nombre reservado con CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO S.A.

Santiago, seis de mayo de dos mil veintidós.

Visto:

Primero: Que, comparecen nombre reservado y nombre reservado y deducen recurso de protección en contra de Clínica Alemana de Santiago S.A., por el acto ilegal y arbitrario en que dicha clínica incurrió al negarse a otorgar cobertura desde mayo del año 2019 hasta la fecha a nombre reservado y adicionalmente decidió unilateralmente terminar el contrato N° 5338 suscrito entre la clínica, nombre reservado y nombre reservado, esgrimiendo un beneficio tributario que no tiene relación alguna con el contrato, aduciendo que estos actos lesionan los derechos fundamentales de que son titulares, los cuales se encuentran reconocidos en el artículo 19 número 1, 9 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se decreten todas las medidas que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y dar una debida protección a los afectados.

Expresan que el 3 de julio del año 2017, Clínica Alemana de Santiago, dedujo demanda ejecutiva en contra de nombre reservado, fundada en un pagaré suscrito a nombre de su padre nombre reservado el que a propósito de una descompensación grave debió ser internado en noviembre del año 2015. El monto ascendía a la suma de $3.430.901.-, que constaba en un pagaré prescrito al momento de notificar la acción ejecutiva. Acción que fue conocida por el 17º Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-15363-2017, el que terminó por la sanción procesal conocida como abandono del procedimiento el 24 de julio del año 2019, resolución que no fue apelada por la ejecutante y ahora recurrida.

Agregan que, con fecha 15 de diciembre del año 2020, mediante correo electrónico institucional correo reservado, se le notificó a nombre reservado que: “Por medio de la presente informo a Ud. que su contrato de prestaciones de servicios de salud para atenciones oncológicas y hospitalizaciones de alto costo no oncológicas N° 5338 (el “contrato”) no será renovado al finalizar su periodo anual, esto es el 31 de diciembre de 2020…”

Sostienen que la razón esgrimida por Clínica Alemana fue “(…) adoptada en atención a lo dispuesto en la Circular N° 24 del año 2008, del Servicio de Impuestos Internos, la que establece que un contribuyente debe cesar todo tipo de relaciones comerciales con deudores cuyas deudas ha debido castigar tributariamente como créditos incobrables. Dado que nombre reservado, está en tal situación, el contrato no será renovado”.

Acusan que la decisión de terminar el contrato suscrito por nombre reservado y por nombre reservado fue unilateral y bajo el pretexto de existir una circular del año 2008 N° 24 del Servicio Impuestos Internos sobre tratamiento tributario del castigo de créditos incobrables.

Dicha circular tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones para que los contribuyentes puedan optar a un beneficio tributario. En efecto, la circular va dirigida a aquellos contribuyentes que actuando de buena fe no han podido cobrar sus créditos y dispone que “lo razonable es suponer que ningún negocio, en un marco de independencia y competitividad, optaría por no cobrar sus créditos o mantener vínculos mercantiles con clientes insolventes.”

Agregan que es del caso que, en la especie, para la obtención del beneficio tributario, no es necesario “haber cesado con el deudor todo tipo de relaciones comerciales.” Al respecto, para créditos incobrables sobre deudas superiores a las 50 unidades de fomento, solo se exige: “b) Acreditar haber ejecutado procedimientos de cobranza extrajudicial de acuerdo a las prácticas corrientes utilizadas en el comercio para la recuperación de la deuda, lo que será evaluado considerando aspectos que indica.

Conjuntamente con que la “empresa deberá acreditar haber requerido judicialmente al deudor y realizado las actuaciones procesales propias y razonables del procedimiento judicial de que se trate” situación que no se verificó en el procedimiento, toda vez que se notificó la acción una vez transcurrido el plazo de prescripción y, por lo demás, el juicio terminó por la sanción procesal de abandono del procedimiento; resolución que se encuentra firme y ejecutoriada.

Sin embargo, y más allá de haber sido negligente la clínica en su proceso de cobro, no hay referencia alguna a la circular del año 2008 N° 24 del Servicio Impuestos Internos en el contrato objeto del presente recurso por lo que malamente podría invocarse este como una causal de termino anticipado del mismo.

De este modo, sostienen que Clínica Alemana S.A. ha cometido un hecho arbitrario e ilegal al escudarse en un beneficio tributario, establecido por el Servicio de Impuestos Internos para los contribuyentes de buena fe, con el objeto de terminar la relación contractual y comercial entre las partes, específicamente con doña nombre reservado.

Por su parte, se ha decidido sistemáticamente negar el servicio convenido en el contrato N° 5338 a nombre reservado, desde mayo del año 2019 por una deuda que está prescrita y cuyo proceso de cobro fue tramitado con absoluta negligencia.

En cuanto al Contrato hacen presente la arbitrariedad con la que ha actuado la recurrida, al tenor del propio contrato N° 5338 que en la cláusula SEXTO: establece la vigencia y precio de la carencia, en cuanto a la vigencia el contrato entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su fecha expresada en la comparecencia, durará un año y se renovara automáticamente por periodos iguales y sucesivos, salvo en el caso contemplado en el artículo quinto, o bien que alguna de las partes de aviso a la otra de su intención de ponerle termino a la fecha de su vencimiento, lo que deberá hacer mediante carta certificada despachada al domicilio registrado en este contrato, con a lo menos 60 días de anticipación a la fecha de término de la vigencia anual.”

Precisan que el día 15 de diciembre del año 2020 Clínica Alemana notificó únicamente a nombre reservado, mediante correo electrónico que acompaña, incumpliendo la forma y el plazo establecido en la cláusula sexta del contrato.

Agregan que, si se quisiera invocar alguna causal establecida en el contrato, tendríamos que remitirnos a la cláusula décima, la que dispone: “DECIMO: TERMINO ANTICIPADO Y CADUCIDAD DEL CONTRATO”, la que de igual manera resultaría inaplicable pues el plazo establecido en dicha cláusula es de “30 días de anticipación, mediante carta certificada”.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostienen que la recurrida afirma que a raíz de haberse cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, los afectados sufren privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio de los derechos y garantías que enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En el caso, la recurrida ha obrado de un modo completamente contrario a la justicia y a la equidad al no otorgar la cobertura a don nombre reservado pese a que existía un contrato vigente entre las partes, decidiendo además arbitrariamente terminar de forma unilateral el contrato N° 5338 afectando por extensión a doña nombre reservado, que no tenía relación alguna con la supuesta deuda. Incumpliendo con las obligaciones establecidas en el mismo contrato N°5338, clausulas sexta y décima, todo lo anterior invocando un beneficio tributario para la clínica, que por lo demás es improcedente porque fueron absolutamente negligentes en el cobro de la deuda y no establecido como causal de término del contrato e inoponible a los recurrentes.

Adicionan a lo anterior, que han incumplido con su deber de notificar dentro de los plazos establecidos en el mismo contrato respecto al término anticipado del mismo, siguiéndose con ello que la recurrida ha obrado basada en el mero capricho, de forma injusta e irracional, es decir, de un modo enteramente arbitrario sin justificación alguna.

La conducta anterior se aprecia como ilegal, toda vez que el artículo 1545 del Código Civil establece la fuerza obligatoria del contrato, al preceptuar que 'Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".

Producto de esta decisión caprichosa e ilegal de la clínica de no cubrir un servicio médico, ambos recurrentes han experimentado un perjuicio evidente que ha redundado en una privación y perturbación de sus derechos fundamentales reconocidos en los Nºs 1º, 9º y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad psíquica, derecho a la protección de la salud y el derecho de propiedad, citando doctrina y jurisprudencia atinente al efecto.

En el caso de autos, el acto arbitrario e ilegal de la recurrida suprime el derecho a la protección de la salud que reconoce el artículo 19 Nº 9º de la Carta Fundamental, toda vez que la negativa de la clínica a dar cobertura a los recurrentes vuelve falaz su derecho a acceder a la protección pactada.

Entendiendo que el contrato de prestaciones médicas debe interpretarse y ajustarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que vayan de la mano con el deber del Estado de velar por la promoción, protección y recuperación de la salud, situación que, para el caso en autos, claramente no se produce, por cuanto la decisión arbitraria de dejar sin efecto un contrato por un beneficio tributario del recurrido no tiene ninguna fundamentación legal o contractual.

Asimismo, el derecho a la vida, entendido como la prerrogativa para conservar la propia existencia, primerísimo de todos los derechos y en el que se sustentan todos los demás, también ha sido conculcado merced al mismo acto y que resulta satisfecha cuando garantiza las coberturas pactadas a las prestaciones de salud necesarias.

En el mismo sentido, el acto antijurídico de la recurrida perturba el derecho a la integridad psíquica de los recurrentes, especialmente de nombre reservado, quien se espera a través de una actitud matonesca hacer frente a una deuda inoponible para ella.

Finalmente, la actuación arbitraria e ilegal de la recurrida priva flagrantemente a los asegurados de su derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales (artículo 19 Nº 24 inciso primero de la Constitución Política de la República), puesto que afecta sus patrimonios al no poder acceder a las coberturas médicas convenidas en el seguro pactado, derecho que forma parte de aquél, tal como reiteradamente lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema.

Segundo: Que, informando el recurso, comparece Eduardo Belmar García, abogado, en representación de Clínica Alemana De Santiago S.A., y pide su rechazo Alega en primer lugar la inexistencia del contrato celebrado con nombre reservado, donde solo es parte contratante la recurrente nombre reservado y no nombre reservado, quién detenta la calidad de afiliado (beneficiario) de relación Grupo Familiar (GF), pero no contratante.

En consecuencia, no es efectivo que el citado contrato hubiese sido celebrado y suscrito entre su representada, nombre reservado y nombre reservado.

Luego, sostiene que el “Contrato de Prestaciones de Servicios de Salud para Atenciones Oncológicas y Hospitalizaciones de Alto Costo No Oncológicas”, acompañado establece en su cláusula sexta N°1 sobre la vigencia, que las partes pueden dar aviso de su intención de darle término a la fecha de vencimiento anual, lo que deberá hacer mediante carta certificada despachada al domicilio registrado de acuerdo al contrato con, a lo menos, 60 días de anticipación a la fecha de término de la vigencia anual y, por otra parte, el Reglamento Interno establece la restricción de acceso a los servicios de la Clínica por el no pago de las obligaciones.

Añade que el recurrente nombre reservado mantiene una deuda con su representada por la cantidad de $3.430.901.- con motivo de las atenciones y prestaciones de salud que fueron otorgadas a nombre reservado, su padre, obligándose mediante la suscripción del pagaré N°154140 por la cantidad señalada, la que no pagó, iniciándose un procedimiento ejecutivo de cobro de pagaré, ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “Clínica Alemana de Santiago Sociedad Anónima con nombre reservado”, Rol N°15.363-2017, demanda ejecutiva que, no encontrándose prescrita la acción, fue notificada, siendo el deudor recurrente requerido de pago en rebeldía, opuso excepciones a la ejecución, fue recibida la causa a prueba, para posteriormente ser declarado el abandono del procedimiento como lo señalan los recurrentes, siendo castigado tributariamente el pagaré en que se fundó dicha ejecución.

Aduce que nombre reservado, Subgerente de Convenios de su representada, con fecha 27 de julio de 2020, ejerció el derecho de no renovación que tienen las partes del convenio o contrato ya antes señalado, previsto en su cláusula sexta N°1, remitiendo a la recurrente nombre reservado, a su domicilio, que ella misma declara como tal en el actual recurso, esto es, Orrego Luco N°160, Comuna de Providencia y bajo la modalidad de carta certificada, que acompaña con su presentación, comunicándole que el citado Contrato no será renovado al finalizar su período anual, esto es, el 31 de diciembre de 2020, decisión de no renovación que, sin perjuicio que es un derecho de las partes que se ejerce sin necesidad de expresión de causa, fue adoptada en atención a lo dispuesto en la Circular N°24, del año 2008, del Servicios de Impuestos Internos, que establece que un contribuyente debe cesar todo tipo de relaciones comerciales con deudores cuyas deudas ha debido castigar tributariamente como créditos incobrables, el caso del recurrente, por una parte, y, por otra, en atención al N°1 de la cláusula contractual ya señalada de vigencia, derecho cuyo ejercicio está establecido en dicha cláusula para ambas partes. No es posible haber puesto término al contrato sólo respecto de nombre reservado, que es sólo beneficiario del mismo, no contratante y, esto, por la sencilla razón que dicha calidad de beneficiario es parte integrante del contrato y, una decisión de ese tipo, habría importado una modificación al convenio celebrado, a lo que su representada no está facultada, por lo que se ejerció el legítimo derecho pactado de no renovación, respecto de todos.

Ahora bien, no obstante que el envío de la carta cumplió a cabalidad con la formalidad pactada en el contrato, en especial, con la debida anticipación en cuanto al plazo, dicha misiva fue devuelta como correspondencia por la respectiva oficina de correos, a pesar de ser enviada al domicilio de la recurrente como se dijo, por lo que se cumplió con lo pactado por las partes en el contrato, en cuanto donde debía ser enviado el aviso de no renovación.

Precisa que no es efectivo como dicen los recurrentes que la no renovación del contrato fuera notificada a nombre reservado por correo electrónico con fecha 15 de diciembre de 2020, pues basta la simple lectura del mail que acompañan para tener por establecido que lo que se señala en dicho correo es que se adjunta carta enviada a su domicilio por correo certificado y que llegó como correspondencia devuelta.

Finalmente, también operó el efecto denominado restricción de acceso a la prestación de los servicios de salud por mantener obligaciones pendientes, lo que se encuentra reglamentado en la normativa interna, específicamente, en el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento, que dispone: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el Artículo 13 precedente, facultará a Clínica Alemana para rechazar nuevas atenciones en sus establecimientos, tanto ambulatorias como hospitalarias, con excepción de aquellas que correspondan a atenciones de urgencia de pacientes que se encuentren en riesgo vital o de secuela funcional grave.

Por su parte, Artículo 13. Deberes usuario, en su número 28, establece: Todas las personas que soliciten o reciban atenciones de salud en Clínica Alemana, así como sus familiares, representantes, acompañantes y visitas, tienen la obligación de cumplir con la totalidad de los deberes establecidos en la Ley N° 20.584, en el presente Reglamento y en toda otra normativa que les sea aplicable, y en especial, lo siguiente: 28) Pagar oportuna e íntegramente las prestaciones de salud otorgadas en los establecimientos de Clínica Alemana.

Cita, igualmente, el artículo 45. Restricción acceso morosidad, establece: En caso de que un paciente, su representante legal, el responsable de una atención o suscriptor del pagaré a que hace referencia el artículo 43, no pague oportunamente las prestaciones de salud otorgadas en Clínica Alemana, facultará a ésta a rechazarles nuevas atenciones en sus establecimientos, tanto ambulatorias como hospitalarias, hasta el pago íntegro de la deuda. Esta facultad no aplicará en caso de que el paciente requiera atención de urgencia por encontrarse en riesgo vital o de secuela funcional grave.

Precisa que su representada no condiciona de ninguna forma las atenciones de urgencia que se requieran en caso de que el paciente se encuentre en riesgo vital o de secuela funcional grave, a pesar de existir deudas con la institución, las prestaciones reclamadas por el recurrente son electivas.

La normativa interna indicada precedentemente obliga al recurrente, tanto por el contrato celebrado, como por la ley, ya que el inciso segundo del artículo 33 de la Ley 20.584 establece: Artículo 33. Inc. 2° Tanto las personas que soliciten o reciban atención de salud por parte de un prestador institucional, como sus familiares, representantes o quienes los visiten, tendrán el deber de respetar el reglamento interno de dicho establecimiento.

En consecuencia, se ha aplicado estrictamente el contrato celebrado entre las partes, encontrándose en incumplimiento el recurrente, con los efectos jurídicos que dispusieron las partes.

Refiere, además, que en la especie resulta procedente aplicar la Circular N°24 del SII, año 2008. Indica que el ejercicio de la facultad de no renovación del convenio por cualquiera de las partes es sin expresión de causa, en el recurso se señala que para obtener un beneficio tributario no es necesario haber cesado con el deudor todo tipo de relaciones comerciales. A este respecto, indican los recurrentes que, para créditos incobrables sobre deudas superiores a las 50 Unidades de Fomento, cual es el caso del señor nombre reservado, sólo se exige lo que al efecto transcriben de dicha Circular.

Acota al respecto que ambas afirmaciones, no son efectivas, toda vez que la Circular N°24, en el N°3, letra c) y bajo el título “Créditos incobrables cuyo monto al término del ejercicio, por cliente sea superior a 50 Unidades de Fomento”, en lo pertinente, indica textualmente que: “Además de cumplirse los requisitos de la letra b) anterior, necesariamente la empresa deberá …” y la letra b) que alude el N°3 antes señalado, bajo el punto iv) establece, precisamente, “Haber cesado con el deudor todo tipo de relaciones comerciales”, lo que ha sido expresa y deliberadamente omitido por los recurrentes.

Alega, la ineptitud del actual procedimiento, dado su carácter extraordinario, como lo ha tratado la doctrina y lo han declarado reiteradamente los Tribunales Superiores de Justicia, la acción constitucional de protección es de carácter cautelar o de emergencia lo que no se configura en toda vez que en la especie, los derechos que invocan los recurrentes no tienen carácter indubitado por tratarse de un conflicto respecto del cumplimiento contractual que han dado las partes al convenio, cuestiones que escapan a la naturaleza y fines de la acción.

De este modo, estos hechos deben ser conocidos en un procedimiento declarativo de lato conocimiento, concretamente arbitral, citando jurisprudencia al efecto.

Alega, además, la extemporaneidad del actual recurso de protección, ya que fue interpuesta el 14 de enero de 2021, fecha en que ya había transcurrido el plazo fatal de 30 días corridos. En efecto respecto de nombre reservado, se señala expresamente en el recurso que el acto ilegal y arbitrario en que habría incurrido consistió en la negativa de otorgarle cobertura desde el mes de mayo de 2019, por lo que no cabe duda de que a la fecha de interposición de la acción de protección el plazo de 30 días corridos se encontraba cumplido con bastante antelación, puesto que dicho recurrente ya tenía conocimiento de tal negativa desde el mes de mayo de 2019.

En lo atingente a nombre reservado, en el recurso se dice que la Clínica decidió unilateralmente terminar el Contrato N°5338, esgrimiendo un beneficio tributario, caducidad que sólo se le habría notificado por correo electrónico el 15 de diciembre de 2020. En relación con la aludida caducidad del Contrato, no es efectivo que se le hubiese dado aviso en la fecha del referido correo electrónico, toda vez que, ejerciendo el derecho previsto para ambas partes en la cláusula sexta N°1 del contrato, en tiempo y forma, envió carta de fecha 27 de julio de 2020, misiva en donde se le informa que no sería renovado al finalizar su período anual, esto es, el 31 de diciembre de 2020. Indica además que existe una cláusula compromisoria en el contrato. Concluye que el conflicto surgido entre las partes del contrato o convenio, debe ser resuelto mediante un arbitraje y no a través de la actual acción de protección.

Tercero: Que, como se ha dicho en innumerables fallos por los Tribunales Superiores de Justicia y la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Se ha sostenido, a base de una interpretación sistemática relacionando el artículo 20 y 5° inciso 2° de nuestra Carta Fundamental y con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a que se sostenga que “el recurso de protección es también un derecho esencial de la persona humana, el derecho a la acción y a la tutela jurisdiccional efectiva ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales a través de los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental” (En ese sentido: Henríquez, Miriam. Acción de protección. Der Ediciones, Santiago, 2021, p. 4. Citando a su vez a nombre reservado).

Cuarto: Que, el conflicto cuya tutela ha sido invocada a esta Corte, dice relación entonces, con la negativa a prestar las coberturas pactadas al protegido, Sr. nombre reservado, por la existencia de una deuda que aquel mantendría con la recurrida, y por otra parte, la decisión arbitraria consistente en poner término al contrato N° 5338, denominado “Contrato de Prestaciones de Servicios de Salud Para Atenciones Oncológicas y Hospitalizaciones de Alto Costo no Oncológicas”, que corresponde de acuerdo a la atenta lectura del documento a un contrato de seguro, y que en la especie figura adscrito al Plan B del referido seguro.

Quinto: Que, resulta necesario, antes de entrar al fondo de la discusión, dilucidar si la acción ha sido o no interpuesta dentro de plazo. En ese sentido, el artículo 1° del Acta N° 94/2015 de la Excelentísima Corte Suprema, exige además, que el recurso de protección debe ser deducido ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales, o donde éstos hubieren producido sus efectos, en el plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Sexto: Que, de la revisión de los antecedentes de la causa, se tiene que la recurrente nombre reservado, quien es la titular del referido contrato, mantiene su domicilio en domicilio reservado, y pese a que el contrato de seguro pactado entre las partes no contiene el domicilio actualizado, lo cierto es que la recurrida remitió a la referida dirección una carta certificada con fecha 30 de julio de 2020, comunicando la decisión de término del contrato de seguro de marras. Conforme a dicho contrato, según se lee en la cláusula sexta, que el término debe hacerse mediante carta certificada, con a lo menos, 60 días de anticipación a la fecha de la vigencia anual. El inicio de la vigencia, conforme a la misma cláusula, corresponde al primer día hábil del mes siguiente a la fecha de la comparecencia, y habiéndose firmado el contrato el 1 de diciembre de 1999, el inició del contrato comenzaba el 1 de enero de 2000, y por un año, renovable.

Séptimo: Que, así las cosas, el plazo de la nueva anualidad del contrato comenzaba a regir el 1 de enero de 2021, por lo que el plazo de 60 días previos a dicha fecha para enviar la comunicación, debía efectuarse a más tardar el 31 de octubre de 2020, y se tiene que la carta certificada fue remitida al domicilio de la recurrente el 30 de julio de 2020, conforme a la disposición contractual. De forma tal que, no obstante que la carta no pudo ser entregada por no haber nadie para recibirla en ese momento, lo cierto es que la recurrida cumplió su carga.

Octavo: Que, además de lo anterior, y sin perjuicio que el recurrente nombre reservado, es beneficiario del contrato, mas no su titular, lo cierto es que, si se quería discutir una vulneración de garantías constitucionales, resulta que por declaración que formula la misma recurrente en su libelo, la primera falta se produjo en el mes de mayo de 2019 (v.gr. página 4 del libelo del recurso, nota a pie de página), por lo que reclamar la falta de prestación de servicio por la misma razón, esto es, derivada del no pago de un pagaré con la clínica recurrida, debió haber sido alegada en esa primera oportunidad, y no posteriormente, como en la especie ha ocurrido.

Noveno: Que, las dos razones expuestas en los motivos precedentes, fuerzan a concluir que el recurso de protección ha sido deducido de forma extemporánea por los recurrentes, por lo que la acción constitucional no puede prosperar.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, toca indicar además que, en la especie, no hay un derecho indubitado por parte de los recurrentes que deba ser tutelado por esta acción constitucional, toda vez que las alegaciones por las cuales fundan su acción, dicen relación con aspectos asociados al cumplimiento o incumplimiento de un contrato de seguros, temas que se deben ventilar en juicio de lato conocimiento, resultando inidónea la acción de protección para conocer de tales alegaciones.

Undécimo: Que, por las reflexiones anotadas de forma precedente, la acción de protección deducida deberá ser rechazada en todas sus partes, pese a lo cual, no se condenará en costas a los recurrentes por estimar que han tenido motivo plausible para litigar.

En mérito de lo reflexionado y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado en contra de Clínica Alemana de Santiago S.A.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Redacción del Ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

Rol Corte Nº 456-2021 (Protección)