SERVICIOS DE NORMALIZACION Y COBRANZA NORMALIZA S.A con nombre reservado nombre reservado INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO

Santiago, veintidós de julio de dos mil catorce.- Vistos:

A fojas 1 comparece, nombre reservado, factor de comercio, en representación de Servicios de Normalización y Cobranza Normaliza S.A. ambos domiciliados en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, domiciliada en domicilio reservado, de 30 de diciembre del año 2013, con abierta infracción-en su concepto- de disposiciones legales y constitucionales.

En cuanto a los hechos, señala que la recurrida en el curso de un proceso de negociación colectiva de empresa existente entre el Banco de Crédito e Inversiones y el Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Servicios Financieros BCI, pronunció la Resolución N°132 de fecha 30 de diciembre de 2013, la que terminó afectando a su parte que es una empresa filial del banco, con personalidad jurídica propia.

Refiere que a través de dicha resolución la recurrida se pronunció sobre las objeciones de legalidad formuladas por el Banco BCI al proyecto de contrato colectivo presentado por la comisión negociadora del sindicato y decidió incorporar a 46 personas con contrato individual de trabajo vigente con tres sociedades filiales y de apoyo al giro del mismo banco, de las cuales 1 pertenece y presta servicios exclusivamente a su parte, sosteniendo dicha resolución, de manera arbitraria, que en realidad es dependiente del banco BCI, considerándolos así habilitado para negociar colectivamente en la negociación desarrollada al interior de dicho Banco.

Sostiene, que sin perjuicio de haberse dictado la resolución que se impugna una vez vencido el plazo legal establecido por el artículo 331 del Código del Trabajo, la citada Inspectora actuó al margen de sus atribuciones legales, arrogándose facultades jurisdiccionales que no le competen, al establecer que 1 trabajador dependiente de su representada, con contrato vigente, podían participar en la negociación colectiva al atribuirle y calificar como persona que “efectivamente presta servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia del Banco BCI”, cuestión objetada legalmente por el propio BCI.

Así-explica- juzgó y calificó jurídicamente una situación de hecho actuando como tribunal, determinando prueba, calificándola, interpretando contratos individuales de trabajo y dictando sentencia, resolviendo con pretensión de decisión vinculante que dicha persona era empleada con contrato de trabajo con el Banco BCI y no de su empleador, todo, según resolución notificada el mismo día en que los socios del sindicato de empresa debían votar por la última oferta del empleador o por la huelga, esto es el 31 de diciembre de 2013.

Afirma que la Inspección ejerció facultades jurisdiccionales reservadas, por imperativo constitucional del artículo 76 de la Carta Fundamental a los tribunales de justicia, como órganos jurisdiccionales.

Indica que la Resolución Nº 132 fue recurrida administrativamente en su oportunidad, acogiéndose parcialmente, mediante Resolución Nº 02, de 9 de enero de 2014, excluyéndose de la negociación a dos trabajadores que habían firmado su finiquito con su empleador Análisis y Servicios S.A. antes de la presentación del proyecto de contrato colectivo.

Hace presente que el 6 de enero del año en curso, se suscribió el correspondiente contrato colectivo entre el Banco BCI y su sindicato de empresa, pactándose que respecto de los trabajadores incluidos arbitrariamente en el proceso, la aplicación de sus cláusulas quedaba sujeta al resultado de las acciones jurisdiccionales que se entablarían por el banco y las empresas filiales afectadas.

Enseguida, relata los hechos que originaron el pronunciamiento de la Resolución Nº 132, exponiendo que con fecha 21 de noviembre de 2013, la Comisión Negociadora del Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Servicios Financieros BCI, presentó un proyecto de contrato colectivo de trabajo al Banco de Crédito e Inversiones, el que fue respondido por el empleador el 6 de diciembre de 2013, formulando diversas objeciones de legalidad las que, entre otras, solicitaban la exclusión de 46 personas que no eran trabajadores del BCI, pues tres tenían relación laboral vigente con la sociedad filial, BCI Factoring S.A.; “cuarenta y dos eran trabajadores de nuestra representada ( además, dos de esas 42 habían sido finiquitadas antes de contestarse el proyecto de contrato colectivo); y “una con su representada” , esto es Servicios de Normalización y Cobranza Normaliza S.A, todas sociedades debidamente constituidas y con giros exclusivos y excluyentes especiales autorizados. Añade, que la Comisión Negociadora, reclamó de las objeciones de legalidad e insistió en la inclusión de las 46 personas, sosteniendo que el Banco BCI y estas sociedades conformaban una “unidad económica” y que el empleador era el Banco BCI, lo que fue negado por el Banco, decretándose por la recurrida previo a resolver la Resolución N°128, que- en lo que interesa- dispuso como medida para mejor resolver la realización de una fiscalización, señalando que si bien para negociar colectivamente se requería “relación laboral vigente con la empresa que negocia” la información que disponía no era suficiente, por lo que comisionó a un fiscalizador con el objeto de recabar la información pertinente que permitiera precisar la situación de los afectados.

Manifiesta que dicha resolución parece entender, sin fundamento, que subyacía una situación de subterfugio o simulación en la contratación de esas 46 personas y pretendiendo actuar como un tribunal dictó medida para mejor resolver como si se tratase de un juicio, sin siquiera oír a su parte. Dicha resolución fue objeto de reposición por el Banco BCI la que fue rechazada, siguiendo su curso la fiscalización, para el 30 de diciembre de 2013, dictar la Resolución Nº 132 que ahora se impugna, respecto de la cual –el recurrente- hace notar, además, que contiene apreciaciones sobre situaciones y hechos que contienen-en su parecer- gruesos errores de hechos sobre los cuales fundamenta su calificación errada jurídicamente los que detalla.

A continuación, y en relación a esas apreciaciones y errores señala que el banco BCI se constituyó en el año 1937, Normaliza en el año 1990, BCI Factoring S.A., en el año 1994 y Análisis y Servicios el año 1996, contando con sus correspondientes autorizaciones de funcionamiento por parte de la SBIF, con giros efectivos y propios, históricamente han tenido sus propias oficinas y domicilios, sus propios trabajadores e incluso organizaciones sindicales propias en su interior, habiendo ejecutado y desarrollado sus actividades comerciales, sus fines legales y sus relaciones laborales en perfecta armonía por más de 25 años.

Añade que las apreciaciones y conclusiones del informe de Fiscalización son erróneos, pues la resolución 132 califica jurídicamente a todas las sociedades (BCI Factoring S.A., Análisis y Servicios S.A y Normaliza S.A) como filiales, lo que constituye un grave error, según explica.

Reconoce que BCI Factoring S.A. y Normaliza S.A son filiales del Banco BCI, y recuerda que las filiales tienen fines y giros determinados por ley, son sociedades con giro único. Precisa que el giro d eun Banco es especifico y puntual y los giros de las empresas filiales y de apoyo son también específicos y autorizados por la ley de Bancos y la SBIF, siendo cosa distinta que los giros se complementen y por ende existan relaciones entre las sociedades y el Banco BCI, lo que no es ni ilegal ni implica una simulación o subterfugio y menos aún implica esconder o violar derechos laborales, ni individuales ni colectivos, de sus dependientes.

También impugna por erróneas otras afirmaciones de la resolución y señala como irregularidad la extralimitación de atribuciones en que incurre la recurrida al haberse referido a materias que no pueden ser objeto de objeciones de legalidad en una negociación colectiva, pues conforme al artículo 331 del Código del trabajo, no pueden ser materia de reclamación de legalidad- y no caen en la competencia de la inspección del trabajo actuante, las materias a que se refiere el inciso segundo del artículo 306 del Código del Trabajo, esto es las materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma, y precisamente lo resuelto –incorporar 46 trabajadores con contrato vigente con otros empleadores atribuyéndoles que prestan servicios bajo subordinación y dependencia del banco BCI, es una materia que no solo incide en la facultad de administrar y dirigir la empresa, especialmente cuando el proceso de negociación era entre el BCI y un sindicato de empresa, pronunciándose sobre materias ajenas a la empresa, pues califica relaciones laborales vigentes y válidas celebradas entre terceros.

En cuanto al derecho, señala que la recurrida se arroga facultades jurisdiccionales, que conforme al artículo 76 de la Constitución Política de la República corresponden exclusivamente a los tribunales establecidos por ley, actuando fuera de sus atribuciones constitucionales y legales, erigiéndose como un órgano jurisdiccional al conocer, decretar y valorar prueba, juzgar y dictar una verdadera sentencia, calificando e interpretando situaciones de hecho y contractuales, fuera de sus atribuciones y competencia legal y además al margen del plazo legal para resolver, afectando derechos de terceros-como su parte- que no fue parte ni podía serlo de la negociación colectiva de una empresa distinta, privándolo de un dependiente sin siquiera haber sido oída.

Recuerda, que la Inspección recurrida justifica su actuar, en la inexcusabilidad, principio al que si bien alude la Ley 19.880, lo hace respecto de asuntos de competencia de los órganos de la administración del Estado.

Invoca el artículo 2 de la Ley 18.575 y las reglas básica de la competencia y legalidad, contenidas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República que consagran los principios de Legalidad y Juricidad, establecidos en sentencias cuyo tenor cita.

Resalta que se trata de un proceso de negociación colectiva de empresa y no interempresas, conforme al cual las objeciones de legalidad no constituyen ni pueden suplir un proceso judicial declarativo y menos aún para incorporar a la misma, a personas con contrato vigente con otros empleadores.

Asimismo, recuerda las facultades de fiscalización que consagra el DFL Nº 2, de 1967 y se refiere a sus límites, citando jurisprudencia al efecto.

Expresa que lo argumentado por la recurrida, equivale a atribuir a la sociedad que representa, entre otras de apoyo al giro y filiales de BCI una situación de subterfugio o simulación que además de injusta y falsa, es realmente grave e inaceptable y claramente fuera de la competencia del órgano administrativo, pues ello, en la hipótesis de existir controversia, que por cierto no la hay, es una materia que corresponde conocer y resolver a los tribunales de justicia, de acuerdo a lo señalado en el artículo 507 incisos 2 y 5 del Código del Trabajo.

Por último, como garantía constitucional conculcada invoca la consagrada en el inciso cuarto del N°3 del artículo 19 de la Constitución, pues la recurrida al actuar como lo hizo se constituyó en una comisión especial arrogándose facultades propias y excluyentes de los tribunales de justicia, pretendiendo constituirse en uno de ellos.

Pide acoger el recurso y disponer que la resolución N° 132 queda sin efecto en lo que se refiere al N°2 de su parte resolutiva, en aquella conclusión que declara que el trabajador con contrato de trabajo vigente con su representada es dependiente del Banco de Crédito e Inversiones y que forman parte de la negociación colectiva celebrada entre éste y el Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Servicios Financieros BCI.

A fojas 28, atendido el tiempo transcurrido sin que la recurrida evacuara el informe requerido, y teniendo presente lo informado en los ingresos Corte 3722-2014 y 4562-2014, ordenados ver en pos con la presente causa, y en los que se impugna el mismo acto, se prescinde del mismo, sin perjuicio de lo que resuelva la sala que deba conocer el fondo del asunto, enseguida, se trajeron los autos en relación y se ordenó la vista en pos de los IC 3722-2014 y 4562-2014.

A fojas 31, se agregó el informe de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En primer término, sostiene la improcedencia de la acción interpuesta, atendida la naturaleza del acto recurrido. Ello por cuanto el recurso se ha presentado respecto de una resolución administrativa, resolución dictada en virtud de la facultad descrita en el artículo 331 del Código del Trabajo, respecto de la cual la ley establece un procedimiento especifico de impugnación en sede judicial, recordando lo dispuesto en el artículo 391 del texto legal citado.

En apoyo de tal argumento, hace presente que la recurrente tiene cabal conocimiento de lo que se informa y lo comparte, pues el Banco BCI, el 17 de enero del año en curso reclamó judicialmente en contra de la misma resolución recurrida en estos autos, invocando precisamente como norma propia de la acción , la contenida en el artículo 504 del Código del Trabajo, iniciándose un juicio ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, bajo el RIT I- 24-2014, lo que reafirma el carácter de sustituto procesal que se le está dando al presente recurso, pues se están utilizando dos vías para reclamar de una misma resolución, lo que no permite el legislador.

En cuanto al fondo, sostiene la legalidad de su actuación, recordando sus facultades para fiscalizar.

Invoca los artículos 6 y 7 de la Carta fundamental, en relación al 505 inciso primero y 503, ambos del Código del Trabajo, y DFL Nº 2, de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, que establece las normas que establecen las funciones y atribuciones de la Dirección del trabajo y de sus Inspectores, especialmente sus artículos 1 letra a), 5 letra c), 20, 23, 24 y siguientes.

A continuación, sostiene la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, pues no existe acto arbitrario ni ilegal , pues fue dictado con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República y a lo dispuesto en los artículos 331 y 505 del Código del Trabajo y artículo 1 del DFL º 2, del año 1967, desde que la inspectora actuó con estricto apego a las normas constitucionales del Código del Trabajo y del DFL Nº 2, de 1967 del Ministerio del Trabajo del Trabajo y Seguridad Socia, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, como también, actuó previa investidura de su cargo y dentro del ámbito de aplicación de la legislación laboral atingente al caso en especifico que fija su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505 del Código del Trabajo y reiterado por el artículo 1º letra a) del DFL Nº 2, del año 1967.

Añade, que la resolución impugnada tampoco es arbitraria, pues no es fruto del mero capricho, sino de la facultad que la ley ha encomendado a la Inspección del Trabajo.

Por último expresa, que no existe en la resolución impugnada transgresión que prive, perturbe o amenace la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 inciso 4 de la Constitución Política, pues es la resultante de la actuación de su representada atendidas las facultades fiscalizadoras que le confiere la ley, sin que exista ejercicio de facultades jurisdiccionales propia de los tribunales ordinarios de justicia, sin estar en presencia de una comisión especial, ni se ha ejercido acto jurisdiccional alguno, según se expresó, siendo una resolución reclamable a través del procedimiento judicial dispuesto en el artículo 504 del Código del trabajo y que efectivamente se reclamó por esa vía.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: El acto que motiva el recurso en examen, consiste en la Resolución Nº 132, de la Dirección Regional del Trabajo, Región Metropolitana Poniente, en cuanto en su resolutivo 2, acoge la objeción de legalidad consignada en el literal b) del considerando Nº 4 de la misma Resolución, en virtud de lo señalado en los números 5, 6 y 14 al 26 declarando que los 42 trabajadores identificados en nomina anexa, así como el señor y las Sras. trabajadoras nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado “prestan efectivamente servicios bajo subordinación y dependencia de la empresa Banco de Crédito e Inversiones, por lo que se encuentran legalmente facultados para formar parte del presente proceso de negociación colectiva” .

Tercero: Consta de la aludida resolución que con fecha 21 de noviembre del año 2013, el Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Servicios Financieros BCI, representado por la Comisión Negociadora, presentó a su empleadora Banco de Crédito e Inversiones, un proyecto de contrato colectivo. Dio su respuesta el Banco, con fecha 5 de diciembre del año 2013, y el 10 del mismo mes y año la Comisión Negociadora, en ejercicio del derecho que le otorga el artículo 331 incisos 1º, 2ª y 3ª, del Código del Trabajo, formuló objeción de legalidad en relación a la respuesta de la empresa. En lo pertinente al recurso que se examina, la Comisión Negociadora basó su objeción en que la respuesta del empleador excluía de la participación en el proceso en curso a ciertos grupos de trabajadores, a saber, 42 trabajadores individualizados en nómina anexa, al señor y Sras. trabajadoras nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado por no tener relación laboral con la empresa y serían dependientes de “Analisis y Servicios S.A.”, “BCI Factoring S.A.” y “ Servicios de Normalización y Cobranzas Normaliza S.A” respectivamente.

Para resolver sobre esta objeción- y otras- la recurrida dispuso, mediante resolución Nº 128, de 16 de diciembre de 2013, una medida para mejor resolver, consistente en la realización de una fiscalización “a fin de obtener los antecedentes necesarios para resolver fundadamente las reclamaciones, emitiéndose el informe Nº 13.01.2013.6707, de 30 de diciembre del año 2013, que en lo que dice relación a la objeción que motiva estos antecedentes, da cuenta que:

“• Los trabajadores involucrados en la presente negociación, aparecen contratados formalmente por 4 empresas con razones sociales distintas, a saber, “Banco de Crédito e Inversiones”, “Análisis y Servicios S.A.”, “BCI Factorting S.A.” y “Servicios de Normalización y Cobranza Normaliza S.A.”.

• De la revisión de los antecedentes, se deduce que si bien las empresas tienen su propia personalidad jurídica, todas ellas se encuentran relacionadas, siendo las sociedades “Análisis y Servicios S.A.”, “BCI Factoring S.A.” y “Servicios de Normalización y Cobranza Normaliza S.A.” filiales del “Banco de Crédito e Inversiones”.

• Las empresas filiales desarrollan funciones propias del Banco, y que consisten en la venta de diversos productos y servicios, así como la gestión de distintas carteras de cobranzas del mismo.

• Los productos que ofrecen el Banco y las demás filiales son del mismo tipo, difiriendo en aspectos menores, tales como el monto.

• Los trabajadores de la empresa “Análisis y Servicios S.A.”, a modo ejemplar, deben presentarse en las instalaciones del Banco al inicio de la jornada laboral, donde reciben instrucciones de su jefe directo, o bien del encargado respectivo de la sucursal, antes de salir a terreno, donde desarrollan la mayor parte de sus funciones.

• La pagina web de BCI, así como la central telefónica de éste, permiten a cualquier cliente, incluso potencial, contactar a cualquier funcionario, tanto de la matriz como de las filiales, por lo que para el usuario no existe más que una sola empresa: el Banco.

• La propia plataforma informática de BCI centraliza la información relativa a los trabajadores de la matriz y de las filiales, en lo que respecta a la entrega de liquidaciones de sueldo y de planillas de cálculo de remuneraciones, así como a la tramitación de licencias médicas y solicitud de feriados.

• En los procesos de contratación de personal de las filiales, interviene el Banco, quien selecciona a los postulantes que luego ingresarán a las distintas razones sociales relacionadas. “ La indicada resolución , en los considerandos siguientes se dedica a razonar sobre los artículos 3 , 7 y 8 del Código del Trabajo, confrontándolos con los hechos constatados concluyendo que es el Banco de Crédito e Inversiones quien utiliza los servicios personales de todos los trabajadores involucrados en la negociación, en condiciones que los subordinan directamente a ella, vale decir es quien reviste el carácter de empleador para efectos laborales, en especial de organizaciones sindicales y negociación colectiva, no obstante que los contratos de trabajo se hayan suscrito con otras empresas, como es el caso de los 46 trabajadores afectados a que se refiere la objeción. Ampara su decisión en los artículos 331 del Código del Trabajo, el principio de inexcusabilidad, del artículo 14 de la Ley 19.880, el derecho fundamental de negociar colectivamente reconocido en la Constitución Política en el artículo 19 Nº 16 y Convenio Nº 98 de la OIT.

Cuarto: Que, entonces, el acto que motiva el recurso, se inscribe dentro de un proceso de negociación colectiva, por lo que cabe recordar que Libro IV del Código del Trabajo, trata dicha materia y en su título II, regula la presentación y tramitación del proyecto de contrato colectivo. En lo que interesa a la controversia de autos, el artículo 331, prescribe que una vez recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste, y de las que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones del Código del Trabajo, precisando que la reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo en el plazo que indica, contando la referida autoridad con igual plazo para pronunciarse, computado desde la fecha de presentación de la reclamación. Agrega, que la resolución que acoja las observaciones formuladas ordenará a la parte que corresponda su enmienda dentro de un plazo no inferior a cinco ni superior a ocho días contados desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la cláusula o el proyecto de contrato, o de no haber respondido oportunamente el proyecto, según el caso.

Al terminar, señala que la interposición del reclamo no suspende el curso de la negociación colectiva y, que no es materia de este procedimiento de objeción de legalidad la circunstancia de estimar alguna de las partes que la otra, en el proyecto de contrato colectivo o en la correspondiente respuesta, según el caso, ha infringido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 306, excluyendo así las materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma.

Quinto: Que de lo expuesto no es posible atribuir ilegalidad a la recurrida al Dictar la Resolución N° 132, en la parte atacada por la presente acción cautelar, toda vez que al hacerlo cumplió con el mandato legal contenido en el artículo 331 del Código del Trabajo, que le impone resolver sobre los reclamos efectuados por la Comisión Negociadora en relación a las observaciones formuladas por el empleador y las que le merezcan respuesta por no ajustarse a las disposiciones del Código del Trabajo. Reclamada su intervención en forma legal emitió pronunciamiento al respecto.

Sexto: Que la atribución legal antes referida, ha de interpretarse en armonía con la finalidad para la que fue creada la entidad recurrida, esto es, para supervigilar la aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores , así como en el contexto de las normas que la rigen, pues de acuerdo al artículo 1 del DFL N° 2 , de 1967, se trata de un organismo técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social al que se le encomienda , particularmente, y sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral, precisando su artículo 5, que a su Director le corresponde especialmente- y en lo pertinente- velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República. A su turno, su artículo 20 consagra que los Inspectores Provinciales, tienen en su jurisdicción las mismas facultades del Director en lo que respecta a la aplicación de la legislación social, salvo en las que le son privativas y por su parte el artículo 23 de la referida normativa, confiere a los Inspectores del Trabajo el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, añadiendo que los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituyen presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.

Octavo: Que para poder cumplir su finalidad, las facultades con que cuenta la recurrida han de ser eficaces y, en tal sentido, han de interpretarse. Por ello ante hechos precisos, claros y comprobados puede determinar si los mismos se ajustan a la legislación laboral que los regula, y según ello obrar en consecuencia, más aun cuando es el propio legislador quien ha determinado que le cabe resolver –en un proceso de negociación colectiva- sobre las reclamaciones de la Comisión Negociadora en torno a las observaciones formuladas por el empleador y las que le merezca la respuesta, lo que implica, naturalmente, un ejercicio de subsunción de los hechos al derecho.

Noveno: Tampoco cabe calificar de arbitrario el acto impugnado, desde que la decisión se adoptó en base a antecedentes de hecho de los que se dejó constancia en la misma Resolución, en términos que no es posible concluir que se actuó por mero capricho.

Décimo: Que a mayor abundamiento, dicha decisión - tal como hace ver la recurrida- es reclamable a través del procedimiento judicial establecido en el artículo 504 del Código del Trabajo, el que efectivamente se utilizó por el banco BCI, dando origen a los autos RIT I-24-2014 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, lo que corrobora que el ejercicio de las facultades legales de la recurrida no pueden reducirse a un mero formalismo, desde que para el caso de discrepancias con el organismo respectivo, es el propio legislador quien ha contemplado un procedimiento especial que permite enjuiciar el merito y la justificación de la decisión, aspectos ajenos al ámbito de una acción de naturaleza eminentemente cautelar.

Undécimo: Al no encontrase acreditados los supuestos básicos del recurso interpuesto, a saber la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, sólo cabe desestimar el recurso, sin que resulte necesario analizar la vulneración de garantías que se denuncia.

Duodécimo: Por último y, sin perjuicio, de no consistir la ilegalidad denunciada en la fecha de pronunciamiento de la resolución N°132 cabe consignar que ella fue consecuencia de la dictación y realización de la medida para mejor resolver decretada y, en todo caso no incide en su legalidad, desde que por mandato legal le cabía pronunciarse.- Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de Protección, se rechaza el deducido en lo principal de fojas 1, por don nombre reservado, en representación de Servicios de Normalización y Cobranza S.A, sociedad anónima.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Eugenio Benitez Ramírez, quien estuvo por acoger el presente arbitrio de protección, en atención a las siguientes consideraciones:

Que, al parecer del juez disidente, del estudio de los antecedentes arrimados a la causa y de la abundante jurisprudencia reseñada en la acción de protección en estudio, se desprende, en forma inequívoca, que la Inspectora del Trabajo recurrida, al dictar la resolución Nº 132, en el acápite Nº 2 de su parte conclusiva, datada 30 de Diciembre del año 2013, actuó de un modo ilegal y arbitrario, toda vez que se erigió indebidamente en una comisión especial, arrogándose facultades propias y excluyentes de los tribunales de justicia, violentando, quebrantando y transgrediendo de esta forma la garantía constitucional establecida por el inciso 4º del ordinal 3º del artículo 19 de la Ley Suprema del Ordenamiento;

Que la ilegalidad reprochada surge de la vulneración que hizo la accionada de lo dispuesto en el artículo 331 del Código del Trabajo, que establece las normas procedimentales a las que deben ceñirse las objeciones de legalidad, hechas valer por la comisión negociadora de los trabajadores, a la respuesta que el empleador dio a su proyecto. Vale destacar que la Inspección del Trabajo tiene un plazo fatal de cinco días, contado desde la fecha de presentación de la reclamación, para pronunciarse al respecto. Este plazo y procedimiento, por la naturaleza y período de la negociación misma, no admite dilaciones de ninguna especie y al haberse evacuado el informe de la investigación decretada, como medida para mejor resolver, fuera de dicho plazo fatal, el pronunciamiento de la autoridad administrativa recurrida también se tornó ilegal, toda vez que en tales condiciones resulta enteramente intempestivo.

Que, a mayor abundamiento y en cuanto al fondo, incluso en el evento que el pronunciamiento de la Inspección del Trabajo, cuestionado por vía de la protección examinada, se hubiere emitido dentro del plazo fatal señalado en la ley, igualmente es ilegal y arbitrario porque su contenido excede las facultades que la ley entrega a la autoridad administrativa del Trabajo.

En efecto, el artículo 505 inciso 1º del Código del Trabajo, otorga a la Dirección del Trabajo, la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación. A su turno, la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, en su artículo 1º letra a), dispone que corresponde a la Dirección indicada la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y su artículo 5º faculta al Director para velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República.

Cuestión muy distinta, al entender de este disidente, es aplicar la legislación laboral a quienes son partes de un contrato de trabajo, que determinar quienes son o deben ser los contratantes de dicho pacto laboral, cuando esta condición es objeto de controversia entre las partes, como sucede en el caso sub lite.

En el presente caso, la resolución objetada ha excedido con creces la mera aplicación de la legislación laboral, por cuanto, invadiendo atribuciones jurisdiccionales en un pronunciamiento administrativo que, por lo demás, no cumple con las mas elementales normas de un debido proceso, sustituyó a las partes del pacto laboral cambiando la identidad del empleador, circunstancia que excede largamente sus atribuciones y viola el principio de legalidad establecido en los artículos 6º y 7º de la Carta Política, como asimismo el artículo 76 de igual ordenamiento y el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales que reservan la función jurisdiccional a los tribunales que establece la ley.

Corrobora lo anterior la norma de carácter general de competencia absoluta ratione materiae, contenida en la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo, que reserva en exclusividad a los Juzgados de Letras del Trabajo, las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores derivados de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo, norma que por su contenido es de orden público. Que, asimismo y tal como se señaló en estrados, durante la vista de la causa de rigor, cabe tener presente que se encuentra actualmente en tramitación legislativa el proyecto de ley que establece un nuevo concepto de empresa para determinados efectos laborales, ratificando la competencia exclusiva de los Jueces del Trabajo en el conocimiento y resolución de las cuestiones suscitadas en relación con la declaración de tratarse o no de un solo empleador, cuando existan dos o más empresas relacionadas. Mientras ello no ocurra, debe estarse al concepto de empresa del artículo 3º del Código del ramo, que las diferencia y distingue por la existencia de una individualidad legal determinada, que es lo que sucede en el presente caso con la persona jurídica de derecho privado recurrente, que constituye una sociedad anónima con giro propio y específico, domicilio independiente y dirección autónoma.

Que el legislador al entregar el conocimiento y resolución acerca de la determinación de las partes vinculadas por un contrato, individual o colectivo, a los Tribunales del Trabajo, no hace más que alinearse con la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, en orden a extraer del ámbito administrativo pronunciamientos de fondo como el contenido en la resolución recurrida, dictada al concluir una investigación meramente administrativa en que la accionante ni siquiera fue oída.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro Adelita Ravanales Arriagada y de la disidencia su autor.

Rol Nº 4575-2014 Dictada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el Abogado Integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.