nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

Proveyendo los escritos folios 20 y 21, a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que don nombre reservado, egresado de derecho, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección de Garantías Constitucionales en contra de la Tesorería General de la República, representada Legalmente por el Tesorero General don nombre reservado, domiciliados ambos Teatino Nº 28, Santiago, en razón de los fundamentos que expone.

Que, por carta fechada el día 10 de enero de 2020, la Administración Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile procedió a notifica al recurrente de su incorporación a la nómina de deudores morosos por concepto de crédito universitario, informado la retención de la devolución de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2019, que sería realizada por la Tesorería General de la República.

Posteriormente el Servicio de Impuestos Internos, notificó que se había autorizado una devolución de la retención de impuestos aplicado a los contribuyentes con honorarios correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020, señalando que dicha devolución ascendía a la suma de $574.587, la cual, sería depositada en la cuenta vista del actor en el Banco del Estado.

Que, empero lo anterior, el 24 de abril se le informó, por medio del mismo portal, que la Tesorería General de La Republica había dispuesto retener en su totalidad dicha devolución de impuestos, señalando como causa una supuesta “Retención Universitaria”, la cual se había materializado con la misma fecha..

Que por su naturaleza, se puede concluir, que la devolución extraordinaria dispuesta por el Decreto N°420 del Ministerio de Hacienda, corresponde a una devolución de carácter extraordinaria, y que no dice relación alguna con la devolución anual de impuesto a la renta, y la operación que la antecede. Estando investida de las particularidades como; no ser solicitada, opera de forma automática, no está sujeta a descuentos de montos previsionales, y se aplica sólo respecto del impuesto retenido en los meses de enero y febrero de 2020.

Agrega la recurrente que consultada que la Tesorería General de la República ejerció la facultad de retención de forma no prescrita en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que, primero retuvo fondos provisionales respecto de impuestos que habían sido condonados y que, en consecuencia, no formaban parte de la declaración renta y que, inclusive en caso de considerar estos partes de un ejercicio tributario, lo hizo sobre una devolución excepcional y no sobre evolución anual de impuestos a la renta, siendo esta última modalidad la única permitida para configurar la retención, según lo establecido en la Ley y el Reglamento respectivo..

Que la intención de la autoridad administrativa al momento de dictar el Decreto N° 420 era la de entregar una ayuda a los trabajadores a honorarios, los cuales se encuentran fuera de la protección entregada por las instituciones seguridad social, por lo que en la práctica ha operado en esta devolución extraordinaria es una condonación de los impuestos, correspondiendo lo anterior una renuncia por parte de la autoridad al cobro de ciertos tributos. Y en consecuencia, el estado ha renunciado al cobro de los impuestos regulados en el art. 42 N°2 de la Ley de Renta, sólo respecto de los meses de enero y febrero del presente año, debiendo por tanto ser devueltos a sus titulares los dineros que han sido pagados de forma provisional, sin que al respecto se haya efectuado operación de renta alguna, pues, tal como consta del mismo tenor de nuestra legislación, la operación renta de los meses de enero y febrero de este año deberá ser realizada el primer trimestre del año 2021 Que en lo que respecta a la la Garantía del N° 24 del artículo 19, señala que existe un derecho sobre al beneficio señalado, y en consecuencia concretamente respecto de la devolución de los impuestos que le fuera retenidos, siendo un derecho de dominio. Y este dominio no está sujeto ni supeditado a condición alguna.

Finalmente solicita previos los trámites procesales se acoja el recurso de protección y en definitiva se ordene a Tesorería General de la Republica que cese el acto arbitrario e ilegal, ordenando la devolución de la retención de $574.587.- pesos reajustados al momento de su pago, correspondiente a la devolución extraordinaria de los impuestos retenidos en los meses de enero y febrero de 2020, adoptada por la contingencia sanitaria, con expresa condena en costas SEGUNDO: Que evacuado informe por don nombre reservado, Abogado, de la Tesorería General de la República, ambos con domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien solicita el rechazo de la acción de protección, en virtud de las consideraciones que expone.

Que los antecedentes del recurso se desprende que el acto que se impugna como arbitrario o ilegal radicaría, según el recurrente, en el hecho de haber retenido su devolución de pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año, ascendente, como ya se ha señalado, a la suma de $ 574.587.- La Ley N° 19.989, publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 2004, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la Ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, en su artículo 1° faculta al Servicio de Tesorerías para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores de crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Que en razón de lo expresado precedentemente se solicita la inadmisibilidad del recurso de protección, por falta de legitimación pasiva, dado que el Servicio de Tesorerías en cumplimiento de un deber legal (Ley 19.989, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario) procedió a retener la devolución de pagos provisionales mensuales correspondientes a los meses de enero y febrero del presente año, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora y cumpliéndose con lo preceptuado en el reglamento, de lo cual se colige que el presunto acto que se califica de ilegal o arbitrario no es imputable a la Tesorería General de la República, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

Conforme a lo expuesto, el recurso interpuesto respecto de esta parte adolece del fundamental requisito de la legitimación pasiva y se hace jurídicamente imposible que se restablezca el imperio del derecho a través de la Tesorera General recurrida que no ha hecho más que cumplir un mandato legal.

Se agrega además en cuanto al fondo que de los artículos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se desprende que estas normas se refieren a la determinación anual del impuesto a la renta de los contribuyentes indicados en el artículo 42 N° 2 de ese texto legal, los que en síntesis preceptúan, lo siguiente: “Art. 42 N° 2, señala que se aplicará, calculará y cobrará un impuesto, sobre los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra ocupación lucrativa”. Así como lo dispuesto en los artículos 74 N° 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de dicha ley, cuya restitución ordenó el decreto N° 420, de 01 de abril de 2020, del Ministerio de Hacienda. Artículos en los cuales faculta para retener las sumas provenientes de una devolución anticipada de renta correspondiente al año tributario 2021, por lo que resulta procedente respecto de ellas que Tesorería cumpla con lo mandatado por el artículo 1° de la ley 19.989.

En lo que respecta a las garantía constitucional eventualmente transgredida, como lo sería el derecho de propiedad del N° 24 del artículo 19, se indica que no ha existido violación al derecho de propiedad por cuanto la devolución de impuestos de un contribuyente a través de Tesorería, no es un derecho absoluto que se materializa en forma automática, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales, que no exista una causa legal de retención Que, para la procedencia del Recurso de Protección se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional. Pudiendo apreciarse claramente que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta de manera estricta a lo que dispone la ley.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe requerido en estos autos, y en definitiva, no dar lugar al recurso, en primer término, por la inadmisibilidad invocada, y en subsidio de lo anterior, rechazarlo por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

QUINTO: Que constituyen hechos no indubitados los siguientes: a) Que al recurrente se le retuvo la suma de $574.587.- correspondiente a la devolución de pagos provisionales mensuales, de los meses de enero y febrero de 2020; y b) Que el actor es deudor moroso del crédito solidario universitario.

SEXTO: Que el artículo 1 de la Ley 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, establece: “Facultase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador.

Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto”.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, la Tesorería General de la República en cumplimiento de un mandato legal, y previamente informado por la entidad acreedora, --Fondo Solidario de Crédito Universitario--, que el recurrente era deudor del crédito universitario, procedió a retener su devolución de pagos provisionales mensuales correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020.

OCTAVO: Que de lo anterior se colige que la parte recurrida sólo se limitó a cumplir con una obligación legal, al practicar la retención singularizada en el motivo anterior, por lo que su actuar aparece justificado legalmente, y por lo tanto, la presente acción de protección no puede prosperar.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, representada por el Tesorero General don nombre reservado.

Regístrese y notifíquese.

N°Protección-45595-2020.