nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, quince de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, Ingeniera en administración de empresas, domiciliada en domicilio reservado y deduce acción constitucional de protección en contra de la Universidad de Chile, representada por su rector don nombre reservado por el acto ilegal y arbitrario consistente en el Decreto Exento N° 3965/2021 de 23 de febrero de 2021, notificado el día 31 de marzo de 2021, que puso término a su contrata en vulneración de los derechos asegurados en los numerales 2° y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Narra su ingreso el día 1 de julio de 2018 como cajera admisionista del Hospital Clínico de la recurrida, con varias renovaciones y el cambio al cargo de “Centralizador de Recaudaciones”, con renovación para 2021.

Detalla que, debía realizar funciones ajenas a las de su contrata, como trasladar valijas de 19 kilogramos, por las que reclamó, causando molestia en sus jefaturas y el día 31 de marzo se le comunicó el término anticipado de su contrata mediante el acto que se impugna, que en su contenido, viene a rectificar la renovación de su contrata por todo 2021, fundada en un error, hasta 31 de marzo de 2021, señalando expresamente, además, que no posee la Confianza Legítima.

Agrega que el acto es arbitrario e ilegal, pues no se justifica la inadvertencia que motiva la corrección, agravado con la mención a la confianza legítima. Lo anterior, continúa, afecta la igualdad ante la ley al impedir a la actora conocer el verdadero motivo de la terminación, que se devela en que no poseería la confianza legítima, en discriminación directa hacia ella; como también la libertad de trabajo por un despido que es intempestivo.

Luego, cita normas aplicables de la Constitución Política, el Estatuto Administrativo y la Ley N° 19.880, esta última, que en sus artículos 11 y 16 exige motivación de los actos de la administración en fundamentos jurídicos.

Finaliza, solicitando se acoja el arbitrio, se deje sin efecto lo resuelto y mantenga la renovación original en el cargo de contrata grado 25 hasta el 31 de diciembre del 2021 y en general, que se tomen las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías privadas o perturbadas, con costas del recurso.

Segundo: Que, al informar, la recurrida pide el rechazo de la acción deducida.

Argumenta que no existe ilegalidad o arbitrariedad, detallando los nombramientos de la actora desde su ingreso a la Universidad, todas menores de un año y destacando que entre el 30 de septiembre de 2019, fecha en que venció uno de los contratos, hasta el nuevo nombramiento, de fecha 10 de enero de 2020, la profesional no mantuvo vínculo con la Universidad.

Luego, existieron otros nombramientos desde el 1 de abril al 30 de junio y desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. Por un error de digitación, continúa, el Decreto exento N° 2637 de 2021 señaló que el periodo de la extensión de la designación que contenía era hasta el 31 de diciembre de 2021, en circunstancias que era hasta 31 de marzo de 2021, razón por la que se emitió el acto que se impugna y se hizo presente que no concurría la confianza legítima para fines informativos en las instancias de control preventivo de legalidad de la institución.

Entre otros antecedentes, menciona que el acto se ajusta a las normas administrativas aplicables, como la duración limitada de la contrata de acuerdo al artículo 10 del Estatuto Administrativo y destaca que el Director Especial de Administración y Finanzas del Hospital Clínico, previa delegación del Rector de la Universidad, atendido el grado jerárquico de la recurrente por su vinculación a contrata –grado 25°- y conforme al Decreto Universitario Afecto N° 2595 de 2008, sus dos nombramientos funcionarios y respectivas prórrogas fueron decididas por dicho Director, misma autoridad que después dispuso que la vigencia de cada uno de los dos nombramientos se renovasen por periodos que nunca abarcaron una anualidad, sino una cantidad determinada de meses, siendo la más extensa la de 5 meses de aquél que se extendió entre 1 de julio y 31 de diciembre de 2020, manifestando que en cada acto se citaron las normas del Estatuto Administrativo aplicables.

En cuanto a la confianza legítima, no aplica a su juicio, al cumplirse con las exigencias que ha determinado la Contraloría General de la República respecto a que el término de una contrata debe realizarse por acto administrativo motivado.

Dice luego que se cumplen los requisitos para no renovar la contrata de la actora, lo que se refleja en los Decretos Universitarios Exentos N° 2637 y 3965 de 2021, lo que no se desvirtúa por el error de uno de estos, que indica una extensión más amplia. Además, la rectificación de los actos de la Administración está permitida por el artículo 62 de la Ley N° 19.880.

Tampoco concurre la continuidad por más de dos años ininterrumpidos, ya que sí existió en el caso de la recurrente entre octubre de 2019 y enero de 2020, de forma que no se verifica este requisito de la Confianza Legítima.

Por las mismas razones y por saber con anterioridad la actora que no se renovaría su contrata tras el 31 de marzo de 2021, es que no se producen las vulneraciones a sus derechos en la forma que alega, lo que profundiza ampliamente, insistiendo en que el acto impugnado se ajusta a derecho.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

En dicho sentido, es un medio de impugnación jurisdiccional, cuyo objetivo es solucionar una situación fáctica, perfectamente probada y evidente, no pudiendo transformase en un procedimiento declarativo de derechos, y desde luego se agota salvaguardando ciertas garantías constitucionales, superado el conflicto de hecho que lo provoca.

Cuarto: Que, constituyen hechos indubitados los siguientes:

A. Que mediante Decreto Universitario Exento Nº 0026283/2018 de 18 de julio de 2018, es nombrada nombre reservado en la contrata de la Universidad de Chile, con el grado 25º de la planta Administrativa de la Escala de Sueldos de las Universidades Estatales (ESU), con jornada semanal completa y como personal de colaboración, adscribiéndose al Departamento de Atención Ambulatorio del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el período de vigencia del nombramiento se extendió entre el 10 de julio al 30 de septiembre de 2018, o mientras sean necesarios sus servicios.

B. Que, por el Decreto Universitario Exento 0039001/2018 de 3 de octubre de 2018, se prorrogó el referido nombramiento desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

C. Que, mediante Decreto Universitario Exento Nº 002302/2019, de la misma autoridad emisora, se prorrogó el nombramiento de la recurrente, desde el 1º de enero al 31 de marzo de 2019.

D. Que, por Decretos Exentos Nºs 0013036 y 0027280, ambos de 2019 se prorrogó la contrata de la actora nombre reservado, en la misma calidad y condiciones establecidas en el acto administrativo de nombramiento, por los periodos: 1º de abril al 30 de junio, y del 1º de julio al 30 de septiembre, ambos del año 2019.

E. Que, mediante Decreto Exento Nº 002006/2020 de 9 de enero de 2020, la recurrente es nombrada en el mismo cargo, esto es, personal de colaboración administrativa, y en las mismas condiciones, contrata jornada completa grado 25º ESU, entre el 10 de enero al 31 de marzo de 2020.

F. Que, la actora nombre reservado es prorrogada en la contrata por los períodos: del 1º de abril al 30 de junio, y del 1º de julio al 31 de diciembre, ambos del año 2020, mediante Decretos Exentos Nºs. 009979/2020 y 0017655/2020, respectivamente.

G. Que, mediante Decreto Exento Nº 002637/2021, de fecha 15 de enero de 2021, de prórroga de Contrata de personal de colaboración del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre correspondiente al año 2021, se le prorroga a la actora la contrata por el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

H. Que, mediante Decreto Exento Nº 003965/2021 de 23 de febrero de 2021, se rectifica el acto administrativo precedente en cuanto a la extensión del plazo de nombramiento, señalando que la actora no posee la “Confianza Legítima”, aclarando que prorroga es hasta el 31 de marzo de 2021.

Quinto: Que, para resolver el asunto en examen, cabe recordar que el artículo que el artículo 53 Ley N° 19.880, Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, dispone lo siguiente: “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario”.

A su vez, el artículo 61 del mismo texto legal previene que: “Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado.

La revocación no procederá en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente;

b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto”.

Por su parte, la norma del artículo 62 de la ley en comento, dispone lo siguiente: “En cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo”.

Sexto: Que, asimismo, es del caso consignar que como ha sostenido nuestra Excma. Corte Suprema, acudiendo a la más autorizada doctrina, que la “revocación priva de efectos ex nunc a un acto administrativo por ser o pasar a ser éste contrario al interés público o general o, específicamente, del objeto o giro y bienes públicos de la entidad emisora del acto”. Es decir, la “revocación no supone confrontar el acto administrativo desde el punto de vista del bloque de legalidad al que debe total observancia por aplicación del principio de juridicidad, sino que a un criterio subjetivo de la propia Administración, a saber, la calificación de un nuevo interés general, la conveniencia de otorgar una nueva regulación ante necesidades públicas cambiantes, o la circunstancia de que la norma decretal ha dejado de ser tenida como valiosa ante un nuevo escenario fáctico. Natural corolario de lo dicho es entender que el fundamento de la revocación es el cambio de uno de los presupuestos del acto administrativo original, que lo desajustan respecto del interés general tenido en vista cuando se dictó” (Claudio Moraga Klenner, “Tratado de Derecho Administrativo. Tomo VII. La actividad formal de la Administración del Estado”. Legal Publishing Chile, primera edición, octubre de 2010. Páginas 257 y 258).

En consecuencia, y como se ha entendido tradicionalmente, la revocación responde a una decisión de la autoridad administrativa fundada en razones de mérito, oportunidad o conveniencia y no atiende, por lo mismo, a la correspondencia que ha de existir entre el acto administrativo particular y la norma legal por la que dicho acto se rige… la invalidación, tal como lo dispone el artículo 53 citado, tiene por fin excluir del ordenamiento jurídico aquel acto que pugna, esto es, que resulta ser contrario a la ley que lo rige”. (SCS Rol 23.276-2019)

Que, una de las limitaciones legales a la potestad revocatoria, como se expresó, son los actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente. En el caso de marras, la sola notificación a la actora del decreto de prórroga de Contrata de personal de colaboración del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre correspondiente al año 2021, indicando que sus funcionen terminaban el 31 de diciembre de 2021, bastó para que este produjera efecto, y se radicara consecuentemente los derechos correspondientes en el patrimonio de la recurrente, motivo por el cual se está en presencia de un derecho adquirido, respecto del cual no es posible el ejercicio de la revocación, y menos aún puede ser objeto de una rectificación por error de copia o digitación, argumento sustentado por la recurrida amparando su actuar en el artículo 62 de la Ley N° 19.880.

A mayor abundamiento, nombre reservado (Nota sobre la Invalidación y la Nulidad de Derecho Público, p. 6) asevera que “la revocación no se podrá dar cuando el acto genera efectos favorables a los administrados, considerando como tales aquellos que amplían el patrimonio jurídico del destinatario, otorgándole un derecho que antes no existía o, al menos eliminando algún obstáculo al ejercicio de un derecho preexistente, o reconociendo una facultad, un plus de titularidad o de actuación”.

La invocación del principio de confianza legítima en materia de invalidación, redunda en que los efectos de la decisión invalidatoria no tocan los derechos que hayan sido adquiridos por terceros de buena fe. Limitando así los efectos de la invalidación, el acto se invalida sin embargo, la decisión invalidatoria no tiene eficacia respecto de los efectos favorables de la decisión invalidada… Séptimo: Que, a su vez, según la definición del Estatuto Administrativo, el empleado a contrata, es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución, y dura hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha que expiran sus funciones por el solo ministerio de la ley salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Que, del documento datado el 15 de enero de 2021, de prórroga de Contrata de personal de colaboración del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, correspondiente al año 2021, remitido a la recurrente por doña nombre reservado., Jefa División Recursos Humanos, en que se le comunicó “Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Chile […] ha dispuesto prorrogar desde y hasta las fechas que se señalan o mientras sean necesarios sus servicios, el contrato del personal no académico del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre”, figurando en el Nº 30 del listado único computacional que contiene la nómina funcionarios con idéntica fecha de inicio y termino de funciones: “RUT RUT reservado - NOMBRE nombre reservado nombre reservado – GRADO 25 – HORAS 44 – NOMBRAMIENTO A150120212021 – DECRETO RELACIONADO 0017655/2020 – FECHA DECRETO 02/07/2020 – FECHA INICIO 01/01/2021 – FECHA TÉRMINO 31/12/2021”, consta que la autoridad superior del servicio ha dispuesto renovar su contrato por el periodo 2021. Lo anterior está refrendado en el documento referido en la letra G del motivo cuarto de este fallo.

En la especie la recurrente fue contratada bajo la fórmula “mientras sus servicios sean necesarios”, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, sin embargo se dispuso por Decreto Universitario Exento Nº 003965, de fecha 23 de febrero de 2021, poner término anticipado a dicho vínculo laboral, so pretexto “por una inadvertencia en el decreto universitario Nº 002637, de fecha 15 de enero de 2021 que formaliza el acto administrativo de prórroga de Contrata de personal de colaboración del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, correspondiente al año 2021, se digitó una fecha de término que no corresponde a la funcionaria, que no posee la “Confianza Legítima” y en consecuencia, teniendo que, regularizar dicha situación se rectifica el decreto citado en la parte que prorroga el nombramiento de la funcionaria nombre reservado, en el sentido de dejar establecido que la fecha de término es hasta el 31 de marzo de 2021, sin que resulte motivado dicho acto, siendo la motivación un elemento de la esencia de todo acto administrativo, según lo prescribe el artículo 11 inciso 2º de la Ley 19.880 que establece “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Octavo: Que, descartadas las circunstancias de hecho esgrimidas por la recurrida, sólo cabe establecer que, el acto impugnado, esto es el Decreto Exento Nº 003965/2021, carece de motivación, pues no se cumplió con la exigencia prevista en el artículo 11 de la Ley Nº 19.880, toda vez que aparece desprovisto de la adecuada fundamentación, no existiendo motivos fundados esgrimidos por la autoridad para justificar la terminación de un empleo a contrata tal decisión deviene en arbitraria, y, por defecto, adolece de ilegalidad al incumplir el artículo 10 de la citada ley, norma que dispone que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

En efecto, por mandato de dicho precepto la recurrente debió permanecer en sus funciones, a lo menos hasta el 31 de diciembre del presente año.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que se ACOGE la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, en contra de la Universidad de Chile, dependencia Hospital Clínico, representada por don nombre reservado, por haber dictado el Decreto Exento Nº 003965/2021 de fecha 23 de febrero de 2021, el cual queda sin efecto.

En mérito de lo anterior, corresponde que la actora se reincorpore a sus labores hasta el 31 de diciembre de 2021 y reciba su remuneración íntegra por el tiempo que estuvo separara de sus funciones con motivo del acto recurrido, esto es, desde el 1 de abril de 2021 hasta la fecha en que se reincorpore efectivamente a sus funciones.

Dictada con el voto en contra de la ministra (S) señora Poza, quien estuvo por rechazar el recurso atendido que el principio de confianza legítima exige razonabilidad en el tiempo que ha de considerarse, con al menos, ciertos hitos de continuidad lo que no se advierte haya ocurrido en la especie, sino efectivamente una error que fue reparado y notificado oportunamente atendida además la naturaleza de la contratación de que se trata. Por lo que la actuación de la recurrida además de ajustarse a la normativa que le es propia, no aparece afectada de arbitrariedad.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Redacción del abogado integrante señor Pino Reyes.

N°Protección-4580-2021 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega e integrada por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y por el Abogado Integrante señor Octavio Pino Reyes.