Protección contra Jefe de La División de Educación Superior del Ministerio de Educación

Santiago, cinco de marzo de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 1 recurre de protección don Juan Francisco Ready Ananías, abogado, en representación del INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE S.A., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra del Jefe de La División de Educación Superior del Ministerio de Educación, ignora profesión, domiciliado en domicilio reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en haber emitido el ORD N° 6/002545 de 27 de junio de 2014 que “envía pronunciamiento de la Contraloría General de la República”, ordenando al recurrente no abrir nuevos procesos de matrícula en las carreras que requieren de licenciatura previa, incluida la carrera de Trabajo Social, en circunstancias que esta no se encuentra comprendida en los alcances del pronunciamiento del órgano contralor cuyo contenido comunica. Estima que dicho acto la priva del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 11 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, según los antecedentes de hecho y de derecho que expone. Termina pidiendo que se tenga por interpuesto el recurso y en definitiva se deje sin efecto el referido Ordinario, o adopten las demás medidas que estime pertinentes a fin de resguardar su derecho a seguir impartiendo la carrera de Trabajo Social Fundamentando su recurso señala que la Contraloría General de la República emitió Dictamen N° 43.184, por medio del cual sostuvo que el artículo 70 de la Ley N° 20.370 que establece la Ley General de Educación, derogó expresamente el DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Educación, y con ello su artículo 7° transitorio, el cual permitía de manera excepcional que los Institutos Profesionales pudieran otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren licenciatura previa. Dicho documento asevera que la norma aplicable a los Institutos Profesionales se restringiría al artículo 54 de DFL N° 2 de 2009, que fija el texto refundido de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1 de 2005 que prohíbe a los Institutos otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren licenciatura previa y, en consecuencia, ordena al Ministerio de Educación arbitrar las medidas para que los Institutos Profesionales se abstengan de ofrecer tales carreras dentro de sus alternativas académicas, previniendo que lo anterior era sin perjuicio del respeto a las situaciones jurídicas consolidadas de los alumnos que de buena fe ingresaron a estos estudios.

El recurrente alega que la carrera de trabajo social no se encuentra incluida en el Dictamen de la Contraloría, por cuanto no está comprendida en el supuesto del artículo 7 transitorio de la Ley N° 18.962, sino que fue agregada mediante una modificación que hizo la Ley N° 20.054 -la cual agregó una letra q) al artículo 52 de la ley 18.962- entre aquellos títulos que requieren de licenciatura previa. Da cuenta que el artículo 2° de la Ley N° 20.054 previno que los Institutos Profesionales que “imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente”, habilitación que a su juicio se encuentra plenamente vigente pues se trata de una norma distinta al artículo 7° transitorio ya referido.

Estima que el acto impugnado además de ilegal y arbitrario, vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley al otorgar un trato diferente a la carrera de trabajo social, de las demás que imparte la recurrente y otras instituciones de educación superior; la libertad de enseñanza pues contrariando la habilitación legal expresa con que cuenta para ejercerla, le impide mantener la actividad educacional que desarrolla en la carrera de trabajo social; el derecho de propiedad, pues en definitiva la priva de parte de su establecimiento educacional, sin indemnización alguna ni ley que lo autorice.

Segundo: Que, a fojas 38, evacua informe doña nombre reservado, Subsecretaria de Educación, por la parte recurrida, solicitando que el recurso sea rechazado en todas sus partes, por los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Hace presente que el artículo 2 del DFL N° 5 de 1981 del Ministerio de Educación que fija normas sobre Institutos Profesionales dispone que a estos les corresponde otorgar toda clase de títulos profesionales, con excepción de aquellos respecto de los cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de licenciado en una disciplina determinada, y podrán además otorgar títulos técnicos dentro del área o ámbito de las profesiones respecto de las cuales otorguen títulos. A su vez, el artículo N° 3 transitorio dispone que tanto las Universidades como los Institutos Profesionales que se deriven de la reestructuración de las Universidades existentes al 31 de diciembre de 1980, podrán otorgar independientemente grados académicos y títulos profesionales, según corresponda. A su vez, da cuenta que el artículo 31 de la Ley N° 18.962 cuyo texto refundido fue fijado por el DFL N° 1 de 2005, de ese Ministerio, señalaba que los Institutos Profesionales sólo podrán otorgar título profesional de aquellos que no requieran de licenciatura y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores, y establecía que corresponderá a las Universidades otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado en las carreras que impartan. Da cuenta que el artículo 2° transitorio de esa norma permitió que los Institutos Profesionales creados en virtud del DFL N° 5 de 1981 y que optaron por el sistema de acreditación establecido en la Ley N° 18.962, pudieran continuar rigiéndose por esa norma, obtener su autonomía y otorgar independientemente toda clase de títulos profesionales y grados académicos; agrega además que el artículo 7 transitorio disponía que los Institutos Profesionales que estén impartiendo carreras de pedagogía, educación parvularia y periodismo que de acuerdo a esa ley requirieran de licenciatura de licenciatura previa para obtener el título profesional correspondiente, podrán seguir impartiéndolos en las mismas condiciones, pero no podrán crear nuevas carreras de ese tipo. Señala que posteriormente, el DFL N° 2 de 2009 de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1 de 2005, en su artículo 70 derogó expresamente esta última norma, con excepción “de lo dispuesto en el Título III, salvo su párrafo 2° y el Título IV”; y entre las normas subsistentes se encuentra el artículo 31 de la Ley N° 18.962 -actual artículo 54 del DFL 2 de 2009- que prescribe que los institutos profesionales sólo podrán otorgar título profesional de aquellos que no requieran licenciatura y títulos técnicos de nivel superior en las áreas que otorgan los anteriores. A su vez, el artículo 63 del DFL N° 2 de 2009 de Educación, en su inciso 2° enumera aquellos títulos profesionales que requieren haber obtenido el grado de licenciado entre ellos, letra q) Título de Trabajador Social o Asistente Social: Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente. Que así las cosas, el artículo 70 de la Ley N° 20.370 al derogar el DFL N° 1 de 2005, si bien deja subsistente los títulos ya señalados, nada dice respecto de las normas transitorias del mismo, razón por la cual deben entenderse derogadas. En virtud de lo expuesto, concluye que después de que la Ley N° 20.370 ha entrado en vigencia, esto es a partir del 12 de septiembre de 2009, se entiende de todos conocida y nadie puede sustraerse de su cumplimiento bajo pretexto de desconocimiento y por consiguiente, los Institutos Profesionales debieron haberse abstenido de ofrecer vacantes de primer año para las carreras ya referidas.

Hace presente que mediante Ordinario N° 06/2651 de 3 de mayo de 2013 la División de Educación Superior de esa cartera solicitó a la Contraloría General de la República emitiera un pronunciamiento respecto de la situación en que se encuentran los Institutos Profesionales en relación a la posibilidad de impartir las citadas carreras luego de la dictación de la Ley N° 20.370, y su pronunciamiento se contiene en el Dictamen N° 43.184 de 13 de junio de 2014 que al respecto estableció “que la norma aplicable actualmente a los Institutos Profesionales se restringe al artículo 54 del D.F.L. N° 5 de 2009, en orden a que esas instituciones de educación superior sólo pueden otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieren de licenciatura”, agregando que esa Secretaría Ministerial deberá arbitrar las medida a fin de que los institutos se abstengan de “ofrecer dentro de sus alternativas académicas carreras que requieran de licenciatura previa”, ello sin perjuicio del respeto a las situaciones jurídicas consolidadas de los alumnos que de buena fe ingresaron a cursar dichas carreras. Asevera que el Dictamen en comento es obligatorio para ese Ministerio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N° 10.336 y demás normas pertinentes, siendo la División de Educación Superior la encargada de velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la educación superior en el ámbito de competencia del Ministerio y por ello, a través del Oficio Ordinario N° 06/002545 de 27 de junio de 2014, puso en conocimiento de los Rectores de los Institutos Profesionales, indicándoles que de aquel se desprende que los estudiantes hasta esa fecha matriculados en las carreras en cuestión podían continuar sus estudios hasta su término, debiendo adoptar las medidas necesarias para adecuarse al Dictamen e inhibirse de iniciar nuevos procesos de matrícula respecto de aquellas carreras que requieran de licenciatura previa.

Indica que su actuar ha sido conforme a la normativa vigente en la materia, reiterando en cuanto a la alegación de que la habilitación para que los Institutos Profesionales otorguen el título profesional de Trabajador o Asistente Social contenida en el artículo 2 de la Ley N° 20054 aún se encontraría vigente, al encontrarse en una norma distinta del artículo 7 transitorio de la Ley N° 18.962 que la Contraloría considera derogada en su Dictamen, hace presente que la recurrente omite señalar que el artículo 1 transitorio de la Ley 20.054 señalaba que tales profesionales, egresados y titulados en Institutos Profesionales y los que a la fecha de publicación de esa ley se encontraran cursando sus estudios en dichos establecimientos, tendrían los mismos derechos y calidades que aquellos que cursaran estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado, añadiendo en la norma 2ª transitoria que lo anterior no se aplicaría a la promoción que iniciara sus estudios a partir del año 2006. Concluye entonces, de la historia fidedigna de esa ley, que el legislador quiso restablecer la exclusividad universitaria de la carrera, incorporándola en la letra q) del artículo 52 de la Ley N| 18.956 que contiene el listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa, mientras el artículo 2° transitorio tenía como objeto permitir que los Institutos Profesionales que imparten dicha carrera pudieren seguir otorgando el título profesional hasta el completo egreso de quienes habían iniciado sus estudios el año 2006. En consecuencia, aun cuando pudiera estimarse que la Ley N° 20.054 no se encuentra derogada por la Ley N° 20.370, de lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de la primera norma, se desprende con claridad que ya al año 2006 el legislador excluía la aptitud a los Institutos Profesionales de otorgar la licenciatura para tales carreras, exceptuando únicamente a los alumnos que iniciaran estudios el año 2006, situación que no permite darle vigencia en la actualidad, confirmando así el pronunciamiento del órgano contralor en el Dictamen N° 43.184 y las instrucciones impartidas por esa cartera en cumplimiento de aquello, mediante el ordinario N° 2545 de 2014.

En cuanto a las garantías constitucionales que se dicen amenazadas, hace presente en lo que se refiere a la igualdad ante la ley, que se ha apegado estrictamente a las facultades que le confiere la ley, existiendo una total razonabilidad para la emisión del acto recurrido, mediante el cual se instruye a todos los Rectores de Institutos Profesionales a tomar medidas a partir de lo dictaminado por la Contraloría, por lo que no ha existido un trato distinto con respecto a otros institutos. En lo que se refiere al ejercicio de la libertad de enseñanza, indica que esa alegación no contiene fundamento fáctico alguno, y en todo caso, da cuenta que la recurrente ha conservado su reconocimiento oficial como Institutos Profesionales y se han respetado las situaciones consolidadas de sus alumnos, por lo que no se le ha privado de su ejercicio. Finalmente en cuanto al derecho de propiedad reitera que el mismo no ha sido afectado pues en la especie no se ha revocado a la recurrente de su reconocimiento oficial, ni menos se la ha privado de su derecho de propiedad sobre parte alguna de su establecimiento educacional.

Tercero: Que, de acuerdo a lo que se asentado por la jurisprudencia el denominado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”.

Cuarto: Que, en atención a lo declarado en el motivo anterior, debemos en primer lugar analizar la existencia o no del primer presupuesto enunciado allí, esto es, de una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a la recurrida, es decir, a la Contraloría General de la República al dictar el Dictamen que origina este reclamo de protección.

Así, la acción u omisión arbitraria e ilegal se hace consistir por quien acciona en la emisión por parte del Ministerio de Educación del ORD N° 6/002545 de 27 de junio de 2014 que “envía pronunciamiento de la Contraloría General de la República”, ordenando al recurrente no abrir nuevos procesos de matrícula en las carreras que requieren de licenciatura previa, incluida la carrera de Trabajo Social, en circunstancias que esta no se encuentra comprendida en los alcances del pronunciamiento del órgano contralor cuyo contenido comunica.4147 de 30 de junio de 2014, a través de la cual se les informa que se iniciaran procesos de investigación a fin de que los Institutos Profesionales cierren las carreras que requieran de licenciatura previa, se les oficiará a fin de que dejen de ofrecer vacantes para dichas carreras y se adoptarán medidas de control y fiscalización para garantizar el cumplimiento de la ley, sin perjuicio de cautelar los derechos de los estudiantes que ya ingresaron a estudiar las referidas carreras, lo que la privaría del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que menciona en su libelo, consagrados en los numerales 2, 11, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, debe entenderse respecto de este primer requisito que es indispensable de la acción cautelar de protección, que el acto u omisión resulte ser ilegal, y lo es, cuando es contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1º del Código Civil, es decir, todo aquello que implica antijuridicidad, violación o vulneración del ordenamiento jurídico; o que resulte ser arbitrario, siéndolo solo cuando es producto del mero capricho o voluntarismo de quien incurre en él, esto es, no tener razonabilidad suficiente.

Sexto: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluir que el acto no aparece como arbitrario ni ilegal, toda vez que corresponde al ejercicio de una facultad que el ordenamiento jurídico le entrega a la recurrida para actuar como lo ha hecho y contiene fundamentos suficientes que descartan arbitrariedad en su dictación, por lo que, además, no ha afectado ninguna de las garantías constitucionales alegadas como conculcadas por la recurrente.

Séptimo: Que, en cuanto a la ilegalidad que se le atribuye al acto recurrido, baste para rechazar dicha alegación el decir que el ORD N° 6/002545 de 27 de junio de 2014 que “envía pronunciamiento de la Contraloría General de la República”, ordenando al recurrente no abrir nuevos procesos de matrícula en las carreras que requieren de licenciatura previa, incluida la carrera de Trabajo Social e impugnada a través de la presente acción constitucional de protección, ha sido dictada por el Ministerio de Educación, resultando ser una emanación de una facultad legal de la misma, por lo que desde este punto de vista no puede ser considerado como un acto ilegal, como lo pretende la recurrente.

Así, es como la resolución exenta impugnada por este recurso, tiene entre otros su origen y fundamento en el pronunciamiento que contiene el dictamen N° 43.184, de 13 de junio de 2014, de la Contraloría General de la República, que luego del análisis de la normativa vigente y atingente a la materia estableció que “la norma aplicable actualmente para los Institutos Profesionales se restringe al artículo 54 del D.F.L. N° 2, del año 2009, en orden a que dichas instituciones de educación superior solo pueden otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieren licenciatura.” Disponiendo que: “De tal modo, dicha Secretaría de Estado deberá arbitrar las medidas pertinentes a fin de que los Institutos Profesionales se abstengan de ofrecer dentro de sus alternativas académicas carreras que requieran licenciatura previa, en virtud de sus atribuciones fiscalizadoras sobre tales entidades, contenidas en los artículos décimo sexto del consignado decreto con fuerza de ley N° 5, en relación con el artículo 8° de la Ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública.”

“Lo anterior, sin perjuicio del respeto a las situaciones jurídicas consolidadas se los alumnos que de buena fé ingresaron a dichos establecimientos bajo el convencimiento que los estudios impartidos por aquellos, les permitan acceder a algunos de los títulos profesionales objeto de la consulta en exámen.”

Así es, como la resolución e dictada por la recurrida lo ha sido en virtud y con estricto apego a declarado y ordenado en dicho dictamen y, además, se encuentra dictado conforme a sus atribuciones que le otorga el DFL N° 5, en relación al artículo 8° de la Ley N° 18.956 y el artículo 74 del DFL N° 2, de 2009. Cabe hacer presente que el Dictamen mencionado resulta ser vinculante para la recurrida de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, en el inciso final de su artículo 9° y el artículo 16 del DFL N° 5, mencionado, del año 1981, que fija las normas sobre institutos profesionales, facultando a dicho Ministerio recurrido a revocar mediante decreto supremo la autorización de funcionamiento de uno que incumpliere sus fines y objetivos, si realizare actividades contrarias a las leyes, entre otras cosas. Siendo la División de Educación Superior la unidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la educación superior en el ámbito de la competencia del Ministerio, razón por la cual, mediante el Ordinario N° 06/002545 de 27 de junio de 2014, el Jefe de esa unidad, puso en conocimiento de los rectores de los Institutos profesionales dicho dictamen, comunicándoles que de aquel se desprende que los estudiantes matriculados en alguna de las carreras señaladas podrán continuar sus estudios hasta el término de las mismas, y asimismo, y a objeto a que dispusieran la adopción de las medidas necesarias para adecuarse a dicho pronunciamiento e inhibirse de iniciar nuevos procesos de matrículas respecto de aquellas carreras que requieran de licenciatura previa.

Octavo: Que, lo anterior, resulta plenamente aplicable a la recurrente aun cuando la carrera de Trabajadora Social o Asistente Social -que requiere de licenciatura en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente- no se encuentre expresamente incluida en el Dictamen que se comunica a través del acto recurrido y que, tampoco, esté comprendida en el artículo 7° transitorio de la Ley N° 18.962 que la Contraloría considera derogada en su Dictamen -sino en una norma distinta como lo sostiene la recurrente, que es el 2 de la Ley N° 20.054 y que por ello según la actora aún se encontraría vigente- ya que el artículo 1 transitorio de la Ley 20.054 señalaba que tales profesionales, egresados y titulados en Institutos Profesionales y los que a la fecha de publicación de esa ley se encontraran cursando sus estudios en dichos establecimientos, tendrían los mismos derechos y calidades que aquellos que cursaran estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado, añadiendo en la norma 2ª transitoria que lo anterior no se aplicaría a la promoción que iniciara sus estudios a partir del año 2006.

De este modo, el legislador quiso restablecer la exclusividad universitaria de dicha carrera, incorporándola en la letra q) del artículo 52 de la Ley N° 18.956 que contiene el listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa, mientras el artículo 2° transitorio tuvo por objeto permitir que los Institutos Profesionales que impartían dicha carrera pudieren seguir otorgando el título profesional hasta el completo egreso de quienes habían iniciado sus estudios el año 2006.

En consecuencia, aun cuando pudiera estimarse que la Ley N° 20.054 no se encuentra derogada por la Ley N° 20.370, de lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de la primera norma, se desprende con claridad que ya al año 2006 el legislador excluía la aptitud a los Institutos Profesionales de otorgar la licenciatura para tales carreras, exceptuando únicamente a los alumnos que iniciaran estudios el año 2006, situación que no permite darle vigencia en la actualidad, confirmando así el pronunciamiento del órgano contralor en el Dictamen N° 43.184 que estableció que la norma aplicable actualmente para los Institutos profesionales se restringe al artículo 54 del D.F.L. N° 2, del año 2009, en orden a que dichas instituciones de educación superior solo pueden otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieren licenciatura.” y a las instrucciones impartidas por dicha cartera en cumplimiento de aquello, mediante el ordinario N° 2545 de 2014.

De este modo, se reitera por esta Corte que el actuar de la recurrida ha sido conforme a la normativa vigente en la materia, por lo que no resulta ser ilegal.

Noveno: Que, analizado el concepto de arbitrariedad que se le atribuye al acto impugnado, tampoco esta Corte lo estima concurrente en el presente caso, por cuanto, dicha resolución recurrida, no hace más que dar cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 43.184, de 13 de junio de 2014, conteniendo fundamentos suficientes para su dictación y a la normativa legal vigente, según se dijo en el motivo anterior, lo que descarta cualquier carácter de arbitrario que se le pretenda atribuir. De este modo, la dictación del acto impugnado por la recurrente, no ha obedecido a la mera voluntad o capricho de la recurrida.

Décimo: Que, en todo caso cabe hacer presente que el Dictamen de la Contraloría General de la República N° 43.184, del 2014, que estableció que la norma aplicable actualmente para los Institutos profesionales se restringe al artículo 54 del D.F.L. N° 2, del año 2009, en orden a que dichas instituciones de educación superior solo pueden otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieren licenciatura.”, corresponde a una interpretación jurídica realizada por el ente fiscalizador quien goza de la facultad de interpretar la normativa de educación de acuerdo a lo señalado en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encomienda entre otras atribuciones la de ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración, fiscalizar el ingreso e inversión de los fondos del fisco, municipalidades y demás organismos y servicios que determinen las leyes y desempeñar las demás funciones que otorga su ley orgánica; Luego la ley N° 10.336, disponen, especialmente, en sus artículo 5, 6 y 9, que corresponderá en forma exclusiva al Contralor informar por medio de dictámenes, entre otras materias, sobre el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que lo rigen. Luego de los Dictámenes N° 30.276 de 1986; 24.375, del año 1993 y N° 14.199, de 1996, emana que siendo la Contraloría General de la República el órgano al cual la Constitución Política y la legislación encomienda el ejercicio del control de la juridicidad de los actos de la administración y, teniendo, conforme a ello facultad para emitir informes en derecho, estos resultan ser obligatorios, cuando nada agrega a una disposición legal, limitándose solo a realizar un juicio declarativo sobre la correcta aplicación de la misma.

Décimo Primero: Que, de acuerdo a lo anterior, y analizado el Dictamen impugnado, esta Corte estima que la Contraloría General de la República en su Dictamen, ya mencionado, no hace otra cosa que sólo fijar y declarar el sentido mismo que dicha normativa educacional ha establecido, sin agregar o quitarle ningún efecto, por lo que no se aprecia, que con dicho acto se le dé un efecto retroactivo a dicha norma jurídica y menos que afecte derechos adquiridos que no han existido, sino que solo fija su sentido y alcance, declarando lo que expresamente dispone el actual artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del MINEDUC -que reproduce en iguales términos el inciso tercero del artículo 31 de la Ley 18.962, que posteriormente correspondió al artículo 35 del D,F,L. N° 1 de 2005, del MINEDUC- en el sentido que los institutos profesionales sólo podrán otorgar título profesional de aquellos que no requieran licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que los otorgan los centros de formación técnica, concluyendo que los títulos profesionales que actualmente requieren de licenciatura previa, como es el caso de las carreras de pedagogías, no pueden seguir siendo otorgados por los institutos profesionales, ya que éstos de manera excepcional pudieron hacerlo bajo la vigencia del artículo 7° transitorio de la Ley 18.962 (Ley LOCE), en el caso general y bajo la vigencia del artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.054, en el caso de la carrera de Trabajo Social o Asistente Social, que interesa para los efectos de este recurso, pero en esta última situación transitoria, únicamente para los alumnos que iniciaran estudios el año 2006 y hasta su completo egreso, situación que no permite darle vigencia en la actualidad.

Décimo Segundo: Que, cabe expresar que de acuerdo a las distintas normativas sobre la materia que fueron dictadas desde el año 1981, -DFL N° 1 de 1980, que “Fija Normas Sobre Universidades”, publicado en el Diario Oficial de 03 de enero de 1981 y DFL N° 5 de 1981, que Fija Normas Sobre Institutos Profesionales”, publicado en el Diario Oficial de 16 de febrero de 1981- aparece una intencionalidad desde sus orígenes en orden a crear una especie de “monopolio legal” de carreras que requieren licenciatura, que se radica en la Universidades; en cambio los Institutos profesionales lo serían para carreras que no requieren licenciatura, sino que fuera una enseñanza superior profesional- técnica.

Décimo Tercero: Que, de este modo, ya al momento de la creación de dichos Institutos se sabía desde sus orígenes que no podían dar carreras que requirieren licenciaturas -porque así se dispuso en el inciso 1° del artículo 2° del citado DFL N° 5, que los creó- ya que éstas estaban en manos de las Universidades, aun cuando a esa fecha no se contaba entre dichas carreras, Trabajo Social o Asistente Social que requiere licenciatura en educación, contenida actualmente en el listado del artículo 63 del D.F.L. N° 2, de 2009, de Educación, en su letra q), de su inciso segundo.

Así es como en el citado inciso 1° del artículo 2° del citado DFL N° 5, que Fija Normas Sobre Institutos Profesionales” y que creó a dichos institutos, se dispuso que “Corresponde a estos organismos otorgar toda clase de títulos profesionales con excepción de aquellos respecto de los cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de Licenciado en una disciplina determinada.”

Décimo Cuarto: Que, en atención y sobre la base de todo lo ya razonado, puede concluirse, que no concurren los presupuestos que permitan acoger la acción de cautela de derechos constitucionales, pues, como ya se dijo, los presupuestos de hecho en los que discurre su análisis sobre lo ilegal y arbitrario de la resolución que impugna, no han sido justificados por quien recurre y no se dan en la especie.

Décimo Quinto: Que, en consecuencia, de lo relacionado en los motivos anteriores, a juicio de esta Corte, aparece que el acto impugnado, como arbitrario ilegal y conculcador de garantías constitucionales del recurrente, se ajustó en su dictación a los procedimientos legales que rigen la materia y a las facultades constitucionales y legales entregadas para dichos efectos a la Contraloría General de la República, y, en tales condiciones, no existe en este caso algún acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida que autorice la intervención de esta Corte, como tampoco, que éste haya vulnerado garantías constitucionales del recurrente, motivo por el cual la acción constitucional deducida debe ser desestimada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido, en lo principal de fojas 1, por don Juan Francisco Ready Ananías, abogado, en representación del INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE S.A., en contra del Jefe de La División de Educación Superior del Ministerio de Educación, don nombre reservado.

El presente recurso fue visto en forma conjunta con los ingresos N°s 41.236-2014; 44.236-2014; 44.254-2014; 44.757-2014 y 49.475, uno en post de otro, los que se refieren a la misma problemática planteada en estos autos, con pequeños matices, de los que se ha hecho cargo esta Corte en cada caso, en forma debida.

Redacción Ministro señor Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 45.737-2014.- Pronunciada por la Séptima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile y conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Abogado Integrante señor Franco Devillaine Gómez, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cinco de marzo de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.