Protección contra Luz García Guzmán

Santiago, ocho de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado e interpone recurso de protección contra de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Peñalolén, representada por nombre reservado y en contra de Luz García Guzmán, con domicilio en domicilio reservado.

Refiere que es profesora de educación física y con fecha 11 de marzo de 2013 ingresó a prestar servicios al colegio diferencial Juan Pablo II, cuyo sostenedor es la recurrida con una jornada horaria que fue aumentando hasta llegar a las 34 horas cronológicas semanales, encontrándose bajo el amparo de las normas de la ley N° 19.070.

Precisa que con la publicación de la ley N° 21.152, obtuvo el beneficio de la titularidad docente indicado en la ley N° 19.648 y con fecha 26 de junio de 2019, firmó una modificación de su contrato de trabajo, reconociéndose la titularidad docente respecto de 34 horas cronológicas semanales.

Hace presente que con fecha 24 de mayo de 2019, mediante resolución SG 258, se le notificó el inicio de un sumario administrativo, en virtud de los artículos 127 a 143 de la ley N° 18.883 y en relación al artículo 72, letra B) del Estatuto Docente, designándose como fiscal a la recurrida Luz García Guzmán.

Señala que dicho sumario se desarrolló con vicios formales, por cuanto no se respetaron los plazos establecidos en la ley N° 18.883 ni tampoco los del artículo 27 de la ley N° 19.880, norma supletoria para los procedimientos administrativos de acuerdo al artículo 1° de ésta ley. Todo lo anterior, además, sin respetar los principios fundantes de todo procedimiento administrativo, regulados en también en la ley N° 19.880.

Aclara que no se pretende, impugnar los hechos que motivaron el sumario, si no que dar a conocer el incumplimiento de los plazos establecidos en la ley, los cuales no fueron respetados y que significaron su destitución, hecho que ocurrió el día 28 de abril de 2020, mediante resolución SG N° 133, notificada a su parte el día 2 de mayo de 2020.

Sobre el particular el artículo 133 de la ley N° 18.883 establece que “El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite. La investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días. En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta completar sesenta días, resolviendo sobre ello el alcalde”

A su turno, el artículo 1° de la ley N° 19.880, indica: “Procedimiento Administrativo. La presente ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado. En caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter de supletoria”. Lo anterior debe ser complementado por el artículo 2°, en el sentido de que también incluye a las municipalidades dentro de su ámbito de aplicación.

En cuanto a la determinación de los plazos, la ley N° 18.883 no fija la forma de computarlos, por lo que hay que remitirse al artículo 25, inciso primero, de la ley N° 19.880 que establece que “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.”

En tal sentido, la recurrida y fiscal Luz García Guzmán, incumplió el artículo 133 de la ley N° 18.883. La norma impone que el plazo de la investigación debe realizarse en veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, plazo que en su caso venció el día 21 de junio de 2019 y solo el fecha 28 de junio de 2019, una semana después de vencido el plazo legal, la Fiscal inició sus actuaciones dentro del sumario, con el oficio N° 1, en que solicita sus antecedentes, advirtiéndose una transgresión al mandato legal impuesto por el artículo 133 de la ley N° 18.883 Es más, el mismo artículo 133, en su inciso final, establece que “En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta completar sesenta días, resolviendo sobre ello el alcalde”. Sin embargo, a lo largo de la carpeta investigativa, no existe un solo documento, emanado por la fiscal en que se informe un aumento de plazo, ni menos una resolución del alcalde al respecto.

De esta manera con fecha 14 de noviembre de 2019, esto es, 117 días después de iniciado el sumario, se declaró cerrada la investigación, en clara transgresión del artículo 133 ya citado. Con fecha 13 de diciembre de 2019 se le notificaron los cargos, los que se formularon por medio de resolución de fecha 6 de diciembre de 2019 y, de acuerdo al artículo 136 presentó sus descargos el 30 de diciembre de 2019, previa solicitud de ampliación de plazo.

Con fecha 2 de marzo de 2020 se le notificó la resolución SG N° 65, de fecha 25 de febrero de 2020, en que se pone término a su relación laboral con la recurrida CORMUP. Dicho documento viene formado por nombre reservado, secretaria general subrogante. Con fecha 6 de marzo de 2020 y de acuerdo al artículo 139 de la ley N° 18.883, presentó recurso de reposición, la que fue desestimada mediante resolución SG N° 133, de fecha 28 de abril, notificada el día 2 de mayo, ambas de este año 2020.

El mencionado artículo 139 señala que el recurso de reposición “deberá ser fallado dentro de los cinco días siguientes”. Sin embargo, dicha actuación fue fallada en un plazo superior al establecido por la ley (36 días después de su presentación), lo que también es una contravención a la norma, la que fija de manera imperativa y obligatoria un plazo que no fue respetado.

A mayor abundamiento, el artículo 27 de la ley N° 19.880, norma supletoria para los procedimientos administrativos indica que: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. En este caso el sumario se inició por resolución de fecha 24 de mayo de 2019, por lo que los seis meses que impone la norma citada vencieron el día 24 de noviembre de ese año y no el 28 de abril de 2020, fecha de la decisión final. El sumario, entonces, se extendió por más de once meses, lo que es contrario al mandato legal.

La acción de protección debe estar precedida de una acción u omisión arbitraria e ilegal y en este caso, el sumario iniciado con fecha 24 de mayo de 2020 finalizó el 28 de abril de 2020, poniendo fin de su relación laboral. El incumplimiento de los plazos establecidos en las leyes N° 18.883 y N° 19.880 importan una omisión ilegal y arbitraria, dado que con ello se le mantuvo injustamente en la incertidumbre, vulnerando, con ello, garantías constitucionales.

El sumario en tales condiciones ha vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2º, N° 3 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

La Fiscal estaba obligada a cumplir con los plazos establecidos en los artículos 133 y 139 de la ley N° 18.883, referidos a la duración de la investigación y resolución del recurso de reposición, pasando por alto además lo establecido en el artículo 27 de la ley N° 19.880, que se refiere a la duración del sumario administrativo, es una vulneración del derecho de igualdad en la ley, ya que al no respetarse los plazos legales establecidos en las leyes N° 18.883 y 19.880, no se le está tratando de manera igualitaria frente a personas que se encuentran en sus mismas condiciones.

Respecto de la segunda garantía vulnerada, como se ha señalado el Estatuto Docente permite la aplicación del sumario administrativo de los funcionarios municipales a los docentes del sector municipal, como fue su caso. En ese sentido, existe un proceso establecido en la ley que contiene las garantías para que aquel y la investigación sea racional y justa: la fijación de plazo para las distintas actuaciones El artículo 27 de la ley N° 19.880 determina que “el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. La norma es clara y no deja lugar a dudas de que el efecto jurídico de incumplir el plazo ahí señalado es la caducidad o la ineficacia de todo acto posterior a aquel. La fatalidad o caducidad del plazo se observan en la propia redacción del artículo 27 de la ley N° 19.880, que junto con exigir un cumplimiento (“no podrá exceder”), eximiendo de éste sólo en caso de concurrir una circunstancia extraordinaria: caso fortuito o fuerza mayor dentro del procedimiento que haga imposible cumplir tal plazo, situación que no ocurrió en el caso que motiva la presente acción de protección. El mero transcurso del plazo, excediendo lo prescrito en las leyes, debiera extinguir la posibilidad de que la CORMUP y la fiscal, prosiguieran el procedimiento en cuestión, configurándose una omisión ilegal que ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso.

Al transcurrir por más de once meses el sumario administrativo, tal ha devenido en caducidad e ineficacia de todo lo obrado con posterioridad al 24 de noviembre de 2019, fecha en que se cumplieron los 6 meses.

. Desconocer la limitación de los plazos, como se hizo en el sumario llevado en su contra, es una vulneración a la garantía del debido proceso. Es la misma ley N° 19.880, con su artículo 27, y la ley N° 18.883, con sus artículos 133, 138 y 139, las que establecen plazos para las partes, los que deben ser considerados obligatorios para los recurridos En cuanto al derecho de propiedad, el sumario instruido en su contra concluyó con su destitución, afectando con ello dicho derecho. Que los seis meses establecidos en el artículo 27 de la ley N° 19.880 vencieran el día 24 de noviembre de 2019, hizo imposible materialmente continuarlo, no correspondiendo la sanción de destitución notificada el día 2 de mayo de 2020.

Debido al término de la relación laboral, dejara de percibir sus remuneraciones y demás asignaciones que establece el Estatuto Docente, lo que evidencia un perjuicio a su persona que se agrava con la situación sanitaria que vive el país debido a la pandemia del Covid-19. Esta vulneración es la consecuencia de un sumario llevado adelante con infracción a las garantías de igualdad ante la ley y el debido proceso. Es la consecuencia patrimonial de un quehacer descuidado por parte de la señora Fiscal Luz García Guzmán y de la CORMUP, que concluye con una destitución arbitraria e ilegal. Existiendo también una privación a su cargo como profesora de educación física.

Para finalizar concluye la existencia de una cadena de consecuencias que tienen como origen el incumplimiento de los plazos establecidos para llevar adelante el sumario administrativo iniciado el 24 de mayo de 2019.

Pide declarar expresamente que el acto administrativo de las recurridas es ilegal y arbitrario, dando lugar al recurso y a todas las medidas que sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que informa Luz García Guzmán, por si y por la Corporación Municipal de Peñalolén, y señala que la Corporación es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro que se rige por las disposiciones contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3.063 de 1980, del Ministerio del Interior y que tiene entre sus objetivos la administración y operación de servicios de educación, salud y atención de menores, que hayan sido traspasados por la Ilustre Municipalidad de Peñalolén.

Mediante Resolución de Secretaría General N°258 de fecha 24 de mayo de 2019, el representante legal de la Corporación, instruyó un sumario administrativo en contra de la recurrente en virtud del memorándum N°912 de la Dirección de Educación que remite informe de la directora del establecimiento Juan Pablo II para dar cuenta sobre un supuesto maltrato a un estudiante que habría ocurrido en una salida pedagógica a cargo de la recurrente y la información entregada por quienes la acompañaban en esta actividad y quienes presenciaron que la recurrente había escupido a un alumno en su cara.

Da cuenta de las diligencias realizadas en el sumario administrativo antes que fueron las siguientes:

a) Oficio N° 01 de fecha 28 de junio de 2019, de esta Fiscalía a la Dirección de Personas, solicitando entregar antecedentes laborales de doña nombre reservado, a Fs. 12.

b) Citación a declarar de fecha 01 de julio de 2019, en calidad de inculpada a la profesora de Educación Física doña nombre reservado, de la Escuela Juan Pablo II, a Fs. 13.

c) Certificado de fecha 02 de julio de 2019, firmado por doña nombre reservado, quien declara no tener recusaciones en contra de esta Fiscalía, a Fs. 14.

d) Citación a declarar de fecha 01 de julio de 2019, a la Asistente de Aula, doña nombre reservado, de la Escuela Juan Pablo II, a Fs. 15.

e) Memo N° 440 de fecha 02 de julio de 2019 de la Dirección de Personas, dirigido a fiscalía administrativa para responder a lo requerido en Oficio N° 01 de 2019, a Fs. 16 a 30 inclusive.

f) Citación a declarar de fecha 08 de julio de 2019, a Terapeuta Ocupacional, don nombre reservado, de la Escuela Juan Pablo II, a Fs. 31.

g) Citación a declarar de fecha 08 de julio de 2019, a la Asistente de Aula, doña nombre reservado, de la Escuela Juan Pablo II, a Fs. 32.

h) Certificado de fecha 09 de julio de 2019, firmado por la Sra. nombre reservado, quien declara no tener recusaciones en contra de esta fiscalía, a Fs. 33.

i) Citación a declarar de fecha 08 de julio de 2019, a la profesora de Educación Física doña nombre reservado, de la Escuela Juan Pablo II, a Fs. 34.

j) Declaración de doña nombre reservado, profesora de Educación Física de la Escuela Juan Pablo II, de fecha 09 de julio de 2019, a Fs. 35 a 37 inclusive.

k) Declaración de doña nombre reservado, Asistente de Aula de Escuela Juan Pablo II, de fecha 10 de julio de 2019, a Fs. 38 a 40 inclusive.

l) Declaración de don nombre reservado, Terapeuta Ocupacional de la Escuela Juan Pablo II, de fecha 11 de julio de 2019, a Fs. 41 y 42.

m) Oficio N° 2 de fiscalía administrativa solicitando ampliación de plazo investigativo, y Resolución de Secretaría General N° 379 que la concede, de fecha 30 de agosto de 2019, a Fs. 43 y 44.

n) Citación a declarar de fecha 11 de septiembre de 2019, Directora doña nombre reservado, de la Escuela Juan Pablo II, a Fs. 45.

o) Declaración de doña nombre reservado, Directora de la Escuela Juan Pablo II, de fecha 23 de septiembre de 2019, a Fs.46 y 47.

p) Acta de Incorporación de Documentos, de fecha 24 de septiembre de 2019, en el que se incorpora el reglamento interno de la Escuela Juan Pablo II a, Fs. 48 a 211 inclusive.

q) Constancia y Cierre de Etapa Indagatoria en Sumario Administrativo, de esta Fiscalía, de fecha 14 de noviembre de 2019, a Fs. 212.

r) Formulación de Cargos de Fiscalía administrativa a doña nombre reservado, profesora de Educación Física de la Escuela Juan Pablo II, de fecha 06 de diciembre de 2019, a Fs. 213 a 215 inclusive.

s) Notificación de Cargos formulados a doña nombre reservado, profesora de Educación Física de la Escuela Juan Pablo II, de fecha 13 de diciembre de 2019, a Fs. 216.

t) Presentación con fecha 13 de diciembre de 2019 de doña nombre reservado, profesora de Educación Física de la Escuela Juan Pablo II, solicitando prórroga de plazo para formular descargos y copia simple de las piezas del sumario, a Fs. 217.

u) Resolución fiscal de fecha 16 de diciembre de 2019, que concede ampliación de plazo para formular descargos a 5 días más, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 de la ley 18.883 y copia simple de las piezas del sumario; notificada personalmente a doña nombre reservado con fecha 17 de diciembre de 2019, a Fs. 218 y 219.

v) Formulación de descargos de doña nombre reservado, profesora de Educación Física de la Escuela Juan Pablo II, así como documentos acompañados y diligencias solicitadas, todas de fecha 30 de diciembre de 2019, a Fs. 220 a 248 inclusive.

w) Resolución fiscal de fecha 07 de enero de 2020, que concede una de las dos diligencias probatorias solicitadas; a Fs. 249 a 251 inclusive.

x) Oficio N° 01 de fecha 07 de enero de 2020, de fiscalía administrativa dirigido a doña nombre reservado, Directora de la Escuela Juan Pablo II, solicitando entrega de informes psicológicos, médicos y conductuales disponibles del alumno nombre reservado, a Fs. 252.

y) Certificación de Búsquedas negativas de doña nombre reservado, profesora de Educación Física de la Escuela Juan Pablo II, de fecha 09 de enero de 2020, a Fs. 253 y 254.

z) Copia de Formularios de Admisión de Envíos Registrados y Boletas de Correos de Chile que dan cuenta de notificación por carta certificada, de fecha 10 de enero de 2020, a Fs. 255 y 256.

aa) Ordinario N° 09 de fecha 09 de enero de 2020, de doña nombre reservado, Directora de la Escuela Diferencial Juan Pablo II, que responde a la solicitud realizada en Oficio N° 01/2020; a Fs. 257 a 271 inclusive.

bb) Dictamen fiscal de fecha 20 de febrero de 2020 que en virtud de los antecedentes recopilados propone el término de la relación laboral de la docente de educación física del establecimiento educacional Juan Pablo II, en virtud de lo establecido en el artículo 72 letra c) del DFL N°1 de 1996 del Ministerio de Educación, esto es por “incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función” por haber escupido al alumno de iniciales L.A.T., el día 25 de abril de 2019 durante la clase de educación física, como una estrategia formativa, la que resulta contraria a los principios generales establecidas en la normativa educacional y a los principios establecidos en el reglamento interno del establecimiento, constituyendo una conducta grave de agresión en contra de un miembro de la comunidad educativa, conforme lo establece el artículo 16 D del DFL N°2 de 2010 del Ministerio de Educación.

cc) Resolución de Secretaria General N°65 de fecha 25 de febrero de 2020, que resuelve sumario administrativo instruido mediante Resolución de S.G. N°258 de fecha 24 de mayo de 2019 que acoge la vista fiscal y pone término a la relación laboral con la recurrente, por la causal establecida en el artículo 72 letra C) del DFL N°1 de 1996 del Ministerio de Educación, en virtud de los términos expresados en el literal anterior.

ff) A petición de la sumariada, se notifica personalmente con fecha 02 de marzo de 2020, la Resolución de término de sumario, entregándose copia de sumario administrativo.

gg) Con fecha 06 de marzo de 2020 doña nombre reservado presenta recurso de reposición.

hh) Con fecha 28 de abril de 2020 se dicta Resolución de S.G. N°133 que rechaza recurso en todas sus partes.

ii) Con fecha 04 de mayo de 2020 se certifica búsquedas negativas para efectos de notificación de Resolución individualizada en el literal anterior a doña nombre reservado.

jj) Con fecha 05 de mayo de 2020 se despecha carta certificada para efectos de notificación de Resolución de S.G. N°133 que resuelve recurso y confirma el término de la relación laboral de la recurrente.

Tras pasar revista de las piezas del sumario Administrativo afirma que la recurrente en primer término no indica, cuál es en concreto el acto o la omisión que priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que considera conculcadas; solo hace referencia a que el sumario instruido por Resolución de S.G N°258 de 24 de mayo 2019, fue desarrollado “con muchos vicios formales que llevaron a que no fueran respetados los plazos establecidos en la ley N° 18.883 ni tampoco el establecido en el artículo 27 de la ley N°19.880, norma supletoria para los procedimientos administrativos de acuerdo al artículo 1 de esta ley.” Es más, expresa “No se pretende, por medio de esta presentación, impugnar los hechos que motivaron el sumario, si no que se busca dar a conocer el incumplimiento de los plazos establecidos en la ley, los cuales no fueron respetados y que significaron mi destitución desde la CORMUP, hecho que ocurrió el día 28 de abril de 2020, mediante resolución SG N° 133 y notificada a mi parte el día 2 de mayo de 2020”.

Respecto de la primera de las garantías supuestamente vulnerada aquella establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. En el desarrollo de la vulneración la recurrente dirige su argumentación en contra de la Fiscal del sumario administrativo, quien no habría respetado los plazos investigativos establecidos en el artículo 133 y 139 de la ley N°18.883, referido a la duración de la investigación y sobre la resolución del recurso de reposición respectivamente. Además, indica que habría pasado por alto lo establecido en el artículo 27 de la ley N°19.880, texto legal, que es norma supletoria para procedimientos administrativos especiales.

Señala que es necesario advertir que la Corporación Municipal de Peñalolén es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, creada al alero del DFL N°1- 3063 del año 1980 del Ministerio del Interior que en su artículo 12 inciso primero, primera parte establece: “Las Municipalidades que tomen a su cargo servicios de las áreas de educación, de salud, de atención de menores, para los efectos de la administración y operación de ellos, podrán constituir, conforme a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con organizaciones de la comuna, interesadas en los servicios referidos, una o más personas jurídicas de derecho privado, o podrán entregar dicha administración y operación a personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro (…)”

En virtud de expuesto, la recurrente yerra al interpretar que tanto la Fiscal del sumario como la Corporación infringieron lo dispuesto en el artículo 27 de la ley N°19.880 respecto al plazo de duración del sumario administrativo, dado que la ley N° 19.880 establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Dicha norma establece en su artículo 2 el ámbito de su aplicación estableciendo: “Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. También se aplicarán a la Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos regionales y a las municipalidades.

Las referencias que esta ley haga a la Administración o a la Administración del Estado, se entenderán efectuadas a los órganos y organismos señalados en el inciso precedente.”

Es decir, a la Corporación, como entidad privada no le es aplicable la ley N° 19.880, dado que en su artículo 2, no considera a las personas jurídicas de derecho privado.

Señalado lo anterior, uno de los principales argumentos de la recurrente para sostener que la garantía del artículo 19N°2 de la Carta Fundamental se encuentra conculcada, no es posible de sostener, pues la Corporación no es parte de la Administración del Estado, ni la Fiscal ni la recurrente son funcionarios públicos, de esta manera no lo es aplicable el artículo 27 de la ley 19.880, respecto de los plazos de procedimientos administrativos.

Establecido el marco normativo en el cual se desenvuelve mi representada nos queda por analizar el marco normativo del Estatuto Docente y su referencia a la ley N°18.883.

En ese contexto la relación laboral con la recurrente se rige por las disposiciones del DFL N°1 de 1996 del Ministerio de Educación, esto es el Estatuto Docente de acuerdo a lo establecido en su artículo 3. Este Estatuto laboral especial tiene como norma supletoria el Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en su artículo 71 inciso primero, el cual establece: “Los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias”

De esta forma no es efectivo lo señalado por la recurrente en cuanto que le sería aplicable supletoriamente la ley N°18.883. La única referencia que realiza el Estatuto Docente a la ley N° 18.883 lo es respecto de las causales por las cuales se puede término a la relación laboral de un profesional de la educación, las cuales están establecidas en el artículo 72 de dicho estatuto. Al efecto el artículo 72 letra b) establece: Los profesionales de la Educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que corresponda. En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor.”

La referencia a la ley N° 18.883 es única y exclusivamente para la causal establecida en el artículo 72 letra b) del Estatuto, y solo respecto de los artículos 127 al 143, por lo que no es posible ampliar la remisión expresa que hace el Estatuto Docente, a la totalidad de la ley N° 18.883.

Sin perjuicio de lo antes expuesto el artículo 72 del Estatuto Docente en su inciso final, hace remisión al artículo 134 de la ley N°18.883 estableciendo al efecto que: “Tratándose de los casos establecidos en la letra b) y c) precedentes, se aplicará lo establecido en el artículo 134 de la ley N°18.883.”

Luego cuando hace referencia a las letras b) y c) precedentes, se está refiriendo a las causales del artículo 72 letra b) referida a la falta de probidad y la c) al incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función; por su parte el artículo 134 de la ley N°18.883 hace referencia a la posibilidad de que el Fiscal en el curso de un sumario administrativo pueda suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma Municipalidad, al o los inculpados como medida preventiva.

Dada la remisión del inciso final del artículo 72 a la ley 18.883 respecto de la causal de la letra c) su parte dispuso la instrucción de un sumario administrativo dada la gravedad del hecho denunciado, esto es, que una profesional de la educación, en el ejercicio de sus funciones escupiera a un alumno en su cara.

Ahora bien, la lata referencia hecha al plazo investigativo y a la duración del sumario administrativo, instruido por mi representada mediante Resolución de S. G. N°258 de 24 de mayo de 2019 realizada por la recurrente, no deja ser sesgada, pues como da cuenta en el apartado I de esta presentación: en el literal m), la fiscal a cargo solicitó ampliación del plazo investigativo, el cual fue concedido por el sostenedor y representante legal de la Corporación; que de acuerdo al literal u), la recurrente obtuvo ampliación de plazo para presentar sus descargos; de acuerdo al literal w) se le concedieron diligencias probatorias; y de acuerdo al artículo 143 de la ley N°18.883 los plazos son de días hábiles.

Todo el argumento esgrimido por la recurrente, respecto a plazo de duración del sumario, como acto ilegal y arbitrario deben ser rechazados, pues el plazo establecido en el artículo 133 de la ley 18.883 es respecto del plazo investigativo, y no respecto de la tramitación completa del sumario; conjuntamente con ello no puede considerarse como un plazo fatal y así lo ha establecido la jurisprudencia como por ejemplo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en causa Rol 135-2014.

De lo expuesto se puede concluir que no ha existo una dilación por parte de la Fiscal Administrativa en el proceso sumarial, y tampoco de la autoridad de la Corporación, quien debía resolver el recurso de reposición en virtud del artículo 139 de la ley N°18.883 si se considera el hecho de publica notoriedad como lo fueron las medidas sanitarias por brote de COVID-19 y la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad pública del 18 de marzo de 2020.

Para mayor abundamiento el artículo 142 de la ley N° 18.883 establece que “Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una influencia decisiva en los resultados del sumario”. Es así como es posible advertir que se cumplieron con todas las diligencias esenciales que aseguran un debido proceso; la acreditación del hecho de los hechos que motivaron el cese de sus funciones, la declaración en el sumario de la recurrente, la notificación de los cargos y su derecho a defenderse a presentar prueba y pedir diligencias probatorias, y la notificación del resultado del sumario en conformidad a los términos legales.

De su mera lectura y conforme se ha concluido reiteradamente por la jurisprudencia, el plazo de instrucción conferido por la ley no reviste el carácter de fatal, el artículo 133 de la ley N°18.883 dice relación con el plazo investigativo, y no dice relación con la duración completa del mismo, no siendo de naturaleza fatal los plazos contenidos en la ley N°18.883.

Respecto de la segunda de las garantías constitucionales supuestamente conculcadas, esto es el artículo 19 N°3, este capítulo debe ser rechazado, pues la garantía constitucional amparada por el artículo 20 de la Constitución Política de la República es el artículo 19 N°3 inciso quinto, esto es “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, y no el inciso sexto, que es la norma invocada por la recurrente.

Sin perjuicio de lo anterior es necesario advertir que la recurrente vuelve a fundamentar la vulneración de dicha garantía, en razón al incumplimiento de los plazos establecidos en la ley N°18.883 y en la ley 19.880, reproduciendo para efectos de economía procesal, lo referente a la naturaleza jurídica de la Corporación Municipal de Peñalolén, que como Persona Jurídica de derecho privado no le es aplicable lo dispuesto en la ley 19.880, dado que ésta establece su ámbito de aplicación en su artículo 2, y no se encuentran contempladas las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.

En cuanto a la caducidad o la imposibilidad material de continuar con el sumario, el incumplimiento de los plazos dispuestos por la ley N°18.883 no tienen aparejada una sanción como la que se pretende por la recurrente, pues el incumplimiento del plazo no tiene otra consecuencia que la de motivar la adopción de medidas correctivas y sancionatorias respecto de los funcionarios responsables de alterar dicho orden, y la excepción está dada en los casos en que la ley contemple expresamente alguna sanción al incumplimiento del plazo, lo que no ocurre en la especie, pues por una parte la ley N°18.883 no lo establece, y por la otra, no le es aplicable la ley 19.880 a las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, naturaleza jurídica que ostenta su representada.

De esta forma la argumentación de la recurrente de que “El mero transcurso del plazo, excediendo lo prescrito en las leyes que se han citado, debiera extinguir la posibilidad de que la CORMUP y la señora fiscal, prosiguieran el procedimiento en cuestión. Se ha configurado una omisión ilegal que ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso (…)” debe ser desechada en virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, dado que la ley 18.883 no establece una sanción expresa al incumplimiento de los plazos en ella establecida, más que la adopción de medidas correctivas o sancionadoras respecto de los funcionarios responsables del mismo, como lo dispone el artículo 141 de la antes citada norma.

De los antecedentes expuestos tampoco se vislumbra una extensión desmesurada del proceso sumarial. Por otro lado, durante la tramitación del sumario la recurrente no alegó ningún vicio de legalidad respecto del plazo en la tramitación del sumario; ello se pude advertir de la sola lectura de los descargos presentados por la recurrente con fecha 30 de diciembre de 2019, de fojas 248 a 220 del sumario administrativo, sumario en que se han respetado todas las diligencias esenciales establecidas en la normativa, no existiendo falta alguna al debido proceso o a una posible indefensión de la recurrente que hagan posible que una acción de esta naturaleza prospere.

Finalmente en cuanto a la garantía del artículo19 N°24 de la Constitución Política de la República, la recurrente argumenta nuevamente que, dado que el sumario administrativo fue concluido fuera de plazo legal, no corresponde la sanción aplicada y por lo tanto se ha vulnerado su derecho de propiedad, pues ha dejado de percibir sus remuneraciones y se le ha despojado de la propiedad su cargo.

Su parte sostiene que no se ha vulnerado garantía alguna en la tramitación del sumario en comento, y por lo tanto la Resolución de S.G. N° 65 de 25 de febrero de 2020 que dispuso el término de la relación laboral en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 letra c) del DFL N°1 de 1996 del Ministerio de Educación por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, al haber escupido al alumno de iniciales L.A.T el día 25 de abril de 2019 durante la clase de educación física, debidamente notificada el 02 de marzo de 2020, y confirmada mediante Resolución N°133 de fecha 28 de abril de 2020, notificada por carta certificada de 5 de mayo de 2020 y remitida por correo electrónico de 8 de mayo de 2020, no ha vulnerado su derecho de propiedad desde que el sumario administrativo ha cumplido con todas las diligencias esenciales, a fin de que la decisión de su representada cumpla todos sus efectos ya que fue tramitado en conformidad a las normas legales, y con pleno respeto a las garantías y derechos establecidos en favor de la recurrente.

En definitiva i) La acción constitucional de protección intentada por la recurrente resulta ser improcedente por defectos de forma y fondo y ii) en lo formal, existe incongruencia entre las garantías constitucionales supuestamente vulneradas y los fundamentos que sustentan las mismas, existiendo groseros errores de invocación de norma, las cuales además no justifican los supuestos derechos conculcados.

Pide el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que, según se puede advertir, la recurrente realiza alegaciones confusas para fundamentar las garantías constitucionales que dice conculcadas, pero luego circunscribe su reproche al incumplimiento del plazo en que se tramitó el sumario administrativo que culminó con su destitución del cargo de docente que servía para la Corporación Municipal de Peñalolen , refiriendo expresamente que no cuestiona los hechos que motivaron el referido sumario, solicitando en definitiva que se declare que el acto administrativo de las recurridas es ilegal y arbitrario, que se acoja el recurso y se adopten todas las medidas que sean conducentes para el restablecimiento del derecho.

CUARTO: Que, la ilegalidad y arbitrariedad, pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural; y la segunda, importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos.

QUINTO: En dicho contexto, cabe tener presente las facultades legales y reglamentarias de los Órganos de la Administración del Estado, mediante las que se establecen los procedimientos y competencias que les han sido entregadas.

En tal sentido, es necesario recordar que la Administración Pública, cuenta con un régimen jurídico que regula el procedimiento sumarial frente actuaciones reñidas con la función que se desempeña, cuyo es el caso de autos. Por ello, les son aplicables la Ley 19.880, 18.883, 19.070, entre otras disposiciones legales.

SEXTO : Que, analizados los antecedentes allegados al recurso de protección, a la luz de la normativa aplicable al efecto, es posible concluir que la decisión que se reprocha, se ha hecho con apego a la legalidad vigente, dentro del ámbito de su competencia y respetando las formalidades procedimentales establecidas para tales efectos.

Tampoco puede estimarse como arbitraria la decisión final al concluir el sumario y que ahora la recurrente pretende impugnar , alegando la inobservancia del plazo en su tramitación, pues como ya se dijo, las recurridas, en uso de sus facultades legales, resolvieron imponer la medida disciplinaria de destitución, no en forma antojadiza o caprichosa, sino que tuvo como fundamento aquellos hechos graves establecidos por la Fiscal instructora y que la recurrente no cuestionó.

Además, las alegaciones que efectúa, tanto en su recurso como lo sostenido en estrados, respecto a las consecuencias gravosas por la pérdida de su fuente laboral, sobre todo por la pandemia que nos afecta, no resultan atendibles por cuanto su desvinculación acaeció con anterioridad y sus argumentos se apartan de la acción cautelar deducida.

SEPTIMO: En consecuencia, ninguna ilegalidad ni arbitrariedad pueden imputarse a las recurridas, por lo que lo hasta aquí razonado, y, por haberse constatado en el presente caso la inexistencia del elemento esencial para la procedencia de un recurso de protección, esto es, un acto u omisión ilegal o arbitraria, resulta innecesario analizar la presunta violación de las garantías constitucionales denunciadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA el deducido por doña nombre reservado, en contra de la Corporación para el Desarrollo Social de Peñalolen y de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial señora nombre reservado.

N° Protección 45.806-2020 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por la Fiscal Judicial señora nombre reservado. No firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado por encontrarse ausente.