nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, (en adelante SII), y en contra de la Tesorería General de la República, (en adelante TGR), por haber retenido en forma arbitraria e ilegal la devolución de impuestos extraordinaria, y disponer arbitrariamente de este dinero, Indica que en su calidad de trabajadora independiente, se desempeñó entre el mes de julio y diciembre de 2019 ejerciendo como asistente de investigación para la Universidad de Chile. Por el trabajo realizado el año 2019, emitió la boleta de honorarios N° 77 con fecha 20 de enero de 2020, por $2.760.000.- pesos, cuyo impuesto retenido correspondió a $296.700.-. Dicha boleta fue íntegramente pagada, y el impuesto pagado también por su empleadora.

Con la misma fecha emitió una segunda boleta de honorarios, la N° 78 por el monto bruto de RUT reservado.- pesos, cuyo impuesto retenido corresponde a $225.750.- Esta boleta correspondía a la renovación eventual de su convenio de honorarios, que por asuntos de gestión y para evitar desfases en el pago como los experimentados en 2019, debía hacerse de inmediato. Sin embargo, una vez retomadas las actividades de la Universidad en el mes de marzo, la renovación de su convenio finalmente no se concretó, por su decisión de desempeñarse en otros proyectos, más compatibles con los estudios que se encuentra cursando. Por tanto, el trabajo correspondiente a la boleta N° 78 no fue realizado, y la boleta no fue pagada, así como no lo fue el impuesto correspondiente, quedando pendiente su anulación. Posteriormente, el 5 de mayo de 2020, anuló la boleta en cuestión.

Señala que el día 25 de abril, mediante una notificación de correo electrónico, el Servicio de Impuestos Internos le comunicó que “Se realizó la devolución de la retención de sus boletas de honorarios de enero y febrero 2020”, indicándosele “Como parte de las medidas tributarias de apoyo anunciadas en el marco de la emergencia provocada por el Covid-19”. Se informa que tal medida se aplica para “todos los contribuyentes a quienes se les retuvo el impuesto o bien, que pagaron su retención en el Formulario N°29, en los meses indicados”, siendo este su caso.

Añade que siguiendo las instrucciones del correo ingresó al portal del SII, donde se consigna que solicitó la devolución de $522.450.-, en base al cálculo las boletas N° 77 y N° 78, referidas.

Explica que el 27 de abril pasado revisó en la página de la Tesorería General de la República, tomando conocimiento que el monto de $522.450.-, fue compensado por concepto de deuda fiscal, sin indicar fundamentación alguno, como el detalle de la deuda de que se trataría, ni sus montos, o el justificativo legal para proceder a dicha operación, contrariando los objetivos de la devolución extraordinaria.

Lo anterior, la priva de la posibilidad de rechazar el supuesto “beneficio”, al no poder reintegrar el monto devuelto anticipadamente, pues jamás estuvo en su poder. Además, que el monto correspondiente a los $225.750.-, que se tuvieron por impuesto retenido de la boleta N° 78 no fue pagada, ya que fue anulada. Indica que lo anterior constituye una apropiación indebida y arbitraria de su propiedad.

Los beneficios tributarios dispuestos tienen como sustento normativo el Decreto Supremo N° 420 de 2020, del Ministerio de Hacienda, que establece medidas de índole tributaria, para apoyar a las familias, los trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, en las dificultades generadas por la propagación del Covid-19 en Chile; y la Resolución Exenta N° 40, de fecha 13 de abril de 2020, del SII.

Sostiene que la devolución anticipada de los impuestos retenidos en enero y febrero de 2020, tiene por finalidad que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República condonen y devuelvan a sus beneficiarios, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020 conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

A su vez, el Servicio de Impuestos Internos, a través de su Resolución Exenta N° 40, de fecha 13 de abril de 2020, dispuso “Despáchese la orden de devolver las retenciones de impuesto efectuadas en los meses de enero y febrero de 2020, a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Infórmese a Tesorería General de la República la referida orden de devolución, para que efectúe el reintegro a los contribuyentes señalados, en el mes de abril de 2020, tal como lo ordena el Decreto Supremo N° 420 de 2020, del Ministerio de Hacienda. La devolución señalada en este Resolutivo, se realizará a los contribuyentes que hayan emitido Boletas de Honorarios Electrónicas en los meses de enero y febrero, respecto de las retenciones efectuadas por los pagadores de las respectivas rentas, que se encuentren enteradas en arcas fiscales a través del Formulario N° 29, así como también, las retenidas y pagadas en el mismo formulario, por el propio contribuyente emisor de la Boleta de Honorario Electrónica”.

Sostiene que en su caso la TGR no cumplió con su mandato, al dar otro destino a los dineros excepcionalmente autorizados devolver a los contribuyentes. Adicionalmente que los servicios recurridos dispusieron de montos no pagados por su empleadora, correspondientes a la boleta N° 78.

Estima que el actuar de los organismos recurridos ha sido ilegal y arbitrario al no cumplir con las medidas extraordinarias que se dictaron para ayudar a los contribuyentes. En particular, la Tesorería General de la República ha incurrido en un auto pago, priorizando el beneficio fiscal por sobre el particular.

La conducta de los recurridos ha privado o, cuando menos perturbado el derecho de propiedad sobre la suma de $522.450.-, cuya devolución el SII había autorizado y que la Tesorería General de la República dispuso arbitrariamente para fines distintos de los que inspiraron la medida extraordinaria en comento.

Indica que fue privada de la suma de $296.700.-, retenidos por concepto de impuesto de la boleta N° 77.

Refiere que al hacerse un auto pago con los $225.750.-, retenidos como concepto de impuesto por la boleta N° 78 que se encuentra anulada, ha sido privada de la posibilidad de devolvérselos al Servicio de Impuestos Internos.

Lo anterior, vulnera el derecho consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clases de bienes, corporales e incorporales, a la vez que prohíbe la privación de la propiedad salvo en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública calificada por el legislador, posibilidad que de ninguna forma concurre en la especie. Además, la actuación imputada a los recurridos, ha conculcado la garantía establecida en el artículo 19 N° 3, toda vez que se le ha impedido de ejercer su derecho a defenderse de la disposición arbitraria de dichos organismos.

A su vez, la compensación efectuada por la TGR no fue realizada a través de una resolución fundada, no se le notificó y hasta la fecha no conoce el fundamento de la decisión que la privó de la devolución extraordinaria cuya justificación se anunció como una ayuda para los trabajadores independientes.

También estima que se le ha conculcado la garantía establecida en el artículo 19 Nº 2, respecto a la igualdad ante la ley, puesto que por el hecho arbitrario de tener una deuda que no se ha especificado, ha sido privada de un beneficio fiscal extraordinario que tenía por único objetivo contribuir al mantenimiento de los trabajadores independientes en el contexto de pandemia que vive el país.

Adicionalmente, la conducta de la Tesorería General de la República le ha impedido acceder al rechazo del beneficio, al contrario del resto de los contribuyentes que podían optar libremente sobre el destino de estos fondos.

Pide que se acoja el recurso de protección, ordenando al Servicio de Impuestos Internos corregir la información sobre las boletas válidamente emitidas y los impuestos retenidos en el mes de enero 2020, incluyendo la anulación de la boleta N° 78, y a la TGR cancelar la compensación realizada por el monto de $522.450 pesos, devolver a esta contribuyente la suma $296.700.-, con reajustes e intereses legales, por concepto de devolución anticipada de impuestos, con costas.

2°.- Que informando la Tesorería General de la República, solicitó el rechazo de la presente acción. Señala que no ha retenido la devolución de pagos provisionales mensuales de impuesto a la renta de la recurrente de los meses indicados.

Explica que en concordancia con lo dispuesto en el Decreto N°420, del Ministerio de Hacienda, debía devolver a la actora la suma de $522.450.-, correspondiente a los pagos provisionales mensuales de los meses de enero y febrero del año 2020 que se registraban en su cuenta única tributaria.

En vista de la situación sanitaria que afecta al país, el 23 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dictó el Decreto N°107 de 2020, que dispuso como zonas afectadas por catástrofe las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país.

Por tal motivo se dictaron una serie de medidas excepcionales, tales como el Decreto N°420, de 01 de abril de 2020, del Ministerio de Hacienda. Tal norma en su numeral 7, dispuso: “Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020, conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.

En el caso de la actora, la devolución de los pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, no se verificaron por cuanto dichas devoluciones fueron compensadas, en virtud de la facultad concedida a la Tesorería General de la República por el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1 de 1994, del Ministerio de Hacienda, que la autoriza para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, apareciendo evidente que la acción deducida no se encuentra razonablemente motivada, toda vez que sus fundamentos de hecho se encuentran fuera de los casos y formas a que se refiere la preceptiva cuya aplicación se impugna.

Indica que la Ley N° 20.027 estableció un Sistema de Crédito destinado a apoyar el acceso a la educación superior de aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no podían acceder al sistema financiero para obtener los recursos necesarios para solventar el pago de sus estudios de educación superior. Al respecto, señala que la recurrente obtuvo el beneficio del Crédito con Garantía Estatal para financiar sus estudios superiores, siendo una institución financiera la encargada de otorgarle financiamiento. Luego, la casa de estudios informó el egreso de la estudiante, lo que generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la menciona ley y su Reglamento, a partir del día 5 del décimo noveno mes contados desde la fecha de término del plan de estudios. Además, de acuerdo con la información proporcionada por la institución financiera administradora del crédito, consta que la deudora entró en mora en el cumplimiento de su obligación de pago, y habiendo agotado las instancias judiciales para obtener el pago del crédito, la Comisión Ingresa verificó el incumplimiento de la deuda, a través de la constatación del inicio de las acciones judiciales destinadas al cobro de la misma, certificando el cumplimiento de las obligaciones de administración por parte de la institución financiera.

Por lo tanto, anterior, la Comisión remitió a la Tesorería General de la República el formulario 34, folio 171995, de cobro del crédito, registrándose en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente una deuda por 39,92 Unidades Tributarias Mensuales. Por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 del DL N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y 1° del DFL N° 1 del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, le corresponde a ésta efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas de los excedentes de pago de pagos provisionales que arrojen las declaraciones de impuesto a la renta presentadas por los contribuyentes, así como de la devolución que fuera ordenada por el decreto N° 420, de 2019.

Indica que en el caso de la actora, la devolución de los pagos provisionales correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas reciprocas de la recurrente y del Fisco. Esta facultad está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

Finalmente solicita no dar lugar al recurso por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

3°.- Que en su informe el SII señala que la presente acción debe ser rechazada, ya que la recurrente es una contribuyente, cuyas rentas para efectos de los tributos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, clasifican en la Segunda Categoría, ya que al dar aviso de inicio de actividades con fecha 29 de octubre 2013, informó el giro de “Procuradora de Estudio Jurídico”. Además, durante los meses de enero y febrero, del año comercial 2020, emitió 2 boletas de honorarios electrónicas por servicios profesionales, registrando ingresos brutos totales por la suma de $4.860.000. Con fecha 21 de abril de 2020, el SII procedió a informar a la TGR, la procedencia de la devolución anticipada de la retención a cuenta de los Impuestos a la Renta de la recurrente, en virtud de las medidas adoptadas por el COVID-19, de conformidad con lo dispuesto en el DS Nº 420 de 2020, por un monto de $522.450., para que la TGR procediese a su devolución o a destinarla a compensar las deudas que los contribuyentes registren, todo ello conforme a las facultades que le otorgan los artículos 6º y 7°, de su Ley Orgánica.

Indica que la contribuyente, con fecha 20 de mayo de 2020 procedió a anular la boleta de honorarios electrónica N° 78, por cuanto no se habrían prestado los servicios que en ella se consignaban. De esta forma, no se ha efectuado pago alguno a cuenta de dicha boleta, ni retención respecto de la cual procediera su devolución o compensación.

Explica que con fecha 30 de marzo de 2020, se dictó el Decreto Supremo N° 420 del Ministerio de Hacienda, que establece medidas de índole tributaria, para apoyar a las familias, los trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, en las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad COVID-19 en Chile, cuya publicación en el Diario Oficial fue realizada con fecha 01 de abril de 2020.

Dentro de las medidas contempladas en el artículo 1°, N° 7 del Decreto antes referido, se establece: “Instrúyase al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de impuesto aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los meses de enero y febrero de 2020 conforme a los artículos 74 Nº 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la Ley sobre Impuesto a la Renta”. A fin de dotar de operatividad el precepto antes transcrito, este Servicio dictó la Resolución Exenta N°40, de fecha 13 de abril de 2020 (“Resolución Exenta N°40/2020”), a través de la cual impartió las instrucciones respecto de las medidas tributarias adoptadas por el D.S. N° 420/2020, en relación con el Impuesto a la Renta, a raíz de la catástrofe generada por la propagación del COVID-19 en Chile, señalando en lo resolutivo, lo siguiente: “3. Despáchese la orden de devolver las retenciones de impuesto efectuadas en los meses de enero y febrero de 2020, a los contribuyentes que establece el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Infórmese a Tesorería General de la República la referida orden de devolución, para que efectúe el reintegro a los contribuyentes señalados, en el mes de abril de 2020, tal como lo ordena el Decreto Supremo N° 420 de 2020, del Ministerio de Hacienda. La devolución señalada en este Resolutivo, se realizará a los contribuyentes que hayan emitido Boletas de Honorarios Electrónicas en los meses de enero y febrero, respecto de las retenciones efectuadas por los pagadores de las respectivas rentas, que se encuentren enteradas en arcas fiscales a través del Formulario N° 29, así como también, las retenidas y pagadas en el mismo formulario, por el propio contribuyente emisor de la Boleta de Honorario Electrónica.”

Que de lo preceptuado en las normas antes transcritas la devolución anticipada de impuestos dispuesta por el D.S. N°420/2020, dice relación únicamente con las retenciones efectuadas durante los meses de enero y febrero del año en curso, a los contribuyentes que obtienen rentas de aquellas señaladas en el N° 2, del artículo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por las cuales hayan emitido boletas de honorarios en forma electrónica.

Que tal devolución recae sobre las retenciones efectuadas por los pagadores de las respectivas rentas que se encuentren enteradas en arcas fiscales o bien, sobre las retenciones enteradas por emisor de las boletas de honorarios electrónica.

Señala que el único rol que cabe al Servicio de Impuestos Internos es el envío a la Tesorería General de la República, de la orden de devolución de impuestos y de la información relativa al cálculo de los impuestos retenidos en virtud de las Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas durante los meses señalados, para tal efecto, procedió a realizar el cálculo de las sumas que debían ser devueltas en el mes de abril de este año, considerando, además, que la devolución debía efectuarse el día 24 del mismo mes y año. De esta forma, con fecha 21 de abril de 2020, informó a la TGR que la recurrente tenía derecho a una devolución anticipada ascendente a $522.450.- para cuyo cálculo se utilizaron las Boletas de Honorarios Electrónicas (Nºs 77 y 78) emitidas en el mes de enero de este año, las que a esa fecha se encontraban vigentes.

De esta forma, en relación con la actuación de este Servicio, no ha existido acción u omisión arbitraria o ilegal, en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que hagan procedente la interposición de un recurso de protección.

En consecuencia, no ha incurrido en la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada, toda vez que cumplió cabalmente con las obligaciones que le imponía el D.S. N°420/2020 en relación con la Resolución Exenta N° 40/2020.

Sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad a la comunicación enviada a la Tesorería, con fecha 05 de mayo de 2020, la contribuyente procedió a anular su boleta de honorarios N° 78, por cuanto según indicó, los servicios no se habrían prestado y, además, no se habría efectuado la respectiva retención.

Por lo anterior, el Servicio procedió a elaborar la información que envió a Tesorería, con los antecedentes que obraban en su poder, particularmente con el detalle de las boletas de honorarios electrónicas emitidas, por cuanto, recién en el mes de marzo de cada año, mediante la presentación de la Declaración Jurada Nº1879, se puede conocer el detalle de las retenciones efectuadas conforme a los artículos 42, número 2º, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de las retenciones efectivamente declaradas y enteradas en arcas fiscales, mediante el F.29, durante el año comercial anterior.

De modo que respecto de las retenciones efectuadas en el mes de enero y febrero de 2020, sólo se puede conocer si se han efectuado retenciones por parte de los contribuyentes que pagan rentas por este concepto, pero no se puede acceder a la individualización de cada una de las retenciones efectuadas, lo anterior, por cuanto, en el F.29, solo se consigna el monto total de las retenciones realizadas.

En síntesis, sostiene que este Servicio no incurrió en ilegalidad o arbitrariedad alguna, al momento de informar a la TGR, respecto del monto de impuesto retenido durante los meses de enero y febrero, por parte de la recurrente, por lo tanto solicita el rechazo de esta acción constitucional.

4°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

5°.- Que constituyen hechos no indubitados los siguientes:

A.- Que a la recurrente se le retuvo la suma de $522.450.- correspondiente a la devolución de pagos provisionales mensuales, de los meses de enero y febrero de 2020.

B.- Que la actora que es deudora moroso del crédito solidario universitario.

6°.- Que el artículo 1 de la Ley 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, establece:

“Facultase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.”.

“La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.”.

“Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.”.

7°.- Que, en consecuencia, la TGR en cumplimiento de un mandato legal, y previamente informado por la entidad acreedora universitaria que la recurrente era deudora del crédito universitario, procedió a retener su devolución de pagos provisionales mensuales correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020.

8°.- Que de lo anterior se colige que esta parte recurrida sólo se limitó a cumplir con una obligación legal, al practicar la retención singularizada en el motivo anterior, por lo que su actuar aparece justificado legalmente, y por lo tanto, la presente acción de protección no puede prosperar.

9°.- Que en relación a la imputación que se le hace al SII, cabe hacer presente que tal institución sólo se limitó a dar estricto cumplimiento a lo mandatado en los artículos 6 y 7 de su Ley Orgánica, desde que informó a la TGR, la procedencia de la devolución anticipada de la retención a cuenta de los Impuestos a la Renta de la recurrente, en virtud de las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el DS Nº 420 de 2020, por un monto de $522.450., para que la Tesorería procediese a su devolución o a destinarla a compensar las deudas que los contribuyentes registren. Explica que para tal efecto, se basó en la información relativa al cálculo de los impuestos retenidos en virtud de las Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas durante los meses señalados por la actora, para luego realizar el cálculo de las sumas que debían ser devueltas en el mes de abril de este año, por ende, con fecha 21 de abril de 2020 informó a la TGR que la recurrente tenía derecho a una devolución anticipada ascendente a $522.450.- para cuyo cálculo se utilizaron las Boletas de Honorarios Electrónicas Nºs 77 y 78, emitidas en el mes de enero de este año, las que a esa fecha se encontraban vigentes.

10°.- Que tampoco se accederá a la devolución de los $225.750.-, correspondiente al impuesto por la emisión de la Boleta de Honorarios Electrónica N° 78, de 20 de enero de 2020 por parte de la actora, la que fue anulada por ella con fecha 05 de mayo de 2020, por ser este acto posterior a la comunicación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos a la Tesorería General de la República, para que ésta procediera a su devolución, de conformidad con lo establecido por el Decreto 420 de 2020 del Ministerio de Hacienda, o destinarla a compensar las deudas fiscales que pudiera tener la mencionada contribuyente en situación de mora, sin perjuicio de los demás derechos que podrá ejercer ante el SII respecto de la boleta en cuestión.

Ergo, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el deducido por doña nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, representada por doña nombre reservado y del Servicio de Impuestos Internos, representado por don nombre reservado0 nombre reservado.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Ministro señor Carreño.

N°Protección-45913-2020.