo cual el funcionario ha demostrado un desempeño deficiente y falto de prolijidad.

“4-. Que la anterior evaluación se ve reflejada en diversas oportunidades que se ha debido rectificar artículos periodísticos por petición expresa de las fuentes.

“5-. Que el funcionario presenta dificultad para trabajar bajo presión, competencia necesaria para el ejercicio del cargo, además de no obedecer las órdenes impartidas por su jefatura directa.”

Expresa que de la lectura de dichos considerandos se advierte que se trata de acusaciones que carecen de sustento, que no se condicen con las calificaciones anuales del Sr. nombre reservado, y dada la trayectoria que tiene en la Universidad, quedarse sin trabajo afecta el sustento de su familia, quedando en desamparo.

Agrega que la resolución administrativa que puso término a la contrata es un acto administrativo irregular, toda vez que no dio cumplimiento al deber de fundamentación de los actos de la Administración Pública, deber que emana de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, así como de la Ley 19.880 Sobre Bases Generales de los Procedimientos Administrativos. Asimismo, el deber de motivación ha sido exigido por la doctrina administrativa de la propia Contraloría General, entre otros, en los dictámenes 23.518 de 2016 y 6.400 de 2018.

Aduce que para cumplir con la exigencia de motivación, no basta con la referencia genérica a supuestos incumplimientos y desempeños deficientes no especificados del Sr. nombre reservado, ya que ello denota falta de rigurosidad de la autoridad para fundar el cese de una contrata, lo que implica que no se logra cumplir la exigencia de fundar debidamente el referido acto administrativo.

Lo anterior determina que el acto administrativo por medio del cual se pone término a la contrata, expresa motivos que no se sustentan a sí mismos y que no se condicen con la realidad.

Añade que dicha falta de sustento radica en que el Sr. nombre reservado ha sido calificado debidamente por el proceso regular, estatuido para dicho efecto, siendo evaluado con buenas calificaciones para el periodo 2019, lo cual no se condice con el desempeño deficiente y falto de prolijidad que se le imputa. En dichas evaluaciones se califica el factor Rendimiento y sus subfactores “cumplimiento de la labor realizada” y “calidad de la labor realizada”, siendo evaluado el recurrente en sus labores de forma óptima y buena. Por otro lado, tampoco se condice lo esgrimido por la Universidad en cuanto le imputa no obedecer órdenes impartidas por su jefatura directa, toda vez que en las dos evaluaciones del año 2019, el funcionario fue calificado de manera óptima y satisfactoria en el subfactor “cumplimiento de normas e instrucciones”. En consecuencia, dice, la resolución que pone término a su contrata incurre en un error insalvable, que lo convierte en un acto infundado, que no tiene sustento ni correlato con la realidad de las funciones que desarrolló por tres años y cinco meses en la institución.

3°) Que el recurrente expresa que la resolución impugnada en el caso de marras señala, en sus considerandos tercero y cuarto que el funcionario habría demostrado un desempeño deficiente y falto de prolijidad, reflejándose esto en el hecho que en diversas oportunidades se habría tenido que rectificar artículos periodísticos por petición expresa de las fuentes, y al cual se le otorga un carácter vinculante que no posee, ya que tal evaluación no existe y por otro lado, la herramienta llamada a tener carácter vinculante, a fin de medir el desempeño de los funcionarios de servicios públicos es la calificación anual a que éstos son sometidos.

En este caso las calificaciones para el año 2019 no se condicen con el “desempeño deficiente y falto de prolijidad” que se le imputa, reiterando que en dichas evaluaciones se califica expresamente el factor Rendimiento y sus subfactores “cumplimiento de la labor realizada” y “calidad de la labor realizada”, siendo evaluado el recurrente en sus labores de forma óptima y buena. Tampoco se condice lo esgrimido por la Universidad en cuanto le imputa no obedecer órdenes impartidas por su jefatura directa, ya que en las dos evaluaciones del año 2019 es calificado de manera óptima y satisfactoria en el subfactor “cumplimiento de normas e instrucciones”.

Siendo estas calificaciones las herramientas adecuadas y que se ha dado la Universidad para medir en forma vinculante el desempeño de sus funcionarias y funcionarios, no es razonable hacer mención, como lo hace la resolución impugnada, a un desempeño distinto al evaluado en el proceso de calificación ordinario, que sólo se basa en lo transcrito, no encuentra asidero en la realidad de los servicios prestados y afecta el derecho al debido proceso, ya que se trata de una medición de desempeño a la que su parte no puede oponerse o hacer observaciones, a diferencia del proceso de calificación reglado.

A mayor abundamiento, dice, dichas calificaciones fueron recepcionadas el 6 de junio y 25 de noviembre de 2019, abarcando todo el periodo trabajado durante este último año. El decreto que pone término a la contrata del Sr. nombre reservado –prosigue- tiene fecha 26 de noviembre de 2019, distante a solo un día de la última evaluación del recurrente. La poca distancia temporal entre ambas actuaciones no hace sino concluir que la fundamentación carece de razonabilidad para sostener la conclusión del acto administrativo recurrido.

4°) Que el recurrente explica que todos los actos de la Administración del Estado deben expresar los motivos o fundamentos de los mismos, sobre todo los que afectan derechos de los particulares, en este caso los derechos del Sr. nombre reservado a: i. La libertad de trabajo en su expresión de la estabilidad en el empleo; ii. Igualdad ante la ley referida a su derecho a no ser víctima de actos arbitrarios; y iii. Debido proceso respecto a un proceso calificatorio regulado, que es ignorado por el órgano recurrido, el cual otorga valor a un “comentario” que juzga la capacidad laboral del Sr. nombre reservado de forma antojadiza y sin un adecuado correlato con el proceso calificatorio reseñado.

El fundamento de los actos administrativos es una exigencia mínima de un Estado de Derecho, donde deben respetarse de manera irrestricta los derechos de las personas, específicamente a saber los motivos por los cuales resultan conculcados tales derechos.

En el este caso, indica, esas exigencias no son respetadas. La autoridad, a objeto de cumplir formalmente con los requisitos de motivación aludidos, se limitó a expresar que el recurrente presentaría supuestos desempeños deficientes y faltos de prolijidad, junto a no acatar órdenes impartidas por su jefatura directa.

En consecuencia, señala, de los antecedentes expuestos se desprende que existe una afectación del principio de confianza legítima respecto a la continuidad de la contrata del Sr. nombre reservado, conforme a dictámenes números 23.518 y 22.766 de 2016 de la Contraloría General. El Sr. nombre reservado ha sido profesional de la Universidad desde el año 2016, bajo la calidad jurídica a honorarios, para luego pasar al régimen de contrata. Desde el año 2016 se han efectuado prorrogas sucesivas para seguir desempeñando la función de periodista en el departamento de prensa de la Radio de la Universidad de Chile, sin interrupción entre una designación y la siguiente, lo cual generó la legítima confianza en el Sr. nombre reservado de que su vínculo laboral con la Universidad continuaría. Su última renovación se dispuso para todo el año 2019 sin condicionamientos.

Durante estos años de servicio para la institución, ha desarrollado su labor con entrega y calidad humana y profesional, demostrando un alto compromiso con su perfeccionamiento y desarrollo intelectual.

Conforme a la doctrina de la CGR señalada, para ejercer una potestad excepcional como el término de la contrata, debe existir fundamento suficiente, expresado de forma clara y detallada en la resolución que da cuenta de ese acto. No basta con que la fundamentación haga referencia a situaciones imprecisas, ni menos a situaciones o acontecimientos que no se condicen con la realidad, y que no dan cuenta de las argumentaciones a que el mismo acto administrativo alude, como lo son supuestos desempeños deficientes y faltos de prolijidad, junto a no acatar órdenes impartidas por su jefatura directa, razón por la cual no resultan suficientes para cumplir las exigencias que ha dispuesto el organismo contralor.

Precisa que si se entendiera que la mera indicación de hechos vagos, que no tienen sustento, son suficientes para cumplir con las exigencias para disponer válidamente el término de una contrata, entonces el principio de confianza legítima construido a partir de los dictámenes 23.518 y 22.766 de 2016 de la CGR, carecería de valor o, como lo indica el propio órgano contralor, "se confundiría la discrecionalidad que le concede el ordenamiento jurídico con la arbitrariedad".

Este carácter excepcional deriva del hecho que la contrata había sido renovada para todo el año 2019 y, además, que se trata de un funcionario con varios años de servicios, por lo que las exigencias para dar por terminado un vínculo que ha sido constantemente renovado, no se agotan en una mera referencia a hechos imprecisos, descontextualizados y que no se corresponden con la realidad.

Luego de aludir a varios dictámenes del órgano Contralor, indica que en ese contexto, se concluye que no resulta suficiente para entender que el acto administrativo se encuentra fundado, la alusión a argumentos genéricos.

5°) Que el recurrente explica que en el presente caso se está ante un acto que afecta los derechos de particulares, donde se expresan como fundamentos hechos genéricos, que no se explican a sí mismos, carentes de sustento, ya que se expresan como fundamentos supuestos desempeños deficientes y faltos de prolijidad junto a no acatar órdenes impartidas por su jefatura directa, situaciones que no se condicen con el proceso de calificación regular. Además, de haber sido el Sr. nombre reservado un funcionario con una excelente trayectoria, siempre calificado de manera óptima.

Lo anterior convierte al acto de término de la contrata no sólo en irregular, sino que además en un acto arbitrario, al carecer de fundamentos y, por tanto, lesivo de los derechos de igualdad ante la ley y no discriminación, libertad de trabajo y debido proceso.

6°) Que, desarrollando el recurrente los fundamentos jurídicos, en primer término, se refiere al recurso de protección como mecanismo de tutela de derechos fundamentales, delineando los caracteres que hacen procedente dicho instituto jurídico, y recordando que el plazo de interposición es de treinta días.

Seguidamente, el recurrente alude a la acción arbitraria e ilegal que lo ha privado del ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales.

La acción que se estima arbitraria e ilegal está constituida por el término de contrata, la que se cristaliza en el Decreto N° 0048406/2019, de fecha 26 de noviembre de 2019 y de la cual tomó conocimiento el recurrente el día 7 de diciembre de 2019.

Tocante a la arbitrariedad e ilegalidad, señala que cuando describió el acto lesivo de garantías constitucionales, concluyó que la resolución por la cual se puso término a la contrata del recurrente no contiene fundamentos suficientes que permitan justificar el ejercicio de una potestad excepcional, como es la decisión de poner término a la contrata. La falta de fundamentación convierte a dicho acto en lo que la Constitución Política denomina arbitrario e ilegal. Arbitrario, porque carece de una justificación razonable –se hace alusión de forma a supuestos incumplimientos que no se condicen con los del proceso calificatorio regular-, e ilegal, dado que de acuerdo a la Constitución (artículos 6 y 7) y a la Ley 19.880, todos los actos públicos deben contener la debida fundamentación, de manera que los particulares puedan conocer los motivos o razones por los cuales sus derechos se ven conculcados, en este caso, los derechos a la igualdad ante la ley y no discriminación, la libertad de trabajo en su aspecto referente a la estabilidad en el empleo y al debido proceso, en tanto el término de contrata del Sr. nombre reservado deviene de un mecanismo de juzgamiento del desempeño del actor.

Indica lo que los tribunales han entendido por ilegalidad y arbitrariedad, agregando que en el presente caso tales presupuestos se cumplen a cabalidad, ya que existió falta de proporción entre los motivos entregados por la autoridad y el fin a alcanzar —el cese de su contrata-, cuestión que se advierte del hecho de haber invocado que habría supuestos desempeños deficientes y faltos de prolijidad, junto a no acatar órdenes impartidas por su jefatura directa que se han fijado fuera del proceso calificatorio ordinario, incurriendo en un error que muestra la falta de rigurosidad de la autoridad para disponer el cese de la contrata.

7°) Que, en lo referente a la privación del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales, cita las garantías constitucionales del debido proceso, igualdad ante la ley y libertad de trabajo.

En primer lugar, sobre la igualdad ante la ley y no discriminación, indica que la igualdad ante la ley se encuentra amparada por el marco de defensa de la acción constitucional de protección de garantías constitucionales, según el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La resolución que pone término a la contrata del actor carece de la debida fundamentación, toda vez que hace alusión a supuestos desempeños deficientes y faltos de prolijidad, junto a no acatar órdenes impartidas por su jefatura directa, apreciaciones externas al proceso de calificación regular. Esto conlleva a que no exista fundamento razonable para haber dispuesto el cese de sus funciones.

A su juicio, la resolución impugnada es arbitraria e ilegal por carecer de fundamentos y afectar a nivel de privación del derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Explica que las calificaciones para el año 2019 no se condicen con el “desempeño deficiente y falto de prolijidad” que se le imputa. En dichas evaluaciones se califica expresamente el factor Rendimiento y sus subfactores “cumplimiento de la labor realizada” y “calidad de la labor realizada”, siendo evaluado el recurrente en sus labores de forma óptima y buena. Por otro lado, tampoco se condice lo esgrimido por la Universidad en cuanto le imputa no obedecer órdenes impartidas por su jefatura directa, toda vez que en las dos evaluaciones del año 2019, el funcionario es calificado de manera óptima y satisfactoria en el subfactor “cumplimiento de normas e instrucciones”. Dichas calificaciones fueron recepcionadas el 6 de junio y 25 de noviembre del 2019, abarcando todo el periodo trabajado durante este último año. El decreto que pone término a la contrata del Sr. nombre reservado es de 26 de noviembre de 2019, distante solo un día de su última evaluación. La poca distancia temporal entre ambas actuaciones no hace sino concluir, a su juicio, que la fundamentación carece de razonabilidad suficiente para sostener la conclusión del acto administrativo recurrido. Añade que se aplica al recurrente un instrumento, para analizar su desempeño laboral, distinto del que se establece en la misma Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, N°18.575. Se analiza su labor por una simple imputación de hechos que no se sustenta en documento ni proceso alguno y que no se condice con el proceso de calificación establecido en el sistema de administración pública, proceso en el cual el actor fue calificado de buena forma.

El porqué de la utilización de esta enunciación, como calificación del desempeño funcionario del recurrente, no es justificado por la parte recurrida y se aleja de la legalidad establecida en nuestro sistema administrativo por cuanto la LOC N°18.575 señala en su artículo 47 inciso segundo, que transcribe, al igual que los artículos 48 y 49:

“Artículo 47.- Este personal estará sometido a un sistema de carrera que proteja la dignidad de la función pública y que guarde conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado.

“La carrera funcionaria será regulada por el respectivo estatuto y se fundará en el mérito, la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo efecto existirán procesos de calificación objetivos e imparciales.”

El artículo 48 de la misma norma indica:

“Artículo 48.- Asimismo, este personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él por renuncia voluntaria debidamente aceptada; por jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal por el cual se es designado o en la supresión del empleo. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el Presidente de la República o la autoridad llamada a hacer el nombramiento en relación con los cargos de su exclusiva confianza.

“El desempeño deficiente y el incumplimiento de obligaciones deberá acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario administrativo”.

El artículo 49 de la ley N°18.575 indica:

“Artículo 49.- Para los efectos de la calificación del desempeño de los funcionarios públicos, un reglamento establecerá un procedimiento de carácter general, que asegure su objetividad e imparcialidad, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que pudieran dictarse de acuerdo con las características de determinados organismos o servicios públicos. Además, se llevará una hoja de vida por cada funcionario, en la cual se anotarán sus méritos y deficiencias.

“La calificación se considerará para el ascenso, la eliminación del servicio y los estímulos al funcionario, en la forma que establezca la ley”.

Dice que de dichas normas se desprende la clara intención del legislador de establecer no sólo una estabilidad en el empleo de las personas que se desempeñen en el servicio público, sino además una protección contra la discriminación, al hacer hincapié en la necesidad de un proceso calificatorio objetivo e imparcial y al señalar a éste como la herramienta que debe utilizar la administración para ascensos, término de funciones y/o estímulos para el funcionario.

A las normas señaladas se suma la falta de justificación del porqué la recurrida utiliza sólo imputaciones sin sustento, y no el resultado del proceso de calificación regular del actor para evaluar su desempeño.

En razón de lo anterior, señala, se ha lesionado en grado de privación, su derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, reconocido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

Dicho artículo 19 N°2 prescribe como garantía fundamental para todas las personas el derecho a “La igualdad ante la ley”, añadiendo que “No hay personas ni grupos privilegiados. [...] Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Este derecho se encuentra reconocido en términos similares en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual reza que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación a igual protección de la ley”. De esta consagración se desprenden dos nociones de igualdad, la primera, de igualdad ante la ley, y una segunda, relativa a la igual protección de la ley sin discriminación.

Sobre tales nociones insiste y amplía, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26.

El Principio de Igualdad exige conferir un trato igualitario a quienes se encuentran en una misma situación, igualdad que es tanto en el derecho y ante el derecho.

Esto se ha traducido en el deber de contemplar las mismas normas jurídicas para todas las personas que se encuentren en análogas situaciones de hecho, constituyendo tal prescripción un principio fundamental de la seguridad jurídica respecto de todos aquellos que se hallen en las mismas condiciones, teniendo como consecuencia directa la imposibilidad de establecer privilegios a favor de personas o grupos.

De ello deriva que toda diferenciación de tipo arbitrario, es decir, contraria al principio de la igualdad jurídica, es de aquellas que carecen de fundamentación racional y objetiva, obedeciendo puramente al capricho de la autoridad que la ha dictado o dispuesto. El derecho a la igualdad y equidad ante la ley implica la igual protección y trato de las autoridades a los sujetos, y la obligación de garantizar que no se restrinja arbitrariamente el ejercicio de algún derecho.

En el presente caso, agrega luego de citar jurisprudencia, la autoridad administrativa simplemente se ampara en una supuesta potestad legal de término de contrata, mas no entrega los fundamentos suficientes para justificar la aplicación de esa potestad excepcional, haciéndose referencia a supuestos incumplimientos.

Por lo demás, dado que no se cumplen los requisitos de motivación exigidos en la Ley 19.880, sobre bases generales de la Administración del Estado, se está ante un acto ilegal, carente de motivos suficientes. Así, no puede sino considerarse que el recurrente ha sido sometido a un trato desigual, carente de justificación racional o razonable, basado en diferencias arbitrarias, cuestiones todas que infringen la garantía constitucional en comento.

8°) Que, desarrollando la garantía del Debido Proceso, refiere el recurrente que como exigencia del derecho al debido proceso en sede administrativa y el principio de publicidad que rige a los órganos de la Administración del Estado, la resolución debe ser fundada, es decir, debe exponer los fundamentos, los motivos de su decisión. Para ello no basta con hacer alusión a argumentos genéricos, sin sustento ni base fáctica.

Aduce que no es suficiente que se proporcione indicaciones genéricas y se afirme, sin más, que el funcionario afectado no detenta el perfil para un cargo o una referencia genérica a supuestos incumplimientos de las labores asignadas o falta de oportunidad de los mismos.

Lo anterior convierte al acto de término de contrata en un acto administrativo carente de mínima racionalidad, para explicar una decisión que impacta en el derecho al debido proceso, a lo menos, en el derecho del actor a ser evaluado conforme a la herramienta establecida en la legislación aplicable a los funcionarios del aparato administrativo, cual es el proceso de calificación respecto a la evaluación de su desempeño y desde el cual debe ser ponderada su permanencia en el puesto de trabajo, mientras no concurra una causal objetiva de término de servicios, dado que su calificación y el desempeño de sus funciones ha sido adecuado, según se sustenta en sus calificaciones y las constantes renovaciones de contrata.

El debido proceso, como garantía fundamental protegida por la esfera de acción del recurso de protección, tiene como principal elemento garantizar el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, según el artículo 20 de la carta fundamental.

El inciso quinto del artículo 19 N°3 de la Constitución señala: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Al ser evaluado el actor en su desempeño funcionario por medio de simples imputaciones, las que no se condicen con la evaluación regular del proceso calificatorio, no posee regulación legal, y el cual es considerado para decidir la continuidad de su contrata, torna esta actuación del órgano administrativo en una especie de comisión especial que evalúa (juzga) el desempeño funcionario, y sanciona el término de contrata de la misma, constituyendo una vulneración del derecho al debido proceso del recurrente.

Como ha indicado, el proceso de calificación se encuentra regulado a partir de una Ley Orgánica Constitucional (Art. 47 y ss. De la ley N°18.575) la cual otorga a este instrumento de evaluación la capacidad de ser determinante respecto a la continuidad, término, establecimiento de incentivos o promociones de la carrera funcionaria de las personas que se desempeñan en el servicio público. Es este el instrumento designado por la ley, especialmente regulada al efecto, para juzgar el desempeño de los trabajadores del aparato administrativo y no simples imputaciones sin respaldo documental, como pretende la recurrida.

La evaluación funcionaria es un proceso y puede ser asimilado a un juzgamiento, por cuanto el desempeño de una persona es contrastado respecto de un criterio objetivo, imparcial y predeterminado al cual debe ajustarse su trabajo en el servicio público (el cual establece metas y logros ex ante que son juzgados respecto de su cumplimiento con posterioridad).

La carta fundamental protege el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales lo que, a su entendimiento, debe ser considerado en un sentido amplio que permita una adecuada protección de este derecho fundamental. La Real Academia Española (RAE) señala que juzgar posee seis acepciones.

De la lectura de las acepciones aceptadas por la RAE para el verbo juzgar se desprende que dicho concepto encierra no sólo el entendimiento técnico jurídico sino también la noción de sopesar el comportamiento de una persona respecto a un patrón previamente establecido. Elementos que se presentan en el proceso de evaluación funcionaria en el cual el desempeño del funcionario/a es contrastado con un parámetro previamente establecido, a fin de sopesar si dichos parámetros fueron o no cumplidos.

El recurrente tiene derecho a que sea el proceso de calificación regulado, el medio de evaluación que juzgue su desempeño funcionario, y a no ser objeto de una evaluación no reglamentada que, al final, termina constituyéndose en una especie de comisión especial y ad hoc para evaluar su desempeño, actuación que vulnera el derecho al debido proceso en grado de privación o, al menos, en grado de perturbación.

Tal como indicó supra, la administración pública ha hecho suyos estos entendimientos, de modo que en el antes reseñado Oficio Circular N°21.

Situación que, en el caso de marras no se da, debido a que el recurrido no se basó en el proceso de evaluación de desempeño regular del recurrente (funcionario público), sino en simples imputaciones que no se condicen con su calificación funcionaria.

9°) Que, seguidamente, el recurrente desarrolla la libertad de trabajo, indicando que el artículo 20 de la carta fundamental protege también el derecho de todas las personas a la libertad de trabajo, consagrada en el artículo 19 N°16 de la Constitución, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto del mencionado numeral 16.

Destaca que la Administración ha creado la razonable expectativa de que la designación a contrata del recurrente sería renovada en el tiempo, salvo que medie una causal objetiva de cese y que esté debidamente fundamentada por la autoridad. De este modo, se cumplen con los presupuestos para aplicar el principio de la confianza legítima, pues:

-Su parte ha sido renovada anualmente en sus funciones desde el año 2016, en calidad a honorario y luego en 2017 como funcionario bajo la calidad jurídica a contrata;

-Fue confirmado en sus funciones para todo el periodo 2019;

-Ha desarrollado una impecable carrera funcionaria, siendo calificado de forma constante por su jefatura de forma satisfactoria.

-Ha sido evaluado y calificado de manera positiva y destacada durante toda su carrera funcionaria.

Esta expectativa se relaciona con el principio de estabilidad en el empleo y con la doctrina de la confianza legítima creada por la Contraloría General, que ha sido reforzada y profundizada por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Este principio, para los trabajadores del sector público, está reconocido en el artículo 89 del Estatuto Administrativo, Ley 18.834, según el cual todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo y que, como ha refrendado la Corte Suprema, no exime a quienes detentan la condición jurídica a contrata.

El principio de la legítima confianza consiste en que un trabajador que ha sido renovado en su cargo (a lo menos por 2 anualidades completas), tiene la legítima expectativa de proyectar su continuidad en el trabajo, a menos que exista una causa objetiva de cese. Esto implica que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado.

Cita un fallo de la Corte Suprema y comenta que la decisión de la autoridad de poner término a la contrata es ilegal, toda vez que incumple con el artículo 11 inciso 2° de la Ley 19.880 que exige motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho.

Al ser una decisión ilegal deviene en arbitraria, toda vez que los argumentos esgrimidos para cesar anticipadamente la contrata no se sostienen a sí mismos, al carecer de racionalidad.

A modo de conclusión, señala que el término de la contrata del Sr. nombre reservado es, por un lado, un acto ilegal ya que no se respetaron los principios del procedimiento administrativo contenidos en la ley 19.880, en relación al deber de motivación de los actos de la administración, especialmente los que afectan situaciones jurídicas de particulares; y es arbitrario, porque se le privó de forma arbitraria de su fuente laboral y de ingresos, sin más fundamentación que un supuesto incumplimiento fuera del proceso de calificación regular, objetivos referidos en forma genérica por parte de la recurrida en el acto administrativo impugnado. Con este acto se devastaron sus derechos laborales sin una debida fundamentación, donde se detallen y precisen los fundamentos de esta decisión.

10°) Que, finalmente, pide tener por interpuesta la acción de protección en contra del Decreto N°0048406/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, notificada a su parte con fecha 7 de diciembre de 2019, emitida por la Universidad de Chile, mediante la cual se pone fin a la contrata del Sr. nombre reservado; admitirla a tramitación, y acogerla en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho y ordenando:

-El inmediato reintegro a sus labores y cargo, en los términos que establece la ley.

-Se ordene, en el más breve plazo, el pago de sus remuneraciones y demás prestaciones adeudadas por todo el periodo que la decisión impugnada le privó de su empleo, con los reajustes e intereses correspondientes.

-Se instruya a la Universidad de Chile a no actuar del modo impugnado en lo sucesivo.

-Se condene en costas a la Universidad de Chile.

11°) Que ha comparecido don nombre reservado, Director Jurídico de la UNIVERSIDAD DE CHILE, con domicilio en domicilio reservado, en nombre y representación convencional de la referida Institución de Educación Superior, cuyo representante legal es su Rector Dr. nombre reservado, médico cirujano, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien evacua informe al tenor de lo expuesto en el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, solicitando que el mismo sea rechazado, con costas, en virtud de las consideraciones que expone.

Efectúa una síntesis del recurso de protección en cuanto el recurrente solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad del Decreto N°0048406/2019, de 26 de noviembre de 2019, mediante el cual se ha dispuesto la no renovación de su empleo a contrata para el año 2020.

Seguidamente, señala que el recurrente fue funcionario de la Universidad hasta el 31 de diciembre de 2019, en virtud del cargo a contrata grado 16° EUS, estamento profesional, con desempeño de funciones en la Radio de la Universidad de Chile, en virtud del Decreto N°1715/2017, de 31 de mayo de 2017, el que fue renovado sucesivamente hasta el año 2019. Destaca que dichas prórrogas fueron efectuadas en las fechas señaladas en los respectivos decretos o mientras fueran necesarios sus servicios, y son:

-Decreto N° 1715/2017, desde 1° de junio al 31 de diciembre de 2017.

-Decreto N° 004609/2017, desde 1° de enero al 30 de junio de 2018.

-Decreto N° 0021046/2018, desde 1° de julio al 31 de diciembre de 2018.

-Decreto N° 0046928/2018, desde 1° de enero al 28 de febrero de 2019.

-Decreto N° 007737/2019, desde 1° de marzo al 30 de junio de 2019.

-Decreto N° 0022143/2019, desde 1° de julio al 28 de febrero de 2019.

Previamente, el recurrente se desempeñó, desde el 1° de julio de 2016 al 31 de mayo de 2017, como periodista de la Radio UChile. Ello en virtud de 3 convenios a honorarios celebrados.

En cuanto a las calificaciones funcionarias del recurrente, éste fue evaluado por primera vez durante el proceso de 2018 por don nombre reservado, entonces recientemente nombrado Director de la Radio UChile, haciendo presente que sus calificaciones fueron inferiores a las de sus compañeros y que, dados los cuestionamientos de su desempeño, su contrata fue renovada parcialmente.

En la calificación correspondiente al año 2019, se aprecia un descenso en la calificación del Sr. nombre reservado, lo cual se justifica en las aprensiones manifestadas por sus superiores jerárquicos, editoras de la Radio UChile, nombre reservado y nombre reservado.

Agrega que con posterioridad a los procesos de precalificación 2018 y 2019, el recurrente incurrió en actuaciones cuestionables y que motivaron la rectificación de 4 publicaciones a su cargo, por solicitud expresa de personas entrevistadas.

Con motivo de lo anterior, el Sr. nombre reservado fue notificado con fecha 7 de diciembre de 2019, mediante carta certificada, del Decreto N° 0048406/2019, de 26 de noviembre de 2019, por el cual se determinó la no renovación de su nombramiento, el cual exponía los fundamentos de tal decisión.

Acto seguido, el informante se extiende sobre los requisitos del recurso de protección, afirmando que ellos no concurren en este caso.

12°) Que el informante desarrolla la inexistencia de una acción u omisión que sea ilegal o arbitraria, refiriéndose a la autonomía de la Universidad de Chile, agregando que el acto recurrido, lejos de ser ilegal o arbitrario en los términos del artículo 20 de la Constitución Política, está amparado por el régimen jurídico que regula las atribuciones de la Universidad de Chile y de sus autoridades.

Dicho régimen jurídico reconoce su fundamento en los artículos 1° y 12 del Estatuto de la Universidad de Chile, aprobado por D.F.L. N°3, de 10 de marzo de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°153, de 1981 (“Estatutos” o “Estatuto Orgánico”). Transcribe diversos preceptos.

Añade que la autonomía de las Universidades Estatales también ha sido reconocida por jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En la misma línea, reproduce el artículo 7° del Estatuto de la Universidad de Chile y dice que queda demostrado que dicha Universidad tiene la autonomía de origen legal, para adoptar las medidas y dictar los actos administrativos suficientes para solventar de la mejor manera sus funciones y satisfacer sus fines. Dicha autonomía comprende los nombramientos de su personal académico y de colaboración.

Al respecto, hace presente lo dispuesto en el artículo 10º del Estatuto Orgánico, cuando expresa que “las disposiciones del presente Estatuto y de los reglamentos universitarios dictados en su virtud prevalecerán sobre las leyes generales, a menos que éstas se refieran expresamente a la Universidad de Chile en particular, a las universidades chilenas en general, o al sistema universitario del país”.

13°) Que, luego, el informe se refiere a la normativa que rige al personal no académico de la Universidad de Chile, indicando que el artículo 12 de sus Estatutos establece quienes forman parte de la comunidad universitaria de esta Casa de Estudios Superiores:

“La comunidad universitaria está constituida por académicos, estudiantes y personal de colaboración, quienes ejercen de manera regular los quehaceres que se desprenden de su misión y funciones. Además, se considerará integrantes de la misma aquellas personas a quienes, por sus méritos excepcionales, se les haya otorgado pertenencia honorífica, los que poseerán los derechos que la normativa universitaria les reconozca. (…) El ingreso, permanencia, promoción y desvinculación de los integrantes de la comunidad universitaria obedecerá únicamente a méritos o causales objetivas, con arreglo a la ley, y sin sujeción a discriminaciones de carácter arbitrario. (…) Residirá en la comunidad universitaria la facultad de decidir respecto del funcionamiento, organización, gobierno y administración de la institución, la que ejercerá mediante los órganos y procedimientos establecidos en este Estatuto”.

En consonancia con lo anterior, indica, el artículo 59 de los Estatutos de la Universidad de Chile, establece que “los académicos y funcionarios de la Universidad de Chile cualquiera que sea la tarea que desempeñen, tendrán la calidad de empleados públicos y se regirán por los Reglamentos que a su respecto dicte la Universidad”.

En el mismo sentido, el artículo 42 de Ley N°21.094 establece que los funcionarios no académicos de las Universidades Estatales son empleados públicos y se rigen por los reglamentos que establezcan aquellas y por la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo:

“Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos. Los académicos y funcionarios no académicos de las universidades del Estado tienen la calidad de empleados públicos. Los académicos se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Por su parte, los funcionarios no académicos se regirán por las normas del decreto con fuerza de ley precitado y por las demás disposiciones legales que les resulten aplicables.”

Entonces, los funcionarios no académicos de la Universidad de Chile se rigen por la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo y las demás disposiciones legales que les sean aplicables, así como por la normativa universitaria.

14°) Que, sobre los funcionarios no académicos nombrados a contrata, el informante expresa que conforme al artículo 17 de sus Estatutos, el Rector es la máxima autoridad y representante legal de la Universidad de Chile, correspondiéndole adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar esta Institución. Asimismo, el artículo 19, letra h) del referido Estatuto establece que al Rector le corresponde especialmente nombrar al personal académico y administrativo de la Universidad.

En el marco de las normas legales citadas, recuerda que según el artículo 3°, letra c), del Estatuto Administrativo (DFL N°29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834), “para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente: (…) c) Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”, con lo cual se distingue entre el personal de la Administración del Estado, a los funcionarios de planta (definidos en la letra b, del mismo artículo 3 del DFL N°29, ya citado), como “conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, que se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5°”, por un lado, y al personal de la contrata, por otra lado, que tiene un carácter transitorio, y que ha sido reconocido reiteradamente por la Contraloría General de la República, entre otros, en el Dictamen N°022466, de 2001, el cual transcribe en lo que le interesa.

Agrega que el artículo 10 de la Ley N°18.834 prevé que “los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiese sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”, sin perjuicio que existan otras categorías de servidores públicos sujetos a otras formas de contratación.

Añade que el artículo 153, inciso primero, del DFL N°29 dispone que “el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones”, con lo cual se alude a la forma de expiración de funciones de los empleados a contrata, como empleos transitorios. Agrega que según la invariable jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida en el dictamen N°18.264, de 2016, entre otros, compete a la autoridad respectiva resolver sobre la procedencia de prolongar una contrata y su duración.

15°) Que el informante explica que la jurisprudencia de la Contraloría, en materia de no renovación de cargos de contrata, experimentó un cambio con la dictación del Dictamen N°22.766, de 24 de marzo de 2016, complementado por el Dictamen N°23.518, de 29 de marzo de 2016, en el sentido de establecer el reconocimiento de la “confianza legítima” de los funcionarios a contrata, cuyos nombramientos son renovados por al menos dos anualidades, que dicho nombramiento será prorrogado por una nueva anualidad, a menos que se disponga la no renovación, mediante acto administrativo fundado.

Este nuevo criterio de la Contraloría fue confirmado mediante el Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, que aprobó un “Instructivo sobre no renovación de contratas” y reguló la materia, y el Dictamen 6400, de 2018, que pormenoriza.

Comenta que el Instructivo contenido en el Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, de la Contraloría General de la República, establece, en el numeral 3, de su apartado V, que, conforme a lo dispuesto en los artículos 10, inciso primero, de la Ley N°18.834, y 2°, inciso tercero, de la Ley N°18.883, “la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el dictamen N°22.766, de 2016, se traduce también en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima de la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior”. El mismo dictamen agrega en el párrafo siguiente al recién citado que “en este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas en el párrafo precedente deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse conforme a lo señalado en el acápite siguiente”.

Precisa que la Contraloría General solo ha establecido y ordenado los requisitos para estar en presencia de la confianza legítima, a través de los dictámenes citados, que reproduce. Luego, indica que la no renovación de una contrata, así́ como su renovación en condiciones diferentes o su término anticipado, deben efectuarse a través de la emisión del pertinente acto administrativo.

Lo anterior, de acuerdo con las reglas que fija el artículo 3° de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

Finalmente, dice, el dictamen se refiere a las características que debe tener la notificación del acto motivado de la autoridad, de conformidad a los artículos 45, 46 y 47 de la Ley N°19.880, esto es, entre otras cosas, que dicha notificación debe comprender el texto íntegro del acto administrativo que dispuso la renovación o término anticipado o modificación de la contratación, y que dicha notificación deberá́ practicarse a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha quedado totalmente tramitado.

16°) Que el informante indica que la Corte Suprema, al reconocer la confianza legítima, tampoco crea una categoría especial de contrata que deja de ser transitoria, como pretende la recurrente.

La jurisprudencia en materia administrativa del máximo tribunal en cuanto a la confianza legítima, como consta en lo resuelto en recurso de protección Rol N°16.879-2018, sigue la misma línea de la Contraloría, reconociendo la facultad de la autoridad de poner término a un cargo a contrata, por tratarse esta de un empleo definido por ley como “esencialmente transitorio”. Transcribe lo pertinente del fallo.

17°) Que el informante señala que como demostrará, el acto administrativo impugnado cumple sobradamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos tanto por la ley como por la jurisprudencia administrativa y jurisdiccional sobre esta materia, en razón de lo cual esta acción no puede prosperar.

La Resolución que dispuso la no renovación de la contrata del recurrente se ajustó a Derecho -afirma- y recalca que el recurrente prestó servicios a honorarios a la Radio Uchile, entre el 1° de julio de 2016 y el 31 de mayo de 2017, que posteriormente fue nombrado sucesivamente a contrata desde el 1° de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, en los plazos indicados en los respectivos decretos o hasta que fueran necesarios sus servicios, generando así una legítima expectativa que le indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación, es decir, la renovación anual de su contrata. Con todo, la Contraloría establece los requisitos que se deben cumplir para hacer efectiva la no renovación de una contrata, su renovación en condiciones distintas o su término anticipado.

Por lo anterior y tras el respectivo análisis, con fecha 26 de noviembre de 2019, se dictó el Decreto impugnado, que dispone la no renovación del nombramiento a contrata del recurrente para el año 2020, decisión que fue notificada debidamente.

Hace presente que la jurisprudencia de la Contraloría -sistematizada principalmente en el dictamen Nº87.500 de 2016 y 6400 de 2018- se enmarca dentro de lo previsto en los artículos 3°, letra c), y 10 de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, según los cuales los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio de una dotación y deben ser dispuestos por un plazo que puede extenderse sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, por lo que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Así, respecto a la no renovación de una contrata, la jurisprudencia señala que ésta debe ser formalizada previa y expresamente a través de la emisión del pertinente acto administrativo, el cual deberá ser motivado, esto es, contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta. El dictamen N°006400 de 2018, de la Contraloría, destaca que los pronunciamientos referentes a la confianza legítima no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas, ello ha sido consignado de manera expresa por la jurisprudencia vigente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Nos 12.421, 28.530 y 33.999, todos de 2017.

En el caso concreto, la no renovación de la contrata fue formalizada mediante el Decreto 48406/2019, de 26 de noviembre de 2019, el cual fue debidamente motivado, ya que contiene el razonamiento y expresión de los hechos y fundamentos que sustentan la decisión, los que dicen relación con el desempeño insatisfactorio del recurrente.

Finalmente, señala, no tiene mayor relevancia la circunstancia de que el recurrente haya celebrado previamente 3 convenios a honorarios con la Universidad de Chile, entre el 1° de julio de 2016 y 31 de mayo de 2017, ya que se han respetado los procedimientos y plazos fijados por la CGR para el caso de la no renovación de la contrata de funcionarios que gocen de confianza legítima.

18°) Que, sobre la supuesta vulneración de las garantías fundamentales del recurrente, indica que con motivo del acto impugnado se denuncia que se verían afectadas sus garantías fundamentales establecidas en los numerales 2, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política.

Respecto de la igualdad, precisa que respecto de la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución, ésta exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, según ha reconocido la jurisprudencia tanto de los Tribunales Superiores de Justicia como del Tribunal Constitucional.

Alude, luego, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, transcribiendo diversos párrafos de sentencias, añadiendo que también dicho Tribunal ha recogido la distinción de la doctrina alemana acerca de las igualdades/desigualdades esenciales.

Conforme a lo expuesto, en el caso del recurrente se ha dado estricta aplicación al principio de igualdad constitucional, dando un tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales. En este sentido, si bien el recurrente no indica los casos de los funcionarios a contrata que estando en su situación fueron tratados de forma distinta, precisa que la no renovación de su nombramiento a contrata para el año 2020 se debió a circunstancias objetivas.

En virtud del régimen jurídico explicado en su presentación, es indiscutible que el Director Jurídico y el Rector de la Universidad de Chile contaban con las atribuciones legales y estatutarias para decidir sobre los nombramientos del personal de colaboración adscritos a su Unidad, como era el caso del recurrente.

Concluye que no existe vulneración a la referida garantía constitucional y, por ende, la acción de autos deberá ser rechazada.

19°) Que, sobre el debido proceso, señala que en cuanto a la afectación de esta garantía fundamental, debe considerarse que, como ha sostenido la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales superiores, conforme al texto del artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección sólo procede por infracción de la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, contenida en el inciso 4° del numeral 3° del artículo 19, protección que no se extiende al inciso 5° del mismo artículo que es el que hace referencia al debido proceso, al establecer que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”. Éste ha sido el razonamiento uniforme de la Corte de Apelaciones de Santiago, transcribiendo parte de una sentencia.

Sostiene que contrario a lo expuesto por el recurrente, no existe un juzgamiento de comisión especial. Las autoridades que comparecen en el acto recurrido han ejercicio las atribuciones que tanto la ley como la normativa universitaria les conceden, decidiendo no prorrogar su nombramiento a contrata para el año 2020, acatando además los criterios establecidos por la CGR respecto los funcionarios que gocen de legítima confianza en la permanencia del cargo.

En tal sentido, no es posible entender como esta garantía ha sido vulnerada en la forma indicada en la acción de protección de autos, debiendo ésta ser rechazada.

20°) Que, respecto la libertad de trabajo, el informante señala que el recurrente denuncia que la conducta ilegal y arbitraria de su parte vulneraría la garantía del numeral 16 del artículo 19, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto.

De los antecedentes expuestos por su parte no se vislumbra como pudo haberse vulnerado dicha garantía, máxime si se atiende a la naturaleza transitoria de la contrata, y toda vez que no ha sido renovada con los fundamentos expuestos y acorde a las exigencias establecidas por la Contraloría General.

Advierte que un cargo a contrata, por definición legal del artículo 3°, letra c), del Estatuto Administrativo, es esencialmente transitorio: “[p]ara los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente: (…) c) Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”.

El Estatuto Administrativo distingue los funcionarios a contrata de los nombrados a planta, definidos en la letra b, del mismo artículo 3° de la norma citada, como “conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, que se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5°”, por un lado, y al personal de la contrata, que tiene un carácter transitorio, y que ha sido reconocido reiteradamente por la Contraloría entre otros, en el Dictamen N°022466, de 2001.

El artículo 10 del Estatuto Administrativo, agrega que “[l]os empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiese sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”, sin perjuicio que existan otras categorías de servidores públicos sujetos a otras formas de contratación.

El artículo 153, inciso primero, de la misma norma, dispone que “[e]l término del período legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones”, con lo cual se alude a la forma de expiración de funciones de los empleados a contrata, como empleos transitorios.

Agrega que la invariable jurisprudencia de la Contraloría, contenida en el dictamen N°18.264, de 2016, entre otros, compete a la autoridad respectiva resolver sobre la procedencia de prolongar una contrata y su duración, con la única modificación introducida, entre otros, por los Dictámenes N°85.700 de 2016 y 6.400 de 2018, que disponen que la no renovación de una contrata que ha venido renovándose por más de dos período consecutivos, debe ser necesariamente fundada, y en el caso de autos lo fue.

En consecuencia, afirma, no se divisa la forma en que se habría producido la vulneración respecto del recurrente, de la garantía constitucional del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política, motivo por el cual su recurso deberá ser rechazado igualmente, a este respecto.

Por último, de acuerdo con lo expuesto y en conformidad a lo prescrito en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, pide tener por evacuado el informe decretado y en atención a los fundamentos expuestos, rechazar la acción cautelar en todas sus partes, con expresa condena en costas.

21°) Que para el análisis del asunto planteado en autos, resulta conveniente recordar, como se hace habitualmente, que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

22°) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Es importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que esté presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

23°) Que, desarrollando el asunto puesto en conocimiento de esta Corte, hay que señalar que lo que se reprocha en el presente caso, por el recurrente, esto es, la acción que estima arbitraria e ilegal, está constituida por el término del cargo que servía a contrata en la Radio de la Universidad de Chile, luego que principiara bajo el régimen a honorarios, lo que se cristaliza en el Decreto N°0048406/2019, registrado de fecha 26 de noviembre de 2019, del cual tomó conocimiento el día 7 de diciembre de 2019.

Sobre el particular, se debe hacer presente que en conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 3° de la Ley N°18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, para los efectos de esta normativa se entiende por empleo a contrata aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. El inciso primero del artículo 10 del mismo texto de ley prescribe que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

El recurrente, como se ha indicado, ha servido para la recurrida, durante varios años, concretamente, tres años y cinco meses, en las dos calidades destacadas, esto es, primero a honorarios y a continuación a contrata.

Sin embargo, como es de toda evidencia, el que las normas transcritas consagren de manera explícita la transitoriedad de la contrata así como el de otras formas de trabajo precarias que se dan en el sector público, no constituye una circunstancia que habilite a la Administración -en el caso de la especie la Radio de la Universidad de Chile, dependiente de la Universidad del mismo nombre- para poner término anticipado a la misma por las razones que se esgrimieron en la Resolución que se reprocha y recurre de protección, que se han repetido en el informe evacuado.

24°) Que, en efecto, la adecuada interpretación de las disposiciones citadas, conduce a concluir que la transitoriedad de la contrata no dice relación con la persona que sirve el cargo, sino que con el cargo mismo, esto es, que lo circunstancial o precario es el tipo o clase de trabajo que se desarrolla en la institución, mas no respecto del funcionario específico o determinado que lo sirve, quien no puede quedar sujeto al mero arbitrio de sus superiores jerárquicos o de quienes deban efectuar los nombramientos o renovaciones, y mucho menos, al mero arbitrio de simples informes de algún superior, que pueden estar influidos por consideraciones de cualquier tipo, que podrían escapar del adecuado o inadecuado desempeño que pueda tener el empleado que sirve bajo alguna de las señaladas modalidades.

De otro lado, las más elementales normas sobre respeto al trabajador, en cualquiera de las calidades que pueda revestir y ante cualquier empleador que se preste la labor, señalan que a quien emplea a una persona no le es lícito poner fin a la relación si no es por alguno de los motivos o en alguna de las hipótesis que establezca la ley.

En este escenario, el término anticipado de la contrata o de otra forma precaria de trabajo será procedente, en tanto el servicio que motivó la contratación haya dejado de ser necesario, pero no lo será si se pretende llevarlo a cabo porque la persona que desempeña la labor lo hace en forma deficiente. En este último caso el servicio sigue siendo necesario y el trabajo continúa existiendo, pero lo que se busca es que sea desempeñado por otra persona que lo haga de mejor forma. Especialmente en el presente caso, en que las conductas que se han reprochado al funcionario recurrente en la resolución recurrida, y se han repetido en el contenido del informe provienen de meras consideraciones de un superior.

La afirmación anterior se funda en el hecho de que no es comprensible que recién ahora se haga la constatación de que el desempeño de una persona padezca de las deficiencias que se le han imputado, en circunstancias que dicha persona ingresó al sistema público, al menos en la entidad recurrida, esto es, que ingresó a trabajar a la radio de la Universidad de Chile bajo la modalidad de contrato de honorarios, en virtud del Decreto N°1715/2017, de 31 de mayo de 2017, el que fue renovado sucesivamente hasta el año 2019.

Dichas deficiencias se pueden repetir:

“3-. Que el funcionario cumple el cargo de periodista cuya función implica un alto impacto en la misión de la Radio, pese a lo cual el funcionario ha demostrado un desempeño deficiente y falto de prolijidad.

“4-. Que la anterior evaluación se ve reflejada en diversas oportunidades que se ha debido rectificar artículos periodísticos por petición expresa de las fuentes.

“5-. Que el funcionario presenta dificultad para trabajar bajo presión, competencia necesaria para el ejercicio del cargo, además de no obedecer las órdenes impartidas por su jefatura directa.”

25°) Que cabe añadir que, si un funcionario a contrata o en otra forma precaria de contratación desempeña deficientemente su labor, en los términos antes consignados, pero ésta sigue siendo necesaria, no puede la Administración, invocando la transitoriedad de dichas formas de laborar en la Administración Pública, poner término anticipado al servicio específico de ese funcionario y, eventualmente, reemplazarlo por otro. Un correcto proceder indica que, en este evento, la autoridad podrá evaluar en términos deficientes el desempeño y fundado en eso y observándose las normas que gobiernen la materia, separar de sus funciones al empleado, o bien iniciar los sumarios administrativos correspondientes, que pueden eventualmente culminar con la destitución.

Lo antes dicho significa que la autoridad administrativa no puede invocar la transitoriedad de la contrata o de la suplencia para separar al empleado que considera deficiente, o como en el presente caso, dando la impresión de que se hace simplemente debido a un repentino cambio de criterio en torno al desempeño del recurrente, que fue invariablemente calificado en forma positiva y cuya desvinculación incluso se produjo inmediatamente después de que fuera calificado en términos positivos. La autoridad debe utilizar solo los mecanismos que, específicamente, se han previsto para tal finalidad, a fin de evitar cualquier sospecha de arbitrariedad, como en el caso de autos, en que el fundamento del término de la actual suplencia es un mero informe de un jefe del empleado recurrente, curiosamente negativo, en circunstancias que sus calificaciones previas son positivas.

26°) Que en el caso de la especie se recurrió a un mero informe de desempeño funcionario distinto al que prevé la ley -que por lo demás no se condice con la efectuada en cumplimiento de ésta (que en sus calificaciones en los tres años y cinco meses que trabajó obtuvo siempre calificaciones positivas) y sobre esta base ilegítima se dispuso la no renovación de la contrata de quien recurre, en términos que nada se ha dicho por la recurrida en cuanto a que el trabajo desempeñado por la recurrente ya no resulte necesario. Efectivamente, si se revisa la resolución recurrida, así como los informes evacuados, los reproches dicen relación con circunstancias que habrían impedido al funcionario recurrente continuar desempeñando un cargo que servía por más de tres años, en las dos calidades ya dichas, atribuyéndole diversas deficiencias.

Se trata de situaciones que, de ser efectivas, son difíciles de ignorar durante tres años y advertirlas sólo al cabo de dicho período, para el solo efecto de poner término a la relación laboral.

27°) Que, de este modo, basta con revisar y estudiar someramente el Decreto N°0048406/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, notificado el 7 de diciembre de 2019, emitido por la Universidad de Chile, por el cual se resolvió el término de la contrata que ejercía en la Radio de la Universidad de Chile, no disponiéndose de una nueva renovación para el año 2020, para concluir en la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión adoptada por el recurrido, que no se acomoda a la normativa legal previamente indicada y que se visualiza como una mera intención de desprenderse, laboralmente, del funcionario recurrente, y cuyas verdaderas razones no están a la vista.

La conducta del recurrido, al expedir una resolución o Decreto para poner término a las funciones que a contrata desempeñaba el recurrente, constituyen un acto arbitrario, pues no tiene sustento alguno ni en la ley ni en los hechos, no se ha entregado una justificación adecuada para dicha terminación, como no sea el parecer subjetivo del superior jerárquico que emitió un informe negativo respecto de la manera como desempeñaba sus funciones, al margen del proceso normal de calificación que son propios de toda función de empleados del Estado, e incluso, de algún sumario administrativo.

Además, el proceder de la Administración ha producido la vulneración de la garantía fundamental de igualdad ante la ley, que la Carta Fundamental de la República reconoce al recurrente en el N°2 de su artículo 19, todo lo que justifica que el recurso sea acogido.

28°) Que, por lo anterior, no resulta necesario analizar si ha habido o no transgresión de las demás garantías constitucionales invocadas en el recurso, el cual, por lo expuesto, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de recursos como el de la especie, se declara que se acoge el recurso de protección presentado por don nombre reservado, abogado, por don nombre reservado, contra el Decreto N°0048406/2019, de 26 de noviembre de 2019, expedido por la Universidad de Chile, mediante el cual se ha dispuesto la no renovación de su empleo a contrata para el año 2020.

Asimismo, se dispone que la autoridad administrativa correspondiente debe dictar un nuevo Decreto o Resolución, que disponga la renovación de la contrata de dicha persona hasta el periodo máximo permitido por la ley durante el presente año 2020, dejando sin efecto el anterior, objeto del recurso. Asimismo, se declara que el recurrido deben efectuar el reintegro a sus funciones del recurrente en forma inmediata, debiéndosele pagar las remuneraciones y demás montos devengados por todo el período que la decisión impugnada lo haya privado de su empleo y hasta el vencimiento de la prórroga de contrata, el 31 de diciembre de 2020, con los accesorios y demás beneficios que legalmente le correspondan.

Asimismo, se impone al recurrido el pago de las costas del recurso.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los antecedentes.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°460-2020.