nombre reservado con A.F.P. MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de abril de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 24 de mayo de 2020 comparece don José Orlando Fernández Palma, abogado, en nombre y representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP Provida S.A., representada legalmente por don nombre reservado- Esquide Sandoval, AFP Capital S.A, representada legalmente por don nombre reservado, AFP Cuprum S.A, representada legalmente por don nombre reservado, AFP Habitat S.A., representada legalmente por don nombre reservado, y AFP Modelo S.A, representada legalmente por don nombre reservado, acción cautelar que interpone en parte en contra del acto arbitrario e ilegal que se materializa en la carta de respuesta negativa emitida formalmente por las recurridas en la cual se niegan a restituir la totalidad o un porcentaje de los fondos previsionales a los cotizantes, para hacer frente a la crisis sanitaria que les afecta, y en parte respecto a la omisión de la obligación de las recurridas a cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran, ya que los ahorros hasta el día de la presentación de esta acción constitucional siguen teniendo pérdidas, actos que estima vulneratorios de las garantías constitucionales establecidas en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se ordene la entrega, en el más breve plazo, de los ahorros de los recurrentes por concepto de cotizaciones previsionales, que se restituya en el más breve plazo posible los dineros que los recurrentes han perdido en sus respectivos fondos, que se ordene a las recurridas dar cuenta de las pérdidas sufridas a los recurrentes, con costas.

Luego de incluir un listado con las personas a favor de las cuales recurre, en el que señala el nombre del recurrente, la fecha de la solicitud, la fecha de la respuesta a esa solicitud, y la AFP recurrida que emite dicha respuesta, manifiesta que según lo preceptuado en el número 5 del Libro I, Titulo VII letra A, Capitulo II del compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones, en la cual se establece el procedimiento de reclamos, precepto que señala que: “Constituye objeto de reclamo cualquier irregularidad relacionada con las siguientes materias, entre otras las Cotizaciones obligatorias y los Retiros de fondos”, es que con las fechas señaladas en el listado indicado las personas a favor de las cuales se recurre por temor a que sus ahorros siguieran sufriendo pérdidas solicitaron el retiro total o el 10% de sus ahorros previsionales de las cuentas de capitalización individual administrados por las recurridas, argumentando la contingencia sanitaria que afecta al país, las pérdidas históricas que estos ahorros han sufrido, y que siguen experimentando, y el derecho de propiedad del cual son titulares los cotizantes sobre dichos ahorros, cartas que los recurrentes enviaron vía correo electrónico a sus respectivas AFPs, sin embargo señala que en las fechas indicadas en el mismo listado, las recurridas se niegan a entregar estos ahorros previsionales argumentando que la normativa legal aplicable no los faculta para acceder a estas solicitudes, sin especificar una norma concreta que prohíba dichos retiros, además al consultar los recurrentes por las pérdidas millonarias de los ahorros previsionales, las recurridas no se pronuncian al respecto.

El referido listado incluye a terceros aparte de los recurrentes de marras, por lo que, en lo pertinente, señala lo siguiente:

RECURRENTE FECHA FECHA AFP SOLICITUD RESPUESTA Laura E. nombre reservado A.

1-4-2020 6-5-2020 Capital Carla A. Bodaleo M.

11-4-2020 12-5-2020 Capital Daniela T. Vargas O.

2-4-2020 20-5-2020 Capital Dorys N. Cid G.

11-4-2020 12-5-2020 Capital Freddy E. Araya A.

15-4-2020 20-4-2020 Cuprum Irma B. Pardo A.

10-4-2020 11-5-2020 Capital nombre reservado.

20-3-2020 22-4-2020 Capital nombre reservado.

28-3-2020 23-4-2020 Capital René O. Flores G.

13-4-2020 12-5-2020 Capital nombre reservado A.

22-4-2020 23-4-2020 Cuprum Lito M. Quintana 11-4-2020 14-4-2020 Cuprum nombre reservado

8-4-2020 5-5-2020 Cuprum nombre reservado C. nombre reservado C.

9-4-2020 29-4-2020 Habitat nombre reservado

7-4-2020 14-4-2020 Habitat nombre reservado E. nombre reservado A.

13-4-2020 28-4-2020 Habitat Adelina E. Guiñez M.

8-4-2020 28-4-2020 Modelo nombre reservado

2-4-2020 2-4-2020 Modelo Miguel Á. Palma M.

14-4-2020 13-5-2020 Modelo Patricio A. Rojas E.

7-4-2020 30-4-2020 Modelo nombre reservado.

21-4-2020 7-5-2020 Modelo nombre reservado.

10-4-2020 5-5-2020 Provida nombre reservado.

30-3-2020 29-4-2020 Capital Sergio E. Ardiles A.

16-4-2020 15-5-2020 Capital nombre reservado.

15-4-2020 19-5-2020 Capital Luis H. Troncoso M.

12-4-2020 18-5-2020 Capital Sostiene que la relación entre las recurridas y los cotizantes es una relación de derecho privado, en este orden de cosas “se puede hacer todo aquello que no esté prohibido expresamente por la ley”. Así las cosas, hace ver que el DL 3.500 no contiene norma expresa que prohíba retiros de fondos de las cuentas de capitalización individual, solo se señala de manera general expresiones tales como el artículo 23 de dicho decreto que señala: “Las Administradoras, sus Directores y dependientes, no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, ni aun a título gratuito o de cualquier otro modo”, de lo que afirma se colige que ninguno de estos supuestos cuadran precisamente al derecho de propiedad y sus facultades esenciales, como son el uso, el goce y la disposición, no se está solicitando otra pensión, prestación o beneficio, solo se está ejerciendo la plena propiedad que los cotizantes tienen respecto de sus ahorros.

Afirma que el actuar de las recurridas es efectivamente arbitrario, porque es contrario a la razón, afectando con ello las garantías de las personas a favor de las cuales se recurre.

Sostiene que el acto de las recurridas es arbitrario e ilegal, o a lo menos arbitrario o a lo menos ilegal, y reitera sus argumentaciones en torno al DL 3.500. Estima curioso que a través de un Decreto Ley se esté limitando el derecho de propiedad, derecho de rango Constitucional y protegido por el capítulo III de la Constitución Política de la República, por lo que afirma que con este actuar se está derogando tácitamente los artículos 19 N° 18, 23, 24, y el artículo 127 de la citada Constitución, más aún para reformar el capítulo III de esta Carta Fundamental se necesita del quorum más alto en nuestra legislación, sin considerar la unanimidad, en virtud del artículo 127 de este Código Político, dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Además las leyes que limiten el ejercicio al derecho de propiedad y a la propiedad cuando así lo exija el interés nacional deben ser de quórum calificado tal como lo mandata el artículo 19 N° 23 de la Constitución Política de la República, en contraposición a ello el Decreto Ley 3.500 no reúne los requisitos mínimos establecidos en la Constitución para limitar la plena propiedad que tienen los recurrentes sobre sus ahorros previsionales, tan así es que, este decreto ni siquiera pasó por el Congreso, si no que fue dictado discrecionalmente por el Presidente de la República de esa época.

De lo anterior colige que, al no existir norma en tal sentido si no que existen otras expresiones, el juez está igualmente obligado a fallar el asunto puesto a su conocimiento, el cual deberá aplicar los criterios de interpretación, en este caso la jerarquía, puesto que el derecho de propiedad es un derecho fundamental de carácter Constitucional, y que el Decreto Ley 3500 no reúne los requisitos Constitucionales para limitar el ejercicio de este. Por otro lado, el artículo 19 número 18 de la misma Carta Magna señala expresamente que las leyes que regulen el ejercicio de la seguridad social serán de quórum calificado, claramente el Decreto Ley 3.500 está muy lejos de reunir ese requisito. En este sentido, indica que el acto arbitrario e ilegal por parte de las recurridas, y sobre el cual se recurre, es la negativa de entregar los ahorros previsionales a los cotizantes en favor de los cuales se ejerce esta acción cautelar, toda vez que, no existe norma que prohíba de manera expresa los retiros de fondos, y además considerar la crisis sanitaria que se vive como país y a nivel mundial, además de las importantes pérdidas en los ahorros de toda la vida laboral de los cotizantes a favor de los cuales se recurre, hecho que para efectos de las probanzas son públicos y notorios.

Manifiesta que las recurridas no han informado a los recurrentes cuál es el porcentaje de sus ahorros que han sufrido las pérdidas, ni tampoco el criterio ocupado para cada cotizante al momento de calcular dichas pérdidas, ni tampoco el porcentaje invertido por cada recurrente, que permita a los cotizantes tomar conocimiento de los montos perdidos y las posibles soluciones para proteger estos ahorros previsionales, sin embargo, nada de eso se hizo.

Sostiene que de lo anterior surgen muchas preguntas, e indica que las recurridas ni se inmutan ante esta situación tan grave, que obviamente pone en riesgo los ahorros de tantos años de sacrificio laboral de los recurrentes, estima inaceptable que en un Estado de Derecho los directores de las recurridas sigan percibiendo sueldos millonarios con los mismos ahorros de las personas, que se supone no pueden tener otro fin que entregar pensiones, en contraposición a las pensiones miserables que reciben personas que han trabajado toda su vida, es sumamente injusto y desigual que las recurridas nunca pierdan, sin embargo, los cotizantes asuman todos los riesgos y pérdidas, entiende que cuando existe conflicto entre el derecho y la justicia se debe luchar por la justicia, incluso señala que es uno de los mandamientos del abogado del gran jurista nombre reservado (Montevideo, 24 de mayo de 1904 -11 de mayo de 1956). En este sentido, existe una omisión arbitraria e ilegal por parte de las recurridas puesto que estas tienen la obligación legal de efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran, congelando la inversión de manera urgente si es necesario, contratando seguros, dando la debida seguridad a los ahorros previsionales, tal como se los mandata la ley, y considerando además la crisis sanitaria y económica que nos afecta globalmente, puesto que no se sabe cuándo terminará la presente pandemia, de tal suerte que los fondos incluso podría quedar en cero, toda vez que estos ahorros siguen invirtiéndose, además como las recurridas no han informado de estas mermas a sus cotizantes, existe también mucha suspicacia del verdadero motivo de estas pérdidas. Dicho esto, señala que las recurridas deben actuar de manera diligente y prever todo lo necesario para proteger esos ahorros, dando estricto cumplimiento al artículo 147 del DL 3.500, el cual señala que: “Las Administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los Fondos y asegurarán que todas las operaciones de adquisición y enajenación de títulos de recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo. Las Administradoras responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a los Fondos por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones”.

Afirma que las recurridas han omitido ilegal y arbitrariamente esta obligación, no actuando con la debida diligencia y cuidado que les ordena la ley, toda vez que la norma en cuestión señala un imperativo a las recurridas ocupando el término “deberán”, con esto queda de manifiesto que no es facultativo cumplir con este mandato legal, lo cual sin duda ha traído importantes perjuicios económicos a los recurrentes en sus ahorros de toda su vida laboral, y consecuencialmente se amenaza, priva y perturba el derecho de propiedad que las personas a favor de las cuales se recurre tienen respecto de sus ahorros previsionales, o a lo menos amenaza, o a lo menos privación, o a lo menos perturbación.

Luego de transcribir el artículo 39 del DL 3500, plantea cuál es el vínculo jurídico que liga a los cotizantes con las recurridas, entendiendo que podría aplicar por analogía a este caso las reglas del mandato civil, toda vez que en los hechos calza perfectamente con el concepto del artículo 2116 del Código Civil el cual señala que: “El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador, y en general, mandatario”. En este sentido los recurrentes confiaron sus ahorros previsionales a las recurridas por cuenta y riesgo de estos, toda vez que tenían la libertad de cambiarse de Administradoras cuantas veces querían, de lo cual se desprende el vínculo contractual que existe entre las partes, ya que como se dijo anteriormente este vínculo es entre privados. En este caso, cada cotizante es el mandante y las recurridas las mandatarias, dicho esto, todos quienes administran bienes ajenos están obligados a rendir cuenta de su gestión a quien les ha encomendado esa administración, por lo que dichas administradoras no están exentas de esta obligación, obligación que tampoco han cumplido.

Finalmente, señala que de los hechos se desprende fehacientemente la existencia de un acto y omisión ilegal y arbitraria por parte de las recurridas que obviamente causa privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de derechos amparados por la Constitución Política de la República y tutelados por la acción de protección, primero, de los ahorros previsionales los cuales están sufriendo pérdidas millonarias, y siguen experimentándolas, de lo cual ninguna de las recurridas ha dado cuenta de aquello a los recurrentes, amenazando absolutamente el derecho de propiedad que estos tienen respecto de sus ahorros previsionales, vulnerándose abiertamente el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental.

Con estas pérdidas, sostiene que además se está vulnerando la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, toda vez que las personas a favor de las cuales se recurre y sus familias están siendo afectadas psicológicamente, al ver que los ahorros de toda su vida laboral están sufriendo pérdidas millonarias y nadie responde por ellos, las recurridas teniendo la obligación de cautelar dichos ahorros han omitido ilegal y arbitrariamente esta obligación.

Reitera que las respuestas negativas de las recurridas a la solicitud de retirar el dinero que los recurrentes han aportado durante toda su vida laboral constituyen una vulneración en grado de privación del derecho fundamental de propiedad garantizado por la Constitución Política pues desconoce flagrantemente las facultades del dominio, de un modo que es claramente incompatible con el texto Constitucional.

Señala que a protección Constitucional de la propiedad implica que el dueño no puede ser privado de ninguna de las tres facultades propias de dicho derecho: usar, gozar y disponer, por lo que despojarlo de uno o más, equivale a quebrantar la esencia del dominio, es decir, vulnerarla con infracción a la Carta Fundamental, pues son inseparables de él y de su ejercicio legítimo, de no respetarse esta garantía se estaría haciendo una expropiación ilegal de estos ahorros. Esto no implica que la ley no puede contener limitaciones que se funden en la protección de derechos de terceros o de algún interés general, por cierto. Pero sí significa que esas regulaciones legales deben respetar la esencia de esas facultades, como lo explicita, por lo demás, el N°26 del mismo artículo 19, el cual contiene una garantía general de cautela.

Manifiesta que establecido que la facultad de usar, gozar y disponer de una cosa al arbitrio de su titular, no siendo contra ley o contra derecho ajeno, es el contenido esencial del derecho de propiedad, aquello sin lo cual el derecho de propiedad deja de ser lo que es, y pasa a ser irreconocible en los términos que ha sido configurado, y que las recurridas se han negado a permitir a los recurrentes usar, gozar y disponer a su arbitrio de los fondos previsionales, sostiene que cae por su propio peso que el derecho de propiedad sobre tales recursos ha sido desconocido. En efecto, no resulta posible usar de esos recursos de la manera que los recurrentes desean, de forma exclusiva y excluyente; no pueden gozar de ellos del modo que les me parezca adecuado, en tanto se le está vedado percibir del modo que les parezca los beneficios que estos dan; y sobre todo, no pueden disponer de los mismos, es decir, utilizarlos a su arbitrio, es decir retirarlos cuando ellos desee. De modo que, con la decisión de las recurridas no se les permite a los recurrentes usar, gozar y disponer de sus respectivos ahorros previsionales y, en consecuencia, no se les permite actuar como dueños del propio dinero que han aportado mes a mes en sus cuentas de capitalización individual y/o que sus respectivos empleadores descontaron de las remuneraciones percibidas mensualmente a causa del trabajo de los recurrentes.

Segundo: Que con fecha 14 de julio de 2020, informa don Luis Quintana Valdovinos, abogado, en representación convencional de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., y pide rechazar la acción de protección, con costas.

Afirma que la acción presenta vicios en su legitimación activa, en su legitimación pasiva y en el plazo dentro del cual fue interpuesta.

Sostiene que los actores, en tanto conjunto, no tienen un derecho indiscutido cuya protección puedan reclamar a través de una acción de protección. Cabe preguntarse si sería razonable, por ejemplo, pensar que esta parte pudiera resultar vencida en una acción de protección deducida para retirar fondos de la cuenta de capitalización individual de los recurrentes, en circunstancias de que no se han acompañado antecedentes que den cuenta de la existencia de cuentas de capitalización individual de titularidad de la totalidad de los actores en AFP Cuprum. Por el contrario, su representada está en condiciones de asegurar que la gran mayoría de los actores no mantiene una cuenta de capitalización individual respecto de AFP Cuprum, de modo que malamente se puede reclamar por esta vía, o por cualquier otra, la restitución de fondos que simplemente no existen.

Señala que la acción interpuesta por los actores individualizados en el escrito a través del cual se presentó esta, dice “En virtud de la documentación que se acompaña en un otrosí de esta presentación, y para efectos de dar cumplimiento a los plazos, ya que la presente acción cautelar se interpone en parte, en contra del acto arbitrario e ilegal que se materializa en la carta de respuesta negativa emitida formalmente por las AFPs recurridas, en la cual se niegan a restituir la totalidad o un porcentaje de los fondos previsionales a los cotizantes”. Sin embargo, no es efectivo que exista una única “carta de respuesta negativa emitida formalmente por las AFPs recurridas”, que pueda servir como fundamento para la interposición de la acción de autos. Lo anterior es especialmente claro desde que los propios actores enlistan diversas cartas, emitidas por distintas administradoras de fondos de pensión, siempre de manera individual. Y no está demás recalcar que la gran mayoría de esas cartas son totalmente desconocidas para AFP Cuprum, quien no puede ser hecha responsable por sus respectivos contenidos.

Sostiene que esta sola consideración basta para afirmar que, respecto de “el hecho” contra el que se recurre, así definido, y particularmente considerando que existen que la gran mayoría de los actores ninguna relación tiene con AFP Cuprum, que nunca se había relacionado con ellos con anterioridad, y que no emitió ninguna carta de la que ellos hubieran sido destinatarios, es evidente que falta legitimación pasiva de AFP Cuprum en estos autos de protección.

Por otra parte, alega que la acción de protección es manifiestamente extemporánea. Los actores hacen explícito en la cuarta página del escrito a través del cual presentaron su acción de protección se interpone en contra del “acto arbitrario e ilegal que se materializa en la carta de respuesta negativa emitida formalmente por las AFPs recurridas”. Sin embargo, no existe “una” carta de respuesta: según el propio conjunto de actores hicieran explícito a renglón inmediatamente seguido, en una tabla preparada por ellos mismos, han existido al menos 30 “cartas de respuesta”, emitidas por distintas AFP, individualmente y no conjuntamente, en, también, distintas fechas. Así, considerando que la acción fue interpuesta el día 24 de mayo de 2020, cualquiera de las cartas que hubiere sido recibida con anterioridad al día 24 de abril de 2020, tendría que quedar indemne frente a una acción de protección, desde que el plazo para interponer una acción de este tipo es de 30 días corridos.

Señala que en virtud de los argumentos hasta aquí desarrollados, a continuación incluye una tabla a partir de la información contenida en los documentos acompañados por los actores, que explica cómo en todos los casos la acción de protección tendría que ser desechada por motivos formales. Indica que pese a las similitudes que esta tabla exhibe con la contenida en el escrito de la acción de protección, ella presenta dos diferencias radicales. Por una parte, esta no incluye información sobre las supuestas cartas recibidas por los Sres. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado ni nombre reservado, pues ellas no fueron acompañadas en estos autos.

Asimismo, se incluye la información de una carta dirigida al Sr. nombre reservado quien, sin embargo, no es actor en estos autos. Por otra parte, las fechas de solicitud y de respuesta varían. En efecto, los actores incurrieron en múltiples desprolijidades al transcribir las fechas de recepción de las cartas recibidas, todas por correo electrónico, cuestión que se explica, tal vez, porque la correcta transcripción de esas fechas da cuenta de cómo, en la gran mayoría de los casos, la acción de protección ha sido interpuesta fuera de la oportunidad prevista al efecto.

Es así que alega los siguientes fundamentos en mérito de las cuales la presente acción debe ser rechaza, por cada recurrente: 1) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 2) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 3) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 4) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva; 5) en el caso de nombre reservado, la extemporaneidad de la acción deducida; 6) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 7) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 8) en el caso de Leninosca nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 9) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 10) en el caso de nombre reservado, la extemporaneidad de la acción deducida; 11) en el caso de nombre reservado, la extemporaneidad de la acción deducida; 12) en el caso de nombre reservado, la extemporaneidad de la acción deducida; 13) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva; 14) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 15) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 16) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva; 17) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 18) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva; 19) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva; 20) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva; 21) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva; 22) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; 23) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva; 24) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida; y 25) en el caso de nombre reservado, la falta de legitimación activa y pasiva, y la extemporaneidad de la acción deducida.

En virtud de lo que señala, fluye con naturalidad que la acción de protección de autos debe ser rechazada, desde que el conjunto de actores ha interpuesto una acción que no satisface los requisitos formales necesarios para que esta Corte se detenga a conocer el fondo del asunto que se discute. Sin perjuicio de lo anterior, señala que la acción deberá ser rechazada también por razones materiales.

Asegura que la sola lectura de la acción de protección permite concluir que la pretensión de los actores excede el ámbito de protección de una acción de protección y que, por tanto, la materia en el caso sublite no es susceptible de discutirse y resolverse en esta sede cautelar: los actores pretenden que se declare su derecho a retirar fondos previsionales, en circunstancias en las que la declaración de un derecho no es posible por esta vía, por cuanto la acción constitucional de protección tiene una manifiesta y excluyente finalidad: poner en movimiento el aparato jurisdiccional con el propósito de resguardar, directa e inmediatamente, los derechos fundamentales expresamente protegidos por la acción de protección y cuyos titulares estén siendo privados, perturbados o amenazados en el legítimo ejercicio de los mismos, en razón de un acto u omisión arbitrario o ilegal de un tercero. Es una acción cautelar y de emergencia. En este sentido, la acción de protección sólo permite amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes.

Sostiene que los actores, en manifiesta contradicción con esta característica fundamental de la acción de protección, persigue obtener un pronunciamiento declarativo, vedado en esta acción cautelar, toda vez que su pretensión es que se declare que puede ejercer, libremente, sin limitación alguna y a su solo arbitrio, todas y cada una de las facultades inherentes al derecho de dominio sobre los fondos previsionales acumulados en su cuenta de cotización obligatoria. Todo esto, en circunstancias en que es el propio legislador quien ha establecido limitaciones para el ejercicio de algunas de las facultades que el dominio suele conferir, y que, en la especie, el legislador estableció limitaciones al derecho de propiedad de los fondos previsionales, por tratarse de dineros destinados a un propósito exclusivo, cual es el financiamiento de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

Manifiesta que es un hecho indiscutible que los actores, al igual que todos los afiliados al sistema de pensiones del DL N° 3.500, son dueños de los fondos previsionales que mantienen en sus respectivas cuentas de cotización obligatoria. Igualmente indiscutible es que dichos fondos son administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, sociedades especiales, extensamente reguladas por la Superintendencia de Pensiones y los órganos con competencia sectorial. Ahora bien, dichos fondos, pese a ser de propiedad de los afiliados, son entregados y administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones por mandato expreso del legislador, al establecerse que dichos fondos constituirán la previsión que se recibirá al momento de producirse la jubilación, transcribiendo al efecto el artículo 19 N° 24 del texto constitucional.

Destaca que la previsión social se encuentra comprendida dentro del derecho a la seguridad social, garantizado por el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República y que constituye un límite al derecho de propiedad, derivado de la función social de ésta, conforme lo dispone el N° 24 del citado artículo 19 de la Constitución Política de la República. Es más, el DL N° 3.500 es precisamente la forma por la cual el legislador estableció el cumplimiento de dicha garantía constitucional.

Asegura que el comportamiento desplegado por AFP Cuprum a lo largo de todo este proceso se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente, no pudiendo ser calificada como arbitraria ni ilegal.

Indica que es cierto que el artículo 39 del D.L. N° 3.500, de 1980, reemplazado por el artículo 91 N° 27 de la Ley N° 20.255, dispone que las Administradoras serán responsables por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización individual producto del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones, así como de las instrucciones dadas por el afiliado en el ejercicio de los derechos que le confiere el decreto ley antes citado. Asimismo, se explicita en el referido Decreto Ley que se entenderá que existe responsabilidad de la Administradora cuando el no cumplimiento oportuno de sus obligaciones o de las instrucciones de sus afiliados sea consecuencia de un hecho u omisión imputable a ésta. Esta responsabilidad recaerá asimismo en la Administradora por los hechos u omisiones imputables al subcontratista. La legislación establece que, una vez acreditado el incumplimiento por hecho u omisión imputable de la Administradora o de sus subcontratistas, y establecida la pérdida de rentabilidad en alguna de las cuentas de capitalización individual del afiliado, la A.F.P. deberá efectuar la compensación correspondiente, pudiendo la Superintendencia de Pensiones, en caso contrario, ordenar la restitución de dicha pérdida. Sostiene que es evidente que existe una sede distinta de esta en la cual deben resolverse materias como la ventilada por la actora, no resultando la acción de protección la vía idónea al efecto, cuestión que se explica muy especialmente por cuanto el procedimiento idóneo requiere que los organismos ordinariamente competentes al efecto, declaren la existencia de un derecho, la que se sigue de una serie de consideraciones anteriores que deben encontrarse suficientemente asentadas. No siendo este el caso, asegura que debe rechazarse esta pretensión.

Manifiesta que en la jurisprudencia de nuestras cortes superiores se encuentra asentado que “ilegal es el acto que no se atiene a la normativa por la que debe regirse”. Pues bien, en la especie, la normativa por la que debe regirse el cálculo de la rentabilidad de un determinado Tipo de Fondo, así como el procedimiento de retiro de fondos solicitado por un afiliado corresponde al D.L. N° 3.500 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Nuestro sistema de pensiones del D.L. N° 3.500 descansa, precisamente, sobre la noción de “multifondos”, lo que implica que el ahorro previsional (sea este de cotización obligatoria o de ahorro voluntario, como ocurre en el caso de autos) es administrado bajo un esquema de cinco Tipos de Fondos diferenciados por la proporción invertida en títulos de renta variable, bajo la lógica de que a mayor renta variable mayor es el retorno y riesgo esperado, con el objetivo de incrementar el valor de las pensiones. Así, es la misma definición de rentabilidad nominal mensual de un Fondo la que entrega la posibilidad de que el valor de la cuota respectiva varíe, tanto positiva como negativamente. Por el contrario, no hay ninguna sola norma ni principio que asegure la invariabilidad de las rentabilidades, ni tampoco que vayan a existir únicamente rentabilidades positivas, y mucho menos que los titulares de una cuenta de cotización previsional se transformen, a su vez, en titulares de un supuesto derecho a ser compensados cada vez que existan rentabilidades negativas. Por lo demás, no constan en autos las supuestas “pérdidas” padecidas por cada uno de los actores, de modo que malamente puede ser mi representada condenada a restituir suma de dinero alguna, máxime cuando una eventual sentencia condenatoria sería de imposible ejecución.

De acuerdo con lo que ha explicado, asegura que el comportamiento desplegado por AFP Cuprum responde a un motivo: las disposiciones legales vigentes. Las reglas que gobiernan el sistema de pensiones determinan, precisamente, que la rentabilidad es esencialmente variable, pudiendo ser negativa, y existiendo un muy reglado proceso para hacer responsable a una administradora de fondos de pensiones por eventuales pérdidas y para solicitar la indemnización correspondiente. No se trata de un capricho o de la mera (falta de) voluntad de un agente aquello que ha determinado que se rechazaren las solicitudes que algunos de los actores hicieran a AFP Cuprum.

Tercero: Que con fecha 15 de julio de 2020 informa don Daniel Garrido Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y pide declarar inadmisible en todas sus partes el presente recurso interpuesto en contra de su representada por nombre reservado, con expresa condenación en costas.

Reitera varios de los argumentos vertidos en el informe referido en el considerando precedente, que no repetirán aquí por economía procesal.

Señala que los fondos previsionales acumulados por parte del trabajador en sus cuentas de capitalización individual obligatorias están destinados, por la Constitución y la ley, a pagar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. En su defecto, y a falta de beneficiarios de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, los fondos previsionales se retiran como herencia por parte de los herederos del causante respectivo. Por lo tanto, al tratarse de un patrimonio de afectación, en ningún caso su representada puede hacer la entrega anticipada de la totalidad de los fondos previsionales obligatorios para destinarlos a una finalidad distinta a la que el Decreto Ley N° 3.500 ha establecido.

Luego de describir el sistema de pensiones chileno, indica que el artículo 23 de dicho cuerpo normativo se complementa con lo dispuesto en los artículos 347 y 518 que establecen que los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones estarán destinados únicamente a brindar solo a generar las prestaciones y beneficios de acuerdo con las disposiciones de dicha ley.

Agrega que, por su parte, el Reglamento del DL N° 3.500 establece de forma clara el destino que deberán tener los fondos previsionales administrados por AFP, señalando en su artículo 64 lo siguiente: “Los Fondos que mantienen las Administradoras sólo tienen por objeto el financiamiento de las prestaciones, pensiones, retiros de los saldos originados por cotizaciones voluntarias, retiros de los saldos originados en aportes de ahorro previsional voluntario colectivo y retiros de las cuentas de ahorro voluntario que la Ley establece. Asimismo, los Fondos tienen por objeto el financiamiento de los retiros de los saldos originados en depósitos y aportes a que se refiere el inciso primero del artículo 20 E y el artículo 20 H de la Ley, que registren los imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, sin perjuicio de que la Administradora pueda cobrar de dichos Fondos las comisiones legalmente establecidas a los trabajadores que mantengan cuentas personales en ellas”, asegurando que queda entonces claramente establecido que, por mandato legal, el propósito de la cuenta de capitalización individual del afiliado es financiar la respectiva pensión a que tendrá derecho su titular, una vez que cumpla los requisitos legales establecidos al efecto. Asimismo, se establece que las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinar, o permitir que se destinen, los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto del de financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el DL 3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla. Finalmente, hace presente que el actuar de AFP Provida en cuanto a negar la entrega de los fondos previsionales obligatorios a la recurrente de autos no constituye un acto u omisión ilegal y/o arbitrario, sino que solo se ha dado cumplimiento a la normativa del sistema de pensiones, por cuanto como ya se dijo, estos dineros constituyen un patrimonio de afectación que está destinado a pagar las prestaciones que la propia ley establece.

Alega asimismo que el recurso de protección deducido en la especie es del todo improcedente al no cumplir con el requisito básico relativo al plazo de interposición establecido en el Auto Acordado respectivo, esto es, 30 días corridos desde el supuesto acto u omisión ilegal o arbitrario. La recurrente sostiene que el acto o acción −considerado como arbitrario e ilegal− corresponde a la respuesta negativa de AFP Provida de reconsiderar su decisión de entregarle sus fondos de pensiones de manera anticipada notificada con fecha 05 de mayo de 2020.

Señala que la negativa por parte de AFP Provida de entregar a la recurrente de autos anticipadamente parte de sus fondos previsionales obligatorios, no constituye un acto ilegal o arbitrario, sino que por el contrario corresponde, como ya dijo, a la actuación que el ordenamiento jurídico en su conjunto le exige a la Administradora. En tal entendido, el hecho en que se funda el recurso −respuesta de AFP Provida− no es un hecho nuevo, sino un elemento fundamental del sistema de pensiones que existe desde su origen, es decir, en cualquier momento en que se hubiera formulado el mismo requerimiento se habría obtenido la misma respuesta. El funcionamiento del sistema de pensiones chileno encuentra su fuente en la Constitución y se regula por ley, específicamente por el DL 3.500 y por la normativa complementaria dictada por la Superintendencia de Pensiones. De esta manera, el destino de los fondos previsionales era plenamente conocido por la recurrente al momento de entrar en vigencia el ordenamiento jurídico que regula el sistema de pensiones, vigente desde 1980, y que entre otras materias se refiere al destino y uso de los fondos previsionales. Así las cosas, la recurrente que formuló el requerimiento a AFP Provida sabe (o debía saber al menos), el contenido de la respuesta que la Administradora entregaría a dicha solicitud, pues sabe (o debía saber) que estaba inscrita en una AFP y que se le descontaban cotizaciones obligatorias para sus futuras pensiones, y no para un ahorro de libre uso. En tal entendido, es evidente que la imposibilidad de obtener parte de los fondos previsionales para una libre disposición que no se ajuste a los fines previsionales que indica el DL 3.500, es plenamente conocida por la recurrente, desde el mismo momento que entró en vigencia el aludido DL 3.500 de 1980, puesto que es una presunción de derecho que la ley es conocida por todos conforme a lo que regula el artículo 8 del Código Civil, que dispone “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia”. Teniendo en cuenta estos antecedentes, asegura que este recurso de protección ha sido interpuesto de forma extemporánea.

Finalmente, hace presente que del propio Certificado de Cotizaciones que acompaña a estos autos la recurrente doña nombre reservado, consta que está cotizando en AFP Provida a contar del 01 de marzo de 2000, esto es, al menos debe y/o debía estar en conocimiento del funcionamiento del Sistema de Pensiones al que estaba afiliado, hace ya 20 años y 4 meses, motivo por el cual, la acción de autos es irremediablemente extemporánea.

Asegura asimismo que es evidente que la materia reclamada por la recurrente no es propia de una acción cautelar, por lo que resulta improcedente la interposición de un recurso de protección. Señala que la doctrina ha sostenido que el recurso de protección fue ideado como un medio eficaz para situaciones urgentes, con el objeto de prestar inmediato amparo al afectado en caso de que un derecho o garantía se encuentre privado, perturbado o amenazado. Así, se ha señalado que “el Recurso de Protección fue ideado como un medio pronto y eficaz de prestar inmediato amparo al afectado cada vez que una garantía de libertad o un derecho básico está amenazado, restringido o coartado por actos u omisiones arbitrarios”.

Sostiene que no se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 20 de la Constitución, por cuanto no ha existido acto u omisión arbitraria o ilegal, ni vulneración de derecho fundamental alguno. Asegura que AFP Provida no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal, toda vez que el rechazo en la entrega de parte de los fondos previsionales de la recurrente se basa en las normas constitucionales y legales sobre las cuales se sustenta el sistema de pensiones, y que por lo tanto deben ser cumplidas por todos los actores de dicho sistema. Por el contrario, si AFP Provida hubiera entregado los fondos requeridos por la recurrente habría incurrido en una vulneración a la ley.

Finalmente, sostiene que tampoco existe en la especie vulneración al derecho a la vida y la integridad física ni psíquica de la recurrente de estos autos. Lo anterior, por cuanto como ya señaló previamente, la finalidad de los fondos previsionales es pagar las respectivas pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. A falta de los beneficiarios de pensión señalados, los fondos previsionales se pagan a los herederos del causante. Por lo anterior, qué duda cabe que su representada, esto es, AFP Provida, actuó en cumplimiento a la normativa vigente del Sistema de Pensiones creado en virtud de las normas del Decreto Ley N° 3.500 de 1980. Finalmente, a contrario sensu, AFP Provida si actuaría vulnerando la garantía invocada por parte de la recurrente de autos si hubiera anticipado dineros que el día de mañana no tendrá disponibles para una eventual pensión de vejez y/o invalidez de doña nombre reservado.

Cuarto: Que, con fecha 15 de julio de 2020, informa doña Jéssica Salas Troncoso, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, y pide el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Señala que de la totalidad de los recurrentes, cinco de ellos se encuentran afiliados a su representada, específicamente los señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes presentaron el recurso de protección en contra de AFP Modelo, por una supuesta omisión, arbitraria e ilegal que se originó por la respuesta negativa de su representada, a su solicitud de retirar sus ahorros previsionales aportados en su cuenta de capitalización individual, lo que supuestamente implicaría un desconocimiento de su derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución de la República de Chile. Las cartas recepcionadas de parte de todos los afiliados de su representada tiene en común la siguiente frase, haciendo referencia a la actual contingencia sanitaria: “Además, debo hacer presente que nos afecta como país y el mundo, en la cual debo estar en cuarentena con mi familia, por miedo de contagiarnos con este mortal virus, no teniendo dinero suficiente para sobrevivir a esta gran pandemia, toda vez que los empleadores no me pagarán mi remuneración eventualmente, además como es sabido los fondos previsionales han sufrido pérdidas históricas, que en mi caso asciende a la suma de $1.000.000 aproximadamente, y siguen disminuyendo, razón por la cual temo que mis ahorros de toda mi vida laboral sigan disminuyendo en un futuro, y al final no tenga los recursos suficientes para recibir una jubilación digna.”

Indica que a efecto de fundar la extemporaneidad de este recurso y poder acreditar que los recurrentes han omitido información relevante, se hace necesario tener presente los siguientes hechos que guardan directa relación con el recurso materia de autos. De acuerdo a lo dispuesto en el Auto Acordado que reglamenta el recurso de protección, el plazo para interponerlo es de 30 (treinta) días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Pues bien, los recurrentes realizaron su presentación entre el 01 al 21 de abril del año 2020, tomando conocimiento de la negativa de su representada de aceptar la solicitud de devolución de sus fondos previsionales entre los días 14 de abril al 07 de mayo del presente año, lo que a juicio de los recurrentes constituiría un acto arbitrario e ilegal por lo que solicitaron se adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho. En este mismo orden de ideas, señala que el sistema de capitalización individual fue creado mediante el D.L. 3.500 del año 1980, y considera como principales beneficios, las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia. Su objetivo fundamental, es asegurar un ingreso estable a los trabajadores que han concluido su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde una relación próxima con aquél percibido durante su vida activa. Por su parte, el artículo 2 inciso 2° del citado D.L. 3.500 establece que “La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización”.

Manifiesta que entre los años 2016 y 2018, los recurrentes afiliados a su representada comenzaron a cotizar en el actual sistema de capitalización individual, y de ello, se puede concluir, que a esa fecha, todos ellos se afiliaron generando una relación jurídica con el nuevo Sistema de Pensiones, tal como lo establece el citado artículo 2 inciso 2° del D.L. 3.500. Aceptar lo contrario iría en contra de una norma tan básica como la establecida en el artículo 8° del Código Civil que establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Hace ver que han transcurrido aproximadamente dos a cuatro años, desde que los recurrentes adquirieron la calidad de afiliados en el sistema previsional y casi cuarenta años desde la entrega en vigencia de la ley. Los recurrentes tuvieron conocimiento que los Fondos de Pensiones que acumularían en sus respectivas cuentas, son de propiedad de los afiliados recurrentes y destinados a un fin exclusivo y excluyente, establecido expresamente por ley desde el momento de afiliarse al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, por lo que se trata de una acción cautelar deducida fuera de plazo, razón por la cual debe ser rechazada de plano. Lo anterior no es irrelevante, puesto que quien impide la restitución de los fondos previsionales a favor de los recurrentes, es la Ley, y la propia Constitución Política de la República, pues la propiedad sobre la que reclaman, no recae sobre cualquier bien, sino sobre las cotizaciones previsionales que enteraron a lo largo de sus vidas laborales activas en la Administradora de Fondos de Pensiones, es decir, corresponde a un asunto propio del ámbito previsional, la que a su vez constituye uno de los elementos de la citada seguridad social, garantía consagrada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, que impone deberes al Estado, y, en particular, el D.L. 3.500 del año 1980. De esta manera, resulta evidente que la imposibilidad de obtener los fondos previsionales para una libre disposición fue conocida por los Recurrentes, desde el mismo momento que entró en vigencia el aludido D.L. 3.500 de 1980, puesto que es una presunción de derecho que la Ley es conocida por todos. Luego, la respuesta de mi representada a la solicitud de devolución de fondos, carece de relevancia para determinar el cómputo del plazo de interposición del presente recurso de protección. Puesto que la actuación arbitraria reclamada, obviamente no tiene su fuente en la respuesta de su representada, sino que emana directamente de las normas legales y constitucionales que regulan el régimen previsional chileno.

Reitera que la imposibilidad de retirar los fondos de la cuenta de cotización obligatoria para efectos de destinarlos a un fin distinto que es el de financiar las pensiones o beneficios contemplados en la ley, corresponde a una restricción establecida por el conjunto de normas de carácter legal que regulan el régimen previsional chileno, las que se presumen conocidas por todos, en virtud del artículo 8 del Código Civil. Por ende, en el momento en que los recurrentes formularon la petición de devolución de sus fondos previsionales, tenían pleno conocimiento de la respuesta que obtendrían por parte de su representada. De los antecedentes antes expuestos, se concluye que el presente recurso de protección fue presentado fuera de plazo, puesto que se interpuso con más de 30 días del supuesto hecho lesivo a las garantías fundamentales reclamadas por los recurrentes.

Agrega que en el caso de la solicitud de entrega de fondos previsionales planteada a su representada por la recurrente nombre reservado, AFP Modelo respondió su solicitud con fecha 28 de abril de 2020, mediante correo electrónico enviado directamente a su dirección. Por su parte, en el caso de la recurrente nombre reservado, su representada le respondió con fecha 23 de abril de 2020, mediante correo electrónico enviado directamente a su dirección. A su vez, en el caso del recurrente nombre reservado, su representada le respondió con fecha 6 de mayo de 2020, mediante correo electrónico enviado directamente a su dirección. Por su parte, en el caso del recurrente nombre reservado, su representada le respondió con fecha 30 de abril de 2020, mediante correo electrónico enviado directamente a su dirección. Por último, en el caso de la recurrente nombre reservado, su representada le respondió con fecha 7 de mayo de 2020, mediante correo electrónico enviado directamente a su dirección.

Luego de describir el sistema de pensiones imperante en el país, señala que su representada está impedida por Ley otorgar otras pensiones, prestaciones o beneficios distintos a los señalados en la ley. La infracción a esta orden legal incluso puede constituir un delito penal, como se establece en el artículo 23 del D.L. 3.500.

En relación a la solicitud planteada por los recurrentes referente a la compensación y los eventuales perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización individual producto del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones, hace presente que dicha afirmación no es procedente toda vez que la Normativa del Sistema de Pensiones establece expresamente las causas por las que las Administradoras deben efectuar compensación.

Manifiesta que las inversiones que efectúen las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, con recursos de los Fondos de Pensiones, tendrán como único objetivo la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se pretenda dar a tales inversiones, se considerará contrario a los intereses de los afiliados y constituirán un incumplimiento grave a las obligaciones de dichas sociedades. Las administradoras deberán llevar un completo y detallado registro de las inversiones realizadas por cuenta del Fondo de Pensiones, incluyendo los documentos de respaldo que tengan relación con las transacciones realizadas con recursos de éstos. Esta información deberá encontrarse resguardada de posibles deterioros y debe ser de fácil acceso para efectos de fiscalización.

Finalmente, manifiesta que los recurrentes han invocado como un acto arbitrario e ilegal la respuesta de su representada otorgada a través de correo electrónico enviados entre los meses de abril y mayo del presente año, accionar de su representada que en ningún caso es arbitrario, menos aún ilegal, puesto que precisamente se encuentra justificado por la legislación y el texto constitucional vigente. En efecto, el D.L. N° 3.500 de 1980, establece que el objeto exclusivo de las Administradoras de Fondos de Pensiones es el de administrar los Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la ley, no pudiendo ofrecer ni otorgar a los afiliados o beneficiarios, bajo ninguna circunstancia, otras prestaciones o beneficios que los señalados en la ley. Consecuentemente, el actuar de A.F.P. Modelo S.A. se ha ajustado con estricto apego a derecho, según lo dispuesto en el D.L. 3.500 de 1980, debiendo el presente recurso ser rechazado, puesto que el acto reclamado se ejecuta dentro de los márgenes legales.

Sostiene que las pretensiones de los recurrentes resultan ser del todo infundadas, toda vez que pretenden que se declare la existencia de su derecho de dominio respecto de los fondos previsionales administrados por su representada, y en particular, que se declare su derecho a usar, gozar y disponer de ellos de forma arbitraria, lo que se traduciría en la facultad de retirar dichos fondos de su cuenta de capitalización individual, de usarlos o invertirlos en la forma que desee. Lo anterior, implica necesariamente poner en práctica situaciones que no se encuentran contempladas por el legislador.

Quinto: Que, con fecha 22 de julio de 2020, informa don nombre reservado, abogado, por la recurrida AFP Habitat S.A., y pide que se rechace en todas sus partes el presente recurso por carecer absolutamente de fundamentos legales, con expresa condenación en costas.

Señala que sin perjuicio de la absoluta falta de fundamentos de la acción interpuesta, opone la excepción de falta de legitimación activa y pasiva respecto de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado (los últimos seis ni siquiera se individualizan en el recurso), quienes no son afiliados a AFP Habitat, razón por la cual no existe ninguna relación entre ellos y su representada. De la lista de recurrentes, sólo serían afiliados a AFP Habitat los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Manifiesta que el recurrente relata en su presentación que sus representados solicitaron a AFP Habitat la devolución de sus ahorros previsionales, solicitudes a las que su representada respondió en las siguientes fechas: - A don nombre reservado el 14/04/2020. En consecuencia, este recurso fue presentado 40 días después del supuesto acto recurrido. - A don nombre reservado el 29/04/2020. - A don nombre reservado el 28/04/2020.

Sin perjuicio de lo anterior, agrega que es de público conocimiento que conforme al Decreto Ley 3.500 del año 1980 (DL 3.500), nunca ha sido posible devolver los fondos previsionales a los afiliados a las AFP si no es para destinarlos a los fines establecidos en la Ley, porque única y exclusivamente pueden ocuparse para el financiamiento de los beneficios previsionales, principio fundamental que rige el Sistema de Pensiones de nuestro país. No es posible por lo tanto, que AFP Habitat, sin transgredir la Constitución y las leyes, pudiera acceder a una petición como la que ha formulado la recurrente, consistente en que se le devuelvan sus fondos previsionales para que ella pueda administrarlos y decidir cómo invertirlos para solventar sus gastos de vida.

A este respecto señala que: - Don nombre reservado, CI RUT reservado, ingresó al sistema previsional establecido en el DL 3.500, el 01/04/1985 y se incorporó a AFP Habitat el 01/06/2017. - Don nombre reservado, CI RUT reservado, ingresó al sistema previsional establecido en el DL 3.500, el 01/01/1987 y se incorporó a AFP Habitat el 01/01/1987. - Don nombre reservado, CI RUT reservado, ingresó al sistema previsional establecido en el DL 3.500, el 01/12/1992 y se incorporó a AFP Habitat el 01/10/2007. Los recurrentes desde la fecha de su afiliación al Sistema de Pensiones aceptaron sus regulaciones, características y restricciones antes referidas. Por lo tanto, solicita declarar extemporánea la presentación de este recurso toda vez que es de público conocimiento que desde mayo del año 1981, esto es desde que inició su vigencia el DL 3.500, no es posible legalmente acceder a una petición como la formulada. No es creíble ni verosímil que únicamente después de la respuesta de AFP Habitat el recurrente haya tomado conocimiento de la imposibilidad legal antedicha, por lo cual cualquier recurso en esta materia debería considerarse extemporáneo. Aceptar lo contrario iría en contra de una norma tan básica como la establecida en el artículo 8 del Código Civil que establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia, menos aún si la recurrente realizó su primera cotización más de 30 años, aceptando la regulación del referido sistema de pensiones.

Por otra parte, indica que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio. Los recurrentes no han sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que les impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, los recurrentes pretenden ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que ellos pretenden. Por lo tanto, es improcedente reclamar por esta vía el derecho pretendido, toda vez que en el evento que existiera alguna duda o controversia respecto a si corresponde o no acceder a su solicitud, la que estima en todo caso totalmente infundada y contraria a derecho, requeriría de un juicio de lato conocimiento o de una acción legislativa que modificara el Sistema de Pensiones vigente en nuestro país. Hace ver que, tal como lo ha dicho la Excelentísima Corte Suprema, para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado.

Reitera que los hechos descritos no permiten acoger el presente recurso porque no cumplen con los requisitos de emergencia o urgencia para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, ni el recurrente ha sido privado, desconocido o vulnerado de su derecho de propiedad. Este recurso, reglamentado en forma especial, de naturaleza excepcional, está concebido cuando existe un riesgo o peligro que justifique adoptar medidas para impedir la vulneración arbitraria o ilegal de tales derechos y asegurar su protección, lo cual no ha ocurrido, razón por la cual debe rechazarse el recurso, con costas.

Hace hincapié en que el actuar de su representada, al no aceptar la petición de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, se encuentra totalmente ajustado a derecho y no ha existido arbitrariedad alguna como erróneamente se pretende ni tampoco ilegalidad.

A continuación repite la descripción del sistema previsional imperante ya señalada en los informes precedentes, que no se reiterarán aquí por economía procesal, para señalar que en ninguna parte de la normativa previsional se autoriza a las AFP a devolver a los afiliados que lo soliciten total o parcialmente las cotizaciones enteradas en sus cuentas individuales. La única alternativa de disponer de una parte de los ahorros previsionales para disponer libremente de ellos es cuando, dentro de un trámite de pensión, el afiliado cumple con los requisitos legales para retirar Excedente de Libre Disposición, por lo que no es posible acceder a la devolución de fondos solicitada por los recurrentes toda vez que el saldo de su cuenta individual debe destinarse a financiar sus pensiones.

Sostiene que la solicitud de restitución o compensación de las supuestas pérdidas de rentabilidad que señalan haber sufrido los recurrentes, es absolutamente improcedente. En primer lugar, reitera que el recurso de protección no es la vía idónea para la declaración de derechos, razón por la cual, de ser efectivas las pérdidas reclamadas –que no se señalan en el recurso- deberían reconocerse y avaluarse en un juicio de lato conocimiento, no mediante una acción de carácter cautelar como el recurso de protección. Por otra parte, cabe destacar esta solicitud de compensación es absolutamente improcedente desde el punto de vista legal y normativo, a cuyos efectos cita y transcribe el artículo 39 del DL 3500 como asimismo extensas secciones de dicho cuerpo normativo, para terminar afirmando que en este caso no se dan ninguno de los supuestos establecidos en la normativa previsional que darían lugar a una compensación a los recurrentes.

De lo que expone, concluye que AFP Habitat ha actuado en conformidad a la Constitución Política de la República, al DL 3.500, de 1980 y demás leyes aplicables y a la normativa previsional dictada por la Superintendencia de Pensiones. Por lo tanto, su representada no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal en la denegación a la solicitud presentada por los recurrentes para 13 devolver sus fondos previsionales. Por el contrario, en todo momento se ha ajustado a la ley y a la normativa aplicable, garantizando los derechos de sus afiliados y de sus beneficiarios, a todas las prestaciones de seguridad social establecidas en la legislación chilena. Afirma que no existe un acto ilegal por parte de su representada, toda vez que al responder a la solicitud de los recurrentes sólo aplicó la legislación vigente y no podría haber dado una respuesta distinta, pues en ese caso sí habría actuado infringiendo la ley. Tampoco hay un acto arbitrario alguno porque la arbitrariedad supone la capacidad de optar entre alternativas distintas y elegir una sin fundamento o base. En este caso, su representada no tenía alternativa (no hay otra respuesta posible) y, a cualquier persona que solicite lo mismo necesariamente se le tiene que dar la misma respuesta.

Sexto: Que, con fecha 27 de julio de 2020 informa don Germán Concha Zavala, abogado, en representación convencional de AFP Capital S.A., y pide rechazar el presente recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Indica que el centro de la discusión que se plantea en el libelo está relacionado con la forma en que está estructurado el Sistema de Pensiones en nuestro país y, de una manera más específica, con el contenido del Decreto Ley Nº 3.500. Tal clase de discusión, más allá de la opinión que pueda suscitar y de la posición que se pueda adoptar a su respecto, no es propia de esta sede, ni corresponde a los presupuestos que fueron tenidos en vista por el Constituyente al establecer el recurso de protección. Dicho en otros términos, lo que se ha presentado es una cuestión propia del ámbito legislativo y del análisis de políticas públicas y, por lo mismo, no se divisa de qué forma o en qué medida, ella pudiera servir como base para el procedimiento que se ha intentado en la especie. Es por lo que se ha expuesto que, desde esta perspectiva, corresponde concluir que el recurso de protección deducido en autos en contra de su representada debe ser rechazado en todas sus partes.

Señala que el recurso no discute el que su representada haya actuado de conformidad a la ley frente a los requerimientos que se le han formulado. Lo que plantea es que debió haberse comportado de una manera distinta. Es decir, que debió haber actuado contra la legislación vigente. La grave contradicción jurídica que supone admitir como argumento el que se pueda deducir una acción como la que se ha intentado en autos fundada en que no se ha vulnerado la legislación vigente. Afirma que lo cierto es que en el recurso que se ha deducido en autos se pretende que su representada debió haber actuado de manera arbitraria e ilegal. Eso resulta contrario a Derecho desde toda y cualquier perspectiva, y es, precisamente por ello, que la acción constitucional que se ha intentado en autos debe ser rechazada en todas sus partes respecto de su representada.

Agrega que otro de los defectos de forma en los que incurre el recurso de protección que se ha deducido en autos, radica en que lo que mediante él se intenta plantear es una discusión que corresponde a un procedimiento de carácter declarativo, y no a una acción cautelar o de tutela de derechos indubitados. Es decir, lo que es propio de una sede distinta.

Por otra parte, sostiene que el recurso de protección de autos resulta extemporáneo y, por ende, ha de ser rechazado en todas sus partes respecto de su representada. En efecto, lo que se imputa a su representada en la especie no es sino la aplicación de una normativa legal específica, que forma parte de las bases del Sistema de Pensiones. De hecho, el recurso no discurre a partir de la imputación de una interpretación o aplicación errada (o arbitraria), de la normativa vigente, sino que derechamente entiende que se debió haber hecho, precisamente, algo distinto de lo que manda el ordenamiento. Puestas así las cosas, afirma que lo cierto es que la respuesta de su representada que se impugna en este caso es la misma que se habría obtenido en cualquier tiempo, pues ella es la única consecuencia posible de la aplicación del ordenamiento vigente. En ese contexto, las personas a cuyo nombre se recurre en autos habrían obtenido el mismo resultado a partir de su solicitud en cualquier momento que la hubieren formulado desde que el actual Sistema de Pensiones inició su vigencia (cosa que ocurrió en 1980). Lo anterior se refuerza si se considera que, tal como se establece en el artículo 8 del Código Civil, uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento del ordenamiento jurídico es la observancia de la regla que establece que “nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia”.

Sostiene que lo anterior no cambia si, en lugar de considerar la fecha de inicio del funcionamiento del Sistema de Pensiones, sino la fecha de afiliación a su representada de las personas a cuyo nombre se recurre en autos, las que corresponden a las siguientes: a) nombre reservado, el día 01/06/2017. b) nombre reservado, el día 01/07/2019. c) nombre reservado, el día 01/09/2019. d) nombre reservado, el día 01/06/2018. e) nombre reservado, el día 01/10/2019. f) nombre reservado, el día 01/12/2007. g) Leninosca Del nombre reservado, el día 01/12/2019. h) nombre reservado, el día 01/01/1998. 8 i) nombre reservado, el día 01/01/2015. j) nombre reservado, el día 01/04/2018. k) nombre reservado, el día 01/10/1997. l) nombre reservado, el día 01/09/2018.

En subsidio de lo anterior, señala que teniendo presente que el libelo de autos se presentó el día 24 de mayo de 2020, ha sido deducida extemporáneamente respecto de las siguientes personas: a) nombre reservado, quien, según se indica en el libelo, recibió la respuesta el día 22 de abril de 2020, y b) nombre reservado, quien, según se indica en el libelo, recibió la respuesta el día 23 de abril de 2020.

Estima necesario tener en consideración que el recurso de protección de autos ha sido deducido formalmente en contra de su representada por menos personas de las que se indican en el cuadro que se inserta en el texto del libelo.

Sostiene que sin perjuicio de lo que ha señalado, sólo resulta posible concluir que el recurso de protección deducido en la especie debe ser rechazado en todas sus partes respecto de su representada en la medida que no se ha invocado (ni menos aún acreditado), comportamiento alguno que le sea imputable y que pueda ser calificado como arbitrario o ilegal, por los mismos fundamentos que se exponen en los informes ya referidos, por lo que no se reiterarán aquí por economía procesal, de lo que concluye que el comportamiento de su representada respecto de la rentabilidad de los Fondos de Pensiones que administra no puede ser considerado, en forma o para efecto alguno, como un acto arbitrario o ilegal.

Luego afirma que el presente recurso debe ser rechazado porque no se ha vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica de las personas a cuyo nombre se recurre en autos en contra de su representada, ni tampoco su derecho de propiedad.

Séptimo: Que las partes acompañan documentos que estiman pertinentes a sus alegaciones.

Octavo: Que, con fecha 8 de julio de 2020, esta Corte denegó la orden de no innovar solicitada en autos.

Noveno: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Décimo: Que, como se desprende de lo indicado, y como se ha manifestado reiteradamente por esta Corte, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Undécimo: Que, en primer término, corresponde hacerse cargo de la extemporaneidad alegada por todas las recurridas.

A dichos efectos, es necesario distinguir entre los 25 recurrentes representados por el compareciente, y hacer referencia, en cada caso, a los tiempos en que ocurrieron los hechos descritos en el recurso, como asimismo a los plazos que derivan de ellos.

En dicho sentido, y a efectos de establecer la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de 30 días para su interposición establecido por el Auto Acordado relativo al recurso de protección, esta Corte estima que debe atenderse a la fecha estampada en cada una de aquellas cartas respuesta que cada recurrida envió a sus respectivos afiliados, recurrentes en marras, considerando dicha fecha como aquélla en que éstos tomaron conocimiento de la negativa de sus respectivas AFPs a acceder a la devolución de fondos solicitada, por cuanto el recurrente no indica una fecha diversa en la que hubieren podido tomar dicho conocimiento.

Es a partir de dicha fecha entonces que debe computarse el referido plazo de 30 días, a efectos de determinar la posible extemporaneidad del libelo de autos.

Así las cosas, el presente recurso fue interpuesto con fecha 24 de mayo de 2020. Revisados los antecedentes que la propia recurrente aporta en su recurso, resulta evidente que en el caso de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, efectivamente el libelo fue interpuesto de forma extemporánea, por cuanto las fechas de las mencionadas cartas respuesta son el 20 de abril, el 22 de abril, el 23 de abril, el 23 de abril, el 14 de abril, el 14 de abril y el 2 de abril, todas de 2020, respectivamente.

En consecuencia, el presente recurso resulta manifiestamente extemporáneo en lo que se refiere a los recurrentes referidos en el párrafo anterior, lo que basta y es suficiente para que sea imposible que pueda prosperar a su respecto.

Que sin perjuicio del insubsanable vicio detectado en relación a la acción impetrada por los recurrentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, es menester señalar que aun cuando el recurso lo hubieren interpuesto dentro de plazo, no habría podido prosperar atendido lo que se expresa en los considerandos siguientes. Lo mismo aplica a los demás recurrentes.

En lo que se refiere a la extemporaneidad alegada en relación a los restantes recurrentes, el presente recurso fue interpuesto dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de sus respectivas cartas respuesta, por lo que la mentada extemporaneidad es desestimada.

Duodécimo: Que, zanjado el asunto de la extemporaneidad, es menester hacer referencia al fondo del recurso.

Que debe desecharse de plano la alegación de falta de legitimación activa y pasiva alegada por ciertas recurridas, por cuanto es evidente que el recurso se interpone por cada recurrente en contra de su respectiva Administradora de Fondos de Pensiones, y no de otra, respecto de la cual evidentemente sí existe legitimación tanto activa como pasiva.

Décimo Tercero: Que, como tal como lo ha resuelto tanto esta Corte como asimismo la Excma. Corte Suprema de forma reiterada, para analizar la legalidad de la conducta que se reprocha resulta indispensable estudiar las normas que regulan la materia. El artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, ordenando que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”, imponiéndole, al mismo Estado, el deber de supervigilar “el adecuado ejercicio” de este derecho.

Concretando tal prescripción constitucional, el Decreto Ley Nº 3.500 se erige como el principal cuerpo normativo sobre la materia, dentro de cuyas disposiciones destaca su artículo 17 que impone a “los trabajadores afiliados al sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres”, la obligación de “cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles”. Luego, su artículo 34 indica que “los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones serán inembargables salvo en la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21 y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley”.

Finalmente, el artículo 61 expresa que: “Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión. La Administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá el beneficio y emitirá el correspondiente certificado. Para hacer efectiva su pensión, cada afiliado podrá optar por una de las siguientes modalidades: a) Renta Vitalicia Inmediata; b) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida; c) Retiro Programado, o d) Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado”.

Décimo Cuarto: Que las normas transcritas permiten asentar que el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en el otorgamiento de pensiones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley, como asimismo para las contingencias sociales descritas en ella.

Décimo Quinto: Que, con todo, el retiro total o parcial del dinero cotizado en la cuenta individual de un trabajador, no es una institución ajena al Decreto Ley Nº 3.500.

En efecto, en reiterados pasajes de este instrumento normativo tales como sus artículos 20, 21, 22, 62, 62 bis, 65 bis y 179, se establecen los requisitos y exigencias que permiten al cotizante retirar los excedentes de libre disposición quedados luego de haber optado por alguna de aquellas modalidades de pensión ya mencionadas, debiendo tenerse en cuenta, además, que la renta vitalicia, en tanto clase de pensión que contrata un afiliado con una Compañía de Seguros de Vida distinta a la Administradora de Fondo de Pensiones, es una forma de retiro que puede llegar al total del importe de la cuenta respectiva.

Por su parte, el artículo 68 del Decreto Ley Nº 3.500 relativiza, incluso, los requisitos contenidos en su artículo 3, en la medida que permite la obtención de una pensión de vejez, bajo cualquiera de las modalidades regladas en el artículo 61, antes de cumplir la edad mínima para ello.

Décimo Sexto: Que la circunstancia que el legislador haya previsto un sistema específico que posibilita el retiro de los fondos bajo determinadas circunstancias y modalidades, no implica que puedan los tribunales de justicia hacer una aplicación extensiva de tales disposiciones y concluir que se pueda acceder, atendidas las necesidades específicas que enfrentan determinadas personas, al retiro total o parcial de los dineros de una forma distinta a la prevista en el ordenamiento jurídico, toda vez que aquélla es una decisión que sólo le compete al legislador, quedando fuera de la órbita de la competencia de la judicatura, ponderar las especiales circunstancias en que se encuentran los actores y ordenar que le entreguen los dineros acumulados en sus respectivas cuentas de capitalización individual.

Décimo Séptimo: Que, en este sentido, resulta relevante señalar que en caso alguno se ha privado o perturbado el ejercicio del derecho de propiedad de los recurrentes respecto de sus fondos previsionales.

Tampoco se puede sostener que los recurrentes sufren el embarazo del ejercicio de los atributos esenciales del derecho de propiedad, toda vez que tienen la facultad de gozar y disponer de sus dineros, ciñéndose a la normativa especial que rige la materia, que ha sido contemplada por nuestro legislador para garantizar el ejercicio del derecho de seguridad social durante los periodos de vida en que los cotizantes enfrenten situaciones que le impidan generar ingresos.

Es así como el ordenamiento jurídico ideó un sistema legal de capitalización individual con ahorro obligatorio, reconociendo el derecho de propiedad, empero, estableciendo modalidades concretas para el ejercicio de este derecho, cuestión que esta Corte debe resguardar.

En consecuencia, resulta claro que las recurridas sí han actuado de manera diligente de manera de proteger los ahorros de los recurrentes en los términos del artículo 147 del DL 3.500, por lo que se desestiman las alegaciones en cuanto pretenden afirmar lo contrario.

Por otra parte, tampoco se vislumbra de qué forma las recurridas hubieren podido vulnerar la garantía constitucional establecida en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las recurrentes, por cuanto en todo momento dichas recurridas se han limitado a aplicar la ley, en todo su sentido, tanto formal como de fondo.

Décimo Octavo: Que, finalmente, el cuestionamiento a la constitucionalidad de la restricción legal impuesta a su ejercicio del derecho de propiedad que se acusa escapa a los márgenes de la presente acción cautelar, por cuanto la acción de protección no es un juicio de lato conocimiento que permita solicitar declaraciones de derechos, cuya procedencia además se encuentra controvertida, pues ninguna duda cabe que el procedimiento cautelar de protección de garantías constitucionales no permite pedir declaración de derechos, y lo que se pretende por medio de la presente acción es precisamente la declaración de un derecho, esto es, el derecho a la devolución de las cotizaciones previsionales, no siendo la vía cautelar impetrada la pertinente para ello.

Huelga señalar que en relación a esa materia existe un muy reglamentado procedimiento establecido en el Capítulo III del Título VIII del Libro I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, por lo que al existir en nuestro ordenamiento jurídico una vía especial cuyo objetivo es otorgar la debida solución a los conflictos que surjan a propósito de la materia en cuestión, es posible constatar que los hechos propuestos por el recurrente sobrepasan los márgenes del recurso interpuesto, toda vez que las materias planteadas deben ser ventiladas en el procedimiento especial ya mencionado y regulado específicamente al efecto pues, como reiteradamente se ha resuelto, la discusión sobre aspectos y materias especialmente reguladas y respecto de las cuales no existen derechos indubitados, no es de aquellas que puedan dilucidarse por esta vía cautelar de urgencia, la cual no constituye una instancia declarativa de derechos sino de protección de aquéllos de carácter indubitado, cuya no es la situación de la especie.

Décimo Noveno: Que, de este modo, la actuación de las recurridas aparece como ajustada tanto al derecho como a la razón, al someterse al ordenamiento jurídico vigente y no obedecer al simple capricho de las entidades administradoras, situación que obsta al éxito del recurso, por cuanto de acuerdo a lo señalado precedentemente, aparece que la negativa de las recurridas a la devolución de las cotizaciones previsionales no es ni ilegal, ni menos arbitraria.

En efecto, el actuar de las recurridas se ha ajustado a la normativa que rige la materia. Por el contrario, ilegal sería si devolviesen las cotizaciones previsionales solicitadas, ya que atentaría contra el texto expreso de la ley que ha sido dictada conforme lo establece la Constitución Política de la República.

Por otro lado, tampoco resulta ser arbitraria, dado que al ajustar su actuar a la normativa vigente, la negativa impugnada, se encuentra fundada en la ley y no es el resultado de una actuación caprichosa o carente de razón, como ya se dijo.

Vigésimo: Que por lo antes expuesto, se concluye que el recurso de protección, no puede prosperar y será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, la acción constitucional interpuesta por don José Orlando Fernández Palma en nombre y representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP Provida S.A., AFP Capital S.A, AFP Cuprum S.A, AFP Habitat S.A. y AFP Modelo S.A.

Regístrese y notifíquese Redacción del abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

N°Protección-45636-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada por la Ministra señora Lilian Leyton Varela y por el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.