Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.

A los folios 14 y 17: A todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto ilegal y arbitrario consistentes en la confirmación del rechazo de las licencias médicas N°s 51566184-0, 53067115-1, 54701503-7, 56280781-0; bajo la causal de “reposo no justificado”, contenido en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-176141-2021, de fecha 22 de diciembre de 2021, y por la Resolución Exenta N° R-01-IBS-169365-2021, de fecha 10 de diciembre de 2021 que dispuso el rechazo de la licencia N° 56280781-0, lo que vulnera las garantías constitucionales del recurrente, en especial los numerales 1, 9, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con costas.

Sostiene que luego de la separación de su ex pareja, el alejamiento de sus hijos, que se trasladaron a vivir a otra región y la hospitalización de su madre por covid 19, desde junio de 2020 y hasta la fecha, se encuentra diagnosticado con trastorno depresivo mayor, con psicoterapia, y cuyas primeras licencias médicas fueron aprobadas.

Sin embargo, la Resolución Exenta N° R-01- IBS-169365-2021, de fecha 10 de diciembre de 2021 que dispuso el rechazo de la licencia N° 56280781-0, indicó que el reposo prescrito no se encontraba justificado, pues el informe médico aportado, del 6 de agosto de 2021 no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo de 300 días ya autorizado. En el caso de las licencias N°s 51566184-0, 53067115-1, 54701503-7, Resolución Exenta N° R-01-IBS-176141-2021, de fecha 22 de diciembre de 2021, la recurrida concluyó que el reposo prescrito tampoco se encontraba justificado, pues de acuerdo a la documentación aportada, su patología ha sido definida de irrecuperable, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, más allá del período recientemente ya autorizado.

En ambos casos la recurrida no aportó mayores fundamentos para el rechazo, haciendo caso omiso de sus facultades de solicitar nuevos exámenes o peritajes por profesionales de la salud que confirmaran o rechazaran la necesidad de reposo por el tiempo establecido en las licencias otorgadas por el especialista y posteriormente rechazadas por el organismo previsional, haciendo una calificación de una patología como irrecuperable sin realizar ningún tipo de indagación o examen médico.

Sostiene que pese a que su médico psiquiatra concuerda en que no se encuentra capacitado para volver a trabajar, ha intentado reintegrarse al trabajo, pero al poco tiempo de volver, fue despedido; en su desesperación por el despido y el rechazo de las licencias médicas, ha debido buscar un nuevo empleo, pese a la contraindicación médica, del cual sin embargo, al mes de iniciadas sus funciones fue despedido, debido a que su condición de salud no le permite desarrollarse en forma satisfactoria, continuando con crisis de pánico, disconforme con su vida, atentando incluso en contra de su propia vida.

Afirma que el rechazo de sus licencias médicas supone una vulneración de sus garantías constitucionales de los numerales 1, 9, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En relación al N° 1, el rechazo de las legítimas licencias otorgadas por el profesional especialista, incrementa aún más sus síntomas y estrés consecuente e inclusive le ha puesto en la obligación de volver a trabajar, cuando debiera estar haciendo uso de su legítimo derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral. En relación al N° 9, le ha impedido recuperar su salud, gozando del reposo prescrito por el facultativo. En cuanto al N° 18, la Superintendencia recurrida ha vulnerado su derecho a la seguridad social, discriminando al recurrente al negarle ilegítimamente el pago de sus subsidios. En cuanto al N° 24, indica que la recurrida al negarle el pago de las licencias médicas, ha privado a la recurrente de un importante recurso económico cuando más lo necesita.

SEGUNDO: Que habiéndose interpuesto la acción ante la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, ésta con fecha 17 de Enero de 2022, considerando el domicilio tanto de la recurrida (Santiago), como de la recurrente (La Florida), se declaró incompetente, ordenando la remisión de los antecedentes a esta Corte, resolviendo el 25 de Enero de 2022, que se acepta la competencia declinada, y declarando admisible el recurso únicamente respecto Resolución Exenta R-01-IBS-176141-2021 de 22 de diciembre de 2021, en tanto que respecto de la Resolución Exenta R-01-IBS-169365-2021 de 10 de diciembre de 2021, se declaró inadmisible por extemporáneo.

TERCERO: Que a folio 9 comparece don Sebastián de la Puente Hervé, abogado en representación convencional de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien solicita en primer lugar se declare la extemporaneidad del recurso intentado; en segundo lugar, manifiesta que la acción de protección impetrada es improcedente en materias de seguridad social. En cuanto al fondo, solicita igualmente el rechazo de la acción, por no existir actuación ilegal o arbitraria alguna de parte de la recurrida, no existiendo vulneración a algún derecho garantizado en la Constitución.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso intentado, señala que ya desde mayo de 2021 existe una presentación del recurrente reclamando del rechazo efectuado por la COMPIN RM, que confirmó el rechazo de la licencia médica N° 51566184-0 extendida por un total de 30 días a contar del 21 de abril de 2021 por reposo no justificado, lo que fue confirmado por la Superintendencia el 30 de julio de 2021 mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-98007-2021, y se ha deducido la acción en enero de 2022, transcurridos más de 7 meses desde que el recurrente tuvo conocimiento del rechazo de sus licencias médicas. La acción intentada ha sido utilizada como última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, contrariando la naturaleza y finalidad de la acción de protección. Las reclamaciones que pudieren haberse formulado ante la Superintendencia no significa la suspensión del plazo para accionar de protección, pues su ejercicio se entiende siempre sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales.

En subsidio a lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, las que se encuentran expresamente excluidas por el Legislador, en la numeración taxativa formulada en el artículo 20 de la Constitución. En efecto, la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional, de aplicación restringida a aquellos casos expresamente previstos, lo que no ocurre en la especie.

En subsidio, y en relación al fondo del asunto debatido, solicita el rechazo de la acción impetrada. Indica que la legislación aplicable en la materia distingue entre la incapacidad laboral permanente o temporal. Frente a la incapacidad temporal, existe el beneficio de la licencia médica, pero si la incapacidad es o deviene en permanente, el sistema de seguridad social contempla la pensión de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las COMPIN. Frente a la incapacidad temporal, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.585, la nombre reservado debe cumplir las funciones asignadas con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario sea de Isapre o Fonasa. Ante su otorgamiento, la COMPIN actúa en la administración del derecho a licencia médica, ya sea como primera instancia respecto de los trabajadores cotizantes de Fonasa, o como instancia de apelación, respecto de los trabajadores afiliados a alguna Isapre. En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión. Por su parte, el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, en el cual se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

En el caso del recurrente, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Que sin perjuicio de lo expuesto, afirma que la recurrida, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, sí realizó 5 informes médicos por profesionales del servicio, en todos los cuales se concluyó que el informe emitido por el médico tratante no logra establecer la severidad del cuadro clínico, no cuenta con descripción de criterios de gravedad que impacten en la funcionalidad del reclamante, no ha habido derivación de ingreso al programa de salud mental de su CESFAM, por previsión de Fonasa, no hay constancia de haber recibido atenciones por equipo multidisciplinario, pese a los 300 días de reposo ya autorizados, no se adjunta constancia de activación de GES, no adjunta informe de psicoterapias aplicadas, sugiriendo el rechazo porque aparenta reposo sin rol curativo. En resumen, los informes del médico tratante, prestador de libre elección, alto emisor de licencias que firma como psiquiatra y no registra información como especialista, no aporta antecedentes de evolución, severidad ni complejidad que fundamenten la prórroga del reposo por causa psiquiátrica.

A partir de lo anterior, se concluye que esta Superintendencia, a partir de los antecedentes técnicos existentes, se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, ejerciendo las facultades que la ley le ha conferido.

En cuanto al derecho de propiedad que se estima conculcado, hace presente que el otorgamiento de una licencia médica no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral, pues para que ello surja es menester que la mentada licencia se encuentre aprobada, lo que no ocurre en la especie. Si para ello bastase la mera emisión de la licencia, el legislador no habría considerado la existencia de causales de rechazo.

Conforme lo expuesto, solicita el rechazo de la acción impetrada a folio 1, con costas.

CUARTO: Para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

QUINTO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, el acto recurrido quedó circunscrito a la Resolución Exenta R-01-IBS-176141-2021 de 22 de diciembre de 2021, pues la otra resolución impugnada ya fue declarada su extemporaneidad por esta Corte.

Dentro de ese escenario, la alegación de extemporaneidad subsistente efectuada por la recurrida respecto de la Resolución antes individualizada debe ser desechada, pues si bien la recurrente tuvo conocimiento previo del rechazo de pago por la COMPIN es lo cierto que la vía de reclamo administrativo no había concluido pues se siguió adelante para obtener el pronunciamiento de la nombre reservado el que se verificó el 22 de diciembre de 2021, por lo que al haberse recurrido de protección el día 21 de enero de 2022, dicha acción fue ejercida dentro de plazo, por lo que la petición de extemporaneidad debe ser desestimada.

SÉPTIMO: Que en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo del asunto debatido conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente de los antecedentes administrativos que se acompañan al informe, es posible advertir que la recurrida nombre reservado ratificó el parecer de la Compin, que rechazó sus licencias médicas por la causal de orden médico reposo injustificado.

Se puede advertir además, del referido expediente administrativo que la decisión se fundamentó en cinco informes médicos, que descartan la severidad del cuadro clínico del recurrente, sumado a la circunstancia –no controvertida- que el recurrente no fue derivado al CESFAM; correspondiente para atención terapéutica, tampoco se activó el sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES) ni hay informes de psicoterapeutas, por lo que debe descartarse una actuación arbitraria o ilegal de parte de la recurrida.

NOVENO: Que, como se advierte, el rechazo impugnado de las singularizadas licencias médicas se encuentra fundado en que no cumplen con los criterios normativos del Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativos a Licencias Médicas, Decreto N° 7/2013, de 18 de julio del mismo año, puesto que no se adjuntan antecedentes médicos que justifiquen la prolongación del reposo por el diagnostico enunciado.

DÉCIMO: Que, por otro lado, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

UNDECIMO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DUODECIMO: Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, la actividad realizada por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

DÉCIMO CUARTO: Que, finalmente, la recurrente ha alegado la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N° s. 1 y 24 de la Constitución Política de la República, siendo que no se ha establecido ninguna afectación a su integridad física ni síquica, al contrario, se trata de situaciones que por su particularidad deben ser analizadas caso a caso, dependiendo de la evolución clínica de las dolencias que registre un paciente determinado, su gravedad y recuperabilidad, así como determinar si se trata de una incapacidad temporal o definitiva; tampoco se aprecia de qué manera se afectaría a su derecho a la igualdad ante la ley, ya que no aparece con toda la nitidez que requería la acción cautelar intentada, pues se vincula con una especie de derecho a todo evento a que le sean cursadas las licencias médicas que presente, siendo que como ya se dijo, el marco reglamentario y legal determina controles administrativos de procedencia, por lo que en realidad se estaba en presencia de una mera expectativa, siendo que el presente arbitrio está establecido para amparar situaciones fácticas o jurídicas indubitadas.

En consecuencia conforme a lo razonado precedentemente la presente acción no puede prosperar y deberá ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (nombre reservado).

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

N°Protección-459-2022.